Un mecanismo de colaboración entre los sectores público y privado en el mundo son las asociaciones público-privadas, lo que constituye una estrategia de la gestión pública para satisfacer algunas necesidades de la sociedad con esta interacción.

Como suele suceder con muchas disciplinas de la administración pública, hay diversas definiciones y actualmente no hay una única para el término “asociación público-privada” (APP), y los países que han incorporado esta figura lo han hecho en sus legislaciones de diversas maneras. Pero es importante comprender su esencia, más allá de las particularidades de cada contexto en el que se aplique. Para ello, el texto Asociaciones público-privadas: Retos, lecciones aprendidas y soluciones innovadoras en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, que define a la APP como “un contrato a largo plazo entre un ente privado y una entidad gubernamental para proporcionar un activo y un servicio, en el que el ente privado asume de manera significativa los riesgos inherentes al proyecto, es responsable de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño”. Esta definición presenta desafíos y oportunidades prometedoras.

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El desafío crucial para una APP está en la adecuada distribución de riesgos entre las partes involucradas. Estos contratos deben ser cuidadosamente estructurados para asegurar que tanto el sector público como el privado compartan los riesgos de manera equitativa. Este equilibrio es fundamental para la viabilidad y la sostenibilidad de los proyectos, evitando que una de las partes asuma una carga desproporcionada que podría comprometer el éxito de éstos.

Otro elemento está en la gestión de contratos complejos, que requiere una gran pericia técnica y habilidades de negociación, aspectos que las instituciones públicas en nuestro Estado deben fortalecer para estructurar y supervisar eficazmente estas asociaciones. Junto a esto, es importante conocer las capacidades institucionales del sector público, pues juegan un rol crucial en la estructuración y la gestión de las APP, que se desarrollen competencias técnicas y habilidades en el sector público en torno al conocimiento del mercado para manejar y supervisar los contratos de las APP adecuadamente. Puesto que, sin un adecuado desarrollo de estas capacidades, los proyectos pueden fácilmente comprometer su éxito.

Del mismo modo, la claridad en las cuentas constituye el pilar fundamental del éxito de estas asociaciones, pues la falta de transparencia puede generar desconfianza entre las partes y crítica ciudadana hacia estas iniciativas; en consecuencia, es esencial establecer mecanismos claros para evaluar el desempeño y la gestión de los proyectos. Esto redunda en el crecimiento de la confianza pública, asegura que los objetivos de las APP se alineen con los intereses y necesidades de la sociedad.

Asimismo, la suma de transparencia, correcta distribución de riesgos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales son fundamentales para el éxito de las APP, que constituyen una interesante oportunidad para transformar la gestión pública, contribuyendo al desarrollo sostenible y eficiente, marcando un camino hacia una administración pública eficaz y responsable, demostrando que es posible superar obstáculos técnicos y políticos para alcanzar objetivos que beneficien a toda la sociedad.

Quiero concluir con una reflexión, las asociaciones público-privadas constituyen una herramienta valiosa para la gestión pública. Es evidente que como Estado debemos analizar y profundizar en esta opción, siempre acompañada de un desarrollo normativo que incorpore las experiencias realizadas en nuestro continente y así beneficiarnos de un mecanismo adicional innovador para la atracción y conjunción de inversiones.

(*) Álvaro Gutiérrez Clavijo es administrador de empresas con maestría en gestión y políticas públicas