En vista de la convocatoria a diversos sectores empresariales y sindicales por parte del Gobierno, ahora muchos gremios populares exigen ser atendidos en los mismos términos que los anteriores. Los reclamos se refieren de manera cada vez más imperiosa al abastecimiento de dólares, combustibles, insumos industriales y al alza de varios precios de la canasta familiar, es decir al control de la inflación.

Como las respuestas y compromisos derivados de estas reuniones no contemplan resultados inmediatos, ni pueden hacerlo dadas las complejas dimensiones que han alcanzado las diversas crisis, existe el peligro de que la combinación de incertidumbres inmediatas y los temores sobre el futuro a más largo plazo, desborden en violencia y confrontaciones descontroladas.

Se suma a todo eso, la conflictividad creciente derivada de las disputas entre fracciones del MAS, que trae aparejada la desinstitucionalización de las relaciones entre órganos del Estado, y el empantanamiento de la deliberación parlamentaria, atrapada en una serie de disputas sobre el muy corto plazo.

Entre las consecuencias de dicha conflictividad creciente existe el riesgo de que se instale una frustración estructural acompañada de una pérdida de futuro, es decir, un fracaso del Estado.

Considero por eso imperioso abordar la deliberación sobre los temas del desarrollo a más largo plazo y las transformaciones imprescindibles que se requieren a fin de que no se acumulen rezagos adicionales en cuanto a la comparación económica, social e institucional con nuestros vecinos.

A lo largo de su historia, el país no ha logrado sustituir el patrón secular de desarrollo primario- exportador, característico al comienzo de la minería y que más adelante se instaló también en la extracción de los hidrocarburos y de las actividades agropecuarias en los departamentos del oriente. Como es frecuente en este tipo de economías, su funcionamiento es cíclico, dependiendo de los mercados internacionales de materias primas y productos básicos. Se puede demostrar que enfrentamos el agotamiento de un ciclo excepcional de bonanza externa, motivo por el cual se requiere emprender sin mucha dilación la identificación de los componentes materiales de un patrón alternativo de desarrollo dinámico por su nivel de crecimiento de largo plazo, capaz de generar suficientes puestos de trabajo formal y sostenible por su aprovechamiento regenerativo de los recursos naturales.

Por supuesto que la crisis del cortísimo plazo necesita respuestas urgentes, la mayor parte de las cuales son bien conocidas, y están bajo la responsabilidad del Gobierno. El sistema de precios relativos está absolutamente distorsionado. No conviene sin embargo que se trate de enderezar todos sus componentes al mismo tiempo, pero tampoco es razonable que se someta el problema a un referéndum difuso e inconstitucional que se llevará a cabo dentro de 90 días.

En el horizonte a mediano plazo es necesario considerar propuestas concretas sobre el país deseable y la respectiva trayectoria de su realización, en cotejo con las oportunidades que ya están presentes en el ámbito internacional, pero que necesitan un ejercicio serio de planificación, concertación e inclusión de inversiones extranjeras de calidad.

Así, por ejemplo, la transición energética global desde los combustibles fósiles hasta las energías renovables ofrece oportunidades concretas para un nuevo tipo de minería sostenible. También hay oportunidades para una actividad agropecuaria en gran escala, que no implique ampliación irresponsable de la frontera agrícola ni tampoco el uso masivo de biotecnologías inconvenientes.

En la visión de largo plazo se tiene que incorporar como uno de los componentes centrales el aprovechamiento inteligente del Mercosur, sin abandonar las oportunidades que existen en la Comunidad Andina.

Horst Grebe es economista.

En el contexto de la conmemoración de las fiestas patrias se han logrado avances en cuanto a la aceptación de que el país se encuentra en una crisis grave, y que se requieren varios diálogos para enfrentar dicha circunstancia. Sin embargo, falta todavía una propuesta estratégica que no solamente atienda a los desequilibrios de corto plazo, sino también a las perspectivas de mediano y largo plazos, tomando en cuenta que Bolivia es el país con mayores rezagos en los principales indicadores sociales y de competitividad, así como de niveles de producto por habitante en América del Sur. En consecuencia, la tramitación del ingreso pleno del país al Mercosur debería comprender la adecuación normativa, pero asimismo la adopción de un catálogo completo de iniciativas orientadas al cierre de las brechas con los otros cuatro miembros de dicho mecanismo de integración.

A tal efecto, el país requiere aumentar sistemáticamente y durante un largo periodo su nivel de productividad general mediante la identificación de grandes proyectos idóneos para absorber el enorme contingente de informalidad que caracteriza a la economía nacional.

Por otra parte, ahora que hemos ingresado al último año previo a la conmemoración de los 200 años de la independencia del país, es imprescindible llevar a cabo un balance sin ilusiones sobre la calidad de nuestra inserción internacional y la correspondiente ubicación efectiva en el concierto internacional de naciones.

No son recursos naturales los que le hacen falta al país, sino políticas adecuadas y estrategias de desarrollo de largo plazo que permitan escalar desde un patrón de desarrollo primario-exportador hacia niveles cada vez mayores de agregación de valor en nuestros intercambios comerciales con el exterior, al mismo tiempo que se pongan en práctica grandes esfuerzos para superar las consecuencias negativas sobre el medio ambiente que ha traído consigo el largamente vigente extractivismo depredador. Los actuales incendios en las tierras bajas del oriente son una severa llamada de atención sobre la falta de protección a los recursos forestales y la riqueza de los bosques de nuestra zona amazónica.

También es necesario que la salida de la actual crisis permita superar el movimiento pendular de las orientaciones centrales de las políticas económicas, que han dado lugar a la sucesión de periodos de predominio de políticas neoliberales, seguidas de períodos de políticas de corte estatista.

Por todo lo anterior, sería lamentable que se desaproveche la actual convocatoria para diálogos con agentes económicos y sociales, si se persevera en la negación de la existencia de una combinación de varias crisis, que requieren medidas estructurales de fondo. Por lo que se conoce hasta ahora, las medidas que forman parte de la propuesta gubernamental están lejos de significar un auténtico cambio de rumbo en la gestión de las políticas económicas, y sus efectos consiguientes en la distribución de los ingresos y la creación de empleo.

Para responder adecuadamente a la actual coyuntura de crisis, resulta imprescindible como primer paso analítico distinguir entre los síntomas de corto plazo y los factores estructurales que los explican. El síntoma principal de la crisis económica consiste, por supuesto, en la escasez de dólares, por un lado, y de diésel y gasolina, por otro. Las principales causas de dicha escasez provienen sin embargo de la caída de la producción y la exportación de gas natural a partir de 2015, y del aumento de la importación de diésel y gasolina a fin de mantener el abastecimiento interno mediante subsidios cada vez más costosos.

El abultado déficit fiscal, la pérdida de reservas internacionales y el aumento acelerado del endeudamiento son consecuencia a su vez de que el país ha dejado de ser un exportador neto de hidrocarburos, y eso no se corrige por supuesto con políticas cambiarias.

Horst Grebe es economista. 

La reciente incorporación de Bolivia al Mercosur constituye un tema nuevo en el debate público contemporáneo. Y es bueno que así sea, puesto que implica un cambio sustantivo de la visión del desarrollo necesario y posible del país a largo plazo.

Las primeras opiniones opuestas se han referido a la perspectiva de que aumente el déficit comercial. Es evidente que el comercio exterior de Bolivia con los países del Mercosur ha tenido saldos positivos únicamente mientras se cumplió con los contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina. Por su naturaleza estratégica, conviene sin embargo que el tema energético no se mezcle con el examen del intercambio comercial general. Por lo demás, enfoques de índole puramente comercial no toman en cuenta las condiciones geopolíticas que prevalecen hoy en día en el proceso de reacomodos del orden global.

De ahí que entre los objetivos prioritarios de Bolivia en el Mercosur deban destacarse la adquisición de mayores condiciones de seguridad externa y la expansión sustancial del horizonte de posibilidades de crecer transitando del patrón extractivista al desarrollo ambientalmente sostenible, así como el cierre de las brechas económicas, de productividad y competitividad, lo que incluye por cierto la reducción sostenida de la informalidad que caracteriza a las actividades económicas.

A tales efectos, es necesario diseñar una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento económico no inferior al 5% durante varias décadas, lo que implica una tasa de inversión reproductiva superior al 20% del PIB, donde la mayor parte de la formación de capital corresponda a inversiones de capital privado, bajo un régimen regulatorio que satisfaga claramente los intereses nacionales y sea aceptable asimismo para el despliegue de inversiones privadas nacionales y extrajeras de alta calidad.

Baste mencionar que la paulatina reducción del abultado segmento de la informalidad de la economía requiere la instalación de iniciativas y emprendimientos capaces de generar enormes contingentes de empleo decente, lo cual es difícil de conseguir en la escala necesaria a partir de las dimensiones del actual mercado interno. Por otra parte, existen posibilidades razonables de que Bolivia forme parte de algunas cadenas de suministros regionales bajo diversas formas y modalidades, donde en algunos casos se busque una participación con alto valor agregado, en otros se participe en la provisión de diversos servicios y, por último, en otros se incorporen aquellos minerales que forman parte de la transición global de los combustibles fósiles a las energías renovables y que Bolivia está en condiciones de suministrar.

Para avanzar paulatinamente en los objetivos mencionados, será preciso mejorar significativamente la calidad de la infraestructura física, de la digitalización y la interconexión de las redes de internet. En ese contexto, habrá que considerar también la posibilidad de impulsar algunas asociaciones público-privadas con miras a ampliar el aprovechamiento de capacidades tecnológicas, financieras y gerenciales.

Todos los objetivos mencionados son imposibles de lograr a partir de la operación espontánea de los mercados. Es preciso, en cambio, adoptar una estrategia explícita de transformaciones económicas e institucionales, que oriente las políticas nacionales pari passu con la adecuación creativa del aparato regulatorio nacional a las normativas del Mercosur.

Conviene aclarar que la visión esquemática que propongo para el debate público respecto del ingreso de Bolivia al Mercosur no se inhibe ante los actuales problemas de dicho mecanismo, ni menos ante las severas deficiencias institucionales, limitaciones del aparato administrativo y expectativas disminuidas del país en general.

Al fin y al cabo, se trata de formular visiones ambiciosas para provocar el debate.

Horst Grebe es economista.

En vista de la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de julio en Asunción, y de la solicitud de admisión de Bolivia en el Grupo BRICS+, que ha plateado hace pocas semanas el presidente Luis Arce, conviene examinar cuál de las opciones es la que más le conviene al país a largo plazo.

La dimensión del mercado interno de Bolivia no es suficiente para el establecimiento de industrias competitivas que contribuyan a la transformación de la actual matriz primarioexportadora. Por este motivo, se requiere la incorporación del país a mecanismos de integración que proporcionen una ampliación efectiva del acceso de productos y servicios bolivianos al mercado ampliado, que es la única manera de pensar en una industrialización en serio.

Conviene señalar al respecto que el Mercosur tiene una población de 260 millones de personas, ubicadas en el vecindario próximo de América del Sur. El Grupo BRICS+, en cambio, contabiliza 3.500 millones de personas ubicadas al otro lado del mundo, excepto Brasil, por supuesto. El Grupo BRICS+ no es un mecanismo económico propiamente, sino de naturaleza geopolítica, interesado en la transición global hacia un orden internacional multipolar.

La China lideriza el Grupo BRICS+ mediante sus grandes iniciativas de infraestructura de la Franja y la Ruta. Por sí sola es la segunda potencia del mundo en términos de producción industrial e innovación tecnológica, especialmente en cuanto a los insumos de la transición tecnológica hacia las energías renovables. Su demanda de alimentos, energía y minerales es también enorme debido a la urbanización creciente de su población. En este sentido, las relaciones económicas de América del Sur con la China se asemejan al antiguo esquema de intercambio de manufacturas por materias primas entre los países de América Latina y los centros industriales, que prevaleció en la primera mitad del siglo pasado.

El marco actual de relaciones China-América Latina no resulta apropiado para que las economías latinoamericanas superen el actual estancamiento de su crecimiento. Es necesario por eso establecer una estrategia propia de América del Sur, que comprenda la incorporación creciente de valor agregado en las exportaciones hacia la China, y que además contribuya a la preservación de los sumideros de gases de efecto invernadero de la cuenca amazónica.

A tal efecto, se requiere por supuesto incrementar sustancialmente la capacidad negociadora de los países suramericanos, lo cual se cumpliría en gran medida con el fortalecimiento efectivo del Mercosur y la convergencia con los países de la Alianza del Pacífico.

En ese contexto, Bolivia podría plantear iniciativas destinadas a llevar a cabo negociaciones destinadas a la transformación de su modelo productivo y de empleo de tal manera que paulatinamente se cierren las brechas de desarrollo que caracterizan el rezago del país respecto de sus vecinos, lo que no solamente se refiere al nivel de su PIB per cápita y de su desarrollo humano, sino a todo el catálogo de indicadores de la competitividad de las economías. Por consiguiente, entre los compromisos de su incorporación al Mercosur, el país tendría que negociar su participación creciente en algunas cadenas regionales de valor, tales como la fabricación de vehículos eléctricos y otras. Cabría también plantear la constitución de un fondo de compensación para el apoyo a la mejora de la infraestructura física y tecnológica del país, como el que existe en la Unión Europea.

Dadas las insuficiencias institucionales del actual Gobierno para llevar adelante en simultáneo las necesarias negociaciones con el Grupo BRICS+ y con la adecuación a la normativa del Mercosur parece recomendable adoptar una ruta crítica que se afiance primero en el ámbito de América del Sur y luego reconsidere la conveniencia de participar en el Grupo BRICS+.

Horst Grebe es economista. 

En pocas ocasiones del pasado la situación internacional fue tan compleja como en esta época de predominio de la geopolítica en las relaciones internacionales, profundas innovaciones tecnológicas con impactos relevantes en los modos de producir, consumir, entretenerse y también de hacer la guerra, y todo eso en medio de graves repercusiones del calentamiento global y sus efectos devastadores en varias zonas del mundo.

Además de todo eso, también es preciso mencionar, por una parte, la situación de endeudamiento extremo que registran algunos países como consecuencia de la pandemia del COVID- 19, así como la nueva intensidad que adquieren las migraciones internacionales, por otro.

Pero quizás la mayor novedad de esta época consista en que todas las calamidades mencionadas se difunden todos los días en tiempo real a una gran mayoría de la población del planeta, por los diferentes medios de comunicación o por las redes sociales. En efecto, nunca en la historia pasada la gente en los diferentes países ha compartido la misma información proporcionada por las grandes cadenas mediáticas o intermediada por megamonopolios tecnológicos tales como Apple, Google, Amazon, Meta (ex Twitter), Microsoft y TikTok.

Así vistas las cosas, se comprende la necesidad de que exista una regulación internacional relacionada al menos con los propios contenidos de la información que se difunde, así como respecto de la tributación efectiva y justa de las enormes ganancias de los monopolios tecnológicos y comunicacionales.

Ningún país por sí solo está en condiciones de regular con eficacia este conjunto de aspectos que caracterizan la situación global hoy. Es imprescindible por consiguiente que existan instancias multilaterales con potestades efectivas para generar las respectivas normas y acuerdos sobre el financiamiento destinado a combatir el calentamiento global, la atención humanitaria de las migraciones y la renegociación de la deuda de los países altamente endeudados, entre otros temas.

Están programados para este año varios eventos internacionales que tratarán los temas del financiamiento global con participación de los bancos multilaterales de desarrollo, las reformas del sistema de las Naciones Unidas y el desbloqueo en que se encuentra por el momento el Consejo de Seguridad.

En tal contexto, resulta totalmente inconveniente que los países latinoamericanos carezcan de una posición compartida sobre dichas materias. La transición hacia un nuevo orden internacional será probablemente larga y superará con creces los usuales períodos presidenciales entre cuatro y seis años, motivo por el cual sería recomendable que se establezcan mecanismos con mandatos largos para que los países de América Latina puedan presentar sus posiciones comunes y defender sus intereses compartidos en las negociaciones que se avecinan.

Las circunstancias políticas vigentes en los países de América Latina y el Caribe no permiten abrigar demasiadas esperanzas en materia de sólidos acuerdos en temas globales. Las diferentes expectativas sobre el resultado de las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos forman parte ciertamente de los obstáculos que entorpecen los consensos sobre iniciativas diplomáticas efectivas en temas internacionales.

Sin embargo, se podrían avanzar ciertas iniciativas relevantes en América del Sur, cuyos recursos naturales agregados constituyen una formidable base de negociación frente a actores globales que los tienen en su mira. Se trata por supuesto, en primer lugar, de la Amazonía, pero también de los minerales necesarios para la transición global hacia las fuentes renovables de energía.

Lo mínimo a que se podría aspirar en las actuales circunstancias es a la adopción de algunos principios comunes respecto a la negociación sobre las actividades extractivas y las que se llevan a cabo en los bosques amazónicos.

 Horst Grebe es economista.