Voces

Sunday 21 Jul 2024 | Actualizado a 23:07 PM

Junio en la memoria

El 11 de junio, la gloriosa e histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) cumplió 80 años de existencia

José Pimentel Castillo

/ 25 de junio de 2024 / 11:00

El 11 de junio, la gloriosa e histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) cumplió 80 años de existencia. En su nacimiento convergieron elementos que hacían inevitable su parto, su posición en el seno mismo de la oligarquía minera le permitía ver los lazos con el imperialismo y el sometimiento a sus intereses. Fue la masacre de Catavi (21 diciembre de 1942) que debeló a sus ojos esa dependencia. La empresa Patiño Mines simplemente se negó a acatar los aumentos autorizados por el gobierno, por instrucciones de su matriz, radicada en Delaware (EEUU). Por su lado, la Guerra del Chaco creó una conciencia nacional, desnudando la pobreza, la fractura social y desvertebración del territorio; al concluir, se nacionalizó el petróleo y se promulgó el Código del Trabajo, obligando a la organización de sindicatos. El gobierno del Tcnl. Gualberto Villaroel declaró el Día del Minero, convocó al primer congreso indigenal, permitió y alentó la creación de la FSTMB: las primeras resoluciones de su congreso pidieron al contexto internacional el reconocimiento del gobierno de Villarroel.

Consulte: El calvario de las refinerías de zinc

La caída de Villarroel puso a los mineros en la vanguardia de la resistencia; en las masacres blancas (despidos) y rojas (con sangre) de Siglo XX y Potosí mostraron su valentía; la aprobación de la Tesis de Pulacayo y la implementación del bloque minero en el parlamento dieron resonancia a su voz y fue perfilándose un nuevo liderazgo. La madrugada del 9 de abril les encontró con los fusiles en la mano, fueron decisivas sus acciones en la Base Aérea de El Alto y el asalto al cuartel Camacho en Oruro, que concluyeron con la rendición del ejército oligárquico. Al triunfo revolucionario se impuso la consigna de nacionalización de las minas, que no estaba en el programa del MNR ni siquiera en la tesis de Pulacayo, sin embargo, era un sentimiento nacional. Apropiarse de las minas y los recursos naturales era la única posibilidad de desarrollar el país.

 La visión del control estatal de la cadena productiva minera, desde la exploración, explotación, fundición y comercialización, haría de la Comibol una verdadera corporación de empresas que encararan de manera planificada la industrialización del país; para garantizar esto se requería la presencia de los obreros en órganos de dirección de la empresa no solo como control sino como partícipe en la toma de decisiones en sus políticas y proyectos. Esta visión se oponía a quienes propugnaban que desde el Estado —en el marco del capitalismo— se crearía la burguesía nacional, en base al desarrollo de la agroindustria y la vertebración caminera, más allá de la transferencia de recursos creados por la minería a los ahijados del gobierno de turno. Civiles y militares extremaron sus esfuerzos para dominar a los mineros, pero a todos estos gobiernos se sobrepuso y sobrevivió la Federación: la recuperación de la democracia tiene en la FSTMB, al igual que la COB, a los productores de la democracia.

Sin embargo, la democracia representativa y su sistema de partidos dividió al movimiento minero, haciendo imposible una propuesta coherente a la crisis que enfrentaba el gobierno izquierdista de la Unidad Democrática Popular, mucho menos a la arremetida neoliberal. La Marcha por la Vida (agosto 1986) fue la última batalla de los 30.000 mineros de la minería estatizada; luego vendría el desgranarse de ese ejército con la relocalización; la bandera revolucionaria se trocó por el pedido de garantizar las fuentes de trabajo y en esa condición se fueron desarrollando y formando las nuevas generaciones de los mineros. En el acto de homenaje a esta fecha, el presidente Luis Arce exigió orientación a los mineros como antes lo hicieron con la Tesis de Pulacayo y la riqueza de los debates en sus congresos, para ello hace falta imbuirse de la experiencia y las glorias de la otrora vanguardia del pueblo boliviano.

El 24 de junio se recordarán 57 años de la Masacre de San Juan, perpetrada en la mina de Siglo XX. El simbolismo de esta fecha se enmarca en la lucha permanente de los mineros, que coincidió con la presencia del Che en el sudeste boliviano. La bifurcación del escenario de combate era peligrosa para la dictadura, por lo cual no dudó en meter bala a los insumisos mineros; más pronto que tarde también sería liquidada la fuerza guerrillera. Los laureles de esta hazaña pronto se secarían y, al contrario, germinaría en el seno de los mineros su ansia de una nueva sociedad: el socialismo, aspiración plasmada en la Tesis Socialista de Siglo XX, aprobada en el XIV congreso nacional minero en 1970.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Colquiri: a dónde vamos

El problema de Colquiri no es la producción de concentrados, sino la comercialización

José Pimentel Castillo

/ 9 de julio de 2024 / 07:03

El 20 de junio se recordaron 12 años de la reversión de la empresa minera Colquiri a tuición del Estado. Este yacimiento, cuya vida comenzó con la fiebre del estaño a principios del siglo XX, mantiene su pujanza y asume nuevos desafíos.

Colquiri, junto a Huanuni y Caracoles, fueron las últimas minas estatales en salir de la administración de la Comibol para pasar a la de Comsur, propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada. De 1985 a 1993, la compañía y los trabajadores demostraron ser una empresa autosuficiente, requisito para mantenerse en el seno de la estatal. A pesar de esta condición, se impuso la privatización, con la promesa de una inversión de $us 4,5 millones y un arriendo de 8% del valor bruto de venta, en época de precios altos. La privatización redujo la fuerza de trabajo de 2.000 trabajadores a 800, las inversiones ampliaron la producción con la introducción de un nuevo ingenio y la explotación con taladros largos en interior mina.

Consulte: Junio en la memoria

En 2011, la Comibol recibió por canon de arrendamiento la suma de $us 4 millones; las utilidades de la empresa en 2013 fueron de $us 20,5 millones. Estos resultados y la necesidad de garantizar una minería sostenible permitieron inversiones en los tres primeros años de $us 41 millones, para ampliar y garantizar la producción en proyectos como la ampliación del ingenio para el tratamiento de 1.200 toneladas diarias, lo mismo con el dique de colas, un nuevo sistema de ventilación con compresoras modernas, la profundización del cuadro y la construcción de una rampa para la extracción. Lamentablemente estos proyectos no fueron ejecutados en paralelo, ni en los plazos establecidos, tal vez eso explica que la producción, en vez de aumentar, haya rebajado.

La construcción del nuevo ingenio se inició en 2019, el plazo para su conclusión era de dos años, hoy su entrega se efectúa a los cinco; con este proceder no se puede hablar de seriedad empresarial. La inauguración del nuevo ingenio ha hecho prever a las autoridades de la empresa el aumento de la producción en un 40% en el caso del estaño y un 56% en el zinc. Nuestro deseo es que se cumpla, aunque un trabajador anticipó que no hay mineral, ¿será por su inexistencia o no se garantiza su extracción?

El problema de Colquiri no es la producción de concentrados, sino la comercialización, que es la concreción del negocio minero. Con la venta a la Empresa Metalúrgica Vinto, la comercialización del estaño tiene problemas, no cumple con los pagos en el tiempo debido y pone en riesgo recuperar lo acordado, por una baja de las cotizaciones. La fundidora es una prestadora de servicios y al entrar en el mercado de los metales, sin capital propio, la deuda es permanente, histórica como dicen. La solución es la integración de la cadena productiva en una sola corporación de empresas en la cual el fruto final de la comercialización beneficie a todos. Colquiri ha estado haciendo ventas de estaño a consorcios privados ante la insolvencia de Vinto, causando un daño al proceso de industrialización.

El caso del zinc es más grave: al ser un concentrado, se vende a un comercializador para su refinación en el exterior y éste por el servicio cobra el 70% del valor de mercado. Así, en la proyección que tiene Colquiri de su producción para este año de 18.879 TM finas, que en el mercado tiene un valor de $us 57,8 millones, recibirá solo $us 19,26 millones, sin tomar en cuenta el valor de la serie de metales como el indio, el cadmio, el galio, el estaño, etc… que contiene este concentrado. El problema lo conocen los trabajadores y en reiteradas ocasiones lo han planteado en cumbres productivas, pliegos petitorios, pedido de los cívicos y, a pesar de ello, no se escucha el clamor por una refinería de zinc, para beneplácito de las transnacionales mineras.

Con tantas dudas, el presidente Luis Arce, en su estadía en Colquiri, homenajeó la nacionalización y no participó de la entrega del nuevo ingenio.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El calvario de las refinerías de zinc

Entre la incompetencia y los intereses particulares se va frustrando un anhelo nacional

José Pimentel Castillo

/ 11 de junio de 2024 / 06:39

En agosto de 2010, cuando hubo el paro de 21 días en Potosí, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc en los departamentos de Oruro y Potosí. Su importancia era clara: se exportan $us 1.500 millones en concentrados de zinc al año y el costo de realización en el exterior absorbe el 50% de este valor, reduciendo al mínimo las utilidades de las empresas mineras en Bolivia; además, más allá de esto existe una fuga de otros metales valiosos que no se declaran: indio, cadmio, galio, germanio y los conocidos: plata, estaño, plomo, cobre, azufre, por un valor de $us 1.200 millones. Tal es la amplitud de la naturaleza de los complejos de zinc.

Revise: De buena fe

Con la urgencia del compromiso se promulgó, el 9 de octubre, la Ley 050, que permitía a la Comibol ejecutar el proyecto sin que esté programado en su presupuesto, condicionado al financiamiento del proponente. Inmediatamente se lanzó la convocatoria en el marco del convenio con la China que disponía de $us 7.000 millones. La convocatoria fue adjudicada en agosto de 2011, pero lamentablemente se anuló por cuanto la empresa ganadora no presentó la documentación requerida. Luego hubo otros tres procesos de contratación, que cayeron por problemas administrativos y legales, mostrando las deficiencias de una empresa que no ha cambiado su estructura, impuesta por el neoliberalismo, dedicada solo a arrendar yacimientos mineros.

En 2014 se inició otro proceso, el cual concluyó con la adjudicación a la empresa Henan Yuguang Internacional por un monto de $us 520 millones para la construcción de dos plantas hidrometalúrgicas con capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc por año. Esta adjudicación no se concretó por cuanto el proponente propuso el 100% de financiamiento, mientras el banco estatal de China solo garantizaba el 85%; la oferta de utilizar la boleta del 15% de seriedad de la propuesta, como garantía del financiamiento, no fue aceptada por la Comibol. También se conoció la denuncia de la empresa Henan Complan Mechanical sobre una suplantación de propiedad en las plantas que visitó la comisión de inspección en China. Este proceso también quedó trunco.

El problema para la Comibol era que estaba amarrada a los financiadores, en este caso el gobierno chino, que exigía el 15% de participación de la parte boliviana, al igual que el pago de la supervisión que significaba otro 10% del monto global, lo que hacía un total de $us 130 millones, cifra que le era imposible financiar. Entonces buscó un proyecto más pequeño y menos costoso, con financiamiento interno. Así se recibió la oferta del proceso Metalox, con un costo de $us 40 millones, con capacidad de 45.000 toneladas de concentrados y la recuperación de la inversión en dos años; la propuesta elevada en 2017 al Ministerio de Minería fue rechazada, para favorecer el proyecto Ausmelt para el zinc, presentado por la fundidora Vinto, que no tenía financiamiento y con grandes observaciones medioambientales.

La importancia de las refinerías de zinc es transcendental, así lo establece la Ley 625 del 14 de diciembre de 2014, la Agenda Patriótica al 2025, el Plan de Desarrollo Nacional y Social 2016-2020. Para su concreción se han manifestado las cumbres productivas de La Paz, Oruro y Potosí. El Gobierno ha buscado dar respuestas a estos pedidos al ofrecer la construcción de una refinería de zinc en Oruro, proceso de adjudicación que comenzó a principios de 2022, cuando el ministro de entonces anunció la tecnología y el financiamiento, y concluyó en octubre de 2023, beneficiando a la empresa ENFI-CRIG Consorcio, por un monto de $us 350 millones. En enero de este año, el Eximbank de China aceptó el financiamiento, sin embargo, el contrato no ha sido remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, ¿por qué? De por medio surge la denuncia que la adjudicación fue incorrecta por cuanto en el pliego de especificaciones se establece que debe usarse la tecnología “Lixiviación a Alta Presión con Oxigeno”, cuya patente la tiene otra empresa, Sinosteel, que participó de la competencia, a la que había que favorecer y fue subestimada. En otras palabras, la licitación estaba direccionada.

Entre la incompetencia y los intereses particulares se va frustrando un anhelo nacional. Dejar de ser exportadores de materias primas y exportar productos con valor agregado es el único camino para la industrialización.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina:

De buena fe

La función del Gobierno es hacer realidad el Estado Plurinacional con leyes y normas de cumplimiento obligatorio

José Pimentel Castillo

/ 28 de mayo de 2024 / 06:45

Recientemente, en conferencia, refiriéndose al acuerdo con los empresarios privados nacionales, el presidente Luis Arce declaró: “Si exportan y no traen los dólares al país eso no sirve al país, tienen que traerlos y comprometerse; si no, vamos a tener que sacar alguna medida para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”. Casi inmediatamente, el ministro de Economía anunció la sanción a 22 entidades financieras y lamentó que los empresarios no cumplan su palabra, empeñada en el acuerdo de 10 puntos del 19 de febrero. La fe puesta en el convenio se cayó por los suelos, anteriormente había declarado que “si una de las partes no cumple, no va a funcionar”.

Luego vinieron las aclaraciones. La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) y la Cámara de Exportadores (Cadex) aclararon que el 95% de sus miembros cumple su palabra; el ministro aclaró que “son 25 a 30 grandes exportadores que no han cumplido los términos acordados”, para luego tranquilizar con la afirmación de que el Gobierno “no pretende aplicar una medida de obligatoriedad para el ingreso de divisas al país”. 

Revise: La vida no vale nada (otra vez)

¿Cuáles son esos 30 grandes exportadores? Del análisis de la estructura del sector exportador, la minería es el principal sector de exportación. Sus agentes principales son las transnacionales y las comercializadoras de oro —no forman parte de la Caneb y la Cadex—, ellos hacen sus exportaciones para beneficio de su casa matriz. Pedirles comprensión es caer en la ingenuidad, ellos han venido a ganar y no a hacer beneficencia, y si no hay reglas claras es dar piedra libre para que hagan lo que quieran. La entrega obligatoria de divisas es una vieja consigna del nacionalismo, por eso murieron Busch y Villarroel, y fue la piedra angular del capitalismo de Estado que integró el país, desarrolló la industria liviana y la agroindustria gracias a los dólares baratos, provistos entonces por la Comibol. Otra característica del sector exportador es su carácter primario, lo que se exporta proviene de la naturaleza con que ha sido dotada la nación, como los hidrocarburos, minerales, metales y productos agropecuarios. No se trata de una medida revolucionaria, sino simplemente de la racionalidad. Países como Argentina y Colombia la aplican y la empresa privada acepta porque a cambio el Estado le proporciona infraestructura y le abre mercados.

El sector agroexportador radicado en Bolivia también juega con la oportunidad del mercado: para éste la devolución de los certificados de impuestos (Cedeim) no es un atractivo, por cuanto las facturas por combustible (subvencionado) y bienes de capital (liberados de impuestos) no ingresan en la acreditación para su devolución, por lo que ellos prefieren mantener las divisas en el exterior o introducirlos al mercado negro, donde la ganancia es del 30%, mejor que el 13% que les ofrece el Gobierno por la devolución de impuestos. La misma lógica mueve a los exportadores de concentrados de minerales (zinc, plata, plomo) cuando su declaración del costo de fundición en el exterior supera el 50% de su costo de operación, asegurando que quede afuera lo ganado.

A pesar del alto valor de las exportaciones, $us 13.653 millones, la crisis económica es una realidad, fruto de la concentración de la riqueza por unos cuantos, la incapacidad de transformar las empresas estatales (YPFB y Comibol) en eficientes que dan valor agregado a las materias primas, el ahogamiento a los proyectos en marcha del litio, el avasallamiento de la minería ilegal del oro, la marginalidad del pequeño productor agrícola y el carácter expansivo de la agroindustria. Como se han desatendido los del sector privado de sus responsabilidades frente al Estado, son las empresas públicas —venidas a menos— las que deben responder por las necesidades del país, buscando satisfacer los requerimientos de insumos y bienes de capital que vienen del exterior: combustibles, medicamentos, maquinarias, alimentos… que requieren todos los sectores de la economía, mientras un grupo privilegiado guarda sus divisas en el exterior o especula con éstas en el mercado negro.

La función del Gobierno es hacer realidad el Estado Plurinacional con leyes y normas de cumplimiento obligatorio, y no esperar la buena voluntad de actores que solo siguen a sus propios intereses de lucro y acumulación.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La vida no vale nada (otra vez)

En Potosí, en los cuatro meses que van de la gestión, ya suman 52 fallecidos en el trabajo minero

José Pimentel Castillo

/ 14 de mayo de 2024 / 10:30

29/01/2024-El Potosí. Tres trabajadores mineros, uno de 36 años y otros dos de 18, perdieron la vida en el interior de una mina del Cerro Rico de Potosí tras inhalar el gas tóxico que se desprende de los minerales. Según el informe proporcionado por los propios mineros, uno de los trabajadores comenzó a toser dentro de la mina y se desvaneció repentinamente, perdiendo la vida. Otro compañero que presenció la situación intentó auxiliarlo, pero también falleció al inhalar gases tóxicos. Un tercer trabajador acudió en ayuda de sus dos compañeros, pero lamentablemente no logró salir del socavón.

09/02/2024-Erbol. La Policía de Potosí informó este viernes que se han registrado dos muertes de mineros. Uno de los fallecidos era menor de edad y el otro tenía 37 años. En uno de los casos, un joven de 17 años sufrió una caída de unos 20 metros, tras resbalar en la mina Pailaviri de la Cooperativa Unificada. El segundo caso fue reportado en Tupiza, donde el minero de 37 años falleció en la mina Dos Hermanos. La Policía de Tupiza reportó que la causa de la muerte fue asfixia por inhalación de gases tóxicos.

Consulte: Cuando 18 vale más que 160

19/02/2024-El Potosí. El Comando Departamental de Policía de Potosí informó ayer sobre la muerte de tres trabajadores mineros en la mina Santa Cruz de la Cooperativa Porco RL, en el municipio de Porco. La intervención policial permitió el levantamiento del cadáver de G.P.C. (32); C.G.F. (35) y S.P.C. (24); de las tres víctimas, dos habían nacido en Potosí y una era natural de Cochabamba. El diagnóstico médico establece intoxicación por monóxido de carbono.

28/02/2024-Radio Kollasuyo. Lamentable, un trabajador de 37 años perdió la vida tras caer a un abismo en el interior de la mina Blanquita, el minero se precipitó unos 20 metros en el yacimiento.

18/03/2024-El Potosí. La familia de José Luis Bejarano Vicente nuevamente salió a la plaza 10 de noviembre para solicitar ante los medios de comunicación la identificación del posible autor de su desaparición. Desde la semana pasada, los familiares han estado visitando la Policía para denunciar la desaparición del joven minero, padre de dos hijos, que salió a trabajar la madrugada del 2 de marzo. La semana pasada, la familia incluso pensó que el minero habría sido agredido y ofrecido como “sacrificio” al Tío de la mina. Un familiar recordó que el jefe de su sobrino habría ofrecido a la familia la suma de $us 3.000 para no continuar con su búsqueda.

18/03/2024-El Potosí. Tres trabajadores fallecieron en una mina de Porco tras inhalar gas venenoso. Un padre de 45 años, su hijo de 20 y un tercer minero de 38 años perdieron la vida en la mina debido a la inhalación de gas venenoso. Estos trabajadores, originarios del municipio de Llallagua, se habían trasladado en busca de empleo.

21/04/2024-Kollasuyo Digital. Un luctuoso hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril, al interior de la mina Juan Carlos en Porco, donde un hombre de 26 años de edad perdió la vida de manera instantánea luego de ser impactado por un planchón.

30/04/2024-El Potosí. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen confirmó el deceso de cuatro trabajadores en distintas minas el pasado fin de semana en Potosí. El viernes 26 de abril, murieron tres personas, entre ellas una mujer de 41 años y un adolescente de 15, además de un trabajador de 49. La mujer y el hombre de 49 años perdieron la vida tras precipitarse 30 metros en la mina Calamarca, sección San Miguel. Asimismo, se reportó la muerte del menor en la mina de Vilasirca. El muchacho cayó a un rajo, era su primera semana de trabajo en el yacimiento minero. El tercer deceso sucedió el sábado 27 en la mina Imperial, sección San Carlos. Un hombre de 26 años murió por asfixia; es decir que inhaló gas de mina.

02/05/2024-El Potosí. El último deceso fue en la región del sur del departamento, donde un minero fue sorprendido por la caída de un planchón. El accidente laboral sucedió en el yacimiento minero de Hornos.

07/05/2024-Red Uno. La Policía en Potosí reportó la muerte de una mujer minera de 29 años de edad, la cual presuntamente habría sido golpeada por una roca dentro de la mina, cuando ella se disponía a salir; una de sus compañeras la encontró ensangrentada y en el suelo.

Según explicó el jefe policial, en el departamento de Potosí, en los cuatro meses que van de la gestión, ya suman 52 fallecidos en el trabajo minero, de los cuales 48 son varones y cuatro son mujeres.

¡Condiciones coloniales en pleno siglo XXI! ¿A quién le preocupa la vida?

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Cuando 18 vale más que 160

La gestión de Áñez se caracterizó por el cierre del proyecto y comenzó a naufragar la utopía

José Pimentel Castillo

/ 30 de abril de 2024 / 11:13

La tragedia del litio continúa. Cuando en 2010 se creó la Gerencia de Recursos Evaporíticos en la Comibol, era poco lo que se sabía sobre el litio, más allá de aquella información de su existencia anunciada por una agencia francesa y que llevó a que las transnacionales mostraran su interés. Había que empezar de cero, con empeño y sacrificio; se logró elaborar un proyecto que luego de sucesivas fases: conceptual, laboratorio y pilotaje, mostró su viabilidad técnica y económica, lo que fue demostrado y aprobado en instancias gubernamentales: VIPFE, UDAPE, Conapes y finalmente en el gabinete de gobierno, el que aprobó y dispuso que el Banco Central (BCB) financiara el proyecto, es decir, recursos netamente nacionales.

Lea: ¿Volver a caminos trillados?

El proyecto se convirtió en una estrategia de Estado, por cuanto no se trataba solo de extraer el litio, sino de su industrialización, hasta lograr poner en el mercado baterías made in Bolivia. El proyecto era ambicioso, en La Palca (Potosí) se instaló el Centro de Investigaciones y las plantas piloto de materiales catódicos y de baterías de ion litio. Conscientes de las dificultades, se recurrió a ayuda extranjera para hacer la ingeniería a detalle de las plantas industriales, lo propio para su construcción, se preveía convenios con extranjeros para la fase industrial, que más allá de tecnología, garanticen mercado. En 2018 se entregó en funcionamiento la Planta Industrial de Cloruro de Potasio y se firmó el contrato para la construcción de la Planta de Carbonato de Litio, que preveía su entrega en dos años y medio. Mientras tanto la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos asumía la tarea de garantizar la provisión de energía eléctrica, gas, agua y construir las piscinas de evaporación. Todas las labores estaban financiadas con el BCB, que tenía un tope autorizado de $us 886.271.552: la industrialización es un reto enorme que vale hacerse realidad, y por el cual hay que sacrificarse.

En 2019 se dio el golpe de Estado. La gestión de Áñez se caracterizó por el cierre del proyecto y comenzó a naufragar la utopía: se pretendió anular el contrato para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, se paralizó el proceso productivo dañando las piscinas, las que requieren un proceso continuo para cosechar sales (halita y silvinita), y evacuar las sales complejas a otras piscinas; si no se realizan estos trabajos se las exponen al sol y/o cristalizan en forma sólida. Ésta fue la conducta de la dictadura de Áñez; cuando el Procurador expresa que la planta se encontraba en un estado lamentable y deplorable, no dice quiénes la entregaron; hacía más de un año que Echazú y Montenegro habían sido despedidos. Tampoco señala qué hicieron para rehabilitarlas desde 2021.

Al contrario, en enero de 2021, el ministro de Hidrocarburos declaró que el Gobierno cambió de estrategia para ir por una vía más rápida y eficiente (EDL), y no hizo referencia al proyecto en marcha, que tenía plazos perentorios; así se anunció la conclusión de la planta de carbonato de litio, con un retraso de dos años, ni este tiempo suplementario fue usado para adecuar las piscinas, ni garantizar la provisión de agua y de gas; por estas razones, el acto de inauguración programado para agosto de 2023 se suspendió y, confirmando la molestia, se destituyó al gerente. En diciembre, al inaugurarse la planta, se anunció que su funcionamiento llegaría a 3.000 toneladas, es decir una quinta parte de su capacidad, ¿la razón?: no hay materia prima. Y ahí surge la auditoria de las 18 piscinas, que no funcionaron como muchas otras por falta de mantenimiento. En la gestión Echazú-Montenegro se construyeron 96 piscinas, de las cuales solo funciona la mitad y según el proyecto se requieren 160 para producir a plena capacidad, y no hay más remedio que construirlas.

La acusación es por Bs 140 millones, el proyecto es de 4.971 millones. Pende sobre la cabeza de quienes asumieron la conducción de YLB desde noviembre de 2019 la responsabilidad de concluir el proyecto y mostrar su eficiencia, tal cual fue concebido por quienes fueron echados y nunca convocados ni para aclarar o asumir responsabilidades. La planta piloto de carbonato de litio había costado $us 20 millones y sus ventas hasta hoy superaron 10 veces su valor.

En medio de la consternación del momento, mi homenaje al ingeniero Juan Carlos Montenegro Bravo, boliviano íntegro, luchador contra las dictaduras y por la justicia social, soñador del desarrollo industrial de Bolivia, capaz de correr riesgos en la aventura de plasmar sus ideas, pero incapaz de soportar la humillación de imberbes de último momento.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina: