En una importante iniciativa que refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el bienestar de los bolivianos, el pasado 2 de octubre de 2024 el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, aprobó el Decreto Supremo Nº 5241, que permitirá a todos los prestatarios solicitar, de forma expresa y voluntaria, la reprogramación y refinanciamiento de sus créditos, estableciendo procedimientos simplificados y ágiles para su evaluación por parte de las entidades financieras.

Se destaca que esta medida surge como respuesta a las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos, que fueron afectados económicamente por eventos climatológicos adversos, conflictos sociales y un entorno económico desafiante, percibiéndose que con esta medida, se daría respuesta a la solicitud de los microempresarios y gremiales, incluso a otros sectores que fueron afectados por los citados eventos, que ocasionó que sus flujos de ingresos hayan sido disminuidos y que no pudieron hacer frente a sus obligaciones bancarias de manera normal.

De dicha política financiera, se puede visualizar los siguientes aspectos relevantes a considerar:

Es una herramienta crucial para equilibrar la economía de los bolivianos al permitir la reprogramación y refinanciamiento de créditos, en consideración que se ofrece un alivio tangible a los prestatarios que han visto comprometida su capacidad de pago por circunstancias ajenas a su gestión financiera, esto no solo ayuda a los prestatarios a reorganizar sus obligaciones, sino que también fomenta un entorno de mayor estabilidad económica en el país ya que podrán refinanciarse, aspecto que fortalecería la actividad económica de los mismos.

Asimismo, la normativa emitida insta a que las entidades de intermediación financiera trabajen de la mano con los prestatarios, analizando sus situaciones económicas y estableciendo condiciones favorables que pueden incluir períodos de gracia y otras opciones que se adapten a las necesidades particulares. Este enfoque personalizado es una muestra clara de la intención de promover un sistema financiero inclusivo y accesible para toda la población.

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Por otra parte, considera un proceso ágil y transparente, siendo que el decreto también establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, deberá emitir la reglamentación correspondiente, garantizando que las entidades financieras incluyan políticas internas ágiles y oportunas para atender los requerimientos de los prestatarios, con el fin de asegurar que el proceso de reprogramación y refinanciamiento sea ágil y efectivo, como también de forma transparente y accesible, para lo cual, la ASFI elaborará y pondrá a disposición un formulario para el inicio de dicho trámite.

Asimismo, se ha instruido a las entidades financieras a que informen adecuadamente a sus clientes sobre esta nueva normativa, utilizando canales de educación financiera para socializar el contenido del decreto.

Por tanto, se puede visualizar un compromiso con el futuro, en razón que el Gobierno Nacional reafirma con esta medida su compromiso de apoyar a los bolivianos en tiempos difíciles, en el marco del mandato constitucional y las leyes referentes a las políticas financieras del país, protegiendo a aquellas personas que, debido a factores externos, no pueden cumplir con sus obligaciones crediticias, todo esto en el marco de los derechos de los consumidores financieros que se encuentran establecidos en la Ley de Servicios Financieros, resaltando que dicha reprogramación y/o refinanciamiento tiene un carácter netamente voluntario por parte del prestatario.

Finalmente, el Decreto Supremo Nº 5241, es una clara señal de que el gobierno está escuchando y actuando en favor de los bolivianos y bolivianas, creando un entorno en el que la solidaridad y el apoyo mutuo prevalezcan.

Franklin Tintaya Vela es auditor financiero y abogado.

El lunes 2 de septiembre de 2024, el presidente Luis Arce Catacora, en presencia de autoridades gubernamentales y del sector privado, dio a conocer la emisión de un nuevo fondo denominado Fondo de Crédito Emprende Bolivia (FOCREB), impulsando y demarcando una oportunidad para los jóvenes emprendedores de nuestro país.

El FOCREB será administrado por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP SAM) y tendrá un patrimonio total de 150 millones de bolivianos, destinado a fomentar el emprendimiento nacional de personas naturales de 18 a 35 años, siendo esta iniciativa un gran paso hacia la creación de un entorno más dinámico y próspero para nuestros jóvenes talentos.

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Las características del Fondo son las siguientes: la finalidad del FOCREB es otorgar financiamiento accesible para impulsar ideas y proyectos de Jóvenes emprendedores que necesiten apoyo financiero para iniciar su emprendimiento; la tasa de Interés contempla un 7,5% anual, con un plazo de acuerdo a la evaluación que realizará el BDP SAM y adaptada a su capacidad de pago y de acuerdo a los flujos futuros proyectada del emprendimiento.

Asimismo, dicho financiamiento acepta garantías convencionales y no convencionales, facilitando el acceso al crédito. En cuanto a la elegibilidad para acceder a este financiamiento, solo se necesita demostrar capacidad de pago mediante un análisis de los flujos futuros del proyecto, siendo que se puede incluir a familiares como codeudores o garantes, brindando mayor seguridad al crédito y por ende al proyecto, aspectos importantes a cumplir bajo las políticas de evaluación crediticia que será establecida por el BDP SAM.

Por otra parte, como un mecanismo de apoyo y de incentivo para acceder al crédito y proyectar las ideas innovadoras de los jóvenes se tendrá una asistencia técnica, es decir, se recibirá asesoramiento y apoyo para desarrollar el plan de negocios de los jóvenes, asegurando que dicho emprendimiento tenga las bases necesarias para ser sustentable en el tiempo.

Con este nuevo Fondo, enfocado a los jóvenes que son el presente y futuro de la construcción de una nueva Bolivia, el Gobierno apunta a mejorar la situación económica del país, fortaleciendo la generación de emprendimientos; por tanto, se puede visualizar que, con la citada determinación, el Gobierno estaría dando cumplimiento a uno de sus compromisos asumidos y que fue enunciado por el primer mandatario en el marco de las nuevas políticas económicas y financieras, que tiene por objetivo reactivar la economía nacional.

Finalmente, es preciso recordar que existen otros tipos de incentivos económicos y/o financieros que se encuentran vigentes a través de fondos de garantía y fondos de crédito, enfocados a diferentes sectores con propias características, todos relacionados a las políticas económicas de nuestro país, en el marco de la función social y en sujeción al mandato constitucional.

(*) Franklin Tintaya Vela es auditor financiero y abogado

Según información de ejecutivos de la Asfi, en medios de comunicación, las sanciones a entidades del sistema financiero representan aproximadamente Bs 20 millones, por incumplir las disposiciones emitidas respecto a las tarifas y cobro de comisiones.

Al respecto, es importante conocer que dichas sanciones se encuentran enmarcadas en las disposiciones de la Ley de Servicios Financieros, que estipula que estos servicios y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público, poniendo énfasis en que la protección al ahorrista e inversionista es competencia privativa del Estado.

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Independientemente de los montos pecuniarios, la importancia de imponer sanciones radica en generar acciones correctivas en el sistema financiero, comprendiéndose que con dichas medidas se demuestra la labor de protección a los inversionistas, ahorristas y a todas aquellas personas que efectúan operaciones financieras, los que perciben protección frente a las entidades financieras, fortaleciendo la confianza con relación a sus transacciones.

Con dichas determinaciones, el Estado, como rector del sistema financiero a través de instancias del Órgano Ejecutivo, en el marco constitucional busca cumplir con la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, pilares fundamentales que tiene presente el Gobierno.

Por otra parte, se considera que la supervisión por parte del Estado es íntegra, en consideración que no solo los bancos fueron sancionados, sino también otro tipo de entidades financieras, con el fin de precautelar que la venta de dólares no sean transados a un tipo de cambio superior a lo establecido.

Las inspecciones llevadas a cabo por la Asfi tienen como finalidad controlar el cumplimiento normativo, cuyos resultados ameritan sanciones si se observan contravenciones, sin embargo, es preciso denotar que dicha labor no solo se efectúa en momentos coyunturales, como es el caso actual sobre la mala especulación de la falta de divisas en el país, siendo más bien que se la realiza de forma constante.

Según la Asfi, instruyó a las entidades de intermediación financiera restituir un total de  Bs7,9 millones a más de 9.200 clientes financieros que fueron afectados por cobros en exceso en este tipo de transacciones realizadas en estas entidades, tarea de seguimiento que le compete a dicha autoridad, a fin de restituir los derechos del consumidor financiero.

Recordar a la población y a los clientes de la banca y de otras entidades financieras que la Asfi, por mandato de la ley, cuenta con una dirección especializada de Defensoría del Consumidor Financiero, que tiene como tarea fundamental atender todo tipo de reclamos y denuncias de forma gratuita, a la cual se puede acudir cuando consideran que sus derechos se encuentran vulnerados por parte de las entidades financieras.

(*) Franklin Tintaya Vela es auditor financiero y abogado