Una buena. Fiel a nuestra tradición de depositar buena parte de las resoluciones políticas en las urnas, el país finalmente (y después de un largo periodo de incertidumbre política) tiene trazada una ruta para recorrer el múltiple y largo ciclo electoral 2024-2026. Lo que es bastante en el contexto en el que nos encontramos. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga allanadas buena parte de las dudas respecto a la realización de los procesos electorales recurrentes venideros y ello le permita hacer uso de las competencias con las que cuenta, abona certidumbre en un escenario político que en los últimos meses se ha caracterizado por estar regado de escollos propiciados por actores interesados en su (no) realización.

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Lo dicho anteriormente no debiera revestir mayor novedad, toda vez de que la convocatoria a este tipo de procesos electorales recurrentes compete a un Órgano de Estado independiente, actualmente en funcionamiento y cuyas atribuciones están establecidas en normas completamente vigentes. Ocurre que a medida que los plazos fatales para estos procesos se han ido aproximando, se ha vuelto recurrente presenciar la acción de actores políticos que al no estar satisfechos con los preceptos normativos que indican el cuándo y el cómo de su realización, optan por su obstrucción, en clave de boicot. Así como hay quienes no desean que se desarrollen las elecciones judiciales, hay quienes requieren que las generales se realicen de acuerdo con sus necesidades. Y también están los que, a título de ampliación democrática, necesitan mostrar iniciativa política echando mano de procesos ya establecidos en el largo ciclo electoral.

Volvamos a las certezas: una ruta trazada clara da certidumbre en varios aspectos. En el caso de las elecciones generales, permite que en un escenario en el que la mayoría de los partidos políticos no prioriza el fortalecimiento de la democracia interna, finalmente queden establecidos plazos improrrogables para la preparación de las organizaciones políticas que buscarán terciar en el proceso de 2025, lo que incluye la renovación de directivas y, a posteriori, la selección de sus binomios presidenciales. Y en el caso de las judiciales, posibilita el importante descongestionamiento de la legitimidad de otro de los poderes del Estado. Para nada poca cosa.

No obstante, como se avizoraba hace varios meses ya y como se ha vuelto costumbre por la incapacidad resolutiva de la política ante los escenarios electorales, otra vez se opta por poner contra la pared al TSE, en tanto que quedan en sus manos varias resoluciones que aún debieran permitir allanar más las rutas trazadas. Finalmente, si se opta por esta instancia como resolutiva en asuntos electorales sus decisiones, que (des)agradarán a unos y otros, mínimamente deben ser aceptadas. Esto aplica para venideras disposiciones: directivas partidarias, requisitos de inscripción de candidaturas y evaluación técnica de preguntas de referéndum, por nombrar algunas.

No obstante, siendo cierto que la máxima de respeto a las decisiones debe primar para tratar de mantener algo allanado, claro y trazado el camino hacia unas urnas que permitan renovar (en consecuencia legitimar) buena parte de la institucionalidad democrática del país, también huelga señalar que es precisamente la acción política de hacer (ab)uso de las posibilidades democráticas: forzando su realización, buscando acomodar su avance a conveniencia y ensuciando su desarrollo, lo que de buena manera será calificado por la población una vez se arribe al voto. Y es necesario que los actores políticos sepan que es ya muy evidente la incertidumbre y el desorden que deliberadamente están sembrando, ante la poca luz de certeza que batalla por imponerse y corresponde defender.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Lo ocurrido en la pasada sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (no necesito decirle cuál, la única en los últimos meses), se constituye en un acto político con múltiples implicancias, que confirma una gran mayoría de los análisis sobre el estado de nuestra política y, lastimosamente, una buena parte de las preocupaciones en torno al grado de erosión de la democracia nuestra de cada día. Y, por supuesto, convoca —de manera irrefutable— a la toma de postura a favor del ejercicio de la representación política de nuestra sociedad que, guste más o menos, encarnan actualmente las y los legisladores nacionales y debe constituirse en el horizonte de recomposición de nuestra desacelerada institucionalidad democrática.

Vea: Elecciones de ayer, hoy y mañana

No se trata, al menos en este momento, de poner como justificativo el hecho de que los boicots al normal desarrollo de la labor legislativa son un fenómeno que desde tiempos de democracia pactada han estado a la orden del día y que, en tiempos del Estado Plurinacional, se han empezado a hacer presentes cuando el MAS-IPSP dejó de tener el control de la ALP, llegando hasta la absurda interpretación del funcionamiento de la sesión en que Áñez se proclamó Presidenta de Bolivia, que no llega al caso ni de boicot sino lo siguiente. Sí se trata de establecer una clara diferencia entre aquellas acciones que están más cercanas a la estrategia política de neutralizar políticamente al contrario antes que aquellas que buscan evitar físicamente la manifestación de la voluntad de una mayoría de representantes, que en una de sus expresiones se concreta en el funcionamiento de la ALP.

Es ahí donde la parálisis como forma de gobierno no puede ser permitida y requiere encontrar una manera de descomprimir lo que no puede constituirse en un estado permanente de salud de la democracia deliberativa. De ahí que la puesta en marcha del Legislativo se haya visto hecha “contra viento y marea” y que, a reserva del bochorno que implicó y al que lastimosamente ya nos vemos acostumbrados, se haya constituido en un acto político cuyo golpe de efecto desnudó al Vicepresidente en su voluntad de atasco del ejercicio deliberativo, legislativo pero, sobre todo, político. Esto en lo que respecta a las mal llamadas estrategias para impedir al contrario la consecución de sus objetivos.

Porque en lo que respecta a las —otra vez— mal llamadas estrategias para conseguir objetivos políticos propios, simultánea y nuevamente se ha desnudado al arcismo en su burda intentona de hacer política utilizando jueces. Algo que, en los meses de parálisis se ha vuelto moneda común y que ya no deja sospecha ni sorpresa a nadie.

En términos de síntoma de época, buena parte del mundo está así y, de alguna manera, Bolivia tiene su propia versión. Y es que cuando la antipolítica se empieza a volver una tendencia dominante en quienes la ejercen y genera adhesiones entre la población, los resultados se expresan en bloqueo, parálisis, boicot y atrincheramiento a título de ejercicio político. Por ello, la recuperación de las formas para el ejercicio político que restituye la institucionalidad como la conocemos, termina siendo a las patadas.

No existe desgaste gratuito que se repare sin acciones traumáticas. Y tampoco existe erosión que se remedie de manera ordenada. Pues a veces, la política se parece bastante a la física. Y la descomprensión de un escenario cargado hasta el desborde simplemente termina siendo explosivo. Y, en tiempos de bregar por la salud de la magullada institucionalidad democrática, huelga defender su restitución (por caótica que sea) porque ello ya es políticamente algo más que nada.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

El día de mañana arranca el mes de junio, lo que nos permite ubicarnos con un año de distancia de la promulgación de la “Ley transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos (para Elecciones Judiciales)”, que buscaba entonces destrabar por segunda vez este proceso cuya realización está aún pendiente. Para fines de este espacio denominaremos este proceso como las elecciones del ayer, toda vez que las mismas debían concluirse, con la materialización de sus resultados, al inicio de este año y a esta altura, debieran idealmente ser parte ya de nuestro pasado colectivo.

Consulte: Sentidos en disputa

Con elecciones de hoy, la referencia es para las Elecciones Primarias que debieran convocarse (es decir iniciarse como proceso electoral) en esta segunda mitad de 2024 que pronto se avecina. De ellas sabemos, hasta la fecha, que se encuentran en el centro de la pugna interna que atraviesa el MAS-IPSP, partido nacional que se encuentra en el centro de la política, y que se está librando en medio de una batalla de medidas judiciales y amenazas que cada día le aumentan la presión al torniquete que sostiene la institucionalidad electoral del país.   

Y, entonces, usted ya sabrá que con las elecciones de mañana se hace referencia a las Elecciones Generales 2025, que debieran ser secundadas por las Subnacionales en 2026. Y que, al día de hoy y con la normativa vigente, como primer paso deben sortear un proceso de Primarias. La hipótesis que lleva a aseverar que estamos ante una caótica acumulación (que cada vez se hace más visible) de trabas, presiones y zancadillas que tienen el foco puesto en los procesos electorales de ayer, hoy y mañana, no es nueva, pero sí debiera ser una convocatoria a nuestra mayor preocupación. Pues no hay energía ni atención colectiva que aguante tanto desgaste. ¿Hasta dónde va a ser posible horadar la piedra de la institucionalidad democrática, ya bastante venida a menos?

Un elemento paradójico, pero a la vez principal de esta problemática, es que los actores que tienen en sus manos la posibilidad, pero sobre todo responsabilidad de reducir los decibeles del intercambio y retornarlo a los cauces más propios (y menos estridentes) de la política, son precisamente quienes se encuentran en el centro de la disputa. Y es ahí donde radica el pesimismo con el que se hipotetiza sobre el futuro de este fenómeno que atravesamos. 

Una primera grave consecuencia de este escenario ya la estamos viviendo ante la incertidumbre de que algunos de los procesos electorales se mantengan en vilo o, el día de mañana, directamente no se realicen y asociemos ello a este nuevo panorama de “normalidad política” en el que estamos ya bastante sumergidos. Pero una segunda consecuencia, que también de alguna manera es fácil avizorar porque empieza a manifestarse en la superficie de la práctica política, es precisa y paradójicamente la de vaciar a la política de Política.

Y es que pensar en la posibilidad de que arribemos al momento de las Elecciones Nacionales, absolutamente zarandeados y desintegrados por este agotador preludio, presentaría la dificultad de que el mismo llegue a realizarse al calor de los más bajos mínimos políticos que hayamos vivido anteriormente y que vivamos las consecuencias del voto “que se vayan todos”. Pues ello, nos llevaría a una nueva gestión de “gobiernos-castigo” (nacional y su correlato, subnacional), cuya peor cara sería la incapacidad de hacer política, la falta de experiencia en la cosa pública y la imposibilidad de gobernabilidad. Experiencias que, a la larga, terminan volteando el verdadero castigo hacia las y los votantes mismos. 

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

A mediados de esta semana se celebró el Día Internacional de las Familias a nivel global. Valga la ocasión para rememorar un par de momentos en el pasado de mediano y corto plazo en Bolivia, en los que se intensificó la batalla cultural con foco en este tema.

Uno primero se remonta a la discusión que se generó alrededor del Código de Familias que fue promulgado en 2014. Entonces corrían tiempos en los que el proyecto que encabezó el MAS-IPSP había logrado proponer soluciones a algunos problemas socioeconómicos y el gobierno contaba con una nutrida legitimidad que le permitió adentrarse durante esos años en algunos de los temas más culturales de nuestra sociedad, en clave de desarrollo normativo del texto constitucional garantista que había sido aprobado mayoritariamente en 2009.

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Entonces, incluso dentro del mismo MAS-IPSP se libró una pugna de sentidos entre las posiciones conservadoras y progresistas que compartían partido y gobierno en ese momento (estas posturas habían quedado bastante develadas en 2010 por el tema del derecho a elegir). Y, claro, de manera externa al gobierno, no quedaron exentas las voces desde iglesias varias y organizaciones que, con el foco territorial en Santa Cruz, defendían sus posturas conservadoras ante lo que se entiende como familia (entonces así, en singular).

De ahí que el resultado del debate puntual sobre este tema —mediado por una Asamblea Legislativa Plurinacional que aún representaba estas posturas y, sobre todo, funcionaba como tal— terminó dando como resultado una normativa que finalmente plantea, hasta el día de hoy, una visión diferente de la estructura de familia, del derecho de filiación, de la emancipación y de la asistencia familiar, entre otros asuntos.

Por el otro lado, así sea a nivel local y se haya visibilizado de forma intempestiva, el pasado 2023, en fechas similares a las de hoy, existió también un momento político en el que una concepción más conservadora de lo que se entiende por familia retomó la palestra política y discursiva a nivel local. El denominado Family Fest (evento que se organiza a lo largo del globo con el objetivo de “recuperar” la noción de “familia natural”) tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz y fue apoyado por la Gobernación del departamento. Entonces, el evento tuvo una para nada desdeñable concurrencia, pero sobre todo inversión de recursos que lo amplificaron en varios niveles. Fue la ocasión en la que Agustín Laje estuvo en Bolivia para decirle a nuestra sociedad que las políticas que amplían derechos para las mujeres buscan la “demonización de los hombres”. Este año, la llegada del Día de las Familias parece haberle pisado los talones (y los bolsillos) a una Gobernación que con el liderazgo de Creemos (ala camachista), en 2023 avanzaba decididamente hacia la implementación de normativa y políticas (en consecuencia recursos) de corte conservador.

Por el momento, por las desafiantes pugnas de poder que atraviesa la Gobernación y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Santa Cruz, esa intentona neoconservadora parece haber pasado a un segundo plano, lo que no significa que el sentido cultural respecto a cómo la sociedad y el Estado entienden a las familias dejará de ser una importantísima asignatura por disputar desde la política. Pero su funcionamiento cotidiano seguirá siendo una experiencia personal, vital, identitaria y cambiante, multiplicada por todas sus posibilidades y cada una de las vivencias; cuya bandera —ya se ve— será levantada desde la política institucional solamente cuando los intereses de cambio y/o preservación cultural estén amenazados.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Producto de la apertura de una investigación judicial basada en informaciones de medios digitales a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, es que éste comunicó la semana pasada que se tomaba unos días para reflexionar en torno a si aún valía la pena continuar a la cabeza del gobierno español cuando los ataques llegan a los seres más queridos; dejando así a la ciudadanía en vilo durante cinco días. El lunes de esta semana inició con el tan esperado anuncio no solo por este país, sino por varios otros del mundo: la noticia fue internacional. En éste, Sánchez señaló que seguiría a la cabeza del gobierno y denunció aquel secreto a voces que padecen las sociedades en los últimos años: la política se ha vuelto un lodazal.

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Luego del anuncio, varias han sido las reacciones. A Sánchez, que se le conoce por ser un político que sobrevive a varias embestidas políticas, la oposición de derecha le ha criticado por el dejo de victimismo que tuvieron estas acciones y la oposición de izquierda, que no haya anunciado medidas concretas para darle batalla a este escenario político contaminado. Asimismo, desde ambos lados señalan haber sido víctimas anteriormente de estas sucias prácticas que combinan desinformación y juzgados. Esto aunque es claro que, al menos en el caso español, esta época de cloacas y lodazales coincide con la emergencia de portales de desinformación como Ok Diario o partidos políticos de ultraderecha como Vox. 

Lo que ocurrió en España se constituye en uno de los más importantes hitos en comunicación política en habla hispana de los últimos años. Más aún, cuando en el centro del hecho político se encontró, precisamente, un fenómeno atravesado por ella. La pregunta que queda es: ¿cómo se va a gestionar hacia adelante una democracia habitada por una política con las características actuales gracias, en buena parte, a la dinámica comunicacional contemporánea? Como pocas veces se había visto anteriormente, resulta más que determinante para la salud y preservación de la democracia lo que desde la comunicación se proponga.

Que en la actualidad la desinformación vestida de periodismo y la construcción discursiva de posverdad se hayan vuelto moneda corriente en la comunicación, y que el descrédito y el atrincheramiento tribal le hayan ganado terreno al intercambio de argumentos en lo político, están resultando ser un fenómeno político cuya magnitud está modificando radicalmente la percepción de la ciudadanía respecto a la importancia de vivir en democracia. Dando como resultado nuevas generaciones que creen hacer política desde la antipolítica (es decir, rechazándola), oponiéndose —sin matices— a todo aquello que tenga apariencia de institucionalidad y atrincherándose en sus identidades como proyecto de vida y futuro individual. 

La comunicación política para la democracia lo viene advirtiendo desde hace décadas: sin una información y un periodismo de calidad, no se puede contar con una ciudadanía crítica que participe activamente en política, generando una democracia saludable. Lastimosamente, con los años lo que es contrario a esta premisa ha ganado terreno y hoy acudimos a un escenario informativo plagado de desinformación y malas prácticas periodísticas (además de su crisis existencial), y todas las consecuencias que esto implica. Sumado —cómo no— a la instrumentalización de jueces y juzgados (porque a esas prácticas no se les puede llamar Justicia) que solamente van consiguiendo la tergiversación de la política, la degradación de la vida pública en democracia y la erosión del tejido social. ¿Le suena familiar?

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka