El presidente Arce movió ficha. Y sacudió, al menos en el corto plazo, la agenda del debate político. No es para menos. El 7 de agosto, todos los diarios abrieron sus ediciones con el anuncio de un triple referéndum. “Momentos difíciles requieren decisiones firmes”, dijo en su mensaje. Y planteó llevar a consulta popular la subvención de los hidrocarburos, los escaños parlamentarios y la reelección del binomio presidencial. Es una apuesta arriesgada e incierta.

Más allá de la opacidad inicial, se precisó que el referéndum supone una reforma parcial de la Constitución. Si es así, su convocatoria es inviable. Queda descartada la iniciativa popular porque el plazo no alcanza para llegar a las urnas el 1 de diciembre. Y no hay ninguna condición para sumar dos tercios en la ALP. ¿En serio están pensando en una convocatoria inconstitucional por decreto, con aval de los autoprorrogados del TCP? ¿Le meterán nomás? Sería insostenible.

Supongamos que, con maniobra y descaro, el triple referéndum sea convocado (la fecha límite es el 2 de septiembre). La Ley del Régimen Electoral establece de manera inequívoca que no se pueden someter a referendo, entre otras temáticas, las competencias privativas del nivel central del Estado. Los hidrocarburos son una competencia privativa. La subvención, por tanto, no es materia de consulta popular. El Ejecutivo tendrá que decidir. ¿Y el presidente? Gobernar.

Hasta el 16 de septiembre, el INE debe enviar al TSE los resultados del Censo a nivel departamental. Y en 11 días estará listo el proyecto de ley para la asignación de escaños. Es una cuestión aritmética: la distribución de diputados se define por el número de habitantes. Y se compensa a los departamentos con menor población y con menor desarrollo económico. ¿De verdad quieren postergar este hito técnico para “allanar” el camino aumentando el ya excesivo número de 130 diputados?

Sobre la reelección, el TCP no hizo su trabajo. El pleno de magistrados debió emitir una sentencia constitucional clara y firme dejando sin efecto la nefasta reelección indefinida habilitada en 2017, que sigue vigente. En lugar de eso, dos magistrados de una Sala metieron de contrabando la cuestión, con “pompa y ostentación”, en una acción sobre otro tema. ¿Y ahora quieren que la ciudadanía defina el veto a la reelección discontinua para sacar del camino electoral a Evo?

Es bastante probable que, como ocurrió en 2011 y 2017, la consigna del voto blanco y nulo sea mayoritaria en las elecciones (per)judiciales. Y es contagiosa. Como el triple referéndum se votará el mismo día, puede caerse por falta de votos válidos. Más que consulta, será un plebiscito. 

FadoCracia olímpica

1. El lamento, por gentileza de nuestra selección de fútbol, es reincidente: “jugamos como nunca, perdemos como siempre”. Hay anorexia de victoria. 2. Nuestros logros se cuentan con una mano: campeones del Sudamericano 1963 y clasificados al Mundial 1994. También participamos en la primera Copa del Mundo en 1930 y fuimos subcampeones de la Copa América 1997. Celebramos. 3. Bolivia nunca ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Ninguna. Desde los juegos de Berlín en 1936, seguimos participando. 4. En las Olimpiadas 2024 en París mantuvimos la tradición: cero medallas. Y no es por falta de atletas. Ni de ganas. 5. Lo interesante no es tanto nuestra falta de triunfos deportivos en estos campos (en otros “menores” tenemos campeones), sino la enorme e inagotable vocación de esperanza. Vamos mi Bolivia. 6. Nuestra estrella llegó en el puesto 60 de 81 participantes en la maratón. Y somos tan felices. “Fue un digno representante, que llevó en alto el nombre del país”. 7. Dicen que lo importante no es ganar, sino competir. O al menos participar. En nuestro caso, lo que cuenta no es ganar, sino llegar. Hay ilusión, queda futuro. Nos vemos en 2028.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

Dibujo Libre

Opinemos, conversemos.

Más allá de los principios de representación política y de participación ciudadana, la democracia y las decisiones colectivas se nutren de la conversación pública. Hay que alentar, pues, espacios de diálogo plural y deliberación informada. A ello contribuyen las diferentes voces que configuran la llamada opinión pública. Y también la mirada de los liderazgos.

En el actual contexto de crisis recargada, persistente polarización y renovada incertidumbre, parece útil conocer el estado de la opinión en el país. Y explorar las expectativas de la ciudadanía y de actores relevantes. Las percepciones importan.

ESTUDIOS.

Preguntas, indagaciones. ¿Cuáles son y cómo se mueven las percepciones de la ciudadanía? ¿Qué están opinando los actores relevantes? ¿Cómo sienten el rumbo del país, de la política, de la economía? ¿Qué les preocupa? ¿Cuánto confían, o no, en las instituciones? ¿Cómo están viendo hoy, en fin, el campo político y la compleja agenda electoral?

Desde el año 2020, la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) realiza estudios periódicos con un grupo plural de líderes políticos, analistas, periodistas y especialistas (informes Delphi) y estudios de opinión pública (encuestas ómnibus). Los datos son valiosos en sí mismos y en perspectiva comparada. Constituyen también una fuente primaria para la construcción de escenarios prospectivos.

¿Qué muestran los datos del reciente estudio Delphi (julio de 2024) con liderazgos? Más del 80% dice que el país va por mal camino, un 75% cree que la situación política y económica es mala o muy mala, y el mismo porcentaje siente que dicha situación empeorará en los próximos doce meses. No son buenas noticias: hay pesimismo en el estado de la opinión y las expectativas.

Otro dato crítico es la alta desconfianza en (casi) todas las instituciones. El Órgano Judicial, el TCP, el Gobierno, la ALP, las Fuerzas Armadas tienen niveles muy bajos de confianza. Solo queda en pie el TSE, con una confianza regular. Pero también hay problemas en las organizaciones de la sociedad civil. Se desconfía de la Iglesia Católica, los medios de comunicación, los comités cívicos, el Pacto de Unidad. Ni hablemos de los partidos políticos.

El tercer dato importante son las preocupaciones. La principal inquietud de la población y de los liderazgos es la potencial crisis económica con mayor pobreza y desempleo. Hoy eso tiene nombre: incremento de precios, falta de combustibles, escasez de dólares, bajos ingresos, difíciles condiciones laborales. Preocupan menos otras cuestiones como la polarización política, el riesgo de enfrentamiento, la crisis institucional, las próximas elecciones, el autoritarismo, la inseguridad.

CRISIS E INCERTIDUMBRE

Los liderazgos, en un 89%, dicen que están muy o algo preocupados por la conflictividad en el país en los próximos seis meses. Y su principal sentimiento es de incertidumbre (75%). Este porcentaje en la opinión pública es menor (45%), pero supera a las sensaciones de miedo, esperanza, enojo e indiferencia.

¿Cuáles son las percepciones sobre el campo político y la recargada agenda electoral? Tanto líderes como ciudadanía, en gran mayoría, coinciden en que las elecciones primarias deben suspenderse o eliminarse. Hay diferencia respecto a los comicios judiciales: el 74% en la Delphi dice que son (muy) importantes, mientras que para el 71% de la opinión pública son poco o nada importantes.

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En cuanto a las elecciones generales, que según el TSE están en calendario para agosto de 2025, la opinión predominante es que debe respetarse esta fecha, por más que haya un escenario de alta conflictividad. Son minoría quienes aceptan que las elecciones se adelanten o se posterguen. El derecho a elegir y renovar Gobierno y Asamblea es irrenunciable.

En el último estudio Delphi (julio) y encuesta ómnibus (junio) se indagó de manera específica acerca de la situación económica. La percepción entre los liderazgos es que estamos ingresando (54%) o ya estamos en plena crisis (35%). Y la ciudadanía opina que los recientes problemas como aumento de precios, escasez de combustibles y falta de dólares afectan (68%) sus ingresos familiares.

PROTESTAS

Una indagación en la reciente encuesta ómnibus de la FES (junio 2024) son las cuestiones por las cuales la gente estaría dispuesta a movilizarse (ver gráfico). Lo que genera más disposición a la protesta es el aumento de precios de alimentos (63%). Es menor si los datos del Censo no son creíbles (49%) o si se cambia la fecha de las elecciones presidenciales (44%).

En el otro extremo, hay cuatro hechos por los cuales la mayoría no protestaría: 74% si Evo es inhabilitado como candidato, 70% si se acorta el mandato del presidente Arce, 60% si se cierra la Asamblea Legislativa y 52% ante la escasez de gasolina por varios días. Son datos previsibles, pero complicados.

La misma indagación, ampliada en opciones, se hizo en el estudio Delphi de la FES. Según este grupo, cuatro cuestiones pueden generar movilización de calle: si se devalúa la moneda, faltan combustibles por muchos días, aumenta el precio de los alimentos o se postergan las elecciones generales.

No habría disposición a la protesta, en tanto, si se eliminan las primarias, no hay elecciones judiciales este año o Evo es inhabilitado como candidato. Y puede haber movilización moderada por el cierre de la ALP, el acortamiento de mandato de Arce, la percepción de que las elecciones no serán transparentes, la proscripción de la sigla del MAS y si los datos del Censo no son creíbles.

Habrá que ver las percepciones acerca del triple referendo anunciado por el presidente Arce: ¿a la gente le (pre)ocupará, participará en las urnas o estará dispuesta a movilizarse en torno a una todavía opaca consulta sobre la subvención de los combustibles, la redistribución y número de diputados, y la reelección presidencial? Esperemos pronto los nuevos datos.

(*)José Luis Exeni Rodríguez es coordinador de proyectos de la FES

Debido a la fractura del MASIPSP y pese a la fragmentación opositora, entre otras variables, parece claro que el expresidente Morales no tiene chance de ganar las próximas elecciones con mayoría absoluta ni, menos, en segunda vuelta. Atrás quedaron sus incontrastables victorias de 2005, 2009 y 2014. E incluso su triunfo en 2019 con más del 40% de votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. En los comicios de 2025, si acaso, habrá solo perdedores relativos.

Si asumimos tal premisa, la pregunta es por qué todos los esfuerzos y obsesiones del oficialismo y de la oposición están orientados a impedir la candidatura de Evo en lugar de buscar derrotarlo en las urnas. El presidente Arce, en plan de reelección, no quiere competir en primarias cerradas porque seguramente las perdería. Tampoco le interesa medirse con Morales en primarias abiertas. Su apuesta única es inhabilitarlo con una sentencia constitucional trucha, tan impresentable como la de 2017.

En cuanto al paisaje opositor, ninguno de los 17 PPP (precoces precandidatos presidenciales), incluida la Manfredumbre, supera el 10% de intención de voto. No les alcanza, pues, para ganar una elección. De partida, los viejos conocidos acusan un déficit crónico de respaldo popular, les falta calle, no tienen proyecto de país. Y la decena de “nuevos”, que tanto ruido hacen en las redes sociales soñándose outsiders, son unos señores y una señora desconocidos.

Cinco años después del escabroso ciclo electoral 2019-2020, la polarización y la incertidumbre, lejos de atenuarse, siguen contaminando el debate político y la conversación pública. En ese contexto, con debacle institucional y señales de crisis económica, la disputa en el partido-instrumento azul es el principal factor (des)ordenador del campo político. Y Evo está en el centro de la querella. Así, los comicios de 2025 podrían desportillarse por el renovado antagonismo evismo/antievismo.

Más allá de sus números, ¿en qué momento asumirá Evo que el veto a su candidatura ya está trazado? ¿Y cuándo reconocerá Lucho que su viabilidad electoral es cada vez más remota? ¿Abandonarán ambos sus pretensiones de reelección? ¿En beneficio de… los Rodríguez? ¿Y qué harán los opositores sin candidato de unidad ni espalda ganadora en las urnas? ¿Lograrán al menos un frente amplio que les edite sus sobras completas? Preguntas.

Como sea, es previsible que el 8 de noviembre del próximo año tendremos un escenario de gobierno minoritario, y por tanto débil, que deberá estrenarse con un drástico ajuste anticrisis. Ni hablemos todavía de lo que le espera al proyecto plurinacional- popular en el opaco ciclo político por venir.

FadoCracia motoquera

1. Fuerte y claro: la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) es —o fue— un violento grupo de choque. En la coyuntura crítica de 2019, operó como una organización parapolicial, en colaboración con los motines. 2. Como ha documentado ampliamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las prácticas de la RJC “fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias”. 3. Se trata, pues, de una banda criminal. No es “una resistencia necesaria”, como les dijo la autoprorrogada presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos. 4. Los motoqueros de la RJC, armados con bazucas artesanales, palos y explosivos, protagonizaron varias acciones de violencia contra mujeres y campesinos. Hay registro de vejaciones, secuestros y tortura. Todo en nombre de “la defensa de la ciudad”. 5. Tras casi un lustro, seis cabecillas de la RJC recibieron sentencia por delitos de organización criminal. Hay rendijas contra la impunidad. 6. No es persecución política contra “activistas” (sic), como gritan las luisas de la oposición y sus operadores mediáticos. 7. Los grupos paraestatales como la RJC no caben en democracia. ¡Nunca más!, es la consigna.

 José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.