Tenemos el dato final: en Bolivia somos 11.312.620 habitantes y, mientras crece la polémica política sobre este resultado, prefiero de entrada posicionarme asumiendo que los resultados del censo son reales. Las tres hipótesis que pueden explicar este comportamiento demográfico están relacionadas con una reducción en la tasa de natalidad, un incremento de la mortalidad debido a la pandemia del COVID o un aumento de la migración hacia el exterior.

Hoy quisiera concentrarme en la primera hipótesis que pude referirse a un conjunto de decisiones de vida de las mujeres bolivianas que nos hablan de un cambio de época. Hace 60 años, en los tiempos de mi abuela, las mujeres bolivianas tenían en promedio 7 hijos; hace 40 años, en los tiempos de mi madre, las mujeres ingresaban masivamente al mercado de trabajo y decidían tener entre 3 y 4 hijos. Hoy el censo nos revela una caída en picada de la fecundidad, con un promedio de 2,1 hijos por mujer. Este dato puede hablar de que las mujeres, a pesar del tenaz patriarcado boliviano, están ejerciendo sus derechos y tienen la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos.

Al exponer los últimos datos censales, la máxima autoridad del INE planteaba que estamos viviendo la segunda transición demográfica caracterizada por cambios en la formación y disolución de los hogares, retraso de la fecundidad y la nupcialidad, surgimiento de nuevos arreglos de convivencia generados por la decadencia de la institución del matrimonio que genera aumento de divorcios y separaciones. De lo que la autoridad no habló (y debió hacerlo) es del incremento en los niveles educativos de las mujeres, de una desnaturalización y rechazo de la violencia, un mayor acceso a anticonceptivos para controlar su fertilidad y, sobre todo, a una mayor ambición laboral y profesional. Las bolivianas ya no sueñan con el matrimonio y la maternidad como único destino en la vida.

Este cambio social es en parte responsable que hoy Bolivia, con una tasa de fecundidad de 2,1 haya alcanzado el dato crítico de reemplazo poblacional, iniciando su proceso de envejecimiento. Cuando se amplíe la información censal sabremos más sobre las decisiones individuales que las mujeres están tomando para enfrentar una sociedad machista y patriarcal, evitando el matrimonio y sus consabidas presiones, o renunciando cada vez más a una maternidad que las condena a pésimas perspectivas laborales.

En Bolivia, las mujeres están cansadas de cargar con la mayor parte de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, y por ello sus hijas están optando por retrasar lo más posible su fecundidad o renunciar a ella antes que abandonar sus ambiciones profesionales. Incluso la perspectiva de ser madres solteras o sufrir violencia las aleja de los sueños románticos de un matrimonio. Frente a esta evidencia, hoy, más que nunca, se vuelve indispensable plantear una Política Nacional del Cuidado como soporte institucional a la corresponsabilidad de la reproducción de la vida.

Con ironía Quya Reyna compartía en su cuenta de X que quizá Santa Cruz no llegó a los 4 millones “por los collas que retornaron a sus ciudades para el censo, por los collas que murieron en el COVID o por los collas que, dejándose llevar por la desinformación, no se censaron”. En el mismo tono, y sin la intención irónica, ya me preparo a escuchar a los voceros de los fundamentalismos afirmando que la baja tasa de natalidad boliviana es culpa de las feministas que andan por ahí destruyendo la familia.

Lourdes Montero es cientista social.

Nos despertamos cada mañana con tres preguntas: ¿cuánto subieron los precios de los alimentos?, ¿hay diésel/gasolina en los surtidores?, ¿cuál es el precio del dólar? Y así como hace algunos meses el tomate fue motivo de disputa en las redes sociales, los últimos días fuimos inundados de cuentas falsas y bots que nos aseguraban una “abrupta caída del dólar paralelo”.

¿Verdaderamente quienes han producido estos mensajes creen que los ciudadanos van a salir corriendo a vender sus ahorros y así resolver la escasez de moneda extranjera? ¿realmente hay tomadores de decisión que creen que los dólares están ocultos en nuestros colchones? Por la caída del precio internacional del dólar, ¿alguien cree que inundaremos el mercado nacional de dólares baratos? Este tipo de mensajes solo contribuyen a que profundicemos nuestra angustia frente a la incertidumbre económica.

En problema de la escasez de dólares en Bolivia tiene origen en nuestra balanza comercial y no en la voluntad especulativa de la gente. Bolivia registró un déficit comercial de 400 millones de dólares en los cinco primeros meses de 2024, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Las importaciones se han reducido en casi 90 millones de dólares y las exportaciones han caído en cerca de 1.300 millones. Por supuesto que la contracción de las importaciones no es producto de la “industrialización nacional”, sino debido a la desaceleración de la economía y las dificultades para realizar pagos en el extranjero. Esta realidad nos hace temer que cada vez se afecten más las cadenas de suministros de toda nuestra industria y con ello se profundice la crisis económica.

Es indudable que en los días previos al discurso presidencial del 6 de agosto hubo un incremento del precio del dólar en el mercado paralelo frente a la expectativa de un potencial anuncio de devaluación del boliviano; y cuando este anuncio no ocurrió, el precio del dólar bajo un poco, pero no a los niveles que las noticias falsas (con intensidad de propaganda pagada) se han difundido en las redes sociales. Frente a esta supuesta fluctuación abrupta lo que tuvimos es que el dólar paralelo desapareció generando mayor angustia en quienes requieren realizar pagos en el extranjero.

Lo cierto es que el anuncio del presidente sobre un posible referéndum solo ha contribuido a abonar el temor de que la crisis de gobernabilidad pueda acelerar la crisis económica ya que no presenta ninguna salida para los temas que realmente nos preocupan. Todo parece indicar que vamos hacia la tormenta perfecta: no hay claridad sobre las preguntas del supuesto referéndum que, por su carácter de reforma constitucional, no puede ser convocado por quien lo propone y por ello se sospecha que se podría forzar al Tribunal Constitucional para que emita una sentencia autorizando al poder ejecutivo a violar el artículo 400 de la Constitución. Así de mal estamos, llueve sobre mojado.

Entre tanto, los empresarios exportadores creen tener el sartén por el mango y se frotan las manitos pensando arrancar del Estado una serie de privilegios con los que soñaron durante años. Nada indica que el diálogo propuesto vaya a generar un incentivo para que estos señores traigan divisas, menos aún transparenten sus ganancias en estos tiempos de incertidumbre.

Hoy más que nunca necesitamos trabajo técnico para presentar un plan económico. Como nunca requerimos que el presidente Luis Arce, que viene del campo económico, presente soluciones razonables y de corto plazo. Y del conjunto de actores políticos, incluyendo la desprestigiada Asamblea Legislativa, se espera que abandonen el bloqueo y hagan su trabajo: lleguen a acuerdos sensatos que contribuyan a despejar la incertidumbre.

Lourdes Montero es cientista social. 

Esta semana tuvimos un anuncio muy importante que, en medio de la intensa coyuntura noticiosa, pasó con muy poco impacto en el sentido común de las personas. El presidente Luis Arce anunció el descubrimiento de un megacampo en el norte del departamento de La Paz, que contiene una reserva de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural, calificado por la autoridad como «el descubrimiento más importante para Bolivia desde el 2005». Si bien esta noticia podía invitar a la celebración frente los riesgos en la caída de las exportaciones de gas y sus consecuencias en la contracción de nuestros recursos fiscales, el ánimo no fue del todo festivo por ponernos ante la dura realidad de nuestro destino primario exportador.

Por otro lado, las noticias sobre la exportación de minerales en Bolivia siguen constituyendo uno de los pilares centrales de nuestra economía. En 2023, Bolivia generó $us 5.601 millones y el metal que lidera las ventas al mercado internacional es el oro, seguido del zinc, la plata, el estaño, el plomo, el antimonio, el cobre, el wólfram y el hierro, entre otros. Así, llegando a las puertas de nuestro bicentenario, Bolivia sigue (y seguirá siendo) un país minero. Y el horizonte próximo nos coloca como potenciales exportadores de minerales críticos y tierras raras para sostener la transición energética del mundo puesto que, según el Ministerio de Minería, el país cuenta con una serie de recursos importantes, como por ejemplo cobalto y cobre en Potosí; uranio, titanio y niobio en Cochabamba; o tantalio y niobio, en Santa Cruz.

Por último, hace al menos tres decenios venimos discutiendo (y no así produciendo) carbonato de litio. Las reservas estimadas de Bolivia están entre las más grandes del mundo, con 21 millones de toneladas métricas. El litio, usado al menos en 10 industrias centrales del desarrollo, podría ser una pieza clave en el desarrollo de baterías para celulares, iPods y computadoras personales, además de baterías para vehículos eléctricos cuyo incremento de mercado promete el mejor futuro a este recurso.

Solo estos tres titulares parecen confirmar una realidad indiscutible: a pesar de todos los esfuerzos y la voluntad de los últimos 50 años, Bolivia en las próximas décadas profundizará aún más su destino de país exportador de recursos naturales. Somos y seguiremos siendo el primer eslabón de una cadena mundial de producción. Tal vez la única novedad con la que llegaremos a nuestro bicentenario es el agregado de la soya (y sus daños ecológicos) a esta corta lista de productos que sostienen nuestra economía.

Como lo hemos escuchado en distintos tonos y en diversos discursos, en la vida concreta de los bolivianos y bolivianas, contar con recursos naturales para explotar no siempre es una bendición. En la academia abunda literatura y estudios concretos de las llamadas maldición de los recursos o paradoja de la abundancia, que consisten en que las zonas más ricas en minerales y combustibles se desarrollan menos que los lugares en donde éstos no abundan. Por ello, en son de broma, se dice que el verdadero triangulo del litio lo constituyen China, Corea y Japón, que seguramente se quedarán con la mayor parte de la tajada de la riqueza producida por la venta de los productos tecnológicos que requieren litio.

Por ello, los descubrimientos de reservas indudablemente brindan la posibilidad de generar ingresos muy necesarios para nuestro país, pero al mismo tiempo vuelven a enfocan nuestra salud fiscal y apuesta al desarrollo en el círculo de escasez y bonanza de los recursos naturales. Hemos experimentado durante ya varios (y dolorosos) ciclos el carácter volátil, incierto y agotable de los ingresos provenientes de los recursos naturales, sin aprender mucho sobre las previsiones necesarias en las políticas fiscales basadas en el flujo de ingresos provenientes de los recursos naturales. Detenernos a pensar cuántos años se prevé que durará el recurso natural antes de agotarse, y evaluar el daño ecológico de su explotación, puede ser un necesario sinceramiento respecto a los nuevos descubrimientos de reservas de gas.

Lourdes Montero es cientista social

Perdemos confianza en la democracia. Ese es el dato más preocupante de los hechos recientes en torno a las acciones militares que pusieron en vilo a la población durante la tarde del 26 de junio. Perdemos confianza en las instituciones, único sostén del pacto social que nos permite vivir en comunidad. Y perdemos confianza en los líderes políticos que no asumen responsabilidades en torno a los hechos que, siendo ahora celebrados como comedia, podían devenir en tragedia.

En una reciente encuesta realizada por Diagnosis, solo un 49% de la población expresa su apoyo por la democracia, y la insatisfacción respecto a ésta, está en un peligroso 65%. Si a esto sumamos que el 60% expresa su desconfianza en el padrón electoral y que un robusto 43% pone en duda la transparencia en las próximas elecciones, todo indica que ingresamos a un ciclo electoral en condiciones de mucho desánimo y frustración social. De hecho, según información disponible, si la Asamblea Legislativa fuera cerrada, solo un 26% de la población estaría dispuesta a movilizarse para protestar y, si se cambiaran las fechas de las próximas elecciones, solo el 14% estaría muy dispuesto a protagonizar protestas para evitarlo. A las personas les preocupa su economía y todas las acciones de desencuentro, contubernio y bloqueo en el campo político solo contribuyen a profundizar la sensación de desprecio que sienten por aquellos que deberían estar contribuyendo a construir soluciones.

El espíritu del tiempo parece ser de incertidumbre, pesimismo y enojo contra los y las políticas. Y éstos/éstas parecen estar completamente desconectados con la realidad cotidiana de las personas. La compra de nuevos celulares para los representantes de la nación puede ser una anécdota en cualquier país del mundo, pero en Bolivia, con una Asamblea Legislativa tan desprestigiada, se ha convertido en tema de discusión durante varios días. Preocupa sobremanera incluso que, siendo testigos de un levantamiento militar transmitido en directo por todas las pantallas de nuestros televisores y celulares, horas después gane la incredulidad y duda, y finalmente se convierta en un meme.

Todo parece indicar que el escenario está servido para la irrupción de un nuevo rostro en la política. Ha ocurrido con Daniel Noboa que, siendo un desconocido meses antes de la elección, ha roto todas las expectativas de los analistas políticos. ¿Estamos a tiempo para que un personaje similar surja en Bolivia? No lo sé. Lo que sí debemos asumir es que el despliegue de los 20 candidatos (as) que tenemos en el horizonte no apelan a una población enojada y dolida por el bloqueo en todos los frentes, en un momento de tanta incertidumbre económica.

Pero lo que tal vez más nos preocupa en este momento es el profundo descreimiento de toda la institucionalidad. Volvamos a la evidencia que nos presentan las encuestas: el 67% no confía en el Gobierno; el 92% no confía en la Asamblea Legislativa Plurinacional; el 97% desconfía de las acciones del Órgano Judicial y el 93% no cree en el Tribunal Constitucional. Es decir, aquellas instituciones que resguardan el orden social no tienen ninguna credibilidad. Pero si vemos datos de instituciones como los comités cívicos (86%), los partidos (89%), el Pacto de Unidad (83%) o la Iglesia Católica (56%), tampoco salen mejor parados. Así, ¿en quién confiamos para construir una salida en este bloqueo político y empantanamiento económico?

Es momento de que todos los actores políticos asuman su responsabilidad en el intento de golpe de Estado. Las ideas de un militar desvariado solo pueden ser concebidas en un contexto bizarro como el que vivimos, donde la Sala Constitucional Segunda del Beni puede paralizar las elecciones judiciales. En un contexto así, las disputas en el interior del Movimiento al Socialismo solo incrementan el malestar y la intolerancia hacia una fuerza histórica que logró construir un horizonte de futuro que hoy está dispuesto a destruir.

Lourdes Montero es cientista social. 

En estas semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha vuelto a ser escenario de la polarización de visiones de mundo en la región. En el ojo de la tormenta está el viraje político argentino, que ha puesto en cuestión gran parte de las resoluciones que deberán ser aprobadas en la próxima 54ª Asamblea General de la OEA.

Y es que Argentina, luego de ser líder por décadas en temas de la agenda de derechos humanos, hoy vive un tiempo de oscuridad. A menos de una semana de la realización de la Asamblea General en Paraguay, la representación diplomática argentina ha planteado “borrar” temas que eran resultado de consensos consolidados en torno a los derechos humanos y ambientales.

Si pensábamos que el gobierno de Javier Milei tan solo cuestiona el avance de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, nos quedamos cortos. La posición oficial argentina en la OEA propone reescribir o borrar todo rastro de afirmaciones que engloban desde los derechos sexuales y reproductivos hasta los ambientales, pasando por racismo, personas con discapacidad, comunidades indígenas, afrodescendientes, infancias y más. En síntesis, el gobierno argentino plantea barrer del texto de la resolución casi cualquier referencia a avances que suenen “progresistas” (o lo que Milei entiende como tal).

Esta actitud ha sido calificada por el diario Página12 como “un giro cavernícola en política exterior argentina”, contradiciendo la propia legislación nacional. Pero lo que más preocupa es que ese retorno a las cavernas es acompañado por los actuales equipos diplomáticos de Perú y Paraguay, consolidando un bloque que, según el diario argentino, se suele ver con posiciones de países ultraconservadores como la Unión Africana, países musulmanes, Rusia o Hungría. El gobierno de Milei incluso eleva la ambición, puesto que no solo cuestiona la mención de la palabra género, sino tacha en la resolución la mención a mujeres y niñas, “algo nunca visto”, según sostiene la activista argentina María Luisa Peralta.

La delegación argentina ante la OEA está actualmente liderada por Sonia Cavallo, un personaje de muy bajo perfil político, solamente conocida por ser hija de Domingo Cavallo, el exministro de Economía de Carlos Menem (1991-1996) y Fernando de la Rúa (2001). El exministro Cavallo, por acciones en su gestión, enfrentó cargos por contrabando y tráfico de armas; negociaciones incompatibles con la gestión pública; pago de sobresueldos y venta de predios públicos por valores inferiores al del mercado. Todos casos que podrían ser denunciados por Milei como acciones cotidianas de la “casta”.

“Cambio climático”, “criminalización y persecución de la protesta social” y “perspectiva de género”, son algunos de los conceptos que el gobierno argentino cuestiona. En el borrador al que Página12 tuvo acceso, la Cancillería argentina expresa su objeción sobre el apartado que denuncia las situaciones de peligro a las que los activistas por los Derechos Humanos se ven expuestos en los distintos países miembros. La Argentina pide que se reconsidere el fragmento en el que se condena la criminalización de la protesta. Su preocupación tal vez se deba a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, realizará el próximo 11 de julio una audiencia virtual para escuchar las múltiples denuncias realizadas desde Argentina respecto a la represión y la criminalización de la protesta social ejecutadas desde diciembre por el gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde toda la región estaremos atentas y atentos a la próxima 54ª Asamblea General de la OEA por los riesgos de retroceso que presenta y que, con las posiciones de Perú, Argentina y Paraguay, podrían consolidar una tendencia en la región.

Lourdes Montero es cientista social.