Las crisis económicas se producen cuando hay un desbalance de lo que se consume con lo que se produce, así se han identificado los fenómenos de la inflación y la recesión, cuando aumenta la demanda o cuando baja la oferta. En Bolivia no es el caso, hasta el año pasado los niveles de producción se han mantenido, el PIB ha crecido 2% y la demanda no ha aumentado; sin embargo, al trasladarse la producción al exterior y no retornar lo ganado al país, en divisas, se crea un desbalance en el mercado interno.

El grado de dependencia nos obliga a la compra de insumos para la producción y el consumo en el exterior y al no poder importar productos como los carburantes, maquinarias, insumos para medicamentos, ropa o alimentos, se sienta las bases para un proceso inflacionario. El Presidente lo ha sentenciado: “Si exportan y no traen los dólares, eso no sirve al país”. Frente a esta situación, se ha convocado al gabinete social y al diálogo productivo.  El gabinete social, llevado a cabo en la Casa del Pueblo, se ha hecho coro de las palabras del Presidente, pidiendo la entrega obligatoria de divisas.

El diálogo con los empresarios fue un rotundo NO a esta propuesta. Al respecto, hay que hacer algunas puntualizaciones: los agentes productivos son cuatro, el estatal, el sector privado, las cooperativas y la economía comunitaria, cuya importancia la resumimos brevemente. El sector estatal encargado del área estratégica es el que provee las divisas al Banco Central; el privado desarrolla la industria ligera; el cooperativo, particularmente el aurífero, es el mayor exportador del país, pero no genera divisas para el país; la economía comunitaria concentra la mayor mano de obra y nutre nuestros mercados. La visión plurinacional ve en su articulación la construcción de una economía soberana y autosuficiente.

El diálogo sólo con los privados concentra el poder en un grupo de empresarios, en particular los agroindustriales, que usan su peso político para lograr ventajas que no hacen a un potenciamiento empresarial, sino a la acumulación acelerada: ampliación de la frontera agrícola, urbanización de las tierras agrícolas, liberación de impuestos, libre exportación, subvención a los carburantes, soluciones biológicas antes que estructurales, como el riego, por las semillas transgénicas. El no retorno de las divisas es una exportación de capital, por lo que se paga un impuesto del 12,5%, por lo menos deben pagar eso. Parte del grupo empresarial son los importadores, que cada vez más nos inculcan la compra de productos de lujo.

Los otros sectores de la economía también deben decir su palabra. Las empresas estatales estratégicas están sin rumbo: sin autonomía, sus planes estratégicos son modificados, el cambio de autoridades quita continuidad; cargan el peso de la diferencia cambiaria entre lo que entregan al Banco Central y la compra de sus insumos en el mercado paralelo; no se benefician de la devolución inmediata de los CEDEIMs del que goza el sector privado; el control social y los directores laborales tienen que decir su palabra. El sector cooperativo, sin posibilidades de financiamiento, cae en el chantaje de las comercializadoras, que con anticipos en maquinarias o insumos, controlan la producción por sumas ridículas. La organización democrática y transparente ha sido remplazada por un poder inescrupuloso, que expone al trabajador minero a grandes riesgos. La producción comunitaria, sin financiamiento ni personería jurídica, tiene dificultades para satisfacer el mercado interno y es víctima directa del contrabando.

La economía nacional está en un momento crítico, requiere del concurso de todos, según nuestras capacidades, sin exclusiones ni privilegio alguno.

En 1986, el día 29 de agosto era cercada la Marcha por la Vida de los mineros en Calamarca: fue la última batalla de la vanguardia del pueblo boliviano, una acumulación histórica de más de 80 años sucumbió ante la arremetida neoliberal y la desesperación creada en sus filas.

La lucha democrática había dado como resultado un gobierno de izquierda (1982), débil en el plano institucional, pero poderoso con el respaldo popular.

La crisis económica heredada de la época dictatorial, con una deuda externa superior al PIB, creó un proceso hiperinflacionario; la devaluación de la moneda se debía a la ausencia de dólares en el mercado, los que, generados por las empresas estatales, en su mayoría se destinaba al pago de la deuda externa. La inflación se da por el aumento de la demanda y la disminución de la oferta; así, una solución es contraer la demanda (rebaja de salarios, cierre de empresas, despidos), la otra es aumentar la producción de bienes, para volcarla al mercado interno. Cuando Hernán Siles Z. declaró la moratoria de la deuda externa, ya se había “acordado” el acortamiento de su mandato.

El movimiento popular, con cuyo empeño se conquistó la democracia, consciente de la gravedad de la crisis, planteó un plan de emergencia que contemplaba básicamente aumentar la capacidad productiva de las empresas estatales y el no pago de la deuda externa. El rechazo a esta visión le obligó a la movilización para ser escuchados. Más fuertes fueron las presiones externas —Banco Mundial y FMI— y la máquina conspirativa de la derecha, atrincherada en el parlamento, que oídos receptivos a la propuesta popular.

La política económica permitía dos tipos de cambio, oficial y paralelo. El oficial era para la entrega de las divisas al banco central y el paralelo, superior 10 veces al primero. Así la COMIBOL recibía poco por la entrega de sus divisas y para sus gastos lo hacía con una moneda devaluada; la diferencia era compensada con préstamos que al final la mostraron como una empresa en quiebra. La empresa privada minera, hábil en los negocios, contraía prestamos con el Estado para mantener sus operaciones, pero no exportaba, esperando un tipo de cambio favorable a sus intereses. Para el proletariado minero, pedir devaluación era una palabra prohibida.  

El modelo neoliberal cambió el tipo de cambio según los intereses de los exportadores; la dirigencia sindical minera respondió con un plan para rehabilitar la empresa estatal minera. Es en torno a esta propuesta que logra el apoyo de los comités cívicos de Oruro y Potosí, el de la Iglesia católica y el respaldo técnico de las universidades de Oruro, Potosí y La Paz. Con este apoyo social y político, la Marcha por la Vida se inició el 21 de agosto desde la ciudad de Oruro: los mineros tomaron las carreteras con la mirada puesta en la ciudad de La Paz, el centro de las decisiones políticas. El 28 de agosto la marcha contaba con 12.000 participantes y la población de La Paz los aguardaba con amplia simpatía. Las masas en las calles podrían, nuevamente, enrumbar el curso de la historia.

El gobierno de Víctor Paz E. tomó la iniciativa; desplegó una fuerza militar comparable a la enviada a la Guerra del Chaco; su contundencia obligó al repliegue de los mineros. El gobierno había logrado destruir la fuerza social que tuvo la capacidad de interpelar los coqueteos de los nacionalistas con el imperialismo, defender la democracia contra las dictaduras militares, oponerse al manejo sectario y cupular de los partidos, propugnando una democracia asambleísta para construir una sociedad libre, soberana y con justicia social.

José Pimentel Castillo
fue dirigente sindical minero.

No se puede tapar con un dedo lo que se hizo en los 14 años del gobierno de Evo Morales. Los indicadores son claros. De un Producto Interno Bruto de $us 9.574 millones en 2006 se llegó a $us 45.464 millones en 2023; de un valor de exportaciones de $us 4.088,3 millones en 2006 se llegó a $us 13.603,7 en 2022. Esto no es producto de la casualidad, sino de la ampliación de la infraestructura productiva: caminos, aeropuertos, generación y distribución de energía eléctrica, comunicación satelital, instalación de plantas de abonos, riego, compra obligada de productos nacionales, apertura de mercados a nivel internacional, la recuperación de la calidad productiva del Estado en áreas estratégicas, más allá de la atención al sector social. Todo esto se hizo con recursos del Estado, particularmente los dólares provenientes de la nacionalización de los hidrocarburos y la minería estatal; los beneficiarios fueron todos, pero, ante todo, el sector privado exportador y la banca.

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Esa época de bonanza estatal se acabó, pero las obligaciones se mantienen. En esto es necesario reconocer dos errores: 1) la parálisis del crecimiento del sector productivo estratégico estatal: petróleo y minería; y 2) la no contribución del sector privado al Estado acorde con su crecimiento. Se ha abandonado el fortalecimiento institucional de YPFB, por eso no dio resultados la inversión de más $us 3.500 millones en exploraciones y se postergaron proyectos como la fabricación de polímeros; se han abandonado los proyectos en marcha del litio, el Mutún, la ampliación productiva de Huanuni, Colquiri y la Fundición de Vinto, la rehabilitación de Karachipampa y la instalación de las refinerías de zinc.

El sector agroexportador cuadruplicó el valor de sus exportaciones entre 2006 y 2023, lo que nos regocija, pero su contribución al Estado fue mínima, a pesar de que su crecimiento se basó en la disponibilidad de dólares baratos y la ampliación de la frontera agrícola. Lo propio ocurrió con la minería privada en sus sectores de la gran minería y cooperativas, con la agravante que la refinación de los minerales complejos se la realiza en el exterior, absorbiendo el 50% de su valor de mercado, mientras la explotación aurífera se la realiza destruyendo el medio ambiente y con la degradación del capital humano. Además, hay que resaltar otra característica del sector privado exportador, la discrecionalidad con la que disponen las divisas: según su conveniencia, las traen al país para solventar sus necesidades de producción, o las dejan en bancos o paraísos fiscales en el exterior.

Pero la disponibilidad de dólares no solo está referida a su ingreso al país, sino también al destino que se les da. Un sector que ha crecido es el comercial, particularmente el importador. Lo que importamos no es precisamente lo que necesitamos o no tenemos, son los llamados suntuarios, así la importación de automotores por un valor de $us 1.200 millones por año no se explica cuando una de las causas de crisis económica es la carencia de combustibles, además se alienta su importación bajo el título de capital de trabajo, con arancel cero; igualmente, ¿qué sentido tiene la importación de alimentos para perros y gatos, en forma de croquetas?

La disputa por el excedente económico marca la diferencia de los modelos. La crisis planteada rememora disputas entre proteccionistas y librecambistas, entre nacionalistas y liberales, entre neoliberales y progresistas (cf. Fernando Molina, La Razón, 11-08-24). En esta disputa está el destino de la política económica: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática, que es la esencia del Estado Plurinacional.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

¡Bravo! Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descubrió un megacampo en la zona no tradicional del norte de La Paz, el regocijo es general; más bien, la controversia viene sobre el camino recorrido.

La experiencia nos señala que los grandes proyectos tienen un largo periodo de maduración; desde el momento de la percepción de indicios de existencia de un yacimiento, hasta la toma de decisión para la perforación, se habrá superado varias fases y los primeros pozos serán la continuidad de la exploración. Se trata de conformar un mapa geotectónico e identificar dónde habrían sido acumulados los productos de la descomposición de la materia orgánica en las sucesivas eras geológicas.

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En el caso que nos ocupa, el proceso comenzó en 2008. Recuerdo la llegada a La Paz de pobladores de Alto Beni, cargados con sus bidones de petróleo como testimonio de su existencia. En esa época era YPFB-Residual la llamada a encarar el problema, por eso se justifica su alianza con PDVSA de Venezuela (2008-2015), luego la empresa francesa Beicip-Franlab (2017) y posteriormente la empresa rusa Gazprom (2019); estas alianzas hacen resaltar la ausencia de capacidad técnica propia y, al final, las decisiones —ante posiciones divergentes— las tomaron con esas debilidades congénitas.

El proceso fue efectivamente muy largo: a las dificultades propias del trabajo de exploración hay que considerar las condiciones geográficas y la lejanía de la zona, los problemas climáticos y la aquiescencia social. Las tareas se dieron en el Subandino norte y sud: en Sécure y Chapare en Cochabamba; en Madidi, Liquimuni y Chepite en La Paz, con una inversión de $us 540 millones. Si bien se puede decir que no se ha descubierto petróleo, se ha acumulado información como para dar el siguiente paso: la perforación en Mayaya anunciada en julio de 2019, el golpe de Estado a los pocos meses y los cambios de gestión postergaron los trabajos hasta noviembre de 2022, con los resultados hoy conocidos. Este proyecto ha tardado hasta ahora 16 años en confirmar lo esperado, petróleo: es el resultado de una política y la perseverancia, más allá del ajayu de cualquier persona.

Los resultados iniciales obligan a otras tareas: la cuantificación real del campo, la perforación de los pozos de explotación, el tendido de los oleoductos para el transporte a las refinerías y los centros de consumo, acciones que tomarán tiempo y requerirán recursos económicos. Una vez certificada la riqueza, no será difícil su financiamiento; aún con recursos propios, lo problemático es el tiempo político.

El tiempo político está referido a la oportunidad frente a la crisis energética, lo que requerimos son soluciones ya. Desde las esferas de gobierno se han planteado soluciones que no se concretan: la importación de petróleo crudo para refinarlo en el país, el transporte por oleoducto desde Arica-Sicasica-Cochabamba, el incentivo a la importación de autos eléctricos, el cambio del combustible líquido por gas, el cambio de la generación termoeléctrica por energía limpia. Estas acciones hay que verlas como política de Estado y no simplemente como iniciativas personales y, por cierto, concretarlas.

En definitiva, lo que se ha caído es el discurso de que los bolivianos somos pobres e incapaces; por qué necesariamente tendremos que depender de la alianza con transnacionales con conocimiento y capital, argumento para cambiar la Ley de Hidrocarburos que garantiza la propiedad de éstos por el pueblo boliviano y una participación del 82 % a favor del Estado, modificaciones que anuncia el ministro de hidrocarburos. Cualquier incentivo va a ser a costa de quitarle al pueblo.

La tarea urgente es reivindicar los postulados constitucionales y ser intransigentes en la defensa de los intereses nacionales. Hace poco se presionó para que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobaran contratos de explotación petrolera, son 14 los que actualmente están en vigencia: han sido firmados en el marco de la actual Ley de Hidrocarburos, las áreas concedidas están en áreas tradicionales, es decir con mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, no hay resultado alguno o si lo hubiera, su anuncio está esperando el momento en que se modifique la ley a su favor. El sector privado siempre buscará el momento y el lugar oportunos para sacar una mayor tajada. La única manera de oponerse a sus maniobras es tener una empresa estatal fuerte, técnica y económicamente, con recursos humanos especializados y ante todo con vocación de servir a la patria, con capacidad de hacer alianzas y en esta tarea ser fiel en la defensa de los intereses nacionales y no claudicar ante la corrupción.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

El 20 de junio se recordaron 12 años de la reversión de la empresa minera Colquiri a tuición del Estado. Este yacimiento, cuya vida comenzó con la fiebre del estaño a principios del siglo XX, mantiene su pujanza y asume nuevos desafíos.

Colquiri, junto a Huanuni y Caracoles, fueron las últimas minas estatales en salir de la administración de la Comibol para pasar a la de Comsur, propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada. De 1985 a 1993, la compañía y los trabajadores demostraron ser una empresa autosuficiente, requisito para mantenerse en el seno de la estatal. A pesar de esta condición, se impuso la privatización, con la promesa de una inversión de $us 4,5 millones y un arriendo de 8% del valor bruto de venta, en época de precios altos. La privatización redujo la fuerza de trabajo de 2.000 trabajadores a 800, las inversiones ampliaron la producción con la introducción de un nuevo ingenio y la explotación con taladros largos en interior mina.

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En 2011, la Comibol recibió por canon de arrendamiento la suma de $us 4 millones; las utilidades de la empresa en 2013 fueron de $us 20,5 millones. Estos resultados y la necesidad de garantizar una minería sostenible permitieron inversiones en los tres primeros años de $us 41 millones, para ampliar y garantizar la producción en proyectos como la ampliación del ingenio para el tratamiento de 1.200 toneladas diarias, lo mismo con el dique de colas, un nuevo sistema de ventilación con compresoras modernas, la profundización del cuadro y la construcción de una rampa para la extracción. Lamentablemente estos proyectos no fueron ejecutados en paralelo, ni en los plazos establecidos, tal vez eso explica que la producción, en vez de aumentar, haya rebajado.

La construcción del nuevo ingenio se inició en 2019, el plazo para su conclusión era de dos años, hoy su entrega se efectúa a los cinco; con este proceder no se puede hablar de seriedad empresarial. La inauguración del nuevo ingenio ha hecho prever a las autoridades de la empresa el aumento de la producción en un 40% en el caso del estaño y un 56% en el zinc. Nuestro deseo es que se cumpla, aunque un trabajador anticipó que no hay mineral, ¿será por su inexistencia o no se garantiza su extracción?

El problema de Colquiri no es la producción de concentrados, sino la comercialización, que es la concreción del negocio minero. Con la venta a la Empresa Metalúrgica Vinto, la comercialización del estaño tiene problemas, no cumple con los pagos en el tiempo debido y pone en riesgo recuperar lo acordado, por una baja de las cotizaciones. La fundidora es una prestadora de servicios y al entrar en el mercado de los metales, sin capital propio, la deuda es permanente, histórica como dicen. La solución es la integración de la cadena productiva en una sola corporación de empresas en la cual el fruto final de la comercialización beneficie a todos. Colquiri ha estado haciendo ventas de estaño a consorcios privados ante la insolvencia de Vinto, causando un daño al proceso de industrialización.

El caso del zinc es más grave: al ser un concentrado, se vende a un comercializador para su refinación en el exterior y éste por el servicio cobra el 70% del valor de mercado. Así, en la proyección que tiene Colquiri de su producción para este año de 18.879 TM finas, que en el mercado tiene un valor de $us 57,8 millones, recibirá solo $us 19,26 millones, sin tomar en cuenta el valor de la serie de metales como el indio, el cadmio, el galio, el estaño, etc… que contiene este concentrado. El problema lo conocen los trabajadores y en reiteradas ocasiones lo han planteado en cumbres productivas, pliegos petitorios, pedido de los cívicos y, a pesar de ello, no se escucha el clamor por una refinería de zinc, para beneplácito de las transnacionales mineras.

Con tantas dudas, el presidente Luis Arce, en su estadía en Colquiri, homenajeó la nacionalización y no participó de la entrega del nuevo ingenio.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero