Estamos en un tiempo en que se tiende a creer solo en lo que ratifica nuestros deseos. Lo que los contradice es sospechoso o producto de alguna conspiración. Por tanto, nuestros esfuerzos no se concentran en analizar razones basadas en datos y menos aún en dejarnos sorprender por lo imprevisto, aunque esté sustentado, sino en seleccionar e insistir en argumentos que ratifican nuestras creencias.

Así avanza el debate sobre los resultados del censo, distrayéndonos de las cuestiones reales que esas estadísticas describen. Guerras al cohete que se sostienen porque hay intereses políticos. Resulta grotesco pensar en sus desenlaces, ¿“abrir todas las cajas” contando manualmente cada boleta censal con testigos de partidos y “cívicos”? ¿“anular el censo” para hacer otro hasta que sus resultados satisfagan a los que se sienten agraviados, que son prácticamente todos?

El corazón del conflicto es una política descompuesta que vive exclusivamente en función de la batalla electoral del 2025. El censo es para ellos únicamente un instrumento más para sacarse la mugre, como los incendios, los dólares y un largo etcétera.

Por lo pronto, intentemos alentar un debate sensato y prudente sobre los datos, por el momento parciales, pues, como ya se sabía, el resto de variables del censo estarán recién disponibles el próximo año. Los especialistas saben que será ahí donde se podrá verificar con gran precisión su consistencia técnica definitiva.

Tendríamos que estar reflexionando sobre la transformación sociodemográfica que esas cifras nos sugieren: el tránsito a un país con menor natalidad y mortalidad, por tanto con menor crecimiento de población, la desaparición de las clásicas fronteras urbano-rurales y la emergencia de conurbaciones con diversos estilos de urbanización, las nuevas practicas culturales de las clases medias o el protagonismo de las mujeres en la economía y los avances en sus autonomías.

Cambios, varios de ellos positivos y expresiones de una sociedad dinámica, que está avanzando, en la que se vive mejor que hace treinta años pese a todo, más integrada social, regional y étnicamente de lo que quisieran los que apuestan a su fractura.

Un país que tampoco es una excepción o una anomalía, que está experimentando a su modo procesos que ya pasaron en la región hace más de dos décadas. Es decir, lo extraño habría sido seguir creciendo en población a las mismas tasas del anterior siglo, como si nada hubiera pasado: la tasa de crecimiento anual intercensal entre 1992 y 2001 fue de 2,7%, de 1,7% entre 2001 y 2012 y de alrededor del 1% entre 2012-2022. La tendencia es clara.

Era previsible que la dinámica demográfica tenía que reducirse en las zonas urbanas centrales, pobladas mayoritariamente por clases medias y personas de mayor edad, mantenerse elevada o acelerarse en los conurbados urbano-rurales aledaños a los centros, donde hay aún mayor movilidad y migración interna, y reducirse en las zonas rurales más alejadas. Los datos lo ratifican.

Por ejemplo, la ciudad de La Paz ya evidenció esa tendencia en 2012 y se ratificó en este año, su población se reduce, lo cual se verifica con información de otras fuentes: en 2000, los establecimientos escolares de la ciudad albergaban a 234.000 estudiantes, en 2023 ese número se redujo a 185.000 según el Ministerio de Educación. Las mismas estadísticas muestran una desaceleración del crecimiento de la matricula desde 2016 en El Alto después de un gran salto y en Santa Cruz de la Sierra a partir de 2019.

Otro ejemplo: el padrón electoral, que ratifica grosso modo tendencias que algunas personas insisten en no creer: ya no somos una sociedad con gran número de niños y niñas, la población en edad activa y que puede votar está aumentando, como lo sugiere el dato censal de población contrastado preliminarmente con el padrón. En Perú y Ecuador, por tomar dos casos, la población mayor a 18 años representa el 70%, como ahora en Bolivia, y en Argentina 74%.

A todos esos fenómenos, los demógrafos le llaman transición demográfica. Por supuesto, esos razonamientos precisan ser confirmados, evaluados y contextualizados en los diversos escenarios socioterritoriales del país. Hay que hacerlo, si las discrepancias se refieren a esas preguntas, todos ganaremos, lo otro es instrumentalización política y pérdida de tiempo.

Armando Ortuño Yáñez
es investigador social.

El discurso económico de las izquierdas bolivianas está a la defensiva. El deterioro y los desajustes de la economía están incentivando críticas intensas sobre la incapacidad de la actual gestión gubernamental en ese ámbito, pero también ataques a las orientaciones del modelo socioeconómico distributivo.

La reducción del gasto público como solución a todos los males se está volviendo un lugar común entre opinadores y políticos de todos los pelajes. La confusión ideológica es tan grande que personajes situados en la esfera de la izquierda, la colocan como la salida obvia del actual desarreglo. La mayoría de ellos, eso sí, sin claridad de lo que eso implica y de cómo podría ejecutarse.

Esa aversión “al déficit fiscal” se extiende, además, en muchos casos a la propia acción del Estado, calificada como necesariamente ineficaz y corrupta. La crítica viene tanto desde el populismo libertario, obnubilado en su primitivismo mileísta y en los delirios de la “escuela austriaca”, como de ciertos anarquismos alérgicos frente a cualquier autoridad estatal.

Evidentemente, la ineficacia del gobierno de Arce no ayuda mucho a la defensa de una visión que reivindica un papel crucial para el Estado en la regulación de la economía en función de objetivos de desarrollo y de justicia social. Es decir, el discurso económico de las izquierdas palidece e incluso se opaca totalmente frente a la corrupción de los funcionarios, la falta de orientación en las entidades gubernamentales y el despilfarro de los recursos públicos.

Por supuesto, siempre es más fácil identificar los excesos de cualquier orientación política para descalificarla en su conjunto por generalización. Algo de eso le paso al denominado “neoliberalismo” en las primeras décadas de este siglo y ahora le toca el turno al nacionalismo económico. Todo es pues contingente en el mundo de las ideas políticas.

Sin embargo, vayamos a lo que realmente importa, abandonemos esa insoportable pose melancólica e impotente de los intelectuales izquierdistas lamentándose todo el día ante la implosión del masismo y buscando saber cuándo se jodió realmente el proceso de cambio. No hay que perder tiempo, hay que actuar, renovarse en formas y sobre todo ideas.

Ese ejercicio pasa por una relectura de los cambios que Bolivia experimentó en estos 20 años, identificando sus luces y sobre todo sus sombras. Es el momento de reconocer los errores, los pequeños, grandes y enormes, los que se cometieron por inacción, pero de igual modo en los que se actuó con insistencia y alevosía.

Hay que reivindicar la regulación y la distribución de la riqueza como elementos para construir economías modernas, pero también sociedades más justas, sin que eso nos impida repudiar el mal uso de los recursos fiscales o la insistencia en intervenciones desordenadas y sin sentido.

Es decir, abogar por un protagonismo del Estado en la economía nos obliga a trabajar por mejores entidades públicas, con reglas claras, límites bien definidos, burocracias bien formadas, austeridad fiscal y claridad política sobre sus propósitos. Digámoslo, sin ninguna timidez, el mayor error del Estado Plurinacional fue su incapacidad de encarar una profunda reforma del Estado al ritmo que requería su propio éxito.

Incluso, demos un paso más, el fortalecimiento de la acción pública no debería ser, en ningún caso, una razón en sí misma. Debería estar siempre vinculado a metas relacionadas con la ampliación de las capacidades y la autonomía de los ciudadanos. Un país donde el Estado controla el 60% de la economía no es mejor por su gran dimensión o por la soberbia de los burócratas que la manejan, sino en la medida que eso aumenta las libertades de sus ciudadanos para lograr la vida que les satisfaga.

Estados que, por otra parte, no pueden desvincularse del funcionamiento de los mercados, que son, al final, expresiones de la estructura social en la que deben intervenir. Ahí están también límites ineludibles que deben considerarse.

En síntesis, el legado socioeconómico del Estado Plurinacional es bastante más significativo y valioso del miserable espectáculo que algunos de sus actuales gestores no están dando. Hay que volver a reivindicarlo con fuerza, pero con humildad, no por nostalgia, sino para proyectarlo hacia el futuro.

Armando Ortuño es investigador social.

A medida que pasan los días, los problemas económicos y políticos se están acumulando y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos está atrapada en premisas casi imposibles y en una inercia inquietante. La cuestión ya no es solo la viabilidad del proyecto reeleccionista del Presidente, sino su responsabilidad con la estabilidad del país.

Dejando de lado la querella secundaria sobre las responsabilidades o la importancia del contexto global en la coyuntura, es innegable que estamos enfrentando una combinación inédita de desarreglos económicos y políticos. Por tanto, la única pregunta debería ser cómo gestionar este momento evitando costos excesivos para el país y abriendo, al mismo tiempo, algunas vías para salir del entuerto.

Tampoco se trata de esperar condescendencia o responsabilidad de parte de los actores enfrentados al Gobierno. La realidad es como es, la mayoría está jugando sus cartas, a veces con una mezquindad e inconsciencia que impresiona. Si eso les servirá para su futuro político-electoral, es otro tema. Mientras tanto, digámoslo, no habrá misericordia, ese es un dato.

Así pues, la mayor presión se está concentrando en el Gobierno, principal artífice y protagonista del desenlace de este drama. No voy a abundar en sus graves errores que dinamitaron una gestión con posibilidades, sino en su actual incapacidad para levantar la cabeza, leer la realidad descarnada en la que está operando, asumir sus debilidades y tomar las decisiones que se imponen.

Desde mi perspectiva, su problema es casi conceptual, es decir, las premisas a partir de las que está actuando se están debilitando por el desorden político que se instaló desde fines de 2022. La propia economía, con su combinación de problemas estructurales y de corto plazo que exigen políticas renovadas, es víctima de esos disfuncionamientos que paralizan, postergan y hacen tomar malas decisiones.

Simplificando, el proyecto reeleccionista del Presidente que suponía un control rápido del MAS mediante la acumulación de poder gubernamental, cooptación de las dirigencias sindicales y un pacto con los grupos de poder judiciales, está haciendo aguas.

Y esto está pasando no únicamente por la resistencia de Evo Morales, más astuta y fuerte de lo que suponían los operadores gubernamentales, sino porque esa ilusión estaba sostenida en una aprobación ciudadana basada en la estabilidad económica y cierta imagen apaciguadora de Arce, virtudes y resultados que aún podía exhibir hasta mediados de 2022.

En ese momento, el Gobierno no podía saber que tendría que gestionar la peor coyuntura económica desde inicios de siglo, pero eso pasó y no hay vuelta, la diosa fortuna le dio la espalda en el momento crucial como en todas las grandes tragedias.

Al abrir la caja de Pandora del conflicto interno a todo o nada y la crispación permanente con todos sus contradictores, su situación política se fue fragilizando, obligándolo a pagar apoyos con costos cada vez más altos, impidiéndole construir acuerdos mínimos, distrayéndole atención de los problemas reales de la gente y sobre todo sembrando incertidumbre.

Hoy, la situación es difícil de sostener, para lograr algún aire y paciencia en la economía se precisa tranquilizar a la ciudadanía y tomar decisiones difíciles que requieren apoyos políticos y sociales, lo cual a su vez parece imposible con un campo político incendiándose y la inminencia de una elección feroz donde el candidato-presidente desea competir.

El victimismo y las argucias comunicacionales mal pensadas sirven de poco, quizás dañan al contrincante al corresponsabilizarlo del desorden, pero no enaltecen al que debería solucionar los problemas, es decir al Gobierno. Al contrario, siguen erosionando su autoridad, aumentan la incertidumbre y azuzan la inestabilidad.

En síntesis, mientras la dirigencia gubernamental no entienda que su proyecto se está agotando, que su estrategia tiene pocas posibilidades y que incluso sus victorias sobre Morales podrían terminar siendo pírricas a la vista del campo de ruinas político y económico que están provocando, la situación no tiene visos de mejorar. Es tiempo de repensarse y ojalá corregir, romper la inercia, por el bien del país, pero también por el legado que Luis Arce quiere dejar en la historia.

Armando Ortuño es investigador social.

Habrá siempre un día después y alguien tendrá que hacerse cargo de los problemas del país en noviembre del próximo año. Las soluciones no serán fáciles, sobre todo en el ámbito económico, particularmente si éstas no van más allá de la actual colección de lugares comunes, consignas ideológicas y falta de ideas sobre el cómo y la secuencia en que podrían ser ejecutadas. Sin claridad política-técnica, contexto ni noción de tiempo, el siguiente gobierno puede fracasar igual que el actual, incluso más rápido.

Convengamos que hay bastante consenso, salvo en el Gobierno que parece seguir en fase de negación, en que el funcionamiento de la economía se está desarreglando. Lo crucial es, sin embargo, entender que esos desequilibrios no se deben únicamente a una gestión coyuntural con errores, sino al agotamiento de algunos de los pilares que la sostuvieron por casi dos decenios.

Frente a esa realidad, hay un primer disenso, varios actores políticos, y no de los menores, piensan que basta con que el actual Gobierno termine su mandato y las soluciones aparecerán por gracia del espíritu santo y la habilidad de algún nuevo o viejo jefazo. Proceso además que se sugiere que no implicará sacrificios ni conflictos.

Por otra parte, están los que anuncian urbi et orbi que el problema es “el modelo” y que hay que abolirlo. Y ahí la frase mágica es “menos Estado” y más específicamente “reducir gasto público”. Para la derecha, esa es la salida: reducimos un 50% el Estado y listo, habrá dólares, los precios no subirán y seremos una nación de emprendedores y potencia turística.

Por supuesto, nadie explica lo que podrían implicar esas reducciones y si son posibles en la práctica. La inflexibilidad estructural del gasto público se les aparecerá tarde o temprano, mostrándoles que salvo que despidas a cantidades de profesores, médicos y militares, reduzcas con hacha la subvención de los hidrocarburos o restrinjas la inversión pública al punto de dejar medio muerta a la actividad, como está pasando en Argentina, esas metas no se lograrán.

Ninguna es una opción sencilla técnicamente, suponiendo además que los afectados acepten su destino con patriótica comprensión. La moto sierra liberaloide suele ser atractiva y hasta audaz, hasta que se la tiene que hacer.

¿Eso quiere decir que no se puede hacer un ajuste en la economía, suponiendo que sea necesario? Por supuesto que no, solo nos sugiere que hay que construir un mandato popular y poder político para tal efecto. Obviamente, esa recomendación vale también para cualquier intento heterodoxo de equilibrar la macroeconomía sin recurrir a brutalidades a lo Milei.

Es asumir que cualquier estrategia de reconducción económica será una ruta conflictiva y llena de obstáculos. Por eso, sorprende la frivolidad con la que muchos tratan la cuestión.

Todo esto, además, en una sociedad que no parece aún tener claridad sobre el escenario al cual está transitando. Basta ver el tenor de los reclamos populares en estos días: lo que se pide son dólares y que los precios no se modifiquen. Es decir, más o menos, que siga el esquema de los últimos 15 años.  

Las demagogias de un lado y el otro evitan reflexionar sobre la realidad: que habrá que priorizar y que el retorno a la estabilidad tendrá costos. Tarea profundamente política y que requerirá una potente legitimidad electoral, una enorme capacidad de negociación y mucha claridad sobre a dónde vamos y habilidad para convencer a la sociedad que eso es lo correcto.

Está finalmente la espinosa cuestión de los tiempos, en el corto y mediano plazo el problema de la restricción externa y fiscal seguirá quitando el sueño a los gestores económicos. Adaptarse razonablemente a un tiempo de escasez de divisas y recursos, definir medidas para manejarla, buscar opciones de financiamiento alternativas y al mismo tiempo avanzar hacia un horizonte para su solución de fondo serán temas críticos.

Muchas de esas tareas son urgentes y deberán estar listas para el día siguiente del nuevo mandato. Y paralelamente, se deberá trabajar el largo plazo de la economía: las opciones de crecimiento, el futuro de la economía extractiva o la posibilidad de diversificaciones innovativas. Sabiendo que son dos momentos íntimamente articulados pero diferentes.

Armando Ortuño es investigador social.

Las señales se van acumulando y son cada día más grandes. La política está muy enferma, mientras la autoridad democrática se deteriora, monstruos de todo pelaje emergen del vacío. La sorpresiva y absurda insubordinación de una facción militar el miércoles, con todas sus inconsistencias y misterios, es una nueva muestra del gran desorden en el que parecemos haber entrado. 

A tono con este tiempo de fugacidades y emociones desatadas, todo fue rápido, grotesco, tragicómico, ultramediático, con toques de frivolidad y al mismo tiempo inquietante sobre el estado de la nación. Lo que vino después fue lo usual: una dirigencia empeñada en sus peleas pequeñas, medios y redes navegando entre la superficialidad, la ignorancia y la manipulación, todos con una notable incapacidad para entender lo que pasó y particularmente sus consecuencias.

Hay que comprender, por ejemplo, que el corazón del actual problema político no es tanto la acumulación del poder en pocas manos, sino su fragmentación e informalización al ritmo del derrumbe de la gobernabilidad hegemónica que brindó estabilidad al país por 20 años y la increíble erosión de la autoridad democrática y el control estatal al que nos conducen los errores del Gobierno y la pugna en el bloque oficialista.

Estamos ante un gobierno debilitado pero que se resiste a aceptar sus males y hacer algo realista para enfrentarlos. Mientras, se engaña a sí mismo con operaciones mediáticas que duran un tuit, ocurrencias varias, buenas ideas mal ejecutadas y que parece creer que su alianza frágil e instrumental con algunos operadores judiciales es suficiente para gobernar.

De hecho, en estos agitados días está malgastando una nueva oportunidad para dar un golpe de timón, realizando un profundo ajuste en su funcionamiento interno y buscando un acuerdo político mínimo que genere condiciones para llegar en calma a las elecciones de 2025. El rechazo generalizado de la dirigencia al esperpento del miércoles podía haber sido un paso de todos los actores hacia la sensatez.

Porque, la asonada de los pachajchos no parece haber sido una broma o una falsedad, como algunos tontos suponen porque no vieron muertos y mayores desgastes en la institucionalidad. Al contrario, muestra algo más problemático: en el vacío que se extiende, diversos grupos, con intereses particulares e incluso delincuenciales, se están reforzando, están infiltrando partes del Estado y, lo más grave, empiezan a actuar con mayor autonomía de los actores políticos y gubernamentales.

Por eso, no fue una insubordinación por ideología o fruto de una articulación de actores sociopolíticos en pugna por el sentido del Estado, sino una acción de una facción de forajidos defendiendo grotescamente no sé qué bajos intereses. Lo terrible, por tanto, es que semejante cosa y con esos protagonistas haya llegado hasta donde llegó.

Persistir en esa vía es la puerta al desorden crónico y a la intervención en el corazón del estado de poderes facticos informales e irregulares. La degradación de la casta judicial, representada por los autoprorrogados, es otra expresión de estos desajustes. Al inicio, quizás esos actores eran funcionales al poder político de turno, pero, en tiempos de crisis, se están desatando, transaccionando aún con la política, pero dándose cuenta que hay aún más poder a su disposición.

Por tanto, no subestimemos el actual escenario, todas estas son nuevas patologías que nos acompañaran por un largo tiempo. Son además la faceta oscura de una gran transformación del poder en Bolivia que ya es inevitable. El problema es que la política democrática y sus actuales actores no parecen darse cuenta de nada de esto, embebidos en su soberbia y mediocridad.

Por lo pronto, hay urgencia para contribuir en lo que sea necesario para que el gobierno de Arce complete su mandato constitucional y las elecciones del próximo año se realicen en condiciones razonables. Pero no nos equivoquemos, la tarea futura será inmensa, se trata de reinventar una gobernabilidad que refleje una nueva distribución del poder, lo que implica pactar, pero también restablecer autoridad estatal. No es tarde, pero ya no es tiempo de ingenuidades.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.