Dada la larga historia de Bolivia y América Latina de lidiar con perturbadores militares de la democracia e invasores extranjeros, es comprensible por qué tantos bolivianos ahora expresan sus dudas sobre el golpe del 26 de junio, con muchos creyendo que el intento fue un autogolpe del presidente Arce para consolidar su poder. Sin embargo, no hay pruebas concretas para dar vida a esta teoría, y afirmar el contrario es irresponsable dentro de una democracia frágil.

Consulte: Bolivia, a un paso del default

Algunos maquinistas políticos han galvanizado su apoyo público detrás de la teoría conspirativa del “autogolpe”, incluso Evo Morales y sus acólitos, también como la derecha, luchando por respaldo electoral a aproximadamente un año del día de las elecciones. Tanto Morales como líderes de derecha, incluidos Agustín Zambrana y plataformas de redes sociales de derecha como El Bunker han estado difundiendo ávidamente información engañosa, exagerada o falsa sobre el intento para reforzar el apoyo a la teoría del autogolpe. Incluso el propio general Juan José Zúñiga afirmó que Arce lo había instigado, sin proporcionar ninguna prueba, alimentando aún más el fuego de la desinformación.

Andrés Gómez de la Torre, analista de seguridad peruano, refirió el escenario como de un “golpe rústico” o “artesanal” por lo improvisado y mal elaborado en su intento. Sostiene que la falta de coordinación y planificación fue clarísima en la intentona de toma del poder, recuerda además el precedente de 2019 con el protagonismo del general Williams Kaliman, haciendo notar la  existencia de nuevas modalidades de intervencionismo militar en la región andina.

Maxwell Cameron, profesor de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, dijo que “un autogolpe no comienza con un levantamiento militar, sino con el presidente declarando: hemos llegado a una situación insostenible, no tengo más opción que cerrar el Congreso y suspender la Constitución porque necesito estos poderes para resolver la crisis.” También dijo que “todo esto parece mucho más un intento convencional de golpe militar, un intento que, por lo demás, está muy mal preparado.”

Tenemos muchos ejemplos para reforzar este modelo de autogolpe: Perú con Castillo en 2022, Turquía con Erdogan en 2016, Rusia con Putin en 2020, El Salvador con Bukele en 2021, y Venezuela con Nicolás Maduro en 2017. El intento del 26 de junio no cumple con esos criterios, pero encaja en la definición tradicional de un golpe militar fallido. Han habido numerosos ejemplos de tales golpes militares fallidos en el pasado reciente, incluso uno en Bolivia en 1984 contra el presidente Hernán Siles. Debemos enfrentar este momento de crisis y fortalecer nuestras instituciones democráticas, no debilitarlas.

Además, difundir esta teoría, que hasta donde sabemos es infundada, es perjudicial para la estabilidad política, la democracia, la alfabetización mediática y la confianza del mercado. Difundir teorías conspirativas sin responsabilidad conduce a una mayor polarización, en un país ya plagado de frecuentes protestas masivas (algunas violentas) y una democracia frágil.

La falta de medios independientes hace que la información dependa en exceso de medios comerciales, redes sociales y medios políticos, lo que permite la difusión de conspiraciones sin una respuesta creíble y racional de los verificadores de hechos. Los inversores extranjeros, al observar el clima político en Bolivia, pueden entonces mirar a este país lleno de oportunidades y decidir no invertir, siendo la estabilidad política un factor crucial para atraer inversión extranjera. Con Bolivia enfrentando bajas perspectivas de inversión, penurias de hidrocarburos y bajo capital, el pueblo boliviano no puede permitirse otra crisis. Lamentablemente, para algunos políticos en este país, una victoria política personal barata parece valer el costo social.

Sabiamente, la comunidad diplomática y mediática internacional (con credibilidad) se ha abstenido de dar fuego a la teoría del “autogolpe” sin evidencia. Algunas agencias de noticias, como Associated Press y Agence France-Presse, se han esforzado en decir que hasta ahora no hay evidencia detrás de la teoría del autogolpe. La clase política y mediática boliviana debería hacer lo mismo para asegurar el futuro de la democracia boliviana.

(*) Joseph Bouchard es un periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reportaje en Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia

Bolivia está más cerca que nunca de incumplir su deuda. Actualmente, necesita unos $us 3.000 millones mensuales para mantenerse a flote y afrontar el pago de su deuda. Para alcanzar esta cantidad, el gobierno de Arce había aceptado préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, bancos centrales de inversión respaldados por el gobierno chino, y había apostado fuertemente por nuevos ingresos provenientes de los nuevos acuerdos de extracción de litio con China y Rusia.

Sin embargo, el gobierno de Arce rechazó recientemente los pagos de préstamos del FMI y la producción de litio solo ha alcanzado el 1,5% de lo deseado, según fuentes en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Como resultado, ha tenido que pedir prestado más fondos al Banco Central, pero éste se está quedando sin oferta (dólares), lo que, junto con la devaluación del dólar, está vaporizando los ahorros nacionales.

Lea también: Acuerdo Gobierno-empresarios

Incluso los préstamos necesarios para que el gobierno de Arce pueda cumplir con sus obligaciones de solvencia están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están siendo bloqueados, en parte, por miembros de la coalición de Evo Morales, miembros de la oposición de derecha y algunos miembros de la propia coalición de Arce. La oposición en la Asamblea tiene una variedad de demandas, incluidas elecciones judiciales más tempranas para magistrados dentro del Tribunal Supremo y concesiones económicas para mantenerse al día con los costos de vida mientras Bolivia enfrenta su situación económica más precaria en dos décadas.

Siguiendo de cerca la crisis, las agencias de calificación internacionales, incluidas Fitch y Standard & Poor’s, han rebajado la calificación crediticia (para la seguridad de inversión) de Bolivia a una CCC. Esto está a solo un paso de una calificación de DDD, o default, en la que solo países fallidos o países frágiles como Burkina Faso, Sri Lanka, Pakistán, Argentina y Ucrania se encuentran. Bolivia acaba de unirse a ese grupo de Estados. Al decir, históricamente, esto es el peor momento para invertir en Bolivia. Peor aún, las agencias internacionales de calificación le han dado una perspectiva negativa, lo que significa que es probable que la calificación baje de CCC a DDD.

Un default sería un resultado catastrófico para Bolivia y significaría una toma completa de las instituciones financieras públicas bolivianas (incluido el Banco Central) por parte de instituciones financieras internacionales. Una adquisición requeriría un programa de reajuste estructural, lo que significa que Bolivia tendría poco o ningún margen de maniobra en sus finanzas y sus políticas serían dictadas por prestamistas extranjeros para garantizar que su deuda se pague en su totalidad. Por el momento, solo Argentina está cerca de recibir este tratamiento, después de haber pasado por una toma de control similar a la de un default por parte del FMI durante las últimas dos décadas. Grecia todavía no se ha recuperado completamente de su default debido a una crisis financiera y económica en los años 2000 y 2010. Tener que pasar por el mismo episodio destruiría la seguridad económica de millones de bolivianos, y seguramente significaría el fin de la presidencia de Arce.

Fuentes cercanas al Banco Central de Bolivia y al gabinete de Arce revelan que una táctica considerada por el Gobierno sería poner un recorte significativo a los subsidios a los hidrocarburos. Estos subsidios equivalen aproximadamente a la discrepancia necesaria para que el gobierno de Arce continúe con los pagos de su deuda, y recortarlos podría ayudar a sortear los bloqueos en la Asamblea. Sin embargo, recortar los subsidios significaría una fuerte caída en la producción de energía, lo que llevaría a mayores costos de energía y electricidad para todos los bolivianos.

Los miembros de la oposición también se verían afectados, ya que quedaría claro para el público boliviano que la oposición en la Asamblea, incluida la coalición de Evo Morales y la oposición de derecha en Santa Cruz, eran el principal impulso detrás de esta inminente crisis económica. Por lo tanto, todos los actores involucrados incurren en un costo político significativo al impedir que se resuelvan los pagos de la deuda.

(*) Joseph Bouchard es un periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reportaje en Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia