La marcha pacífica convocada por el expresidente Evo Morales y los movimientos sociales denominada “Marcha para salvar Bolivia” ha demostrado una vez más la unidad inquebrantable que existe entre los sectores más desprotegidos de la Bolivia profunda. Campesinos, mineros, obreros, juntas vecinales, sectores de profesionales, entre otros, salieron para que se halle soluciones de fondo a los actuales problemas que vive el país como son la escasez de dólares, combustibles, encarecimiento de algunos productos básicos de la canasta familiar y contra la corrupción en esferas del gobierno central que dirige Luis Arce Catacora. Además, exigir que se respeten las resoluciones del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS-IPS) realizado en la localidad de Lauca Ñ, que no fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, en el que se definió por mayoría absoluta la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales del próximo año.

Desde el primer día que la multitudinaria marcha pacífica se dirigía a La Paz en un afán, por demás descarado de desprestigiar el movimiento de miles de bolivianos, el Gobierno nacional comenzó a propagar como un reguero de pólvora la idea que la marcha era un “intento de golpe de Estado”, denominándola como “la marcha de la muerte”. Calificativos llenos de desprecio hacía miles de campesinos, obreros, mineros, hombres, mujeres de todos los estratos sociales, que su único error es creer que otra Bolivia puede ser posible.

Tuve la posibilidad de asistir a la primera jornada de la marcha de 30 kilómetros entre Caracollo y Vila Vila y tuve el privilegio de observar que la “Marcha para Salvar Bolivia” era toda una fiesta popular, donde sus integrantes compuestos por miles de personas de diferentes movimientos sociales, en medio de cánticos, irradiaban alegría y esperanza por días mejores para el país. Categóricamente puedo desmentir que los integrantes de la marcha hayan tenido objetivos violentos como el que propaga el Gobierno. Fui testigo de cómo la agresión nació de parte de los simpatizantes a la administración de Arce Catacora, en su mayoría empleados públicos de los ministerios de Estado, policías de civil y mineros, quienes se habían parapetado en la localidad de Vila Vila y en los cerros que la circundan a la espera de los marchistas. Cerca al mediodía del martes 17, las huestes gubernamentales agredieron físicamente a los ocupantes de una movilidad quienes se dirigían a la marcha con banderas del MAS. Lo paradójico de esta agresión fue que se cometió frente a un equipo de prensa de la televisión estatal que no tuvo la más mínima intención de filmar la tremenda golpiza. Por demás está indicar que la “prensa libre” solo informa lo que les conviene. Por ejemplo, el hecho de que Morales tuvo que dejar la marcha por algunas horas en un automóvil de alta gama fue cobertura de todos los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta la campaña gubernamental y de algunos medios de comunicación contra la marcha pacífica, no le quedó otra opción a Morales que denunciar que el gobierno de Arce Catacora formó “grupos de choque” para desbaratar a los movilizados. Además, en un acto para precautelar la integridad física de los marchistas, y su posible detención, solicitó la intervención de la ONU en la movilización.

El Gobierno puede jurar y volver a jurar que respeta cualquier movilización o demanda social, pero el grueso de la población ya no le cree. Ya no cree a un Gobierno que constantemente ha mentido indicando que la economía gozaba de buena salud, que los dólares iban a volver a circular, que la distribución del diésel mejoraría, que los precios de la canasta familiar se estancarían, que la industrialización de Bolivia avanzaba a paso firme, que desbarató un intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, por citar algunas mentiras de la actual administración política. El pueblo sabe muy bien que el objetivo principal del gobierno de Arce Catacora es la eliminación política de Morales y del MAS-IPSP, y para lograr ese objetivo tiene que “mentir, mentir que algo quedará”, al mejor estilo del nazi Joseph Goebbels.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Venezuela se ha convertido en un país satanizado por los principales medios de derecha, de extrema derecha y por parte de gobiernos que han venido a denominarse capitalismo 2.0. La intoxicación informativa de la que es presa el país llanero se intensificó tras las últimas elecciones presidenciales de las cuales el oficialismo y la oposición se declararon ganadores. Constantemente, los medios de comunicación sacan de sus portadas temas como el genocidio israelí sobre los palestinos o minimizan la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el tema venezolano abre siempre sus ediciones.

Desde hace más de veinte años cada vez que la oposición pierde los comicios acusa de fraude, pero cuando las gana como ocurrió en el referéndum por la reforma de la Constitución en 2007 o en las elecciones legislativas de 2015 reconoce los resultados electorales.

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En las presidenciales del 28 de julio pasado, los líderes de la oposición prometieron expulsar al presidente Nicolás Maduro, pero han fracasado. Tomando como antecedente el golpe de Estado en Bolivia de 2019 contra el presidente Evo Morales, gritaron a los cuatro vientos “fraude”. Lo que la opinión pública desconoce es que un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) atrasó los datos al momento de la transmisión de los resultados electorales el día de la elección presidencial. El candidato de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, de la derechista Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cantó fraude junto a su jefa política, luego de que el CNE reconociera a Maduro como candidato ganador con más del 50% de los votos.

Maduro acudió el 2 de agosto a la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para dirimir la controversia presentando la documentación electoral en su poder; pero el candidato González Urrutia que tenía cita para el jueves 8 de agosto y citado en dos oportunidades más para entregar sus actas electorales para ser peritadas, no acudió. Ante el requerimiento de la Justicia, el domingo a González Urrutia no lo quedó otra opción que huir de Venezuela y pedir asilo en España.

En un comunicado difundido en la red social X, de Elon Musk, González Urrutia afirmó que no reconocía a la sala electoral del TSJ como el órgano para dirimir las diferencias. Era evidente que no era el ámbito institucional y legal donde la PUD pretendía resolver el conflicto electoral, sino en las calles.

Tal como aconteció en 2013 y en 2017, grupos pandilleros contratados por el partido político Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, conocidos como “comanditos”, agreden con extrema violencia a aquellos que identifican con el chavismo. Según Machado, hay unos 60.000 “comanditos” en Venezuela y se crearon con la finalidad de garantizar el voto opositor, pero en los hechos operan como fuerzas de choque.

Las guerras en curso de cuarta generación incluyen como ingrediente el cibergolpismo. Algunos multimillonarios, obscenos financistas de aventuras para depredar recursos en beneficio propio, lo explican sin mediatintas. Elon Musk, propietario de X, desnudó ese sentimiento impune cuando ocurrió el golpe de Estado contra Evo Morales. “Derrocaremos a quien queramos”, escribió en su cuenta cuando todavía era Twitter, hoy X. Respalda con millones de dólares la candidatura del republicano Donald Trump en Estados Unidos y simpatiza con los neonazis de Alternativa para Alemania.

La oposición afirma que no existe la libertad de prensa. Pero recordemos que en ese país existen diarios y semanarios como El Nacional, El Universal, El Mundo, Tribuna Popular, Diario VEA, Diario 2001, Tal Cual, La Razón, Últimas Noticias, Analitica.com, Meridiano, Economía y Negocios. Y estaciones televisivas como Tves, Vale TV, VTV, Venevisión, Globovisión, Televen, Ávila TV, Telesur, Canal I, Fundación Audiovisual Nacional de Televisión, TV Familia, Meridiano Televisión, Catia TVE, la mayoría de ellos opositores al gobierno.

Estos hechos se resumirían con una frase del célebre músico y compositor español Joaquín Sabina: “Pero los diarios no hablan de ti ni de mi…”

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

A casi dos semanas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, continúa la polémica sobre el espectáculo inaugural en sectores conservadores de las sociedades en el mundo que no aceptan los cambios que impera en la Era del Acuario, que no es otra cosa que el eje de diferentes cambios revolucionarios, con el objetivo de transmitir el amor incondicional, la paz entre las masas y el amor por nuestro planeta y su naturaleza, además de formar parte de otras tendencias espirituales como el yoga, el reiki, el tai chi o el chi kung.

Francia fue escenario de cambios transcendentales para la humanidad desde la Revolución Francesa de 1789 que tuvo que enfrentar con firmeza a la Iglesia Católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Fue recién el Concordato de 1801, entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Iglesia, que estableció normas de convivencia vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado.

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En este 2024, el punto de la discordia de la inauguración de los JJOO, para la Iglesia y otras personalidades homofóbicas, fue el cuadro Festivé (Festividad) protagonizado por bailarines, íconos del movimiento LGBTQ y artistas drag queens como Nicky Doll, Hugo Bardin (Paloma), Barbara Butch, entre otros.

A entender de los detractores, la secuencia era una parodia “blasfema” de la Última Cena de Jesucristo con sus apóstoles realizada por Leonardo da Vinci, en este caso sustituidos por drag queens, una modelo trans y el cantante Philippe Katerine casi desnudo, con algunos atributos de Dionisos, el dios griego del vino y la fiesta. Empero, el director artístico de la ceremonia, Thomas Jolly, en constantes intervenciones aclaró que no se inspiró en el cuadro de Da Vinci, que más bien la secuencia era “una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo”.

A las críticas del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Francesa se unieron voces como Andrew Tate, el controvertido personaje mediático que espera un juicio acusado de tráfico de seres humanos, violación y formación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres, quien dijo que es una burla de los valores cristianos; el mandamás de Tesla, el ultraderechista Elon Musk, se sumó con temores similares; y, por supuesto, el expresidente estadounidense Donald Trump no pudo resistirse a intervenir, describiendo la ceremonia de apertura, y en particular la “secuencia drag queen”, como una “vergüenza”, o las palabras del periodista y comentarista deportivo Przemyslaw Babiarz, quien dijo que la interpretación de la canción Imagine de John Lennon, utilizada en una parte de la ceremonia, era una “visión del comunismo”. Pero qué lejos están estos retrógrados, que creen que aún estamos en la Edad Media, de comprender que los cambios de la humanidad vienen de la mano con la diversidad en la que deben convivir los judíos, los trans, los queer, los gordos, los flacos, negros, blancos, amarillos y otras diferencias, y que la canción de Lennon lo único que pide es imaginar que no hay cielo, ni infierno, ni países, ni posesiones.

La antropóloga y periodista boliviana Drina Ergueta indicó claramente en un artículo de opinión que los “Juegos Olímpicos 2024 apelaron a los lemas de la Revolución Francesa y les sumaron otros, como sororidad (hermandad femenina), solidaridad, festividad o deportividad. La diversidad como valor fundamental también fue evidente en la inauguración, diversidad sexual, étnica y corporal. Es que, para este París actual, la decadencia de hoy está en no aceptar esos valores”.

Quedará grabado en las pupilas de millones de espectadores el momento en el que varias estatuas emergieron en las orillas del Sena para homenajear a mujeres históricas como Simone Veil o Alice Milliat, entre otras, que son un símbolo de universalidad, diversidad, cooperación, en lugar de división y conflicto. Ahora nos toca esperar cuál será la sorpresa parisina para la clausura de los Juegos Olímpicos después de haber visto en la inauguración a la París de teatro, museo, literatura, danza, ópera, cine, en un recorrido por el impasible Sena con sus majestuosos puentes, con un toque de originalidad sin precedentes.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que es liderado por el presidente Nicolás Maduro, se enfrenta al mayor desafío de los últimos 25 años cuando el domingo 28 se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

El partido quiere mantener su control del gobierno por seis años más, pero sus bases se encuentran divididas, mermadas y decepcionadas después de pasar por una compleja crisis social, económica y política que se ha extendido durante los 11 años de la presidencia de Maduro.

Para estos comicios, Maduro se enfrentará al exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien lidera la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), respaldada ampliamente por Estados Unidos, así como por otros ocho candidatos.

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El gobierno de Maduro, que ha presidido un colapso económico que ha causado la emigración de millones de personas, y el PSUV han evadido los desafíos al excluir a sus rivales para las elecciones y acusarlos de ser elitistas desconectados de las mayorías y aliados con potencias extranjeras.

Antes y durante la campaña, la influyente opositora María Corina Machado ha brindado su total apoyo a González Urrutia —un exembajador que nunca ha ocupado un cargo público—, lo cual ha ayudado a una oposición fraccionada a unirse detrás de él.

González Urrutia y Corina Machado han sabido capitalizar la alta migración y juntos centraron su campaña electoral prometiendo una economía que atraerá a los millones de venezolanos que han emigrado desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.

La popularidad del presidente Maduro ha disminuido sustancialmente debido a una crisis económica resultante de una caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión gubernamental. Empero, Maduro todavía puede contar con un grupo de seguidores acérrimos, que incluye a millones de servidores públicos y otras personas cuyos negocios o empleos dependen del Estado. Pero la capacidad del PSUV de usar el acceso a programas sociales para llevar a los votantes a las urnas ha disminuido a medida que la economía del país también se ha desgastado.

El candidato y presidente Maduro sabe que estas elecciones tienen un gran significado para él y el futuro de su partido. Se asemeja a un juego de supervivencia, que va más allá de la reelección presidencial, ya que la pérdida del poder sería, para él, la ruina, la catástrofe e incluso la cárcel.

Hay que recordar que el programa de recompensas por narcóticos de Estados Unidos ofreció hasta $us 15 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, y la Corte Penal Internacional ha confirmado la continuidad de las investigaciones contra Maduro y otras altas autoridades. Tienen elementos para sostener que con probabilidad se han cometido delitos de lesa humanidad, como detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas. Son delitos que por su gravedad no prescriben y tienen jurisdicción universal, por tanto, son sujetos a persecución penal allá donde se encuentre. Maduro lo sabe, por ello debe ganar o ganar, no hay otra alternativa. Textualmente ya manifestó: «Vamos a ganar por las buenas o por las malas».

En tanto, el opositor González Urrutia, de 74 años de edad, basó su campaña con la promesa de llevar al país hacia una dirección radicalmente diferente mediante la “restauración de las instituciones estatales” y la recuperación de la confianza de los inversores para reactivar la economía, incluido el vital sector petrolero del país. Crear empleos, dice, es esencial para detener la salida de migrantes y “traer de regreso a casa a algunos de los que se fueron” durante el gobierno de Maduro.

González Urrutia, embajador en Argelia y luego en Argentina, dejó el gobierno en 2002, cuando gobernaba el predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez. Desde entonces ha trabajado en centros de estudios sobre política exterior y hace una década trabajó brevemente como enlace internacional de la oposición.

Ante estas dos opciones, más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero se prevé que el éxodo de más de 7,7 millones de personas debido a la prolongada crisis —incluidos unos cuatro millones de votantes— reduzca el número de votantes potenciales a unos 17 millones, y serán éstos quienes definan el futuro de una Venezuela cada vez más incierta.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

A 15 días del “golpe de Estado fallido”, “autogolpe”, “alzamiento militar” o como quiera llamarse, la ciudadanía continúa con el debate a la espera que el gobierno de Luis Arce brinde una explicación más creíble a la que ha presentado hasta ahora.

Los hechos del 26 de junio que fueron encabezados por el amigo y concuñado de Arce Catacora, el general Juan José Zúñiga, no deben dejarse pasar de lado sin que se sepa la verdad absoluta. A medida que pasan las horas, los días y semanas, las conjeturas sobre si fue “golpe fallido” o “autogolpe” van in crescendo.

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Si bien el Gobierno, casi a diario, sale a dar explicaciones de cómo se habría planeado el “golpe de Estado fallido” o muestra más aprehendidos que habrían participado en la acción castrense, éstas todavía no logran convencer las decenas de interrogantes que tiene la población. Más aún por las palabras vertidas por Zúñiga la noche de su aprehensión en el Estado Mayor del Ejército, cuando dijo que, en una reunión deportiva, el presidente Arce le había sugerido sacar las tanquetas y “preparar algo para levantar su popularidad”, ante la “semana jodida” que se venía.

Si Arce quería “levantar su popularidad” lo ha logrado, pero en esferas internacionales. Estados que guardan estrechas relaciones con el Gobierno boliviano, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), mostraron su solidaridad y apoyo con el mandatario boliviano. Pero a nivel nacional, su popularidad sigue en caída libre por el mal manejo de la economía y por las constantes acusaciones de corrupción en esferas gubernamentales.

En cafés, bares, universidades, círculos intelectuales, centros laborales, organizaciones sociales, juntas vecinales y redes sociales se sigue hablando del asunto. Con la finalidad de revertir las dudas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante sus comparecencias ante la prensa, es enfático en asegurar que no habrá impunidad para ninguno de los responsables del “golpe de Estado fallido” y acusa, sin pruebas, que por detrás de esas acciones existen intereses políticos que tenían y tienen como finalidad la desestabilización.

Lo que no encaja en la mente de la población es el hecho de que la asonada militar se caracterizó por que los soldados portaban armas con balines de goma y no de grueso calibre. En su afán de aclarar esta duda, Del Castillo asegura haber encontrado en el hall del Palacio Quemado una ametralladora repleta de balas. Lo raro es que nadie tomó una foto de ese armamento en su momento.

También despiertan fuertemente la duda las declaraciones del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien señaló que se enteró por los medios de comunicación que se había generado un movimiento de tropas y tanquetas blindadas en la plaza Murillo, y que “se desayunaba” con la noticia que pretendían derrocar al Gobierno. La pregunta del millón: ¿cómo es que Novillo, quien maneja el aparato de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la contrainteligencia nacional, no haya sabido con anticipación de los aprestos militares?

Según el Ministerio de Gobierno, hay alrededor de 80 personas involucradas en el alzamiento militar. De ese número, hay más de 20 aprehendidos por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.

Lo que también llama la atención son las declaraciones que realizó en días pasados el general del servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, quien es señalado por el Gobierno como el “principal buscado” por la asonada militar. El militar, en varias entrevistas que brindó a medios de comunicación desde la clandestinidad, manifestó que tiene serias dudas de que se trate de un “golpe de Estado” por la cantidad de batallones involucrados y por la hora de la movilización militar. Además, indicó que semanas antes del 26 de junio se hablaba que el presidente Arce quería entregar el gobierno a Zúñiga, teniendo en cuenta la amistad que tenían, o a civiles, bajo el amparo de las Fuerzas Armadas. Estas agudas declaraciones, que no son bien vistas por el Gobierno, han hecho de Peña y Lillo el militar del servicio pasivo más buscado en todo el territorio. Mientras se realiza su búsqueda, la verdad es que la carencia de dólares y el aumento de la inflación en el país continuan con paso de parada.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional