El bloqueo de la red X (ex Twitter) en Brasil, efectiva desde inicios de septiembre, y la detención en Francia de Pável Dúrov, CEO del servicio de mensajería Telegram, a finales de agosto, además de coincidir temporalmente, comparten otros aspectos.

Ambos son parte de relaciones más o menos largas y más o menos accidentadas entre los Estados y las empresas tecnológicas. El bloqueo de X forma parte del expediente judicial 4957, llamado Milicias digitales, que investiga el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva en enero de 2023, por el que el juez ha emitido órdenes de bloqueo de cuentas supuestamente involucradas en ese delito, multas por incumplimiento de esas órdenes por parte de X y una orden de designar un representante legal de esa empresa en Brasil, lo que está incluido en la norma brasileña para plataformas digitales que operan en su territorio. Mientras que en el caso de Telegram, existe el antecedente del 13 de mayo de 2023 que bloqueó el acceso a enlaces t.me compartidos dentro de ese sistema de mensajería por un “error humano” de la Policía, al vincular dicha dirección, de manera general, con tráfico de material de explotación sexual infantil.

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Otra coincidencia es que ambos son casos penales y los crímenes que se les imputa a las cabezas de estas empresas están relacionados a la complicidad y participación en organizaciones criminales; en el caso de Musk, se refieren a organizaciones que atentan contra la democracia, mientras que en el caso de Dúrov, se trata de organizaciones dedicadas a la distribución de imágenes sexuales de niños, fraude, tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y promoción del terrorismo.

Los defensores de los líderes tecnológicos dicen que son atentados contra la libertad de expresión y que en ambos casos se esconden motivaciones políticas. En Brasil se pretendería impedir que X juegue un rol importante en la campaña electoral de la opción ultraderechista y en el caso de Telegram, se pretendería acceder a información sobre la guerra en Ucrania, ya que este servicio es ampliamente usado en Rusia y en los países de la antigua Unión Soviética.

Estamos viendo problemas serios que se pretenden resolver con acciones de fuerza (bloqueos de acceso a redes sociales, sitios web o incluso a Internet en su totalidad) que, por un lado, dejan sin canales de información a las personas; pero, por otro, son mecanismos para que las empresas actúen respetando las leyes de los países donde operan. Otro punto de vista alerta acerca del riesgo de la fragmentación de Internet, que podría llevar a varios internet no conectados entre sí definidos por la región o el país donde se esté.

(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. wor-press.com

Si bien nos parece normal, y quién sabe, hasta deseable que cuando compramos un nuevo celular venga con algunos servicios preestablecidos como el motor de búsqueda de Google, Google Maps o el servicio de correo electrónico de Gmail y toda su suite de servicios, esto no debería ser así porque atenta contra la libertad de elección de usuarios y usuarias, y la posibilidad de otras empresas de competir para hacer negocios en mercados de servicios digitales. Esto es parte del alegato que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google en un juicio contra el poder monopólico de esa empresa y que el juzgado federal norteamericano halló procedente hace no más de una semana.

El dictamen halló a Google culpable de violar leyes de competencia por su práctica de pagar a fabricantes de celulares como es el caso de Apple y Samsung, y a compañías de telecomunicaciones como AT&T, entre otras empresas tecnológicas. Google paga más de $us 10.000 millones al año para que su servicio de búsqueda sea la opción por defecto en los dispositivos, es decir, que su software de motor de búsqueda venga de manera predeterminada en los celulares.

Como resultado de estas prácticas y otras, Google es el motor de búsqueda más utilizado globalmente y, por tanto, acapara el 90% de las búsquedas en Estados Unidos y genera más de $us 300.000 millones anuales en ingresos principalmente a través de anuncios de búsqueda. Google argumentó que es el motor de búsqueda más usado porque es el mejor y que es elegido por esa calidad, no por ser la opción por defecto en los dispositivos.

Sin embargo, el tema central no es que venga predeterminado en dispositivos, sino que esta posición aventajada le permite vender anuncios de búsqueda a diversos anunciantes interesados en que sus contenidos, productos y servicios sean los primeros que aparezcan en las respuestas a búsquedas que hacen usuarios y usuarias, generando el bloqueo para permitir ganancias a posibles rivales como Bing o DuckDuckGo.

Aunque el dictamen no es claro en las sanciones que se le impondrán a Google y esta empresa puede apelar la decisión, este es un mensaje claro para las plataformas digitales y su rol en la promoción de mercados de libre y justa competencia. Y si bien los derechos de usuarias y usuarios no son la principal preocupación de este dictamen, las posturas liberales norteamericanas llevan implícito que las personas nos beneficiamos de la libre competencia de las empresas, lo que es finalmente preocupante, ya que hemos visto lo que la libre competencia entre empresas puede dar como resultado en términos de acceso y abuso de datos personales: que todas tengan acceso prácticamente irrestricto.

ELIANA QUIROZ

es ciberactivista y burócrata. blog:
www.internetalaboliviana. word-press.com

Mientras pensaba en un tema para este artículo, ninguna de las opciones de coyuntura llenaba tanto mi cabeza y mi corazón como lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, aunque también en el Congo y en Sudán. Las imágenes últimas de los ataques israelíes en Rafah de niños descabezados, de la inaguantable depresión de los adultos en la desesperación de no saber qué hacer, de rostros de niños ensangrentados, aunque también otros jugando aunque casi no tengan con qué, todas esas imágenes se quedarán siempre en mi mente y siempre harán cuestionarme acerca de los desequilibrios de poder y de la crueldad de la que es capaz la raza humana.

Pero decidí no hablar de esa arista porque sino más bien de lo que me permite tener acceso a esa información. Sin duda, es una guerra con una cobertura multicanal en vivo, a pesar de las limitaciones de conexión a internet y de la intermitencia del servicio de energía eléctrica. Mientras veo las noticias por internet en los canales de YouTube de la Al Jazeera o la Deutsche Welle, también veo videos en TikTok de los periodistas y civiles que transmiten desde la Franja de Gaza. Nunca antes había estado tan cerca del campo de guerra, puedo ver cómo caen bombas en el mar, a metros de la costa de Gaza; puedo ver la destrucción de infraestructura en el sobrevuelo de los drones en el territorio; los habitantes de la franja me muestran cómo consiguen agua que nunca es potable lamentablemente; y también veo el sufrimiento de miles de familias con muertos a sus pies. El horror. Mientras también veo las declaraciones de Netanyahu, de las negociaciones para ingresar ayuda humanitaria, de los juicios internacionales contra Israel en los canales de YouTube; y recibo información en Instagram y canales de Telegram de activistas dispersos por el mundo con llamados de ayuda para donar en gofundme.com a familias en Gaza.

He podido también acercarme a canales proisraelíes, escuchar sus razones, ver el clamor de las familias de los rehenes que aún tiene Hamás, aunque también ver con desagrado cómo se alegran de destruir alimentos destinados a palestinos.

Varios de los canales de TikTok están en español, lo que me permite tener un acercamiento mayor a esas noticias. Internet está permitiendo acercarse a estos eventos internacionales a través de variadas miradas, tenerlo omnipresente todo el tiempo, algunas fuentes con mayor tratamiento informativo y con mayor editorialización, otras fuentes testimoniales, quizás con menores criterios editoriales. La sección “internacional” de los medios ha cambiado por este periodismo ciudadano que ofrece variedad de miradas y de juicios.

ELIANA QUIROZ
es ciberactivista y burócrata.
blog: www.internetalaboliviana.word-press.com

Durante la última semana, se dio a conocer un proyecto de decreto supremo que proponía cambiar la responsabilidad de la gestión de un elemento de la infraestructura de internet en Bolivia que se llama Punto de Intercambio de Tráfico (PIT). Actualmente, el PIT es una entidad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, no depende de ninguna instancia estatal. El proyecto de decreto pretendía que la administración se cambie a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y Comunicación (AGETIC) para sentar soberanía sobre este recurso de infraestructura de telecomunicaciones.

Una buena administración del PIT logra que la velocidad de respuesta de internet se incremente, es decir, que en Bolivia tengamos un internet más rápido. La forma en que hace esto es que las solicitudes de información que cada usuario y usuaria hacemos, digamos buscar una página en Wikipedia, no van hasta internet porque no es necesario, sino a una copia de Wikipedia alojada en Bolivia. De esa manera, las solicitudes no deben viajar grandes distancias, se resuelven localmente. Cuando me enteré de esto hace varios años, me sentí timada, pensé: “en realidad, no navegamos en internet, sino en una copia desactualizada”. Sí, exactamente, pero pocas veces necesitamos conectarnos a la versión actualizada hasta el último segundo de internet y también es verdad que el PIT en Bolivia aún no abarca el mayor flujo de internet.

El senador Rodrigo Paz Pereira denunció la existencia de este proyecto de decreto, mencionando que con este cambio se pretendía “controlar las redes sociales”, es decir, los contenidos que se publican en éstas.

Frente a esta declaración, en las comunidades de tecnología se preguntaron cómo podía ser algo así si los contenidos de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y otras) están alojados en las empresas de telecomunicaciones del país, no en el PIT, y tienen encriptación de extremo a extremo, es decir, nadie puede leer sus contenidos mientras se transportan. No hay forma alguna para que ese cambio le permita al Gobierno ejercer control sobre lo que se publica en redes sociales.

No es la primera vez que se denuncia la voluntad del Gobierno de “controlar los contenidos de las redes sociales” sin ninguna base de entendimiento técnico. El decreto fue finalmente desestimado por razones técnicas y no estoy argumentando a favor de cambiar el PIT a manos del Gobierno o no hacerlo, lo que quiero mostrar aquí es que esta falta de información de parte de los y las legisladores/ras acerca de temas tecnológicos les hace denunciar situaciones imposibles y, en otras ocasiones, ignorar cambios que sí pueden atentar contra los derechos ciudadanos en internet.

La era digital ha generado nuevos espacios para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, al mismo tiempo que ha promovido otros espacios de violencia y violación de los derechos humanos. En reacción a esto, el derecho internacional afirma que la protección de los derechos humanos debe aplicarse tanto en línea como fuera de línea, y esto incluye a todos los derechos en línea, y por supuesto a los que protegen a las mujeres de todas las formas de discriminación y delitos contra sus personas.

Por otro lado, como en el caso de todos los derechos humanos, el Estado es el garante del ejercicio y el resguardo de los derechos y libertades de las personas, por el contrario, en la práctica son a menudo los propios Estados quienes practican la violencia contra las mujeres al negar la atención a denuncias de violencia digital porque consideran que “no es nada, solo son mensajes”, o incluso a través de acciones de vigilancia permanente en línea y filtrando sus datos personales sin consentimiento.

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El Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo, debe servir también para visibilizar estos abusos y la necesidad de reivindicar los derechos humanos en línea como parte del desarrollo integral de las mujeres como personas.

Una de las razones que explican las autoridades para negar la aceptación de la denuncia y brindar servicio a las mujeres ante violencias digitales es que no existe una ley que tipifique esos casos y que, por tanto, los sistemas informáticos no tienen la categoría para aceptar las denuncias en la Policía o el Ministerio Público, mientras tanto las mujeres sufren amenazas, uso de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación y robo de identidad, fraudes en línea, extorsión, captación para trata y tráfico, ciberacoso, discriminación y negación de acceso a servicios por falta de identidad digital o acceso a internet, entre otras violaciones y abusos, con total impunidad de parte de los perpretadores.

Es evidente la necesidad de un marco normativo —sea una ley, decreto u otra normativa— que trate seriamente estos aspectos. En el pasado, se ha iniciado un par de veces debates con la sociedad civil y entidades estatales, y se han hecho consultas para reformar la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, de manera que se puedan añadir estos aspectos digitales que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres, pero estas iniciativas no han avanzado.

De existir voluntad política y el entendimiento de la gravedad de estos problemas, sería posible avanzar en mejorar los servicios de recepción de denuncias y acciones de cuidado con reglamentos ministeriales y otras normas menores.

(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. Blog: www.internetalaboliviana.word-press.com