Cada año, como un funesto ritual, enfrentamos durante 16 semanas la quema de nuestros bosques. Desde 2002 hasta 2023, el área total de bosque primario húmedo en Bolivia disminuyó en 10%. Y este año, según instituciones especializadas, hemos reportado 34.078 focos de calor, haciendo del 2024 uno de nuestros peores años.

Todos nos preguntamos ¿Qué es lo que provoca este periodo dantesco? ¿los bolivianos y bolivianas somos tan irresponsables que, por beneficios económicos o intereses políticos, prendemos fuego nuestro territorio? Y tal vez lo más importante ¿podemos hacer algo para evitarlo? Comparto los cinco temas centrales en esta discusión.

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Hay años, como el actual, en que el fuego es más crítico debido a los factores climáticos. Entre los especialistas se habla del 30-30-30 como las tres condiciones climáticas que, juntas, ayudan a una propagación rápida del fuego: 30 o más grados de temperatura, menos de un 30% de humedad del ambiente y más de 30 nudos de velocidad del viento. Esta condición climática se incrementa cada año y el 2024 se presenta como el año más caluroso jamás registrado, con una temperatura media global que supera en 1,51 °C el período preindustrial.

Este contexto global se intensifica con los procesos de cambio de uso del suelo que enfrentamos en Bolivia. Parte de las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) fueron convertidas a ganadería y agricultura utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas. De continuar la tendencia actual se estima que, a 2040, la mitad del Bosque Seco Chiquitano desaparecerá bajo la acción humana.

Esto en parte responde al horizonte de desarrollo extractivista intrínseco al “modelo económico boliviano”, que plantea como metas aumentar las tierras cultivadas de 3,5 a 12 millones de hectáreas y duplicar la población vacuna para el 2025. Esto es acompañado por una serie de políticas de incentivo a la producción agropecuaria que incluye créditos a muy bajas tasas de interés, así como la subvención a los hidrocarburos.

Esta visión, y la presión del “modelo cruceño de desarrollo” al Estado ha generado una arquitectura legal que incentiva el uso del fuego como herramienta para abaratar costos en la producción, como la Ley 741, la cual amplía el desmonte de cinco a 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa, así como el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte y las quemas inclusive en tierras forestales. Este es parte del paquete de las denominadas “leyes incendiarias”, tan cuestionadas en el actual contexto.

Por último, debemos plantear que parte del problema es la insuficiente capacidad de control de parte de las autoridades de todos los niveles, para supervisar y/o evitar los asentamientos en tierras de producción forestal permanente. También la falta de investigación, seguimiento y sanciones a los casos conocidos de incendios ilegales de años anteriores.

Así, la lucha contra los incendios forestales requiere un enfoque integral. No se puede tratar la cuestión de las quemas periódicas desde un enfoque desconectado, por ejemplo, de la contaminación por mercurio de los ríos amazónicos, ni de la expansión de la frontera agrícola para la ganadería y la producción de agrocombustibles.

Ello nos lleva a preguntas incómodas, por ejemplo ¿es posible/tenemos la voluntad de revertir grandes propiedades que no cumplen la función económico social? Estas políticas de cumplimiento de la función, ¿se constituyen en un incentivo para la deforestación? ¿seguimos adelante con los proyectos de biodiésel a pesar de la amenaza ambiental que implica? ¿impulsamos la exportación de carne a pesar de que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en la Amazonía? En fin, requerimos con urgencia que el Estado tome en serio su discurso sobre los derechos de la Naturaleza y deje de ser permisivo ante la destrucción de la Naturaleza.

(*) Lourdes Montero es cientista social

Nos despertamos cada mañana con tres preguntas: ¿cuánto subieron los precios de los alimentos?, ¿hay diésel/gasolina en los surtidores?, ¿cuál es el precio del dólar? Y así como hace algunos meses el tomate fue motivo de disputa en las redes sociales, los últimos días fuimos inundados de cuentas falsas y bots que nos aseguraban una “abrupta caída del dólar paralelo”.

¿Verdaderamente quienes han producido estos mensajes creen que los ciudadanos van a salir corriendo a vender sus ahorros y así resolver la escasez de moneda extranjera? ¿realmente hay tomadores de decisión que creen que los dólares están ocultos en nuestros colchones? Por la caída del precio internacional del dólar, ¿alguien cree que inundaremos el mercado nacional de dólares baratos? Este tipo de mensajes solo contribuyen a que profundicemos nuestra angustia frente a la incertidumbre económica.

En problema de la escasez de dólares en Bolivia tiene origen en nuestra balanza comercial y no en la voluntad especulativa de la gente. Bolivia registró un déficit comercial de 400 millones de dólares en los cinco primeros meses de 2024, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Las importaciones se han reducido en casi 90 millones de dólares y las exportaciones han caído en cerca de 1.300 millones. Por supuesto que la contracción de las importaciones no es producto de la “industrialización nacional”, sino debido a la desaceleración de la economía y las dificultades para realizar pagos en el extranjero. Esta realidad nos hace temer que cada vez se afecten más las cadenas de suministros de toda nuestra industria y con ello se profundice la crisis económica.

Es indudable que en los días previos al discurso presidencial del 6 de agosto hubo un incremento del precio del dólar en el mercado paralelo frente a la expectativa de un potencial anuncio de devaluación del boliviano; y cuando este anuncio no ocurrió, el precio del dólar bajo un poco, pero no a los niveles que las noticias falsas (con intensidad de propaganda pagada) se han difundido en las redes sociales. Frente a esta supuesta fluctuación abrupta lo que tuvimos es que el dólar paralelo desapareció generando mayor angustia en quienes requieren realizar pagos en el extranjero.

Lo cierto es que el anuncio del presidente sobre un posible referéndum solo ha contribuido a abonar el temor de que la crisis de gobernabilidad pueda acelerar la crisis económica ya que no presenta ninguna salida para los temas que realmente nos preocupan. Todo parece indicar que vamos hacia la tormenta perfecta: no hay claridad sobre las preguntas del supuesto referéndum que, por su carácter de reforma constitucional, no puede ser convocado por quien lo propone y por ello se sospecha que se podría forzar al Tribunal Constitucional para que emita una sentencia autorizando al poder ejecutivo a violar el artículo 400 de la Constitución. Así de mal estamos, llueve sobre mojado.

Entre tanto, los empresarios exportadores creen tener el sartén por el mango y se frotan las manitos pensando arrancar del Estado una serie de privilegios con los que soñaron durante años. Nada indica que el diálogo propuesto vaya a generar un incentivo para que estos señores traigan divisas, menos aún transparenten sus ganancias en estos tiempos de incertidumbre.

Hoy más que nunca necesitamos trabajo técnico para presentar un plan económico. Como nunca requerimos que el presidente Luis Arce, que viene del campo económico, presente soluciones razonables y de corto plazo. Y del conjunto de actores políticos, incluyendo la desprestigiada Asamblea Legislativa, se espera que abandonen el bloqueo y hagan su trabajo: lleguen a acuerdos sensatos que contribuyan a despejar la incertidumbre.

Lourdes Montero es cientista social. 

Cuando la falta de diésel y de dólares, el bloqueo de transportistas y la incertidumbre en torno a las elecciones judiciales nos mantienen bajo tensión, necesitamos buenas noticias que nos den señales de que la gestión pública no está inmovilizada.

Y esa señal la recibimos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), que lleva adelante la implementación del Modelo de Gestión de Redes, que busca articular el trabajo conjunto para luchar contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes en 125 municipios. Esta iniciativa apunta a la conformación de redes locales de atención y protección priorizando tres campos: eficacia financiera, efectividad en la prevención y mejoras en la atención de víctimas. Frente a los escasos recursos con los que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) cuentan, solo un modelo colaborativo podrá cubrir la demanda de sus poblaciones.

Reconociendo que tenemos un subregistro de la violencia en el país porque la información oficial la provee la Fiscalía, donde llega un número limitado de los casos, también es de vital importancia el funcionamiento efectivo del Registro Único de Violencia (RUV) como corazón del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), y del Módulo de Información de Defensorías (MID) que está integrado al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA). Esta información, adecuadamente recogida, es vital para un mejor diseño e implementación de políticas públicas.

Para que esta red involucre no solo a las instancias estatales, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, se reunió con representantes de 34 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para conformar la Mesa de Sociedad Civil para Coordinar la Implementación del Modelo de Gestión de Redes y así vincular todo el trabajo que estas organizaciones realizan en los territorios de todo el país. Luego de 11 años de implementación de la Ley 348, es la primera vez que el Estado convoca a un trabajo con estas instituciones, reconociendo su aporte a los resultados de la lucha contra la violencia y la respuesta fue el compromiso de fortalecer el liderazgo de la instancia estatal en su rol de rectoría de las políticas públicas.

En un momento en que Bolivia presenta cifras alarmantes sobre violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes; con la crisis de un sistema de justicia corrupto y la ausencia de instituciones como la FELCV o el Ministerio Público que dejan a las poblaciones en indefensión e impunidad, este tipo de iniciativas es crucial incluso como señal política para quienes intentan cuestionar el espíritu de la Ley 348, que tiene como horizonte garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Se trata de optimizar recursos, ya que el estudio del Ministerio de Justicia Estado de Situación de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia, muestra que de los 339 municipios en el país, solo 114 cuentan con una oficina de la FELCV, que es la primera instancia de atención e investigación de los hechos de violencia. La segunda instancia encargada de la investigación, posterior imputación y acusación es el Ministerio Público, y su presencia se circunscribe a 116 municipios. Así, en gran parte del territorio nacional hay ausencia de Estado, con la posibilidad de que se cometan serios abusos en derechos humanos.

Esas son buenas noticias. La convocatoria estatal al trabajo conjunto de todos y todas en la prevención y atención de la violencia implica una voluntad de avanzar incluso en un momento político y social de máxima tensión.

Lourdes Montero es Cientista social. 

Esta semana tuvimos un anuncio muy importante que, en medio de la intensa coyuntura noticiosa, pasó con muy poco impacto en el sentido común de las personas. El presidente Luis Arce anunció el descubrimiento de un megacampo en el norte del departamento de La Paz, que contiene una reserva de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural, calificado por la autoridad como «el descubrimiento más importante para Bolivia desde el 2005». Si bien esta noticia podía invitar a la celebración frente los riesgos en la caída de las exportaciones de gas y sus consecuencias en la contracción de nuestros recursos fiscales, el ánimo no fue del todo festivo por ponernos ante la dura realidad de nuestro destino primario exportador.

Por otro lado, las noticias sobre la exportación de minerales en Bolivia siguen constituyendo uno de los pilares centrales de nuestra economía. En 2023, Bolivia generó $us 5.601 millones y el metal que lidera las ventas al mercado internacional es el oro, seguido del zinc, la plata, el estaño, el plomo, el antimonio, el cobre, el wólfram y el hierro, entre otros. Así, llegando a las puertas de nuestro bicentenario, Bolivia sigue (y seguirá siendo) un país minero. Y el horizonte próximo nos coloca como potenciales exportadores de minerales críticos y tierras raras para sostener la transición energética del mundo puesto que, según el Ministerio de Minería, el país cuenta con una serie de recursos importantes, como por ejemplo cobalto y cobre en Potosí; uranio, titanio y niobio en Cochabamba; o tantalio y niobio, en Santa Cruz.

Por último, hace al menos tres decenios venimos discutiendo (y no así produciendo) carbonato de litio. Las reservas estimadas de Bolivia están entre las más grandes del mundo, con 21 millones de toneladas métricas. El litio, usado al menos en 10 industrias centrales del desarrollo, podría ser una pieza clave en el desarrollo de baterías para celulares, iPods y computadoras personales, además de baterías para vehículos eléctricos cuyo incremento de mercado promete el mejor futuro a este recurso.

Solo estos tres titulares parecen confirmar una realidad indiscutible: a pesar de todos los esfuerzos y la voluntad de los últimos 50 años, Bolivia en las próximas décadas profundizará aún más su destino de país exportador de recursos naturales. Somos y seguiremos siendo el primer eslabón de una cadena mundial de producción. Tal vez la única novedad con la que llegaremos a nuestro bicentenario es el agregado de la soya (y sus daños ecológicos) a esta corta lista de productos que sostienen nuestra economía.

Como lo hemos escuchado en distintos tonos y en diversos discursos, en la vida concreta de los bolivianos y bolivianas, contar con recursos naturales para explotar no siempre es una bendición. En la academia abunda literatura y estudios concretos de las llamadas maldición de los recursos o paradoja de la abundancia, que consisten en que las zonas más ricas en minerales y combustibles se desarrollan menos que los lugares en donde éstos no abundan. Por ello, en son de broma, se dice que el verdadero triangulo del litio lo constituyen China, Corea y Japón, que seguramente se quedarán con la mayor parte de la tajada de la riqueza producida por la venta de los productos tecnológicos que requieren litio.

Por ello, los descubrimientos de reservas indudablemente brindan la posibilidad de generar ingresos muy necesarios para nuestro país, pero al mismo tiempo vuelven a enfocan nuestra salud fiscal y apuesta al desarrollo en el círculo de escasez y bonanza de los recursos naturales. Hemos experimentado durante ya varios (y dolorosos) ciclos el carácter volátil, incierto y agotable de los ingresos provenientes de los recursos naturales, sin aprender mucho sobre las previsiones necesarias en las políticas fiscales basadas en el flujo de ingresos provenientes de los recursos naturales. Detenernos a pensar cuántos años se prevé que durará el recurso natural antes de agotarse, y evaluar el daño ecológico de su explotación, puede ser un necesario sinceramiento respecto a los nuevos descubrimientos de reservas de gas.

Lourdes Montero es cientista social

Perdemos confianza en la democracia. Ese es el dato más preocupante de los hechos recientes en torno a las acciones militares que pusieron en vilo a la población durante la tarde del 26 de junio. Perdemos confianza en las instituciones, único sostén del pacto social que nos permite vivir en comunidad. Y perdemos confianza en los líderes políticos que no asumen responsabilidades en torno a los hechos que, siendo ahora celebrados como comedia, podían devenir en tragedia.

En una reciente encuesta realizada por Diagnosis, solo un 49% de la población expresa su apoyo por la democracia, y la insatisfacción respecto a ésta, está en un peligroso 65%. Si a esto sumamos que el 60% expresa su desconfianza en el padrón electoral y que un robusto 43% pone en duda la transparencia en las próximas elecciones, todo indica que ingresamos a un ciclo electoral en condiciones de mucho desánimo y frustración social. De hecho, según información disponible, si la Asamblea Legislativa fuera cerrada, solo un 26% de la población estaría dispuesta a movilizarse para protestar y, si se cambiaran las fechas de las próximas elecciones, solo el 14% estaría muy dispuesto a protagonizar protestas para evitarlo. A las personas les preocupa su economía y todas las acciones de desencuentro, contubernio y bloqueo en el campo político solo contribuyen a profundizar la sensación de desprecio que sienten por aquellos que deberían estar contribuyendo a construir soluciones.

El espíritu del tiempo parece ser de incertidumbre, pesimismo y enojo contra los y las políticas. Y éstos/éstas parecen estar completamente desconectados con la realidad cotidiana de las personas. La compra de nuevos celulares para los representantes de la nación puede ser una anécdota en cualquier país del mundo, pero en Bolivia, con una Asamblea Legislativa tan desprestigiada, se ha convertido en tema de discusión durante varios días. Preocupa sobremanera incluso que, siendo testigos de un levantamiento militar transmitido en directo por todas las pantallas de nuestros televisores y celulares, horas después gane la incredulidad y duda, y finalmente se convierta en un meme.

Todo parece indicar que el escenario está servido para la irrupción de un nuevo rostro en la política. Ha ocurrido con Daniel Noboa que, siendo un desconocido meses antes de la elección, ha roto todas las expectativas de los analistas políticos. ¿Estamos a tiempo para que un personaje similar surja en Bolivia? No lo sé. Lo que sí debemos asumir es que el despliegue de los 20 candidatos (as) que tenemos en el horizonte no apelan a una población enojada y dolida por el bloqueo en todos los frentes, en un momento de tanta incertidumbre económica.

Pero lo que tal vez más nos preocupa en este momento es el profundo descreimiento de toda la institucionalidad. Volvamos a la evidencia que nos presentan las encuestas: el 67% no confía en el Gobierno; el 92% no confía en la Asamblea Legislativa Plurinacional; el 97% desconfía de las acciones del Órgano Judicial y el 93% no cree en el Tribunal Constitucional. Es decir, aquellas instituciones que resguardan el orden social no tienen ninguna credibilidad. Pero si vemos datos de instituciones como los comités cívicos (86%), los partidos (89%), el Pacto de Unidad (83%) o la Iglesia Católica (56%), tampoco salen mejor parados. Así, ¿en quién confiamos para construir una salida en este bloqueo político y empantanamiento económico?

Es momento de que todos los actores políticos asuman su responsabilidad en el intento de golpe de Estado. Las ideas de un militar desvariado solo pueden ser concebidas en un contexto bizarro como el que vivimos, donde la Sala Constitucional Segunda del Beni puede paralizar las elecciones judiciales. En un contexto así, las disputas en el interior del Movimiento al Socialismo solo incrementan el malestar y la intolerancia hacia una fuerza histórica que logró construir un horizonte de futuro que hoy está dispuesto a destruir.

Lourdes Montero es cientista social.