El juez Samuel Alito tiene razón. No se trata de la Constitución o del uso de la historia o de si Donald Trump tiene inmunidad total por los crímenes cometidos durante su mandato. No, el juez Alito tiene razón sobre el hecho de que existe un conflicto irresoluble en la vida política estadounidense.

Como le dijo a Lauren Windsor, una documentalista liberal que grabó subrepticiamente su conversación en una cena celebrada por la Sociedad Histórica de la Corte Suprema: “Un lado o el otro va a ganar”. Continuó: “Puede haber una manera de trabajar, una manera de vivir juntos pacíficamente, pero es difícil, ya sabes, porque hay diferencias en cosas fundamentales que realmente no se pueden comprometer. Realmente no pueden verse comprometidos. Así que no es que vayas a dividir la diferencia”.

Está claro, tanto por su retórica como por su jurisprudencia, que Alito se refiere a la guerra cultural. Su visión de una intolerancia religiosa casi tiránica no parece corresponder a la realidad de un país donde tres cuartas partes de los estadounidenses afirman tener una afiliación religiosa u otra, donde una gran mayoría de ellos se identifican como cristianos y donde la profesión de creencia religiosa es, en la mayoría de los lugares, un requisito de facto para un cargo público.

Aun así, hay un conflicto fundamental en este país. Pero no es el que Alito imagina. Más bien, es un conflicto entre quienes esperan preservar y expandir la democracia estadounidense y quienes pretenden asfixiarla.

Está Trump, por supuesto, que está llevando a cabo su tercera campaña para la Casa Blanca como un autoritario descarado. Ha prometido venganza y retribución por cada esfuerzo, por vacilante que haya sido, para responsabilizarlo por su comportamiento criminal, incluido su esfuerzo por anular los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Y cuenta con el respaldo de un grupo de burócratas dispuestos y deseosos de imponer su visión autocrática en todo el país.

El esfuerzo por poner al gobierno nacional en contra de la democracia estadounidense se refleja, a nivel estatal, en el esfuerzo por estrechar las vías de la disidencia política y la competencia electoral. En los estados donde los republicanos se han manipulado hasta alcanzar mayorías legislativas casi impenetrables, también han tomado medidas para tratar de cerrar los caminos que el público en general podría utilizar para que sus opiniones sean respetadas en el gobierno.

Los republicanos conservadores, que han adoptado la estrategia de “detener el robo” y ya están poniendo en duda cualquier resultado salvo una victoria de Trump en noviembre, no aceptan la legitimidad de sus oponentes demócratas. Creen que ellos, y solo ellos, tienen derecho a gobernar. Y están trabajando, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para limitar al máximo el derecho del pueblo a elegir a sus líderes.

El juez Alito participa en este esfuerzo desde su posición en la Corte Suprema. Y nuevamente, tiene razón. Hay conflictos irreconciliables y «diferencias sobre cosas fundamentales que realmente no pueden transigirse». Y lo más fundamental sobre lo que no se puede llegar a un compromiso es la cuestión de la democracia estadounidense. ¿Se mantendrá la República o caeremos en un futuro de gobierno minoritario?

Jamelle Bouie es columnista de The New York Times.

Donald Trump aún tiene que elegir un compañero de fórmula para su tercer intento de ganar la Casa Blanca. Pero parece tener al menos una prueba de fuego para cualquiera que espere desempeñar el papel de Mike Pence en una segunda administración Trump: no se puede decir que aceptará los resultados de las elecciones de 2024.

Trump no lo ha expuesto explícitamente, aunque ya ha dicho que no se comprometerá a respetar el resultado en noviembre. “Si todo es honesto, aceptaré con gusto los resultados. No cambio en eso”, dijo el expresidente en una entrevista con The Milwaukee Journal Sentinel. «Si no es así, hay que luchar por los derechos del país». Sabemos por las elecciones de 2020 que cualquier cosa que no sea una victoria de Trump equivale, para Trump, a fraude. También ha dicho que no descartaría la posibilidad de violencia política. «Siempre depende de la imparcialidad de una elección», dijo a la revista Time en otra entrevista.

Consulte: Musk, preocupado

No es necesario que Trump diga nada más; todos los republicanos que compiten por estar a su lado entienden que perderán su oportunidad si aceptan la norma democrática básica de que una pérdida no puede revertirse después del hecho. Cuando se le preguntó varias veces si aceptaría los resultados de las elecciones de 2024, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, uno de los principales contendientes para ser compañero de fórmula de Trump, repitió solo una declaración ensayada. “Al final del día, el presidente número 47 de Estados Unidos será el presidente Donald Trump”.

Otros candidatos a la vicepresidencia aún no han tenido la oportunidad de mostrarle a Trump su lealtad a su negacionismo electoral. Se supone que si se les da la oportunidad, lo harán.

Por mucho que la vicepresidencia haya tenido un papel limitado en el gobierno de la nación (excepto en aquellas ocasiones en las que el vicepresidente asciende al cargo principal debido a una tragedia o una desgracia), el puesto de vicepresidente en una fórmula presidencial a menudo ha sido de una importancia electoral suficiente para dar peso real a la elección.

Para los partidos políticos y sus candidatos presidenciales, la nominación a la vicepresidencia ha sido tradicionalmente una oportunidad para equilibrar la candidatura geográfica, ideológica o en términos de experiencia.

Hay algunos ejemplos famosos. El Partido Republicano que nominó a Abraham Lincoln, un moderado de Illinois, lo emparejó con Hannibal Hamlin, un republicano radical de Maine. El Partido Demócrata que nominó a John F. Kennedy, el joven senador liberal de Massachusetts, lo emparejó con Lyndon B. Johnson, el “amo del Senado” de Texas. Más recientemente, la elección de George HW Bush por parte de Ronald Reagan fue un esfuerzo por cerrar la brecha entre los republicanos conservadores y moderados, y la elección de Joe Biden por parte de Barack Obama proporcionó varios contrastes: de edad, de experiencia y de raza.

Trump adoptó la lógica del equilibrio en su primera campaña y eligió al gobernador Mike Pence de Indiana como señal de su compromiso con los intereses de los ideólogos conservadores y las prioridades de los evangélicos conservadores, especialmente en materia de aborto y el poder judicial federal. Si abrazara la lógica del equilibrio por segunda vez, elegiría a un compañero de fórmula que tuviera cierta distancia con el movimiento MAGA, alguien que pudiera hacerse pasar por un republicano “normal”, desinteresado en los compromisos más extremos asociados con Trump.

Es casi seguro que eso no sucederá. Y se espera que este vicepresidente haga lo que Pence no haría: mantener a Trump en el cargo, sin importar lo que diga la Constitución. La vicepresidencia podría haber sido una idea de último momento para los redactores: no pensaron que el papel sería gran cosa. La vicepresidencia ciertamente no es una ocurrencia tardía para Trump; para él, lo significa todo.

(*) Jamelle Bouie  es columnista de The New York Times

No hay ningún misterio en torno a las opiniones políticas de Elon Musk, el multimillonario ejecutivo de tecnología y redes sociales. Es un entusiasta proveedor de teorías de conspiración de extrema derecha y usa su plataforma en el sitio web X para difundir una visión del mundo que es tan extrema como desconectada de la realidad.

Musk está preocupado por la composición racial del país y la supuesta deficiencia de personas no blancas en puestos importantes. Culpa de los recientes problemas de Boeing, por ejemplo, a sus esfuerzos por diversificar su fuerza laboral, a pesar de los relatos fácilmente accesibles y ampliamente publicitados sobre una peligrosa cultura de reducción de costos y búsqueda de ganancias en la empresa.

La obsesión actual de Musk, como observa Greg Sargent en The New Republic , es el “gran reemplazo”, una teoría conspirativa según la cual las élites liberales en Estados Unidos están abriendo deliberadamente la frontera sur a la inmigración no blanca procedente de México, América del Sur y Central para reemplazar a la mayoría blanca de la nación y asegurar el control permanente de sus instituciones políticas. Musk está lejos de ser la primera persona en impulsar la teoría del “gran reemplazo”. No hace falta decir que es una idiotez. No existe una “frontera abierta”. No hay ningún esfuerzo por “reemplazar” a la población blanca de Estados Unidos. La diversidad racial no es un complot contra las instituciones políticas de la nación. Y la suposición subyacente del “gran reemplazo” —que, hasta hace poco, Estados Unidos era una nación racial y culturalmente homogénea— es un disparate.

Pero más allá de esta crítica obvia hay un problema más sutil con la presunción del “gran reemplazo”. Se basa tanto en una comprensión racial de la identidad política como en una comprensión racial de la identidad nacional. Como lo ven Musk y sus paranoicos de ideas afines, los votantes no blancos necesariamente serían demócratas. Con cada nuevo “ilegal”, el Partido Demócrata obtiene un nuevo voto. Pero no hay nada sobre el estatus migratorio o el contenido de melanina que exija una política liberal. Y, de hecho, hay cada vez más evidencia de una tendencia hacia la derecha entre los votantes no blancos, particularmente los de origen hispano. Si los votantes no blancos están en juego (si sus identidades partidistas son más contingentes que fijas), entonces también es cierto que los republicanos y los conservadores pueden simplemente competir por su lealtad de la misma manera que lo harían por los miembros de cualquier otro grupo.

Ahí está el problema. Creer que el “gran reemplazo” es cierto, es rechazar el dinamismo de la sociedad democrática. Es creer, en cambio, en un mundo de suma cero de identidades inmutables y las jerarquías que necesariamente siguen. No hay esperanza de persuasión (ni siquiera de política) si las personas pueden ser una sola cosa.

No sorprende, entonces, que el auge de la teoría del “gran reemplazo” haya ocurrido a la par del giro del Partido Republicano hacia el autoritarismo en la figura de Donald Trump. Si no hay persuasión, entonces lo único que queda es la dominación y el imperativo, entonces, de dominar a los demás antes de que ellos puedan dominarte a ti.

Jamelle Bouie es columnista de The New York Times.

Una de las sabidurías populares más perdurables sobre la política estadounidense es la noción de que una promesa hecha durante la campaña electoral casi nunca es una promesa cumplida. Lo único que se puede contar de un político, y especialmente de un candidato presidencial, es que no se puede contar con nada. En realidad, esto no es cierto. De hecho, existe una fuerte conexión entre lo que dice un candidato durante la campaña electoral y lo que hace un presidente en el cargo.

Incluso Donald Trump, que no es conocido principalmente por decir la verdad, cumplió las promesas de su campaña de 2016. Prometió, por ejemplo, construir un muro en la frontera con México y trató de construir un muro en la frontera con México. Prometió prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos y trató de prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos. El racismo abierto de Trump en el cargo, su postura de confrontación hacia Corea del Norte e Irán, e incluso su intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 también fueron presagiados por su retórica durante la campaña.

Lea también: No lo considere una contienda Biden-Trump

Lo que dicen un candidato y una campaña es importante. También importa cómo lo dicen un candidato y una campaña.

Con estas verdades en la mano, veamos la retórica de la actual campaña de Trump para la Casa Blanca. En mítines y entrevistas, el expresidente critica a sus oponentes políticos como enemigos de la nación.

«La amenaza de fuerzas externas», dijo Trump en un mitin el año pasado en New Hampshire, «es mucho menos siniestra, peligrosa y grave que la amenaza interna». Dijo que un crítico, Mark Milley, ex presidente del Estado Mayor Conjunto, merecía ser ejecutado por sus acciones durante el último mes de Trump en el cargo. Para Trump, cualquier intento de contener su autoridad equivalía a traición.

Otros críticos, ha dicho Trump, son “alimañas” y “matones”. Ha pedido la “terminación” de partes de la Constitución y ha dicho que si es elegido nuevamente, “no tendría otra opción” que encerrar a sus oponentes políticos. Dice que los inmigrantes de Centro y Sudamérica “están envenenando la sangre de nuestro país”.

Cuando se le dice, abiertamente, que está usando el lenguaje de Hitler y Mussolini (el lenguaje del fascismo), Trump lo acepta.

De ninguna manera nada de esto representa una declaración de política o planes futuros. No hay propuestas que extraer de los ataques del expresidente, de sus invectivas o de sus interminables denuncias. Se podría decir, si estuviera dispuesto a hacerlo, que fue solo retórica, llena de sonido y furia, que no significaba nada.

Sería un gran error. Quizás no podamos dar una explicación exacta de las consecuencias de la retórica violenta y fascista de Trump si se le concediera un segundo mandato, pero tenga la seguridad de que habría consecuencias. Dado el poder del gobierno federal y el respaldo total del Partido Republicano, investido de la legitimidad otorgada por la Constitución, liberado de las ataduras del escrutinio legal y consumido por una sed de venganza: “Yo soy tu retribución”, le dice a sus partidarios: no hay duda de que Trump actuaría según los deseos que ha expresado durante la campaña electoral.

Como prometió, liberaría a los alborotadores del 6 de enero que fueron procesados y encarcelados. Como prometió, desataría la aplicación de la ley federal contra sus oponentes políticos. Como prometió, haría algo con respecto a las personas que, según él, están “envenenando la sangre de nuestro país”. Intentaría ser, como ha dicho ante muchos aplausos de sus seguidores, un dictador “solo el día 1”.

Por supuesto, si hay una promesa que espero que Trump incumpla si regresa a la Oficina Oval, es esa. Si Trump quiere ser un dictador, dudo mucho que sea por solo un día.

(*) Jamelle Bouie es columnista de The New York Times

Es oficial: tenemos una revancha. Esta semana, tanto Joe Biden como Donald Trump consiguieron oficialmente los delegados necesarios para conseguir una nueva nominación en sus respectivas primarias. Esta será la primera contienda desde la carrera de 1892 entre Benjamin Harrison y Grover Cleveland, donde un exretador, ahora titular, se enfrenta a un extitular, ahora retador, para un segundo mandato en la Casa Blanca. Cleveland ganó su desafío, pero esto no nos dice nada sobre nuestra situación.

A decir verdad, existe una sensación generalizada en torno a estas elecciones de que no hay nada nuevo que discutir, que no hay nada nuevo que aprender sobre Biden y ciertamente nada nuevo que aprender sobre Trump. Pero si bien es justo decir que ya sabemos bastante sobre los dos hombres, todavía hay mucho que decir sobre lo que pretenden hacer con otros cuatro años en la Casa Blanca.

Lea también: No es una colmena de abejas

Tanto Trump como Biden tienen planes de largo alcance para el país, cualquiera de los cuales transformaría a Estados Unidos. Por supuesto, una de esas transformaciones sería para peor y la otra para mejor.

Empecemos por lo peor. Ya sabemos que los principales objetivos de Donald Trump para su segundo mandato son la democracia y el orden constitucional estadounidenses. Para Trump, los fundamentos de la gobernanza estadounidense (separación de poderes, una función pública independiente y la selección popular de funcionarios electos) son un obstáculo directo a su deseo de protegerse, enriquecerse y extender su gobierno personalizado lo más lejos posible del país.

Pero un segundo mandato de Trump no se trataría solo de abuso de poder, erosión de los controles y equilibrios y elevación de una variedad de hackers y apparatchiks a posiciones de autoridad real. También se trataría del esfuerzo concertado para hacer del gobierno federal un vehículo para la distribución ascendente de la riqueza. Trump incluso ha dicho que está dispuesto a recortar Medicare y la Seguridad Social, una medida que podría ser necesaria si los republicanos logran privar al gobierno federal de casi $us 4 billones en impuestos.

Biden quiere algo muy diferente para el país. Su primer objetivo, para empezar, es preservar y defender el orden constitucional estadounidense. No subvertirá la democracia estadounidense para convertirse en un hombre fuerte como Viktor Orban, quien recientemente se reunió con Trump en Mar-a-Lago.

Lo que Biden intentaría hacer, si su propuesta de presupuesto sirve de indicación, es revitalizar el Estado de seguridad social. Su propuesta, publicada el lunes, exige alrededor de $us 5 billones en nuevos impuestos a las corporaciones y a los ricos durante la próxima década. Esto pagaría, entre otras cosas: un plan para extender la solvencia fiscal de Medicare, un plan para restaurar el crédito tributario por hijos ampliado promulgado en el Plan de Rescate Estadounidense al comienzo de su administración, un plan para garantizar un acceso anticipado y de bajo costo. cuidado infantil para la mayoría de las familias y un plan para ampliar la cobertura del seguro médico en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible. En resumen, Biden espera cumplir con las prioridades demócratas de larga data.

Hay un punto más amplio que se desprende de este resumen breve de las prioridades de cada candidato. Los estadounidenses están acostumbrados a pensar en sus elecciones presidenciales como una batalla de personalidades. La personalidad ciertamente importa. Pero podría ser más útil, en términos de lo que está en juego en una contienda, pensar en las elecciones presidenciales como una carrera entre coaliciones de estadounidenses en competencia. Diferentes grupos y diferentes comunidades, que quieren cosas muy diferentes, a veces mutuamente incompatibles, para el país.

La coalición detrás de Joe Biden quiere lo que las coaliciones demócratas han querido desde al menos la presidencia de Franklin Roosevelt: asistencia gubernamental para los trabajadores, apoyo federal para la inclusión de los estadounidenses más marginales.

¿En cuanto a la coalición detrás de Trump? Más allá del deseo insaciable de reducir los impuestos a los intereses monetarios de la nación, parece haber un deseo aún más profundo de una política de dominación. Trump habla menos de política, en cualquier sentido, que de vengarse de sus críticos. Solo le preocupan los mecanismos de gobierno en la medida en que sean herramientas para castigar a sus enemigos.

Y si algo nos dice lo que Trump quiere es que el objetivo real de la coalición Trump no es gobernar el país, sino gobernar a otros..

(*) Jamelle Bouie es columnista de The New York Times