Dibujo Libre

La reciente elección de directivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reveló una serie de fenómenos que permiten retratar el momento especial que vive la política boliviana. Entre estos, el efecto que tiene la división del MAS-IPSP en el sistema de partidos: de su mayoría absoluta la bancada del MAS-IPSP ahora está conformada por dos minorías y, que, al tener intereses fuertemente enfrentados entre sí, ahora dependen a regañadientes del voto de sus antiguos rivales. Quiere decir, en un proceso de fragmentación, ahora se tienen cuatro partidos minoritarios que se ven obligados a negociar entre sí para ejercer poder legislativo. En tanto que la derecha pasa a tener “votos de oro”, se da el crecimiento inesperado e inmerecido de estos partidos sin iniciativa y capacidad, como consecuencia de la crisis política del campo nacional-popular.

Parte de la misma crisis, avanza otro proceso igual o más grave por sus posibles consecuencias que rebasan en mucho el interés particular de los partidos. Nos referimos a la expansión del poder político de la justicia, cada vez más central como ente dirimidor de los conflictos políticos, sea en la esfera legislativa, partidaria e incluso orgánico-sindical.

Uno podría constatar este fortalecimiento en dos movimientos: el primero, no existe fuerza política o social que apruebe el desempeño de la justicia, llegando su rechazo a más del 70% de los bolivianos según CELAG (2023) y que el anhelo por su reforma ha sido proferido tanto por derecha como por izquierda. Sin embargo, el segundo movimiento es que no podríamos estar más lejos de la reforma y ningún partido tiene la fuerza -o no quiere tenerla- para “poner en su lugar” constitucional este ente, como tampoco la sociedad, aparentemente desgastada por tantos años de presión consecutiva. Al contrario, con el cinismo de quien no le debe nada a nadie, a pesar del rechazo, el Órgano Judicial logró dejar en una incógnita el futuro de las elecciones judiciales vía mecanismos políticos. Por lo cual, no nos parece exagerado afirmar que la justicia está aumentando su presencia como actor político en el tablero boliviano.

¿Pero cuáles son estos mecanismos políticos, que ya fueron usados pero que ahora crecen por la crisis política del campo nacional-popular? En términos generales, mientras el partido gobernante supuso una imponente fuerza, plegarse sin más al Ejecutivo. Una breve mención de este problema en la historia reciente, que ilustre la “flexibilidad táctica” del “partido judicial”, tendría que tomar en cuenta la sentencia del TCP del 2017 que habilitó la participación del ex presidente Evo Morales a las elecciones generales del 2019, pese al referendo del 2016. A continuación, después del golpe de Estado en contra de Evo Morales en 2019, el TCP reconoció, mediante un comunicado espurio, el ascenso de Jeanine Añez al poder. La corona: este mismo Órgano Judicial fue cómplice de la persecución y encarcelamiento de más de un millar de personas -la mayoría masista- durante el régimen de Añez.

Ahora bien, este carácter de la justicia lejos de mejorar durante el gobierno de Luis Arce solo ha empeorado. Porque si antes la justicia -con nitidez el TCP- se plegaba sin más a un Ejecutivo gobernado por un fuerte partido mayoritario, o después a uno autoritario de facto, ahora con un Ejecutivo fragmentado y con serias necesidades de maniobreo político, parece que ganó mayor capacidad de negociación y, por lo tanto, de torcer más la vara a su favor.

En ese sentido, observamos el exitoso rechazo de la cúpula judicial a la reforma judicial y a la elección de nuevos magistrados. En septiembre de este año, el TCP frenó la “Ley Transitoria para Elecciones Judiciales” impulsada por la Cámara de Senadores, al aceptar la consulta del Tribunal Supremo de Justicia sobre su constitucionalidad. El absurdo varias veces señalado: los magistrados de dos instituciones del Órgano Judicial preguntándose a sí mismas si deben ser cambiados al año, perdiendo sus prerrogativas. Como se diría, siendo juez y parte al mismo tiempo.

Para estos fines el Ejecutivo piloteado por Luis Arce han sido más que colaborativo. En lo que se refiere a la Reforma Judicial, Iván Lima tuvo el mandato de llevarla a cabo desde el inicio de su gestión. Sin embargo, lejos de proponer un proceso amplio y popular, como se esperaría del MAS-IPSP, por su historia, se habló de una “comisión de notables” que nacía amputada en tanto no iba pasar por un cambio constitucional, quiere decir, pudiendo reducir la arbitrariedad política de la justicia, incluido el TCP.  A la fecha incluso esa idea fue abandonada.

Por el lado de las elecciones judiciales, Jerges Mercado como presidente de la Cámara de Diputados renovador, evitó con rudeza cualquier tipo de tratamiento de la Ley de Convocatoria a Elecciones Judiciales, coadyuvando a que sea imposible que se celebren este año. Así mismo, Juan José Jáuregui, conocido diputado renovador, en vez dar prioridad a esta ley ante los tiempos que corrían la envió a consulta a siete instituciones del Órgano Judicial, retrasándola aún más.

A cambio, el Ejecutivo también se benefició: el TCP evitó hasta la fecha que los ministros de Luis Arce sean censurados al admitir un amparo en contra de la facultad constitucional de la ALP de fiscalizar, y, poco después, trató de anular el X Congreso de sus rivales en el MAS-IPSP.

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Esto nos lleva a dos consideraciones de fondo. Primero, en tanto que el problema de la arbitrariedad política de la justicia en Bolivia persiste a diferentes gobiernos que pasan, independiente de su signo ideológico, se entiende que es un problema estructural de nuestro Estado y por lo tanto debe ser reformado. Ahora bien, las condiciones políticas actuales profundizan su deterioro, sirviendo en esta ocasión al afán del gobierno de Luis Arce de controlar cada vez más instituciones que no le competen, ya sea por “gobernabilidad” como le dicen, o por su intento de hacerse con la sigla del MAS. El agravante, no obstante, es que en tanto que la sociedad observa un comportamiento político en las instituciones y perciben que otras actúan igual, se empieza a atribuir las mismas razones. Y en Bolivia deberían estar más que presente las graves consecuencias que tiene que nuestras frágiles instituciones caigan en el descrédito, haciéndolas incapaces de conjurar el conflicto. Cuestión particularmente grave para un Órgano Electoral -ahora que el TSE anuló el X Congreso del MAS- sumergido en la difícil tarea de ser reconocido como un árbitro imparcial en una sociedad tan conflictiva como la nuestra.

Segundo, así como el bloque oligárquico-señorial se fortalece con la crisis política del campo nacional-popular, también lo hacen los demonios que habitan el Órgano Judicial. Los casos recientes de Argentina y Brasil deberían ser suficientes para alertar de los peligros que supone este fortalecimiento político de la justicia. En nuestro caso un fortalecimiento por encima de la ALP que está en los hechos reducida.

Dicho de forma directa, estos distintos episodios nos parecen los adoquines que pavimentan el camino al lawfare: el “partido judicial”, y no la población, sea quien decida quién va a las elecciones, sea por anulación o cárcel. Por lo tanto, la agenda de transformar de la justicia debería estar por encima de las disputas partidarias y volverse una voz en común.

(*)Andres Huanca Rodrigues es antropólogo social