En medio de una crisis económica, financiera y energética histórica, el gobierno de Arce llamó a Rusia para enfrentar la situación. Bolivia está experimentando su peor contracción económica desde el cambio de milenio, mientras que las reservas de moneda en dólar se han reducido a solo $us 200 millones. En comparación, el Reino Unido tiene $us 112.000 millones en reservas.

En todo el país, el mercado negro de dólares está en auge, con muchos revendedores comprando dólares a un precio 50% más alto que la tasa de cambio oficial. También se han formado filas en las estaciones de servicio del país, ya que los suministros de petróleo de YPFB casi se han agotado. Para mantener bajos los precios del petróleo y evitar una catástrofe política, el Gobierno ha liberado reservas de emergencia e importado petróleo de Rusia.

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Algunas regiones también están experimentando cortes de gas y electricidad debido al racionamiento, con el Gobierno firmando acuerdos de importación con Gazprom, la empresa estatal rusa de gas natural. El año pasado, el Gobierno boliviano incluso firmó un acuerdo monetario con Rusia, pero el rublo, que sigue cayendo, está lejos de llegar a las calles bolivianas. Aún así, Luis Arce ha declarado que “nadie quiere usar el dólar”, mientras la mayoría de los bolivianos se preparan para que la crisis empeore.

Desde la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, con la contundente elección de Evo Morales en 2005, Bolivia ha aumentado su asociación con Rusia. Mientras tanto, se ha alejado gradualmente de los Estados Unidos.

Rusia ha buscado amigos en América Latina para ayudar a construir alianzas alternativas frente a su isolación global por su invasión y ocupación ilegal de Ucrania. Hasta ahora, Bolivia ha cumplido su parte, votando abrumadoramente con Rusia en las Naciones Unidas y aumentando sus enlaces geopolíticos con la potencia antidemocrática en Moscú.

El MAS, incluido el presidente Luis Arce, ha culpado de estas recientes crisis nacionales a Estados Unidos y a los “mercados capitalistas volátiles”, sin pruebas. A finales de junio, el país sufrió un intento de golpe de Estado por parte del general del Ejército Juan José Zúñiga. El Gobierno culpa a los estadounidenses, otra vez sin pruebas. Arce, en una entrevista con Russia Today, poco después del fallido golpe, declaró que intereses extranjeros intentaban “volver a un oscuro pasado de dictadura”.

La mayor asociación de Bolivia con Rusia presenta una prueba geopolítica clave para Estados Unidos y la orden liberal internacional. Dadas las tensiones entre los gobiernos occidentales y los gobiernos del MAS desde 2005, se espera desde hace tiempo un momento para mejores relaciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, permitir que Rusia siga financiando su guerra ilegal en Ucrania, y sus otras actividades criminales y antidemocráticas, a través de sus empresas energéticas, podría resultar una costosa apuesta geopolítica, por medio de sanciones estadounidenses contra Bolivia.

Las sanciones probablemente afectarían los precios de la energía y otros mercados cruciales para los bolivianos y podrían causar un gran golpe político a la dominación electoral del MAS sobre el país. La oposición ha criticado a Arce por su cercanía con Rusia, particularmente en temas energéticos, argumentando que el país estaría mejor comerciando con Estados Unidos.

Con las elecciones presidenciales el próximo año, la energía y la economía podrían dominar el ciclo electoral del país y determinar a sus ganadores y perdedores. Los resultados de las elecciones podrían estar determinados por el impacto económico de las sanciones. Arce debe elegir su destino con prudencia.

(*) Joseph Bouchard es periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reporteo en Bolivia, Colombia y Brasil

Dada la larga historia de Bolivia y América Latina de lidiar con perturbadores militares de la democracia e invasores extranjeros, es comprensible por qué tantos bolivianos ahora expresan sus dudas sobre el golpe del 26 de junio, con muchos creyendo que el intento fue un autogolpe del presidente Arce para consolidar su poder. Sin embargo, no hay pruebas concretas para dar vida a esta teoría, y afirmar el contrario es irresponsable dentro de una democracia frágil.

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Algunos maquinistas políticos han galvanizado su apoyo público detrás de la teoría conspirativa del “autogolpe”, incluso Evo Morales y sus acólitos, también como la derecha, luchando por respaldo electoral a aproximadamente un año del día de las elecciones. Tanto Morales como líderes de derecha, incluidos Agustín Zambrana y plataformas de redes sociales de derecha como El Bunker han estado difundiendo ávidamente información engañosa, exagerada o falsa sobre el intento para reforzar el apoyo a la teoría del autogolpe. Incluso el propio general Juan José Zúñiga afirmó que Arce lo había instigado, sin proporcionar ninguna prueba, alimentando aún más el fuego de la desinformación.

Andrés Gómez de la Torre, analista de seguridad peruano, refirió el escenario como de un “golpe rústico” o “artesanal” por lo improvisado y mal elaborado en su intento. Sostiene que la falta de coordinación y planificación fue clarísima en la intentona de toma del poder, recuerda además el precedente de 2019 con el protagonismo del general Williams Kaliman, haciendo notar la  existencia de nuevas modalidades de intervencionismo militar en la región andina.

Maxwell Cameron, profesor de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, dijo que “un autogolpe no comienza con un levantamiento militar, sino con el presidente declarando: hemos llegado a una situación insostenible, no tengo más opción que cerrar el Congreso y suspender la Constitución porque necesito estos poderes para resolver la crisis.” También dijo que “todo esto parece mucho más un intento convencional de golpe militar, un intento que, por lo demás, está muy mal preparado.”

Tenemos muchos ejemplos para reforzar este modelo de autogolpe: Perú con Castillo en 2022, Turquía con Erdogan en 2016, Rusia con Putin en 2020, El Salvador con Bukele en 2021, y Venezuela con Nicolás Maduro en 2017. El intento del 26 de junio no cumple con esos criterios, pero encaja en la definición tradicional de un golpe militar fallido. Han habido numerosos ejemplos de tales golpes militares fallidos en el pasado reciente, incluso uno en Bolivia en 1984 contra el presidente Hernán Siles. Debemos enfrentar este momento de crisis y fortalecer nuestras instituciones democráticas, no debilitarlas.

Además, difundir esta teoría, que hasta donde sabemos es infundada, es perjudicial para la estabilidad política, la democracia, la alfabetización mediática y la confianza del mercado. Difundir teorías conspirativas sin responsabilidad conduce a una mayor polarización, en un país ya plagado de frecuentes protestas masivas (algunas violentas) y una democracia frágil.

La falta de medios independientes hace que la información dependa en exceso de medios comerciales, redes sociales y medios políticos, lo que permite la difusión de conspiraciones sin una respuesta creíble y racional de los verificadores de hechos. Los inversores extranjeros, al observar el clima político en Bolivia, pueden entonces mirar a este país lleno de oportunidades y decidir no invertir, siendo la estabilidad política un factor crucial para atraer inversión extranjera. Con Bolivia enfrentando bajas perspectivas de inversión, penurias de hidrocarburos y bajo capital, el pueblo boliviano no puede permitirse otra crisis. Lamentablemente, para algunos políticos en este país, una victoria política personal barata parece valer el costo social.

Sabiamente, la comunidad diplomática y mediática internacional (con credibilidad) se ha abstenido de dar fuego a la teoría del “autogolpe” sin evidencia. Algunas agencias de noticias, como Associated Press y Agence France-Presse, se han esforzado en decir que hasta ahora no hay evidencia detrás de la teoría del autogolpe. La clase política y mediática boliviana debería hacer lo mismo para asegurar el futuro de la democracia boliviana.

(*) Joseph Bouchard es un periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reportaje en Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia

Bolivia está más cerca que nunca de incumplir su deuda. Actualmente, necesita unos $us 3.000 millones mensuales para mantenerse a flote y afrontar el pago de su deuda. Para alcanzar esta cantidad, el gobierno de Arce había aceptado préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, bancos centrales de inversión respaldados por el gobierno chino, y había apostado fuertemente por nuevos ingresos provenientes de los nuevos acuerdos de extracción de litio con China y Rusia.

Sin embargo, el gobierno de Arce rechazó recientemente los pagos de préstamos del FMI y la producción de litio solo ha alcanzado el 1,5% de lo deseado, según fuentes en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Como resultado, ha tenido que pedir prestado más fondos al Banco Central, pero éste se está quedando sin oferta (dólares), lo que, junto con la devaluación del dólar, está vaporizando los ahorros nacionales.

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Incluso los préstamos necesarios para que el gobierno de Arce pueda cumplir con sus obligaciones de solvencia están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están siendo bloqueados, en parte, por miembros de la coalición de Evo Morales, miembros de la oposición de derecha y algunos miembros de la propia coalición de Arce. La oposición en la Asamblea tiene una variedad de demandas, incluidas elecciones judiciales más tempranas para magistrados dentro del Tribunal Supremo y concesiones económicas para mantenerse al día con los costos de vida mientras Bolivia enfrenta su situación económica más precaria en dos décadas.

Siguiendo de cerca la crisis, las agencias de calificación internacionales, incluidas Fitch y Standard & Poor’s, han rebajado la calificación crediticia (para la seguridad de inversión) de Bolivia a una CCC. Esto está a solo un paso de una calificación de DDD, o default, en la que solo países fallidos o países frágiles como Burkina Faso, Sri Lanka, Pakistán, Argentina y Ucrania se encuentran. Bolivia acaba de unirse a ese grupo de Estados. Al decir, históricamente, esto es el peor momento para invertir en Bolivia. Peor aún, las agencias internacionales de calificación le han dado una perspectiva negativa, lo que significa que es probable que la calificación baje de CCC a DDD.

Un default sería un resultado catastrófico para Bolivia y significaría una toma completa de las instituciones financieras públicas bolivianas (incluido el Banco Central) por parte de instituciones financieras internacionales. Una adquisición requeriría un programa de reajuste estructural, lo que significa que Bolivia tendría poco o ningún margen de maniobra en sus finanzas y sus políticas serían dictadas por prestamistas extranjeros para garantizar que su deuda se pague en su totalidad. Por el momento, solo Argentina está cerca de recibir este tratamiento, después de haber pasado por una toma de control similar a la de un default por parte del FMI durante las últimas dos décadas. Grecia todavía no se ha recuperado completamente de su default debido a una crisis financiera y económica en los años 2000 y 2010. Tener que pasar por el mismo episodio destruiría la seguridad económica de millones de bolivianos, y seguramente significaría el fin de la presidencia de Arce.

Fuentes cercanas al Banco Central de Bolivia y al gabinete de Arce revelan que una táctica considerada por el Gobierno sería poner un recorte significativo a los subsidios a los hidrocarburos. Estos subsidios equivalen aproximadamente a la discrepancia necesaria para que el gobierno de Arce continúe con los pagos de su deuda, y recortarlos podría ayudar a sortear los bloqueos en la Asamblea. Sin embargo, recortar los subsidios significaría una fuerte caída en la producción de energía, lo que llevaría a mayores costos de energía y electricidad para todos los bolivianos.

Los miembros de la oposición también se verían afectados, ya que quedaría claro para el público boliviano que la oposición en la Asamblea, incluida la coalición de Evo Morales y la oposición de derecha en Santa Cruz, eran el principal impulso detrás de esta inminente crisis económica. Por lo tanto, todos los actores involucrados incurren en un costo político significativo al impedir que se resuelvan los pagos de la deuda.

(*) Joseph Bouchard es un periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reportaje en Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia