Por más que el gobierno de Luis Arce Catacora gaste y destine millones de bolivianos en publicidad en diferentes medios de comunicación y sus ministros junto a sus directores de diferentes áreas salgan, con un libreto predeterminado, para negar y jurar que en Bolivia no hay “gasolinazo”, el preocupante desabastecimiento de hidrocarburos, desde hace meses, echan por tierra el ya no creíble discurso gubernamental.

La mala administración gubernamental está conllevando a situaciones jamás vista desde los últimos veinte años. La desesperación en la ciudadanía por conseguir gasolina y diésel ha hecho incluso que en las redes sociales se inunden mensajes en busca de los carburantes porque en muchas estaciones de servicio del país se agotan rápidamente sus suministros.

A las largas filas en los surtidores, desde hace ya seis meses, de camiones, ómnibus, buses coaster, tractores, o cisternas de agua que utilizan diésel, en las últimas semanas se han sumado miles de automóviles del transporte privado en busca de gasolina especial. Tras peregrinar por varias estaciones de servicio y tras largas horas de hacer fila, cuando le llega el turno para su respectivo carguío, el personal les comunica que se terminó la gasolina Especial (litro a 3,74 bolivianos) y que solo queda las gasolinas Premium Plus (6,18 bolivianos) y Ultra Premium de 100 octanos (6,82 bolivianos). Ante esta situación, al usuario no le queda otra opción que adquirir las nuevas gasolinas con un precio más elevado.

Desde el pasado 7 de agosto, el Gobierno, de manera maquiavélica, está quitando parcialmente la subvención de los hidrocarburos. Obliga a la población a comprar los dos combustibles con precios más altos y ha dejado de suministrar paulatinamente el carburante subvencionado. Esta medida no solucionará la crisis económica que vive el país, solo aliviana un poco el gasto que realiza en la compra del hidrocarburo.

Recordemos también que meses antes, Arce Catacora había propuesto realizar un referéndum sobre la subvención de la gasolina, propuesta que fue observada y rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Las observaciones fueron aplaudidas por la población y por los partidos de oposición porque consideraron que el presidente Arce “quería lavarse las manos” y dejar a los bolivianos y bolivianas decidan qué hacer con la subvención.

A principios de semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso al mercado interno un nuevo combustible denominado Diésel ULS que es el resultado de la mezcla del diésel oíl con biodiesel y que será comercializado en las plantas de almacenaje de YPFB para grandes consumidores o clientes directos, previa suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y el comprador.

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La falta de combustibles en todo el país, provoca largas filas en las estaciones de servicio. El Gobierno atribuye el problema a los bloqueos evistas y en Arica. Excusas que ya nadie cree porque los bloqueos en las carreteras datan de hace diez días. En tanto, la escasez de combustibles lleva ya meses.

La falta de dólares para la compra de hidrocarburos es una espada de Damocles para el Gobierno. Si bien autorizó al sector privado (especialmente a los agricultores) la importación directa de combustibles la medida no ha servido de nada, porque el sector del agro no es importador de energéticos. La falta de dólares y el tipo de cambio paralelo genera incertidumbre en los financiadores del agro que dejaron de entregar créditos al sector.

A la falta de combustibles se suma la falta de dólares y esto ha hecho que de manera alarmante se incrementen los precios de los alimentos en todos los mercados del país. El poder adquisitivo de la población está perdiéndose poco a poco, lo cual repercute negativamente en la economía nacional. La crisis económica boliviana es ya una realidad, pero para el Gobierno, que no reconoce su mala administración, es una crisis producto del contagio de las economías de los países vecinos. Mientras tanto, la población y sectores sociales anunciaron realizar una serie de protestas y cacerolazos contra la incapacidad gubernamental de hallar una solución a la crisis política, económica y social que impera en el país.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

El gobierno del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, cumplió un año de su brutal represión contra el pueblo palestino al que ya puede calificarse como genocidio porque han muerto alrededor de 42.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.

El 7 de octubre de 2023, Israel respondió con furia el ataque de Hamás perpetrado en territorio hebreo. Más de 1.000 combatientes de Hamás perpetraron un ataque en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Beeri y el festival de música Nova. El ataque se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles (al menos 280 mujeres y 40 niños, según el informe posterior de la ONU) y 314 militares. Un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.

Sin embargo, esas cifras quedan cortas ante la represión israelí. Datos del ministerio de Sanidad de Gaza indican que la ofensiva israelí se ha cobrado la vida de 41.909 personas —casi 17.000 menores— y ha causado 97.303 heridos, en solo 12 meses de exterminio palestino.

El genocidio israelí no solamente se refiere a los muertos y heridos, sino también a miles de prisioneros palestinos que colman los centros de detención israelíes. El Club de Prisioneros y la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros palestinos denuncian las sistemáticas redadas de las fuerzas israelíes en territorios palestinos, que incluyen asaltos a viviendas, destrucción de infraestructura y asesinatos extrajudiciales.

Solo en septiembre las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes ejecutaron alrededor de 1.334 ataques en la Franja de Gaza en las que incluyeron expropiación de tierras, expansión de las colonias, ejecuciones extrajudiciales, sabotajes, así como demoliciones y confiscación de propiedades.

El asedio y ataques israelíes también han colapsado el sistema de salud en Gaza, apenas 15 de los 38 hospitales permanecen parcialmente en funcionamiento. El 65% de las instituciones de salud están dañadas y con una ocupación del 300%, especialmente en unidades de cuidados intensivos, lo que hace difícil la atención sanitaria, especialmente la de 50.000 embarazadas y 12.000 pacientes de cáncer. También se ha conocido que en los últimos doce meses al menos 986 miembros del sector sanitario fueron asesinados por las fuerzas armadas israelíes. Además, alrededor de 130 ambulancias quedaron fuera de servicio o están bajo los escombros producto de los constantes bombardeos por parte del Ejército sionista.

Debido al genocidio, la Franja de Gaza afronta también una crisis humanitaria sin precedentes. Un informe elaborado por diversas organizaciones como Save the Children, Oxfam o el Consejo Noruego para los Refugiados, que trabajan en la zona de conflicto, denunció que Israel está bloqueado el 83% de la ayuda alimentaria que necesita la población. Los gazatíes han pasado de tener un promedio de dos comidas al día a solo una cada dos días. Se estima que, para finales de año, 50.000 niños de entre 6 y 59 meses necesitarán urgentemente tratamiento por desnutrición.

Los últimos diez meses se han caracterizado por la existencia de dos ciclos simultáneos: la destrucción en Gaza y la incapacidad internacional para detenerla. Mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU, ordenaba el 26 de enero a Israel a tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva meses intentando promulgar sin éxito una resolución para el alto el fuego, debido a los vetos de Estados Unidos, aliado estrecho de Israel, por considerar los términos de la misma un obstáculo a las negociaciones, si bien acabó absteniéndose en una votación el 25 de marzo, facilitando la aprobación de un texto incumplido hasta el momento.

Lo cierto es que el genocidio israelí sobre los palestinos deja varias secuelas para los años siguientes por el número de víctimas, niños y niñas huérfanos, daños a la infraestructura, desplazamientos forzados, hambruna, infinidad de enfermedades y por la polarización extrema de las direcciones políticas tanto en el movimiento islamista Hamás como por el Gobierno sionista de Israel.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

La marcha pacífica convocada por el expresidente Evo Morales y los movimientos sociales denominada “Marcha para salvar Bolivia” ha demostrado una vez más la unidad inquebrantable que existe entre los sectores más desprotegidos de la Bolivia profunda. Campesinos, mineros, obreros, juntas vecinales, sectores de profesionales, entre otros, salieron para que se halle soluciones de fondo a los actuales problemas que vive el país como son la escasez de dólares, combustibles, encarecimiento de algunos productos básicos de la canasta familiar y contra la corrupción en esferas del gobierno central que dirige Luis Arce Catacora. Además, exigir que se respeten las resoluciones del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS-IPS) realizado en la localidad de Lauca Ñ, que no fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, en el que se definió por mayoría absoluta la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales del próximo año.

Desde el primer día que la multitudinaria marcha pacífica se dirigía a La Paz en un afán, por demás descarado de desprestigiar el movimiento de miles de bolivianos, el Gobierno nacional comenzó a propagar como un reguero de pólvora la idea que la marcha era un “intento de golpe de Estado”, denominándola como “la marcha de la muerte”. Calificativos llenos de desprecio hacía miles de campesinos, obreros, mineros, hombres, mujeres de todos los estratos sociales, que su único error es creer que otra Bolivia puede ser posible.

Tuve la posibilidad de asistir a la primera jornada de la marcha de 30 kilómetros entre Caracollo y Vila Vila y tuve el privilegio de observar que la “Marcha para Salvar Bolivia” era toda una fiesta popular, donde sus integrantes compuestos por miles de personas de diferentes movimientos sociales, en medio de cánticos, irradiaban alegría y esperanza por días mejores para el país. Categóricamente puedo desmentir que los integrantes de la marcha hayan tenido objetivos violentos como el que propaga el Gobierno. Fui testigo de cómo la agresión nació de parte de los simpatizantes a la administración de Arce Catacora, en su mayoría empleados públicos de los ministerios de Estado, policías de civil y mineros, quienes se habían parapetado en la localidad de Vila Vila y en los cerros que la circundan a la espera de los marchistas. Cerca al mediodía del martes 17, las huestes gubernamentales agredieron físicamente a los ocupantes de una movilidad quienes se dirigían a la marcha con banderas del MAS. Lo paradójico de esta agresión fue que se cometió frente a un equipo de prensa de la televisión estatal que no tuvo la más mínima intención de filmar la tremenda golpiza. Por demás está indicar que la “prensa libre” solo informa lo que les conviene. Por ejemplo, el hecho de que Morales tuvo que dejar la marcha por algunas horas en un automóvil de alta gama fue cobertura de todos los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta la campaña gubernamental y de algunos medios de comunicación contra la marcha pacífica, no le quedó otra opción a Morales que denunciar que el gobierno de Arce Catacora formó “grupos de choque” para desbaratar a los movilizados. Además, en un acto para precautelar la integridad física de los marchistas, y su posible detención, solicitó la intervención de la ONU en la movilización.

El Gobierno puede jurar y volver a jurar que respeta cualquier movilización o demanda social, pero el grueso de la población ya no le cree. Ya no cree a un Gobierno que constantemente ha mentido indicando que la economía gozaba de buena salud, que los dólares iban a volver a circular, que la distribución del diésel mejoraría, que los precios de la canasta familiar se estancarían, que la industrialización de Bolivia avanzaba a paso firme, que desbarató un intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, por citar algunas mentiras de la actual administración política. El pueblo sabe muy bien que el objetivo principal del gobierno de Arce Catacora es la eliminación política de Morales y del MAS-IPSP, y para lograr ese objetivo tiene que “mentir, mentir que algo quedará”, al mejor estilo del nazi Joseph Goebbels.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Venezuela se ha convertido en un país satanizado por los principales medios de derecha, de extrema derecha y por parte de gobiernos que han venido a denominarse capitalismo 2.0. La intoxicación informativa de la que es presa el país llanero se intensificó tras las últimas elecciones presidenciales de las cuales el oficialismo y la oposición se declararon ganadores. Constantemente, los medios de comunicación sacan de sus portadas temas como el genocidio israelí sobre los palestinos o minimizan la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el tema venezolano abre siempre sus ediciones.

Desde hace más de veinte años cada vez que la oposición pierde los comicios acusa de fraude, pero cuando las gana como ocurrió en el referéndum por la reforma de la Constitución en 2007 o en las elecciones legislativas de 2015 reconoce los resultados electorales.

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En las presidenciales del 28 de julio pasado, los líderes de la oposición prometieron expulsar al presidente Nicolás Maduro, pero han fracasado. Tomando como antecedente el golpe de Estado en Bolivia de 2019 contra el presidente Evo Morales, gritaron a los cuatro vientos “fraude”. Lo que la opinión pública desconoce es que un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) atrasó los datos al momento de la transmisión de los resultados electorales el día de la elección presidencial. El candidato de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, de la derechista Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cantó fraude junto a su jefa política, luego de que el CNE reconociera a Maduro como candidato ganador con más del 50% de los votos.

Maduro acudió el 2 de agosto a la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para dirimir la controversia presentando la documentación electoral en su poder; pero el candidato González Urrutia que tenía cita para el jueves 8 de agosto y citado en dos oportunidades más para entregar sus actas electorales para ser peritadas, no acudió. Ante el requerimiento de la Justicia, el domingo a González Urrutia no lo quedó otra opción que huir de Venezuela y pedir asilo en España.

En un comunicado difundido en la red social X, de Elon Musk, González Urrutia afirmó que no reconocía a la sala electoral del TSJ como el órgano para dirimir las diferencias. Era evidente que no era el ámbito institucional y legal donde la PUD pretendía resolver el conflicto electoral, sino en las calles.

Tal como aconteció en 2013 y en 2017, grupos pandilleros contratados por el partido político Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, conocidos como “comanditos”, agreden con extrema violencia a aquellos que identifican con el chavismo. Según Machado, hay unos 60.000 “comanditos” en Venezuela y se crearon con la finalidad de garantizar el voto opositor, pero en los hechos operan como fuerzas de choque.

Las guerras en curso de cuarta generación incluyen como ingrediente el cibergolpismo. Algunos multimillonarios, obscenos financistas de aventuras para depredar recursos en beneficio propio, lo explican sin mediatintas. Elon Musk, propietario de X, desnudó ese sentimiento impune cuando ocurrió el golpe de Estado contra Evo Morales. “Derrocaremos a quien queramos”, escribió en su cuenta cuando todavía era Twitter, hoy X. Respalda con millones de dólares la candidatura del republicano Donald Trump en Estados Unidos y simpatiza con los neonazis de Alternativa para Alemania.

La oposición afirma que no existe la libertad de prensa. Pero recordemos que en ese país existen diarios y semanarios como El Nacional, El Universal, El Mundo, Tribuna Popular, Diario VEA, Diario 2001, Tal Cual, La Razón, Últimas Noticias, Analitica.com, Meridiano, Economía y Negocios. Y estaciones televisivas como Tves, Vale TV, VTV, Venevisión, Globovisión, Televen, Ávila TV, Telesur, Canal I, Fundación Audiovisual Nacional de Televisión, TV Familia, Meridiano Televisión, Catia TVE, la mayoría de ellos opositores al gobierno.

Estos hechos se resumirían con una frase del célebre músico y compositor español Joaquín Sabina: “Pero los diarios no hablan de ti ni de mi…”

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

En su discurso por los 199 años de Bolivia, el pasado 6 de agosto, el presidente Luis Arce Catacora sugirió que el país decida en un referéndum tres temas, que para él son “prioritarios” y que están relacionados con la reelección presidencial, la subvención de combustibles y la distribución de escaños legislativos. El miércoles planteó cuatro preguntas para la polémica consulta. Su llamado deja mucha tela por cortar, especialmente sobre la consulta que tiene que ver con la «reelección continua o discontinua del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia».

Ante la crisis de la economía que ya golpea a millones de bolivianos, la falta de dólares, la escasez de carburantes, el aumento de los precios de la canasta familiar (regidos por un incipiente mercado paralelo del dólar), las constantes advertencias sobre el costo de los pasajes del transporte público y del pan de batalla, el Presidente salió con su propuesta fuera de foco.

Qué lejos ha quedado aquella persona que, con conocimientos profesionales de economía, supo dirigir durante más una década la economía nacional llevándola a ser tema de análisis y de admiración por gobiernos amigos y enemigos del Estado Plurinacional. Hoy por hoy, Arce, fungido como presidente boliviano por el voto de millones de personas de la Bolivia profunda, hace un pedido netamente electoral, de ambición personal y de angurria de poder.

Con su pedido de referéndum, el mandatario denota una profunda fragilidad gubernamental, busca liberarse de la responsabilidad de tomar decisiones como jefe del Estado y traslada la consulta a la población para que sea ésta la que vaya a definir o solucionar problemas que le queman las manos.

La propuesta de llevar a referéndum la distribución de escaños ya está determinado en la Constitución Política del Estado. Para eso se realizó el Censo de Población y Vivienda y sus resultados son sagrados, y por lo tanto el presidente tiene que aceptarlos y no necesita ningún referéndum para cumplir con la Constitución.

Con relación a la subvención de los hidrocarburos, la propuesta no es válida porque es una decisión netamente gerencial y técnica de parte del Estado, que a través de sus técnicos en hidrocarburos debe encontrar medidas que vayan a solucionar este problema. Es cierto que el país pierde millones de dólares por la subvención, pero hay mecanismos para hallar una solución de fondo a esta problemática. En este punto, es ridículo preguntar a la población si está de acuerdo en que se le incremente el precio de los combustibles de acuerdo a los precios internacionales del barril de crudo de petróleo. Obviamente que ningún ciudadano estará de acuerdo en pagar precios más altos por la gasolina o el diésel.

Respecto a la propuesta de la reelección presidencial, Arce demuestra el temor que tiene ante una eventual participación del expresidente Evo Morales en la contienda electoral de 2025. Hasta el momento, el gobierno de Arce ha puesto en marcha un macabro mecanismo como el prebendalismo, la represión, la persecución y las amenazas a los principales dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) para inhabilitar a Morales de cualquier elección.

Antes de la propuesta presidencial de referéndum, el jefe del MAS había planteado realizar elecciones primarias, abiertas o cerradas, dentro el partido político más grande de Bolivia para elegir a los candidatos que vayan a participar de la carrera electoral de 2025, pero el Presidente no aceptó y por medio de sus operadores políticos inventó un ardid indicando que no corresponde.

El Gobierno y el mismísimo Arce saben y son conscientes de que no tienen respaldo de parte de la militancia y de la ciudadanía por el mal manejo económico, político y social que llevan a cabo. Para muestra un botón: ante cualquier convocatoria gubernamental los que acuden a las concentraciones son en su mayoría empleados públicos y gubernamentales de los cuatro puntos cardinales del país que van a “apoyar al Gobierno”, caso contrario son amenazados con perder sus fuentes de trabajo. Esta práctica fue implantada desde la siniestra vicepresidencia encabezada por David Choquehuanca que, por medio de prebendas y pagos, ha logrado comprar la consciencia de trabajadores y de algunos movimientos sociales, especialmente en el altiplano boliviano.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional