La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inicia la próxima semana audiencias inéditas con el objetivo de establecer un “marco jurídico” sobre cómo los países debieran proteger el medioambiente y pronunciarse sobre las consecuencias si no lo hacen.

A partir del lunes, abogados y representantes de más de cien países y organizaciones presentarán sus declaraciones ante este tribunal internacional con sede en La Haya, en Países Bajos, que es la máxima instancia judicial de la ONU.

Vea: La IA y los creadores musicales

Las expectativas de los activistas del medioambiente respecto a este proceso son dispares. Algunos consideran que la opinión de los jueces de la CIJ tendrá un impacto en la lucha contra el cambio climático.

Otros temen que la petición de un dictamen consultivo no vinculante, que tendría el respaldado de esta instancia de la ONU, en realidad tenga un efecto limitado y probablemente tarde meses, o años, en emitirse.

Estas audiencias empiezan días después del cierre de las ásperas negociaciones climáticas en la COP29 de Azerbaiyán, en las que los países desarrollados se comprometieron a financiar con al menos 300.000 millones de dólares anuales la adaptación y la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo, de aquí a 2035.

Los países en desarrollo tacharon de “insulto” el acuerdo que, además, no menciona ningún compromiso mundial para dejar los combustibles fósiles que provocan en gran parte el calentamiento del planeta.

El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para remitir dos preguntas clave a la CIJ.

La primera es qué obligaciones tienen los Estados en virtud del derecho internacional respecto a la protección del sistema climático de la Tierra contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

La segunda es cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de estas obligaciones dado que los Estados “por acción o por omisión, han causado daños importantes al sistema climático y a otros elementos del medioambiente”.

La segunda cuestión evoca también las posibles responsabilidades jurídicas de los Estados por los daños causados a países pequeños más vulnerables y a sus poblaciones, especialmente en el Pacífico.

El año pasado, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución para solicitar un dictamen consultivo a la CIJ.

Algunos de los principales contaminantes del mundo, entre ellos los tres principales emisores de gases de efecto invernadero (China, Estados Unidos e India), figuran entre los 98 países y 12 organizaciones que deben presentar sus observaciones.

En dos semanas de audiencias previstas, otras instancias como la Unión Europea o la Organización de Países Exportadores de Petróleo deberán expresar también su posición.

(*) Jan Hennop es periodista de AFP