“No tenemos relación de negocios con Harold Lora”, de esta forma el alcalde de La Paz deslindó cualquier nexo con el empresario aprehendido la última semana de mayo por denuncias de estafa; evidentemente, si hablamos de competencias, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ni ningún funcionario dependiente tiene la atribución para intervenir en un proceso de compraventa de inmuebles; sin embargo, sí tiene la función de regular el uso de suelos y los parámetros de edificación a través de las subalcaldías, en palabras simples, dichas instancias son las encargadas de evitar que proliferen los edificios fuera de norma.

En 2017 se aprobó la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, la que establece que las subalcaldías urbanas son las instancias encargadas de realizar la fiscalización y el control del territorio en materia de ordenamiento y administración territorial en su jurisdicción, asimismo, tienen a su cargo la generación de sanciones a las construcciones ilegales, teniendo la facultad de establecer medidas correctivas y precautorias como compromisos de adecuación, paralizaciones de obra, decomiso de maquinaria, generación de multas e incluso llegar a la demolición. Sin embargo, la realidad es que prácticamente ninguna de estas acciones se materializa en ningún tipo de construcción ilegal; evidentemente, el proceso es tedioso y burocrático, sin embargo, hablando propiamente del famoso caso de las construcciones realizadas por Las Loritas, existe un margen de tiempo extenso sin que la administración edil haya realizado siquiera notificaciones a los inmuebles, aspecto que dio curso a que se ejecuten sin problemas.

En la administración pública local, la responsabilidad por la función pública puede generarse por acción u omisión, esta última se define como la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas y criterios para el desempeño de la función pública, es decir, el actuar con pasividad, negligencia, no acatar la norma conociendo un hecho ilegal o, en jerga coloquial semejante a la que usa el alcalde, simplemente hacerse al loco. Estas contravenciones a la norma se constituyen en un hecho que conllevan responsabilidad, más todavía siendo este hecho conocido por la administración municipal.

Por otro lado, el hecho que compromete sobremanera al alcalde y subalcaldes es el no haber realizado las acciones sancionatorias descritas, pues los edificios fueron construidos, concluidos, publicitados y comercializados como legales. Cuánto hubiera ayudado a los ahora afectados conocer que estas construcciones se encontraban en un proceso administrativo de fiscalización, nadie invierte los ahorros de su vida en algo ilícito. Es ahí donde se evidencia cierta parcialidad con los promotores de las construcciones que hoy en día están en el ojo de la tormenta; evidentemente, no se emitieron permisos de construcción, planos aprobados o planos as built, pero, de acuerdo con lo manifestado por el propio secretario municipal de Culturas y mano derecha del alcalde, se tenía conocimiento de esta situación hace bastante tiempo y el reconocer que estas construcciones no tienen permisos y no se realizó ninguna acción los compromete más, incluso más que admitir que el empresario Lora apoyó en el proceso de campaña electoral, tal y como lo dijo un concejal del oficialismo.

Hoy, el Ejecutivo edil vive una de las crisis más complicadas a tres años de gestión. Si hablamos de competencias, no se realizó el control territorial que manda la norma y existe responsabilidad. Harold Lora cuenta ahora con una tercera detención preventiva y es probable que a él se sumen varios amigos o conocidos de campaña, esos que dizque solo aparecen en una fotografía.

Rodrigo Mamani
es arquitecto municipalista.

La ciudad de La Paz, debido a su topografía y el descontrolado crecimiento territorial, es susceptible a eventos adversos en riesgos y desastres naturales, eso no es novedad; desde la lamentable riada de 2002, pasando por el megadeslizamiento de Callapa en 2011, ha sufrido constantemente por el tema de riesgos.

Esta problemática ocasionó que la agenda municipal gire en torno a un enfoque de ciudad resiliente, entre 2005 y 2015 se constituyó en una ciudad con la capacidad de planificar y actuar en torno a eventos adversos por desastres naturales.

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Sin embargo, hoy se desnudan una serie de debilidades como gestión municipal para afrontar esta problemática, no solo desde un enfoque técnico-operativo-administrativo. En menos de una semana se suscitaron eventos como el sifonamiento de la calle 17 de Obrajes, el desmoronamiento de mazamorra en San Isidro, el derrumbe de un talud en Jinchupalla y estancamientos de agua en cunetas y desbordes en ríos de la ciudad.

Si bien se debe reconocer que la actual época de lluvias presentó mayores precipitaciones pluviales que años anteriores, el problema de fondo dista de la magnitud o continuidad de lluvias.

Es necesario hacer hincapié a la falta de empatía y gentileza del Alcalde, quien como es usual, ingeniosamente respondió a la consulta de un medio con la ya famosa frase: “¿Qué quiere, que pare la lluvia?”, respuesta que nos transporta a un ya lejano 2019 cuando el entonces gobernador Félix Patzi generó una expresión tan cómica como bochornosa al evadir responsabilidades y responder: “¿Qué voy a hacer yo en el lugar? No soy tractorista”, respuestas que hacen notoria la falta de interés de ambos por dar una solución tangible o al menos algo de serenidad a la población.

Por lo descrito, es menester reconocer que La Paz no tiene autoridades a la altura de la situación y mucho menos una planificación, evidentemente, “esto es normal”, nos encontramos en una época de lluvias, sin embargo, los sucesos descritos (y los que seguramente vendrán) son el resultado de una incapacidad edil frente a un escenario de atención que se debería planificar cada año.

La ex Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos fue rebautizada como Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, nombre tan rimbombante como alejado de lo que realmente hace dicha instancia. La falta de planificación en materia de riesgos y en prevención es nula, pues no se trabaja desde una visión resiliente y manifestarlo no es “mala leche” ni mucho menos “mala fe”, es la realidad. Es por tal motivo que el reto del Alcalde está en inicialmente sobrevivir a la actual época de lluvias, sin que se generen siniestros o perdidas personales y materiales a raíz de eventos adversos; paralela y urgentemente, trabajar desde ya en un plan de acción y prevención para la época de lluvias de 2024-2025, año preelectoral para los comicios subnacionales de mayo de 2026, momento en el que definitivamente su gestión será evaluada, siendo la temática de riesgos primordial dentro de muchos retos y no, cambiar las siglas de una instancia municipal, jugar a ser agente de tráfico o tener encuentros de boxeo verbal con medios y vecinos no es hacer gestión, La Paz necesita mucho más.

(*) Rodrigo Mamani es arquitecto