El MAS-IPSP ha sido el instrumento político más exitoso de la historia democrática de Bolivia. Entre 2005 y 2020 ganó cinco elecciones consecutivas con más del 50% de los votos, como ningún otro partido. Su hegemonía parlamentaria sepultó la partidocracia del cuoteo y las viejas coaliciones. Para comprender su éxito electoral, es necesario conocer la historia del movimiento indígena.

El voto universal de 1952 le otorgó derechos políticos a una mayoría de la población conformada por indígenas, mujeres y analfabetos que hasta entonces no votaban. Éste fue un hecho transcendental para la vida democrática del país, aunque todavía existan pensamientos retrógradas y discriminadores como los de Mario del Alcázar, quien lo calificó como un error histórico, y esto no es una mala interpretación de lo que dijo. Pero, lo realmente penoso no fue que puso al descubierto la ignorancia de quienes se sienten intelectualmente superiores al promedio de los bolivianos, sino sus fingidas disculpas. Más allá de su desliz, consciente o inconsciente, sus versos son portadores de un mensaje racial que aún está presente en algunos círculos políticos criollos que no ganan elecciones porque su espectro de votantes está limitado a sus parecidos.

De vuelta a la historia, a pesar de la aplicación del sufragio igualitario, el movimiento indígena fue utilizado por los gobiernos nacionalistas que se valieron del voto rural para continuar gobernando con base en prebendas y dádivas en alimentos, coca, alcohol y calaminas a las comunidades a cambio de votos o por la vía de la presión encarcelando a sus dirigentes hasta lograr su sumisión, lo que se llamó pongueaje político.

Las genuinas aspiraciones políticas indígenas tuvieron que esperar hasta la década del 70 con la formación del movimiento katarista. En 1978, el intelectual Faustino Reinaga fundó el Partido Indio de Bolivia (PIB). Ese mismo año surgió el Movimiento Indígena Túpac Katari (MITKA) y años más tarde, en 1985, el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL). Las primeras incursiones indígenas en el parlamento datan de finales de los 80. Empero, las disputas internas entre indígenas allanaron el camino para que los gobiernos neoliberales se perpetúen por 20 años en el poder.

El triunfo electoral del MAS-IPSP a partir de 2005 se basó en su capacidad de unificar los mundos aymara y quechua en una misma sigla y de representar los intereses de las mayorías humildes, marginadas y desposeídas que los partidos de izquierdas urbanas no lograron dar respuesta. A este movimiento se sumaron organizaciones y colectivos sociales de clases medias populares con las cuales se consagró un pacto de unidad. El MAS-IPSP fue depositario de los votos de los partidos de Condepa y UCS que lo antecedieron y cuyos líderes murieron prematuramente sin poder continuar con sus proyectos políticos.

El MAS-IPSP es un movimiento de origen indígena antes que mestizo o criollo, rural antes que urbano, anticolonial antes que republicano, de economía plural antes que neoliberal. La autoidentificación étnica y cultural fue la base para la adhesión de su militancia que permitió construir una misma visión de país y dio lugar a lo que hoy conocemos como Estado Plurinacional. Hoy, este proyecto político, tal como lo conocíamos, ha terminado porque el movimiento indígena está despedazado en varios frentes políticos, cómo ocurría en el pasado. Se anunciaron renuncias masivas de militantes. El bloque social-popular también muestra su alejamiento, a excepción de las huestes dirigenciales.

Las elecciones primarias pudieron ser el espacio democrático para resolver las disputas internas a las candidaturas. Ello habría evitado el quiebre del movimiento indígena y haberle dado incluso certidumbre política al electorado de oposición, pero los cálculos políticos primaron. En 2023, escribí un artículo en el que me preguntaba ¿si el movimiento indígena estaba completamente fracturado? ¿Si la fractura era irreversible o no? y ¿cuáles serían las consecuencias políticas si así lo fuera? (La Razón, 26 de marzo de 2023). Ahora puedo ver con claridad que esta fractura se ha consumado. La posibilidad de una candidatura única para el frente indígena y popular está anquilosada. La historia revelará en su momento quiénes fueron sus responsables.

Quienes hoy intentan destruir la sigla del MAS-IPSP o resignificarla no se han percatado que, más allá de la sigla y de intentar arrebatarle al movimiento indígena su historia, aún queda toda una institucionalidad democrática y cultural capaz de reorganizarse las veces que sea necesario. Porque frente a las tradicionales candidaturas con rostros mestizos y criollos, la identidad étnica y cultural será siempre el factor integrador del movimiento indígena y la única posibilidad que tienen las izquierdas en Bolivia.

Hay un común denominador entre todos los economistas bolivianos, que es: ¡la hora de los ajustes ha llegado! Atrás quedaron los gloriosos tiempos de la estabilidad y la bonanza económica. Pero donde muchos no nos ponemos de acuerdo es en el cómo y quiénes tienen que asumir los costos.

Los detractores del modelo plural se preparan para extraer de las entrañas de la economía nacional, el maloliente gasto público que —a su entender— es el villano de la falta de dólares, la escasez de combustibles y la inflación de alimentos que se ha convertido en el cáncer de la economía, y su deber: ¡extirparlo! Atención a todos: preparen el bisturí, desinfecten las tijeras, afilen el machete o enciendan su motosierra favorita, que la operación al sector público está a punto de comenzar.

Desde la sala de emergencia, el matasanos neoliberal anuncia con júbilo que realizará una cirugía de trasplante porque observa que el cáncer está muy avanzado. Es la llamada terapia de privatización de empresas públicas. Sin embargo, por miedo de ser tachado de “privatizador” o “vende patria”, y para no tener que ruborizarse, asume una posición más cauta y sugiere el cierre en lugar de su venta. Poco después se da cuenta que clausurando todas las empresas estatales ahorraría Bs 2.000 millones, que es el déficit promedio de los últimos años, sobre un desequilibrio global de más de Bs 35.000 millones. ¿Dónde realizar la liposucción siguiente? La privatización le habría dado jugosos ingresos a cortísimo plazo, pero desafortunadamente deberá conformarse solo con su cierre hasta que encuentre la ganzúa que abra el candado constitucional, pero para ello necesitará una mayoría parlamentaria que no la tiene.

De pronto, parece en el quirófano un segundo curandero portador de buenas nuevas que recomienda una cirugía estética que consiste en rediseñar la estructura del sector público recortando el número de ministerios o fusionándolos. Para su infortunio, el especialista omite que, descontando las carteras de Relaciones Internacionales, Salud, Educación, Gobierno, Defensa, Justicia y Economía, el margen de posibles machetazos, se reducen a menos de la mitad de un PGE que para el año 2024 fue de Bs 22.665 millones. Si a ello le sumamos sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y planificación, las incisiones se achican a menos de un tercio, es decir, Bs 5.600 millones. Este monto sería borrado del exoesqueleto público dejando de proveer funciones importantes de la Constitución como Culturas, Medio Ambiente, Obras Públicas, Trabajo, Desarrollo Productivo y rural.

Antes que la anestesia del marketing político termine su efecto, un tercer cirujano echa pies en tierra y plantea una cirugía paliativa que, si bien no cura la enfermedad, mejora la calidad de vida de la economía. Propone mutilar la planilla de trabajadores sin resquemores. Lo que este especialista no toma en cuenta es que, del medio millón de ítems públicos, el 75% se destina a educación (44%), salud (15%) y fuerzas del orden (14%). Si a eso se suman los gobiernos autónomos (8%) y universidades (6%), el margen de acción para la carnicería estatal se reduce al 10%. Ese porcentaje multiplicado sobre una planilla salarial anual que ronda los Bs45.000 millones ahorraría gastos por Bs4.500 millones; eso sí, asumiendo el hipotético caso que se despide al resto de trabajadores, lo que elevaría la tasa de desempleo en más de 1%.

La temible palabra de ajuste hace eco en la boca de los políticos y economistas bolivianos críticos a la iniciativa pública. Pero más allá de ser reprochable el carácter cortoplacista, demagógico y poco imaginativo de sus medidas, dejan entrever que no son nada efectivas. Estas tres intervenciones fiscales demandarían un recorte fiscal de apenas un tercio de la hemorragia fiscal y con un enorme costo social. Detrás de la retórica de cambio de modelo y reducción del tamaño del Estado se esconden medidas que pretenden trasladar el costo a los más vulnerables.  Ciertamente, hay un debate en reducir el déficit fiscal, pero nadie te dice a cuánto hay que reducir. Te dicen que hay que endeudarse, pero no te dicen en cuánto. Tampoco te dicen de forma explícita qué van hacer con el tipo de cambio, cuánto van a devaluar la moneda. Estos temas los veremos en futuras entregas.

Un verdadero intento de ajuste fiscal deberá considerar al menos tres lineamientos esenciales que son innegociables: 1) mantener los logros sociales de reducción de pobreza y desigualdad del ingreso alcanzados en la década anterior; 2) la defensa de la propiedad estatal de los recursos naturales para el beneficio de los bolivianos y 3) el cuidado del medio ambiente.

Omar Velasco es habitante del Kollasuyo, yatiri económico y promotor del Vivir Bien.

Las empresas son duramente golpeadas por una crisis casi ineludible. La demanda interna se desacelera, y con ella, las ventas privadas. La inflación tiene como origen la elevación de los costos de importación —a causa de la escasez de dólares— dado que las empresas trasladan este incremento a los consumidores. Otras empresas se han visto obligadas a resignar menores ganancias o incluso sufrir pérdidas. La cadena logística para el aprovisionamiento de bienes y suministros se ha vuelto toda una vía crucis. La escasez de combustibles amenaza con la continuidad normal de los ciclos productivos. Los costos de los materiales de construcción están por las nubes. Algunas empresas ya se sienten al borde de la quiebra, otras optaron por reducir sus costos de manera extrema, se endeudaron o cambiaron de rubro, para no cerrar.

Pero, las realidades empresariales no son todas iguales. Mientras una gran mayoría afronta los embates de los desajustes macroeconómicos con valentía, un reducido grupo de empresarios, principalmente exportadores, hoy viven lo que podría considerarse un periodo de mini bonanza. Se benefician ampliamente de las subvenciones estatales, de la suba del dólar paralelo que ha elevado sus ingresos contables en un 90% y de las recientes deducciones impositivas concedidas por el gobierno.

El gobierno, por su parte, denuncia una guerra especulativa motivada por un trasfondo político que buscaría sabotear su gestión. El año comienza con más desconfianza y fricciones entre ambos sectores. Lo cierto es que el gobierno ha perdido su capacidad de estabilizar la economía por cuenta propia y ha cedido este rol tan importante al mercado.

Desafortunadamente, el mercado no funciona eficientemente. Hoy, las leyes de oferta y demanda invitan a especular, porque los incentivos individuales no están alineados con los colectivos. Hay incentivos al acaparamiento y desvío de bienes, lo que genera desabastecimiento y escasez de alimentos y dólares.

Ello no quiere decir que todas las empresas sean especuladoras. Por el contrario, son pocas empresas, pero con un poder económico asombroso. Estos empresarios deben ser conscientes que sus acciones están dañando a sus similares. Además, está claro que más inflación afectará tarde o temprano a la competitividad del país, porque si la producción nacional se encarece será más difícil luego exportar. Una inflación más alta detonará también incrementos salariales cada vez más altos, afectando a sus propios flujos de cajas.

Pero no todo está perdido, hay señales de entendimiento. Los representantes privados han mostrado ser mucho más pragmáticos —y no dejarse llevar por ideologías— porque han asistido a las convocatorias del gobierno a pesar de las críticas de sus afiliados. También se debe ponderar la voluntad del poder ejecutivo a reunirse, aunque más que un deseo aparente, parece ser un recurso de extrema necesidad, que lo ha llevado a ceder parte de la definición de la política económica y con quienes prácticamente ha coadministrado el país en los últimos meses.

En 2024, hubo varios intentos de diálogo y coordinación entre ambos estamentos, pero el problema es que estos acuerdos han sido poco efectivos en la práctica porque no se han dado cumplimento a los compromisos asumidos. El sector privado acordó importar de forma directa combustible, pero por el momento son pocas las empresas que tramitan su autorización, aunque la cifra va en aumento. También se dotó de una ventanilla única para facilitar las exportaciones y se prometió agilizar la devolución de los CEDEIM, a las cuales no se han acogido. También se ha liberado del pago del IVA y GA para la instalación de plantas de biodiésel, pero sin repercusión ninguna. El sector público también ha fallado. Se comprometió a gestionar nuevos financiamientos externos, que aún no lo ha hecho. También aseguró elaborar un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que todavía se desconoce. El gabinete de turismo no avanzó en 2024 y el lanzamiento del plan de turismo para el bicentenario se hizo esperar hasta el 12 de enero. Si bien se escogió una fecha conmemorativa, como es el Día Nacional del Turismo, ¿acaso no había la urgencia de hacerlo más antes?

Para superar esta difícil coyuntura, es fundamental que se reestablezcan las relaciones entre ambos sectores. Las empresas privadas tienen que contribuir a la estabilidad de precios en lugar de alentar la especulación. Aquí un listado de roles fundamentales a desempeñar por los privados: 1) eficiencia productiva; 2) contribución al Estado; 3) sustitución de importaciones; 4) responsabilidad social; 5) respeto al medio ambiente; 6) industrialización; y 7) innovación tecnológica. El gobierno por su parte debe dejar de enfrentarse con el sector privado y escuchar más las necesidades que afrontan. Del restablecimiento de las relaciones entre el sector público y privado dependerá la estabilidad económica de 2025.

Omar Rilver Velasco es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien.

En días recientes un expresidente del BCB hizo alusión a la deuda pública, alertando a la población que ésta estaría subestimada, al no considerarse los pagos retrasados con acreedores no financieros, lo cual, en la jerga fiscal, se conoce como deuda flotante. Infortunadamente en esta aseveración se confunde conceptos diferentes, que es menester aclarar a la opinión pública.

El manual de deuda pública del FMI la define como todos los pasivos que son instrumentos de deuda. En términos sencillos, son aquellas obligaciones del sector público frente a terceros. Cuando el sector público emite bonos y letras del Gobierno, la deuda pública se convierte en un instrumento financiero. Sus características más relevantes son el plazo, el interés y el vencimiento de la deuda. Los compromisos menores a un año son considerados de corto plazo; y aquellos que superan los 10 años, de largo plazo. La deuda pública de Bolivia de los últimos años está concentrada en bonos de largo plazo (de 10 a 100 años). Por excelencia, la deuda pública redime intereses, los cuales son pagados periódicamente o al vencimiento; mientras que el capital adeudado es devuelto en una fecha determinada.

En contraste, la deuda flotante es de muy corto plazo. En Bolivia ésta es reconocida solo por 15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal. Esta deuda hace referencia a los gastos comprometidos por el sector público y no pagados durante un ejercicio fiscal. Al ser reconocidos por el sector público, forman parte del registro de gasto fiscal. Esta deuda no origina el pago de intereses, porque no se trata de la emisión de títulos-valores; por tanto, tampoco tiene fecha de vencimiento, es decir, el pago es contra entrega.

La deuda flotante se origina como diferencia entre dos momentos contables: cuando se origina el gasto y cuando efectivamente se paga. Esto ocurre por ejemplo cuando algunas entidades no alcanzan a cumplir todos los momentos contables del gasto (asignación, compromiso, devengado y pagado). Por caso, cuando se ha avanzado en la construcción de una obra pública, pero ésta se encuentra en proceso de fiscalización o certificación. También puede ocurrir que un proveedor no haya entregado un bien al Estado, pero existe un contrato de servicio vigente. Dicho esto, se debe desmentir que haya una intencionalidad en el Gobierno por demorar los pagos a proveedores privados.

En otras palabras, si bien una definición más amplia de la deuda pública podría eventualmente considerar todos los pasivos del Gobierno, incluida la deuda flotante, los registros contables y financieros de ambas deudas son diferentes, así como su interpretación económica. La deuda flotante no es un instrumento financiero, por lo cual no se la puede consolidar con la deuda publica financiera. Es una cuenta que se origina en el gasto. Es decir que su naturaleza obedece al origen del gasto, y responde a la pregunta ¿cómo se origina el déficit fiscal? En cambio, la deuda pública responde netamente a las necesidades de financiamiento del sector público, y responde a la pregunta ¿cómo se financia el déficit fiscal?

Finalmente, llama la atención que una exautoridad que ha conducido la economía nacional por más de 10 años descuide estas diferencias sutiles al hablar de deuda estatal. No queremos pensar que se busca justificar las pésimas gestiones económicas impuestas en Argentina y Ecuador por gobernantes que comparten esta misma ideología. Ante la falta de ética profesional y la evidente intencionalidad de mostrar un panorama negativo de la salud de las finanzas públicas, es necesario aclarar a la población estos errores conceptuales en torno a la deuda pública.

+ Economista.