En el preámbulo de la Constitución Política del Estado, se señala “dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, con lo que se incorporan nuevos elementos transversales en todo el aparato del Estado boliviano, como la interculturalidad, la pluralidad, y la economía plural, intentando con esto generar nuevas formas de organización social, económica, jurídica y política, es decir, ir más allá de los postulados del pensamiento liberal.

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La visión del constituyente estuvo enfocada en el cambio de un modelo de Estado republicano con una económica neoliberal a un Estado plurinacional con una economía plural. Modelo económico plural en virtud al cual se ha reconocido a diferentes formas de organización económica; la comunitaria, la estatal, la social cooperativa y la privada. Los promotores de este modelo económico estuvieron esperanzados que con ella se lograría una distribución equitativa de la riqueza, para reducir la pobreza, la desigualdad social y generar mejores oportunidades para los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, este modelo después de 17 años expone sus debilidades poniendo a la economía del país en una encrucijada. La crisis institucional, la crisis del sistema político, situaciones permanentes de conflictividad social, han configurado un escenario alejado de la estabilidad política, del crecimiento económico y la seguridad jurídica. Un gobierno que está ausente de las necesidades de sus habitantes y débil en sus decisiones es más propenso a tomar medidas erráticas.

Ante escenario, y la probable agudización de todos estos componentes, las proyecciones de los organismos internacionales sostienen que la economía del país está ingresando a una situación crítica debido a una mayor inflación y un bajo crecimiento económico. Fitch Raiting, una de las más importantes calificadoras de riesgo crediticio internacional, bajó la calificación a Bolivia a un CCC- revelando no solo la fragilidad de las finanzas públicas del país sino también la falta de confianza en las medidas que el gobierno está ejecutando para revertir esta crítica situación. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional en su informe “La Consulta del Artículo IV”, ha señalado que Bolivia ante su difícil situación económica, debe de llevar a cabo medidas orientadas a un ajuste fiscal. Asimismo, la Fundación Milenio en su Informe de “Milenio Sobre la Economía de Bolivia” asevero que “a raíz de la falta de soluciones oportunas y eficaces, la economía boliviana continúa en caída creando incertidumbre sobre el rumbo de la situación económica del país”. Además, Andrónico Rodríguez, en el foro “Liderazgo para un Nuevo Ciclo”, sostuvo que el “modelo del MAS, el modelo plural, ha fracasado”, y esto, en su opinión, se debe a que la administración del presidente Luis Arce se abocó exclusivamente a administrar lo público, convirtiéndose en un Estado paternalista.

Pese a este panorama sombrío en la economía, Arce Catacora —quien fue uno de los promotores de este modelo económico estatista— sostiene que continuará impulsando este modelo a fin de alcanzar la independencia económica nacional. Lo que hace pensar que Bolivia recibirá su Bicentenario sumida en una crisis política, económica y social.

Ante estos hechos, si bien hay sectores sociales afines al gobierno que respaldan este modelo plural, sin embargo, los datos y las opiniones coinciden en afirmar que el modelo económico plural ha fracasado, por lo que demandan dar un golpe de timón a la política económica, en donde se dé fin al centralismo, al intervencionismo estatal, y se promuevan nuevas políticas orientadas al crecimiento económico, al respeto a la propiedad privada, al fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica.

(*) Marcelo Céspedes Cuellar es abogado y politólogo

Las normas están orientadas para regular el comportamiento de las personas para una sana convivencia en las sociedades, su incumplimiento implica la aplicación de sanciones. Es decir, el deber que todas las personas tienen al margen de cualquier condición o privilegio con respecto al cumplimiento de las leyes es substancialmente la obligación de someterse a los mandatos establecidos en las normas jurídicas. Normas que buscan garantizar el orden público, la protección de derechos y garantías constitucionales de las personas.

Este deber no solo conlleva la abstención de realizar conductas ilegales, sino también que obliga realizar acciones que la ley exige. Lo contrario, el desconocimiento a los mandatos legales, conlleva conductas reñidas por nuestras normativas. Conductas relacionadas con la evasión a la justicia implican sustraerse del accionar de las autoridades judiciales impidiendo que se apliquen las leyes, y estén inalterables la impunidad de hechos ilícitos. Estas acciones deliberadas de no sometimiento a la justicia conducen a la perdida de ciertos derechos, además de agravar la situación legal del evasor.

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Ervin Goffman, cuyos estudios se centraron en analizar la interacción social, la comprensión de la delincuencia y la desviación social, identificó a dos tipos de delincuentes; el que se esconde para evitar su detención, y el que se exhibe para obtener reconocimiento y atención. Evadir la justicia genera situaciones de desigualdad, en el que algunas personas con anuencia judicial o política eluden las consecuencias de sus acciones delincuenciales, mientras aquellas que por su precaria condición social o escasa influencia se someten a los dictámenes judiciales. En este ámbito hay aquellos delincuentes comunes que soportan todo el peso de la ley y los que están exentos del castigo de la justicia que gozan de ciertos privilegios, protección e impunidad a sus delitos. La diferencia entre ambos radica en que estos actúan protegidos por la sociedad, por los operadores de la justicia, y por el poder político. En cambio, los otros, los comunes, estos están destinados a su propia suerte.

Hay casos emblemáticos en el mundo de la política, de la farándula, de personajes públicos e influyentes, acusados por diferentes ilícitos como el relacionado con delitos sexuales a menores de edad. Casos que por su repercusión mediática han sido llevados a la pantalla grande, reproducidos en documentales, o libros, como el de la obra “Lolita” escrita por Vladimir Navocof en la que se relata la obsesión pervertida y manipuladora, que tiene el protagonista de esta obra, don Humbert Humbert, por una niña de 12 años, a quien la llama Lolita. Hoy en día lamentablemente vemos a muchos Humbert Humbert en las calles, reincidentes, fugitivos, impunes. Inclusive hay un personaje como el de Humbert Humbert, que ahora se mofa de la justicia, y quien sostenía que quien se escondía o escapaba era un delincuente confeso, no era un perseguido político.

Lamentablemente, hay quienes justifican estas acciones, es decir, pareciera que les da igual que sea malo, da igual que lo que se está haciendo sea inmoral, el hecho es que hay gente que lo justifica y llegan al grado de romantizar las acciones de estos delincuentes. Los bandidos o forajidos en el lejano oeste fueron hábiles en evadir a la justicia, hoy en día este calificativo se ha estilizado; en la jerga jurídica se lo conoce como rebelde. Al margen de estas denominaciones, de rebelde, fugitivo o forajido, que tienen cuentas pendientes con la justicia e independientemente de su condición política o privilegio de la que gozan es imperativo que se sometan a la justicia.

Países de la región han tenido a personalidades políticas evasivas a someterse a la justicia. Bolivia no es la excepción, también tiene al suyo que pretende entrar a la contienda electoral nacional.

(*) Marcelo Céspedes Cuellar es abogado y politólogo