El escándalo por la presunta estafa con $Libra, la criptomoneda que promovió el presidente argentino Javier Milei y que causó pérdidas millonarias a miles de inversores, no deja de sorprender tras conocerse que también llegó a Europa con una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España para que se investiguen, en ese país, las consecuencias de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo por el libertario.

Milei, que construyó su credibilidad con un discurso anclado en la honestidad y la pelea contra la “casta política”, sufrió el coletazo del escándalo financiero relacionado con la criptomoneda que lo posicionó en el centro de una polémica que se extiende más allá del ámbito económico, tocando también aspectos políticos y judiciales.

Una investigación de los principales periódicos de España da cuenta que uno de los cómplices de Milei en esta actuación fue el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, quien se jactó de sobornar a la hermana del presidente argentino a cambio de que le facilitara estos negocios. Davis reside parte del año en España, concretamente en Cataluña, junto a su padre, Tom Davis, condenado por fraude en Estados Unidos y miembro también de Kelsier Venture.

La Justicia argentina ya investiga a Milei por su rol en la presunta estafa perpetrada con la criptomoneda que él recomendó a través de sus redes sociales el pasado 14 de febrero. Cerca de las 18.00 (hora de Bolivia) de ese día, Milei presentó la $Libra en sus redes sociales, que calificó como “un proyecto privado (que) se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. A partir de ese momento, el valor de la criptomoneda escaló de forma exponencial hasta que las billeteras mayoritarias vendieron y el precio se derrumbó. Como resultado, unas pocas personas obtuvieron ganancias extraordinarias y miles perdieron todo lo invertido. Sin embargo, poco antes de la medianoche, entre cuestionamientos y acusaciones de estafa, Milei lo borró y sacó un comunicado en el que detallaba que había difundido la criptomoneda sin conocer a fondo el proyecto.

Este bochornoso hecho representa el primer gran escándalo de la presidencia del gobierno de Milei. El mandamás argentino corre el riesgo de erosionar la confianza que tiene entre sus seguidores. Pero Milei no es un “trigo limpio”, como se dice coloquialmente. El libertario que se ha destacado como un economista iconoclasta, comprometiéndose a controlar la inflación del vecino país y eliminar la corrupción entre la élite política, tiene oscuros antecedentes de corrupción. Desde que Milei arrancó con su carrera política, la recaudación de dinero informal fue una constante. Cobró cursos en dólares sin registrar, dio charlas para empresarios facturando sin ticket en la misma moneda y hasta le armaron cenas multitudinarias para hacerse de capitales que luego usaría para hacer crecer el partido, La Libertad Avanza.

El escándalo ya golpeó la imagen positiva que ostentaba. Una reciente encuesta reveló una baja del 2,5%, un cambio significativo en la percepción del presidente libertario que hasta hace pocos días encabezaba el ranking de los mandatarios sudamericanos mejor valorados por la ciudadanía. El estudio de CB Consultora, realizado entre el martes 11 y sábado 15 de febrero, mostró una tendencia clara: mientras la imagen de Milei venía en ascenso, esa mirada positiva comenzó a quebrarse tras los hechos de $Libra.

El escándalo crece y sus consecuencias políticas son aún difíciles de predecir. Un juicio político en su contra tiene pocas opciones de prosperar, porque la oposición kirchnerista difícilmente conseguirá los dos tercios de los votos que necesita para impulsarlo.

Su discurso dirigido para “combatir la casta” y “eliminar a los zurdos” está en tela de juicio. Los argentinos están cada vez más molestos con las medidas impuestas por su gobierno que impactan en la economía, la educación pública, la salud y, por, sobre todo, la sensación de tener un gobierno autoritario, sin libertad.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

En la primera semana de su gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en práctica los fundamentos del sistema político y el orden mundial que pretende implementar en los próximos cuatro años de su administración política, dejando en vilo tanto a migrantes, mandatarios, estadounidenses y a empresarios mundiales.

En un claro mensaje contra sus adversarios políticos, horas después de la toma de su posesión, Trump anulaba la decisión de Joe Biden sobre Cuba junto con una larga serie de órdenes ejecutivas. Su predecesor había retirado una semana antes a la isla de la lista de países que patrocinaban el terrorismo, para fomentar la liberación de presos políticos, decisión que fue aplaudida por La Habana.

Horas después, la administración Trump reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como “presidente legítimo” de Venezuela, asestando así un fuerte golpe al gobierno de Nicolás Maduro, quien había sido posesionado como mandatario una semana antes. Un día después de su posesión, Trump firmó un memorando de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos con el que autoriza el envío de 10.000 soldados más a la frontera con México, específicamente a San Diego, en California, y El Paso, en Texas (actualmente hay 2.500 efectivos en esos pasos fronterizos).

Trump aduce una emergencia nacional en la frontera con México, diciendo que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. La inmigración fue una promesa clave de campaña de Trump: ha hecho repetidas promesas de sellar la frontera y aumentar la vigilancia. El pasado viernes comenzaron los vuelos de deportación de migrantes ilegales desde territorio estadounidense.

Desde que ocupó el Salón Oval, Trump descerrajó una batería de decretos con importantes promesas de campaña para mostrar una presidencia arrasadora con las prioridades de su mandato. El miércoles pasado, el mandatario estadounidense amenazó concretamente a Rusia con imponerle impuestos, tarifas y sanciones si no hay un acuerdo con Ucrania para finalizar la guerra. Al día siguiente, hablando por vídeo desde la Casa Blanca a la cumbre anual del Foro Económico de Davos, en Suiza, Trump conminó a las empresas globales a “fabricar en Estados Unidos” o “simplemente pagar aranceles”.

Además, el líder republicano, que descarta la transición hacia energías limpias, instó a los países productores y exportadores de petróleo a bajar los precios del crudo. Recordemos que en su primer mandato Trump dejó aranceles contra Europa, golpes al orden multilateral, bofetadas a la crisis climática, amenazas varias a sus aliados en este lado del Atlántico. “Europa es un enemigo”, llegó a afirmar.

El segundo mandato no se anticipa mejor. En los hechos, el retorno de Trump es resultado de un golpe posiblemente mortal contra lo que queda de la democracia en Estados Unidos, y su segundo mandato debe ser de luto para lo que queda de esa república imperial. Su regreso al poder se debe a la profunda disfunción del sistema político.

El autocalificado “país de la libertad” está encabezado por un violador y abusador sexual, un estafador, un campeón de la mentira y un golpista que amenaza con usar a las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad, incluyendo las militares, para reprimir a sus opositores y a los migrantes.

Trump significa la anulación de derechos civiles, laborales y ambientales y otras conquistas sociales de las últimas décadas dentro del país. Con él en el poder se impulsará la xenofobia, se continuará la censura de libros, se garantizará el derecho sagrado a tenencia de armas de fuego; siempre y cuando los más ricos se hagan aún más ricos con su venta.

El presidente Trump ha enviado un mensaje fuerte y claro al mundo entero. Ante este mensaje, los principales actores mundiales están ante el imperioso desafío de elaborar sus estrategias de reacción ante la sacudida de nacionalismo económico que promete la presidencia trumpista. Mientras tanto, lo cierto es que, desde el pasado lunes 20 de enero, parte de los estadounidenses y el mundo entero hemos ingresado a vivir tiempos de incertidumbre y zozobra.

*Es periodista y analista internacional

Sin agenda y sin norte político, la oposición venezolana protagonizó un bochornoso y circense espectáculo político cuando dijo el jueves que la opositora María Corina Machado había sido secuestrada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Al más puro estilo de las fake news (noticias falsas), el equipo de apoyo de la opositora afirmó que las fuerzas policiales habían retenido a Machado tras ser interceptada y tumbada de una motocicleta en la que se trasladaba después de participar de una movilización opositora en Caracas; además, que hubo un herido tras la detonación de armas de fuego.

Este hecho fue la apertura de los noticieros televisivos en sus emisiones nocturnas en varios países de Latinoamérica. Lo paradójico de todo es que en ninguna de las imágenes televisivas ni de las redes sociales se escucharon detonaciones de armas de fuego, ni se vieron irrupciones violentas de parte de la Policía Bolivariana en contra de los manifestantes opositores.

La oposición y el Comando con Venezuela, equipo de campaña del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, no supieron explicar por qué el “régimen dictatorial” liberó a la exdiputada Machado después de su “captura”. Parece que el gobierno de Maduro no había sido tan “dictatorial” como lo califican varios gobiernos y medios de comunicación internacionales. Fue el mismo ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que, si el Gobierno chavista hubiera decidido capturar a la líder opositora, “ya estuviera detenida”. Veinticuatro horas después, la misma Machado dijo que fue detenida, atacada y que “abruptamente hubo una orden para liberarla”.

Muchos gobiernos y exmandatarios de la región buscan descarrilar a Venezuela y tratar de llevarla por los caminos del caos, la división, por los caminos del enfrentamiento y con el caos, la división, la violencia, hacer un llamado a una intervención extranjera militar, que es el sueño último de esta idea descocada del fascismo venezolano, de la extrema derecha, de tratar de aplicar un método de máxima presión, violencia y destrucción del chavismo. Desde hace años existe un movimiento mediático promovido en la prensa escrita, televisiva y en las redes sociales, para hacer ver a Venezuela como un estado fallido y desestabilizar a la nación. Y esta vez se ha sumado al mismo los medios de la socialdemocracia europea y latinoamericana, repitiendo los mismos argumentos sin base alguna.

En los últimos años, los principales opositores han huido de Venezuela, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien en noviembre de 2017 escapó a España después de ingresar ilegalmente a Colombia. El también opositor Leopoldo López llegó en octubre de 2020 a Madrid tras abandonar la residencia del embajador de España en Caracas. Allí permaneció como huésped durante 18 meses, justo desde que fue liberado en abril de 2019 de su arresto domiciliario por un grupo de uniformados dirigidos por el también líder opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En abril de 2023, entró a Colombia desde Venezuela en un viaje muy polémico al tratarse de la tercera vez que rompía la prohibición de Maduro de no salir del país por una orden de arresto sustentada principalmente en la «legitimación de capitales». En la actualidad vive en Miami, desde donde realiza un activismo político «discreto». Aunque técnicamente se encontraba bajo vigilancia y no arrestada, la exfiscal General, Luisa Ortega, tenía prohibido salir del país. Sin embargo, protagonizó un sonado escape en una lancha que la llevó a la isla de Aruba y de ahí viajó a Bogotá. Actualmente vive en la capital española. Desde que huyó a España en agosto pasado, González Urrutia amenaza con autoproclamarse gobernante de Venezuela, no precisamente de Maduro, sino de Guaidó, el olvidado títere a quien Estados Unidos ungió presidente interino entre 2019 y 2023.

Lo cierto es que con una oposición cada vez más débil y menos creíble, Maduro juró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 y Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares, el máximo disponible, la recompensa por información para detenerlo.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Sobre temas relacionados en economía el presidente Luis Arce Catacora no le acierta ni una. Hoy no queda nada de aquel exministro de Economía que puso a Bolivia en el ejemplo a seguir por los logros financieros que había alcanzado el programa económico del entonces gobierno de Evo Morales. El martes, el actual jefe de Estado vaticinó que en 2025 la situación económica va a mejorar, minimizando los reportes de organismos nacionales e internacionales que han observado con preocupación el desempeño de la economía nacional.

El mes pasado un informe de JP Morgan ubicó a Bolivia como el segundo país con mayor riesgo en América Latina, solo superado por Venezuela. Según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), Bolivia alcanzó los 1.945 puntos al 19 de noviembre de 2024, lo que refleja una percepción de alta desconfianza entre inversionistas internacionales. Otro informe de la agencia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings ratificó la calificación crediticia soberana de Bolivia como negativa, CCC+/C, debido a su débil capacidad para cumplir plenamente con sus compromisos de deuda en el largo plazo bajo un perfil externo frágil. Según otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país terminará la gestión 2024 con un crecimiento de apenas el 1,7%, uno de los más bajos en los últimos 15 años. Este dato es lapidario para el gobierno de Arce Catacora, puesto que Bolivia será la segunda economía con menor crecimiento en Suramérica y la cuarta en Latinoamérica, solo Ecuador con 0,8% está por debajo, mientras que Argentina presentará un decrecimiento de 3,2%.  Por último, un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que el país tuvo una inflación acumulada, a noviembre, del 8,82% y una interanual del 9,51%, debido principalmente a un déficit fiscal, siendo la más alta en los últimos 25 años. Para colocar la cereza sobre la torta, el informe 2024 de Latinobarómetro reveló que la aprobación del gobierno de Arce Catacora cayó al 9%, de un 46% de apoyo que tenía hasta el año pasado. Es el índice más bajo de respaldo de su gestión.

Con estos lapidarios informes, la situación económica del país es bastante compleja y tiende a desmejorar durante el 2025 porque la actual administración carece de un verdadero y profundo programa que vaya a controlar el constante desabastecimiento de hidrocarburos, la preocupante falta de dólar, el aumento de los precios de la canasta básica de los alimentos y el alto costo de la vida. De nada sirve que el presidente Arce intente minimizar la crisis económica que afecta a millones de bolivianos acusando al expresidente Morales por un bloqueo de caminos (que solo se efectuó en Cochabamba durante 24 días), bloqueo, que fue levantado los primeros días de noviembre, que denunciaba el encarecimiento de la economía nacional.

El déficit fiscal consolidado de los últimos 12 años, en términos nominales ascenderían alrededor de 44.700 millones de dólares que el Gobierno gastó más de lo que recaudó en ingresos, es decir que el Estado no pudo cumplir con todas sus obligaciones de pago que han sido comprometidos y que la economía ha retrocedido considerablemente. Según el Gobierno, el déficit fiscal se genera para garantizar la inversión pública en el país.

Los cuatro años del gobierno de Arce Catacora estuvieron enfocados más en el aspecto político, en buscar aniquilar políticamente al expresidente Morales y no en mejorar la economía nacional que era uno de los puntales que le habían pedido miles de bolivianos que lo encumbraron a la presidencia de Bolivia. Lamentablemente, el gobierno dilapidó el dinero del erario nacional en comprar a dirigentes de las organizaciones sociales, crear nuevos dirigentes sindicales, aumentar el número de empleados públicos, cooptar periodistas, aumentar la pauta publicitaria en los medios de comunicación y redes sociales, y sobre todo, dejar pasar la corrupción y el robo de millones de dólares de las empresas estatales por parte de los principales operadores que manejan los ministerios, viceministerios y demás dependencias gubernamentales.

El presidente Luis Arce Catacora, de la forma más maquiavélica, está a punto de asestar su última estocada de muerte contra Evo Morales Ayma, su promotor y actual rival político, cuando en los próximos días se lleve a cabo la excarcelación y extradición hacia Estados Unidos del exjefe antidroga Maximiliano Dávila. Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que la Cancillería terminó las gestiones judiciales necesarias “vía diplomática” y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para la inminente extradición de Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del gobierno de Morales Ayma.

Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de más de cinco kilogramos de cocaína y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de Estados Unidos con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas. Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. En esa oportunidad, Dávila se encargó de alertar que el ministro Del Castillo busca involucrar a Morales Ayma con el narcotráfico. En un primer momento, Dávila fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención preventiva con fines de extradición. No fue acusado de narcotráfico en Bolivia porque la extradición solicitada por Washington se viabilizó este año.

Los delitos que se atribuyen por Estados Unidos para que Dávila sea juzgado en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York son asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico. El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito, 10 a 20 años. De llevarse a cabo el juicio, Dávila, para reducir su condena, tendrá que cooperar con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e involucrará directamente a Morales Ayma, y a varios de sus estrechos colaboradores que lo acompañaron en los catorce años de su gobierno, con el narcotráfico.

La deslealtad, traición y odio político que expresa Arce Catacora contra Morales Ayma no tiene límites. Sus operadores políticos en Washington, que otrora lanzaron vivas y ensalzaron la figura del expresidente indígena, no escatimaron recursos para realizar el correspondiente lobby con la DEA y el Departamento de Estado estadounidense para quitarse de encima del político boliviano a quien consideran un enemigo ideológico y de máximo peligro para la región por su postura antiimperialista.

Paradójicamente, fue Morales Ayma quien rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 2008; ahora el gobierno de Arce Catacora le asesta una puñalada por la espalda haciendo prevalecer el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos que fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros. El mismo vicepresidente David Choquehuanca fue enfático en afirmar que la extradición de Dávila representa “un desafío para las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos”.

Si Estados Unidos involucra a Morales Ayma con el narcotráfico, Washington pondrá un precio sobre la cabeza del expresidente boliviano, lo cual significará para los arcistas tener el camino expedito para las elecciones generales de 2025. La pésima administración política, económica y social del gobierno de Arce Catacora no son avales para que éste vaya a la reelección porque carece del apoyo popular que le llevó al poder hace cuatro años; pero con tal de seguir gozando del poder y encubrir a sus hijos de las muchas denuncias de corrupción, ya definió a sus candidatos: Eduardo del Castillo a la presidencia y Eva Copa a la vicepresidencia.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.