Economía

miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 19:39

Bolivia apura negociación para controlar tres eléctricas

Estrategia. Realiza reuniones constantes con Corani, Guaracachi y Valle Hermoso

PROYECTO. La construcción de la planta termoeléctrica de Entre Ríos (Cochabamba), el 24 de septiembre del 2009.

/ 29 de abril de 2010 / 05:00

Autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energía agilizan el proceso de negociación iniciado el año pasado con las empresas generadoras de electricidad Corani, Guaracachi y Valle Hermoso, con el objeto de nacionalizarlas y tener el control accionario sobre ellas.

«Estas negociaciones tienen por objeto recuperar para el Estado estas empresas estratégicas, que son parte de la cadena productiva de electricidad», señaló ese despacho el 28 de julio del 2009, en un comunicado.

Fuentes del Ejecutivo, que prefirieron mantener su nombre en reserva, informaron a La Razón que en estos días las tratativas se realizan de manera intensa y que se tiene previsto el pronto anuncio de los resultados. Una de ellas dijo que ello podría ocurrir hasta el viernes o sábado.

Para ello, aseguraron las fuentes, se desarrollan reuniones constantes entre autoridades del ministerio, ejecutivos de las tres generadoras eléctricas y representantes de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

inicio. Con la aprobación del Decreto 0289, el 8 de septiembre de la pasada gestión, el Gobierno dio el primer paso para nacionalizar las empresas eléctricas capitalizadas. Después de 14 años, las acciones de los bolivianos que eran administradas por las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBVA en las tres firmas regresaron a manos del Estado.

El 10 de septiembre, el entonces ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca Antezana, explicó que, tras la medida, ENDE administra el 47,2% de las acciones de Corani, el 49,82% de Guaracachi y el 49,86% de Valle Hermoso.

Recordó que se negocia la compra de las acciones restantes, hasta conformar el 51% del paquete accionario a favor del Estado.

El accionista mayoritario de Corani es Ecoenergy Bolivia SA, subsidiaria de GDZ Suez, que posee el 50% de participación en la sociedad. En el caso de Valle Hermoso, The Bolivian Generating Group tiene el 50%. El socio mayoritario de la generadora Guaracachi es Rurelec PCL.

Las tres compañías fueron capitalizadas en 1995 (presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada) para obtener más inversiones y ampliar la actividad generadora de electricidad.

RECURSOS. El 7 de enero de este año, este medio informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2010 destinó Bs 117,3 millones ($us 16,6 millones) para el pago de las empresas que serán nacionalizadas en el sector de generación eléctrica.

Ese monto le fue asignado a ENDE en el rubro de «compra de acciones y participaciones de capital».
El 16 de enero, Coca aseguró que el Gobierno pretende que los socios extranjeros de las empresas eléctricas sigan operando en el país, por lo que solamente negocia el control mayoritario y no el total de sus acciones.

«No se les está expulsando (del país), se está buscando una fórmula que permita que ellos todavía tengan una composición accionaria importante y sigan en la actividad de la electricidad; lo que sí, el Estado debería tener mayoría de acciones», afirmó la ex autoridad del área.
El 17 de marzo se supo que se alista la transformación de ENDE en corporación y que para ello la estatal creará tres subsidiarias a cargo de la cadena productiva del sector (generación, transmisión y distribución).

SE PREVÉ EL CONTROL DEL SUMINISTRO

ADECUACIÓN
Como parte de la labor de adecuar la nueva Ley de Electricidad a la Constitución Política del Estado, el Gobierno prevé controlar también las actuales empresas y cooperativas de distribución de electricidad, consiguiendo la mayoría accionaria en ellas.
LEGISLACIÓN
En diciembre del año pasado, el entonces viceministro del sector, Miguel Yagüe, explicó a este medio que la Carta Magna señala que los monopolios y oligopolios no pueden ser administrados íntegramente por privados, como ocurre ahora.

Entre Ríos generará más energía eléctrica

A partir de la semana entrante, la planta termoeléctrica de Entre Ríos, ubicada en el Trópico cochabambino, comenzará a funcionar con sus cuatro turbinas y por ello a generar 104 megavatios (MW).

La información fue proporcionada ayer por el gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Rafael Alarcón.

 La primera de las cuatro turbinas fue instalada en septiembre del año pasado. El ejecutivo indicó que la segunda empezó a operar el pasado sábado. «La potencia efectiva de cada unidad es de 26 megavatios», complementó.

«Comercialmente ya están funcionando dos turbinas y se prevé que en la siguiente semana lo hagan las otras dos que están en etapa de prueba». Alarcón sostuvo que con ello la capacidad de generación eléctrica de la planta de Entre Ríos será de 104 MW.

El proyecto es desarrollado por ENDE Andina, sociedad conformada por la estatal eléctrica y la firma venezolana PDVSA. La energía producida por la planta se incorpora al sistema nacional de electricidad para mejorar la provisión del servicio básico.

Alarcón agregó que el proyecto funciona con poco menos de 6 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural.
Señaló que otras iniciativas en marcha son la represa eléctrica de Misicuni, que generará 1.000 MW y el pronto inicio de la línea de conexión entre los departamentos de Cochabamba y La Paz.

 

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Organizadores de la Feicobol anuncian que el recinto ferial será ‘seguro y responsable’

Del 28 de octubre al 7 de noviembre se llevará adelante la Feria Internacional de Cochabamba con la participación de más de 1.000 empresas nacionales y extranjeras.

El frontis del campo ferial de Alalay, en Cochabamba. Foto: La Razón-archivo

/ 20 de octubre de 2021 / 13:49

A días de inaugurarse la Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol), los organizadores del evento anticiparon que el recinto ferial de Alalay será un sitio “seguro y responsable” para todas las familias bolivianas que visiten la exposición.

Tras un año de receso debido a la pandemia del COVID-19, la 37 Feria Internacional de Cochabamba se llevará a cabo del 28 de octubre al 7 de noviembre. Se trata de uno de los eventos comerciales más importantes del país que para esta edición albergará a más de 1.000 empresas, entre nacionales y extranjeras.

Este evento, que se iniciará la siguiente semana, contará con cuatro puntos de vacunación contra el COVID-19, además de otros para pruebas rápidas al ingreso; será obligatorio el uso de barbijo, desinfección de manos y el control de temperatura.

“Motivamos a todos los sectores para que sean parte del crecimiento de la economía boliviana que trae consigo los días de feria, pero cuidando la salud. Por eso, estamos instalando un stand con el Colegio Médico de Cochabamba en el Pabellón Internacional donde ellos ofrecerán información a los visitantes sobre comportamiento individual, vacunas y todas las recomendaciones para cuidarse y protegerse”, anunció Antonio Torrico Saavedra, presidente de Feicobol.

El ejecutivo también anticipó que con las acciones llevadas adelante “el recinto ferial de Alalay será un lugar seguro y responsable para todas las familias bolivianas que visitarán la feria”.

Con ese objetivo, la Fundación Feicobol, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Cochabamba y el Colegio Médico de Cochabamba firmaron una alianza los días pasados.

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Silva: ‘Intereses políticos’ y desinformación alientan protestas contra la Ley 1386

El viceministro de Defensa del Consumidor aclara que esta norma no afecta a gremialistas, transportistas, mineros u otro sector trabajador.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

/ 20 de octubre de 2021 / 13:38

La Ley 1386 solo afecta a narcotraficantes, a los que trafican con personas, falsifican dinero y se dedican al contrabando, aclaró el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien señaló que por “intereses políticos” existe desinformación sobre el alcance de esta norma.

El funcionario salió al paso del anuncio de movilizaciones, bloqueos y un paro de actividades de 48 horas para este jueves, convocado por gremialistas, transportistas, mineros y movimientos cívicos.

“Esta ley no afecta a esos sectores pero (que) están siendo utilizados por dirigentes que no representan intereses de estos sectores, son dirigentes que representan intereses de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce”, dijo Silva.

Explicó que la Ley 1386, Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, afectará a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.

“Pero no (a) los gremialistas, no (a) los mineros, no (a) los transportistas que trabajan 16, hasta 20 horas para ganarse su platita bien habida; esta ley, no afecta a esos sectores de ninguna manera”, dijo en una entrevista en Red Uno.

Silva exhortó a los dirigentes políticos, que amenazan con movilizaciones, que hagan saber cuáles de los siete artículos de la norma afecta a estos sectores; asimismo, lamentó que se promueva desinformación respecto a esta norma promulgada el 16 de agosto reciente.

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Comibol reubica a cooperativas de la mina y busca la ‘estabilización’ del Cerro Rico

Una empresa, la Cooperativa Unificada, firmó un acuerdo con la estatal minera para su reubicación en otro yacimiento de Potosí.

El yacimiento minero del Cerro Rico está en riesgo de colapsar. Foto: Tecnología Minera.

/ 20 de octubre de 2021 / 13:21

La “estabilización” del Cerro Rico de Potosí y la reubicación de las cooperativas que trabajan en la cota 4.400 son tareas de prioridad que anunció la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante un eventual colapso de esta mina precolombina.

Para dichas tareas se han conformado dos comisiones interinstitucionales; la primera de ellas trabaja técnicamente en el relleno para la estabilización del cerro, bajo un estudio técnico de la Universidad Autónoma Tomás Frías. La segunda, evalúa la reubicación de las cooperativas mineras que trabajan en la cota 4.400 del yacimiento.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Comibol, Eugenio Mendoza, detalló que estas acciones se desarrollan en coordinación con los diferentes actores mineros y autoridades de Potosí.

En cuanto a la reubicación, el funcionario anticipó que en los últimos días fue suscrito un convenio con la Cooperativa Unificada, que opera con 500 personas, para su migración a otra mina cercana a Potosí.

Asimismo, Mendoza anticipó que en los próximos meses se firmará “un acuerdo con otra cooperativa grande, de tal manera, que las cooperativas pequeñas migren por (la) gravedad al verse solas”.

Según datos de Comibol, existen cerca de 5.700 obreros entre socios, segundas manos y peones que trabajan en las áreas de conflicto del cerro.

El yacimiento en promedio genera cerca de $us 140 millones de ingresos para el país y en regalías aporta al departamento y municipio de Potosí unos $us 4 millones.

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Cooperativistas de Potosí se abren al diálogo por la Ley 1386, pero no descartan

"Siempre buscamos diálogo a los problemas, lo que no queremos es convulsionar al país”, dijo el presidente de esa organización, Óscar Astoraique.

Foto: Captura de Radio Pio XII

/ 19 de octubre de 2021 / 10:18

La Federación de Cooperativistas de Potosí ratificó este martes su rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y advirtió con movilizaciones si el Gobierno no abroga esa norma.

«Como cooperativas generamos empleos directos e indirectos, nosotros podemos demostrar nuestros ingresos con las liquidaciones de venta que hacemos, pero hay mucha gente que está trabajando en informalidad y hay mucha gente que no podría demostrar los ingresos que tiene», afirmó su presidente, Óscar Astoraique, a Unitel.

Cuestionó que esa norma no sea consensuada “mirando las particularidades de cada sector”, sin embargo, consideró que debe existir una normativa que permita investigar a personas que se hayan “enriquecido de manera ilegal”.

«Siempre buscamos diálogo a los problemas, lo que no queremos es convulsionar al país; con la pandemia y el gobierno transitorio, hemos sido altamente perjudicados, hoy por hoy estamos queriendo reactivarnos económicamente”, dijo Astoraique.

Aseguró que su sector buscará el diálogo, pero “si el Gobierno o sus brazos operativos no nos hicieran caso, lo que nos quedaría es protestar contra esas normativas que afecta al sector cooperativo».

Varios sectores, como gremiales y choferes se sumaron al pedido de abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, según ellos, afecta a sus derechos.

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Asfi: Robo a clientes del Banco Unión se debe al ‘hackeo’ de sus dispositivos móviles

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, explicó que este tipo de casos se habrían presentado también en otras cuatro entidades financieras.

Por Mauricio Diaz

/ 18 de octubre de 2021 / 10:54

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, aclaró este lunes que las denuncias por supuestos desfalcos a cuentas bancarias de clientes del Banco Unión se deben a “hackeos” de dispositivos móviles de los usuarios y no a operaciones de la entidad bancaria.

“(Según esa denuncia) habrían 14 casos de robo virtual en Banco Unión, es falso (…), no se trata de casos que hubieran ocurrido por aspectos atribuibles al Banco Unión”, dijo el funcionario en una entrevista con La Razón Radio.

Además, aseguró que la Asfi no tiene atribuciones para iniciar una investigación ante esas denuncias y que en las inspecciones que realizan no se han evidenciado acciones que dejen vulnerable la seguridad de los usuarios.

“Lo que compete a la Asfi es asegurar que los sistemas de información que tienen las entidades financieras estén adecuadamente estructuradas y no generen alguna vulnerabilidad”, afirmó.

Agregó que ese tipo de sucesos, denominado riesgo operativo, se presentaron también en al menos cuatro entidades financieras, y aunque no especificó cuáles, se conoce que las denuncias estarían en instancias del Ministerio Público.

“No es Banco Unión el único que tiene estos inconvenientes, ni son estas (otras cuatro) entidades financieras de Bolivia las que atraviesan este tipo se situaciones, sino que, a nivel internacional, existen personas y organizaciones dedicadas a realizar este tipo de trabajos irregulares de tratar de clonar celulares, de ‘hackear’ cuentas”, resaltó.

Acusó a “operadores políticos” de difundir ese tipo de información con el fin de desprestigiar a la Asfi y, mediante ella, al Gobierno.

Según esas denuncias, aproximadamente Bs 638.300 habrían sido extraídos de 14 cuentas de clientes del Banco Unión.

Por otra parte, aseguró que el sistema financiero en Bolivia se encuentra estable y destacó que el 85% de créditos diferidos el año pasado fueron cancelados, lo que en la visión de Yujra muestra “que la economía está en recuperación”.

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