Nacional

miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 18:32

Juez revela que habló con decano Michel cuando la presionaban para favorecer a un feminicida

Minerva Tárraga, es la juez que denunció que fue víctima de presiones para liberar a un acusado de feminicidio. Dijo que grabó el audio en el que se revela presiones y denunció que se le iniciaron una serie de proceso internos

Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura en declaraciones a la prensa en la ciudad de Sucre. Foto: @AbyaYalatv

/ 21 de agosto de 2019 / 23:20

La situación del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, se complica. La juez Minerva Tárraga reveló la noche de este miércoles que habló por teléfono con Michel   cuando su hermano Juan Michel y otro funcionario judicial la presionaban para otorgar la cesación a la detención preventiva a un acusado de feminicidio.

También confirmó que grabó la conversación con Michel y el funcionario judicial, como una medida de protección. “Justamente mi persona ha tenido que sostener una conversación con él (decano)”, insistió y explicó que la voz detrás del  teléfono era la de la autoridad de la Magistratura, instancia responsable del control de los operadores de justicia.

Juan Michel y el hoy exfuncionario judicial fueron aprehendidos este miércoles por el audio que circuló en redes sociales. Michel fue detenido en Sucre y será trasladado a Tarija, donde radica el caso. El fiscal General, Juan Lanchipa, informó que en la audiencia de medidas cautelares pedirá la detención de los acusados.

Desde que se rehusó a aceptar las presiones y liberar al acusado de feminicidio, fueron activados procesos administrativo desde la Magistratura en Sucre. Tanto Juan como el exfuncionario son solo operadores, afirmó Tárraga en una entrevista desde Tarija con el programa Todo A Pulmón de Cadena A.

El decano de la Magistratura negó que haya intentado presionar a la juez y cuestionó la actitud de su hermano, a quien –dijo- le seguirá un proceso judicial.

 

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Aprehenden a la juez que extinguió la causa contra las hermanas de Doria Medina

La juez Melina Lima archivó los obrados contra las hermanas del empresario y político Samuel Doria Medina, quienes estaban vinculas a la empresa offshore Akapana SA

Por Carlos Corz

/ 20 de octubre de 2021 / 18:20

Aprehenden a la juez Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, Melina Lima, por haber cerrado el caso de las hermanas del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Acusan a la juez por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según una investigación legislativa, Doria Medina vendió en 2005 a sus hermanas Silvia y Susana acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), quienes a su vez la venden, en el mismo día de la transacción, a la cementera mexicana Chihuahua, a través de la empresa “offshore” Akapana SA.

El 9 de septiembre fue detenida María Lourdes Doria Medina y puesta en libertad después de que prestó sus declaraciones en la Fiscalía dentro de un proceso abierto por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Se la detuvo en el aeropuerto de Viru Viru y se la trasladó a La Paz.

El fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, informó de la detención de la jueza y explicó que su resolución de extinción de la causa penal contra las hermanas de Doria Medina no está fundamentada de acuerdo a la normativa vigente.

“Es una resolución que ha sido emitida el 2020, en el caso Akapana, donde emitió una resolución contraria a la Constitución por prescripción, esa autoridad a extinguido una acción penal con una argumento que no establece la Constitución”, afirmó, según radio Éxito.

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En Bolivia ven que secretaría de Almagro ‘huye del debate’ sobre datos que descartan fraude en 2019

El procurador Wilfredo Chávez consideró que “Almagro se corrió” al rechazar invitación a participar de un evento en el que se expondrán informes que descartan fraude electoral

Luis Almagro.

/ 20 de octubre de 2021 / 17:29

En Bolivia cuestionaron la decisión de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no asistir al evento en el que se expondrán estudios que descartan fraude electoral en 2019. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que la representación del organismo “huye de un debate abierto”.

“La OEA huye a un debate abierto, ellos no cumplieron los acuerdos que teníamos y a partir de ello se pierde toda credibilidad de parte de estos personeros de la OEA. Sacaron informes antes de tiempo con objetivos políticos”, cuestionó Rodríguez sobre el accionar del organismo administrado por Luis Almagro.

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA rechazó una invitación de la Embajada de Bolivia para participar de la exposición de estudios que descartan un fraude electoral en 2019, porque –sostiene- es un “tema cerrado” y que por “dignidad institucional” no participan de esos eventos.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, también cuestionó la decisión del organismo internacional y consideró que se “corrió Almagro y el grupo que nunca probó fraude”.

“¿No que tenían un informe que aguantaba todo?”, sostuvo en un tuit respecto al informe en el que se denunció irregularidades en las justas anuladas de 2019.

Un trabajo de revisión de las cerca de 35.000 actas electorales, a iniciativa del procurador Chávez, concluyó que no hubo ninguna manipulación de los resultados y en consecuencia descartó la denuncia de un fraude electoral.

La secretaria General de Almagro fue invitada a participar del evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, precisamente, para exponer los estudios periciales que pusieron en duda una auditoría de la OEA y descartaron un fraude electoral en las justas anuladas de 2019.

El evento se desarrollará el viernes en el Salón de las Américas de la OEA en Washington DC.

“Al amparo de los principios de transparencia e idoneidad, reitero que el cúmulo de situaciones, irregularidades y manipulaciones ocurridas, abonaron a un proceso electoral que perdió toda integridad y que es imposible reconstruir. Tomando eso en consideración, para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, las elecciones de Bolivia de 2019, como se ha dicho anteriormente, son un caso cerrado», sostiene la carta de respuesta a la invitación de Arce.

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Senadora de CC admite que la sucesión de Áñez ‘no fue ordinaria ni regular’

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez llamó a los opositores a un consenso para analizar el juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos en una entrevista con La Razón Radio.

Por Mauricio Diaz

/ 20 de octubre de 2021 / 17:25

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó este miércoles que la sucesión de Jeanine Áñez no fue ordinaria ni regular, porque —en su criterio— se generó una alteración de poder después de la renuncia de Evo Morales en los conflictos poselectorales de 2019.

“La sucesión de Jeanine no fue una sucesión ordinaria ni regular; fue una sucesión (en la) que hemos enfrentado una alteración de poder”, dijo la legisladora de oposición en la transmisión digital de La Razón Radio que compartió con su colega del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez.

“Al no estar la señora (Adriana) Salvatierra ni el segundo vicepresidente en la Cámara de Senadores (Rubén Medinaceli), la sucesión le correspondía a (la entonces senadora) Jeanine Áñez (segunda vicepresidenta)”, explicó Barrientos.

Gutiérrez rebatió esa declaración, basado en una resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y aseguró que la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado deben presentarse de manera voluntaria y por escrito “ante el pleno camaral”.

Afirmó que las renuncias de los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores en 2019 no fueron presentadas ante el pleno camaral, por lo que no fueron válidas, además de que no fueron voluntarias.

Gutiérrez justificó su posición y aseguró que Áñez no podía asumir ese cargo debido a que era parte de la minoría legislativa. “Lo que correspondía era que asuma alguien de la mayoría”.

“La asunción de Áñez en 2019 no fue legal ni democrática ni constitucional (…). No hay ningún documento que acredite que la señora Áñez era presidenta del Estado Plurinacional”, insistió el senador oficialista.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a sus funciones en medio de protestas debido a un presunto fraude electoral, un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas y el pedido de renuncia de la Policía Boliviana.

Dos días después, luego de reuniones extralegislativas en la Universidad Católica que sugirieron su nombre, Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa.

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Secretaría de la OEA ve justas de 2019 como ‘tema cerrado’ y descarta invitación de Arce

El embajador Héctor Arce invitó a la representación del organismo internacional a un evento en el que se mostrarán los estudios que descartan un fraude electoral en 2019

La OEA en su misión de observadora de las elecciones de 2019.

/ 20 de octubre de 2021 / 16:45

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó una invitación de la Embajada de Bolivia para participar de la exposición de estudios que descartan un fraude electoral en 2019, porque es un “tema cerrado” para la organización bajo administración de Luis Almagro y que por “dignidad institucional” no participan de esos eventos.

La posición de la Secretaria responde a una carta de invitación enviada por el embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce.

“Al amparo de los principios de transparencia e idoneidad, reitero que el cúmulo de situaciones, irregularidades y manipulaciones ocurridas, abonaron a un proceso electoral que perdió toda integridad y que es imposible reconstruir. Tomando eso en consideración, para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, las elecciones de Bolivia de 2019, como se ha dicho anteriormente, son un caso cerrado», sostiene la carta de respuesta a la invitación.

Arce invitó a la representación del organismo internacional al evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, precisamente, para exponer los estudios periciales que pusieron en duda una auditoría de la OEA y descartaron un fraude electoral en las justas anuladas de 2019.

El evento se desarrollará el viernes en el Salón de las Américas de la OEA en Washington DC.

La OEA denunció irregularidades en las elecciones de 2019, lo que agravó una crisis que se arrastraba desde antes de las justas a la cabeza del movimiento cívico liderado por el entonces cívico cruceño Luis Fernando Camacho. A esa protesta se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, lo que acabó ocurriendo el 10 de noviembre con la renuncia del expresidente Evo Morales.

La carta de respuesta a Arce fue firmada por Francisco Guerrero, Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.

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El Gobernador de La Paz califica de ‘maldita’ a la Ley 1386 y pide su anulación

Quispe insta al Gobierno a “conversar” sobre la normativa con los dirigentes de todos los sectores y no solamente con aquellos que lo apoyan.

El gobernador Santos Quispe. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 20 de octubre de 2021 / 16:22

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, calificó este miércoles de “maldita” a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, porque considera que solo beneficia al Gobierno.

“Esta ley solo ha beneficiado al que está gobernando, siempre el Gobierno va a colocar leyes a su favor, pero nunca a favor del pueblo, por eso (hay) protestas de los gremiales, transportistas (y otros sectores); esa ley es una ley maldita que solo beneficia al Gobierno y no beneficia al pueblo”, afirmó Quispe.

Algunos dirigentes de los gremialistas, transportistas, mineros y movimientos cívicos amenazaron con asumir una serie de medidas de presión a partir de las próximas horas en contra de la cuestionada normativa.

Por lo que el Gobernador dijo que el Gobierno ya debió “consultar y conversar” sobre la normativa con los dirigentes de todos los sectores y no solamente con aquellos que lo apoyan o respaldan.    

“Pero nada, (no está ocurriendo eso), por eso hay rechazo (…) y nosotros, como Gobernación, también queremos la anulación de esa ley, porque perjudica a todos nuestros hermanos que trabajan día a día”, agregó Quispe.

Sin embargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, remarcó que “esta ley no afecta a esos sectores” y que, por el contrario, solo “están siendo utilizados por dirigentes que no representan sus intereses”.

“Los dirigentes (que convocan a las protestas) representan intereses de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce”, aseguró Silva.

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