Nacional

domingo 17 oct 2021 | Actualizado a 07:46

Defensora en la CIDH: FFAA y Policía niegan informes de actuaciones en conflictos bajo amparo del DS 4078

El decreto en cuestión fue anulado pero durante su vigencia eximía a los militares de ser procesados penalmente por su participación en operativos de restablecimiento del orden en los conflictos tras la renuncia de Evo Morales

El representante de la defensoría en Cochabamba, Nelson Cox, y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en la CIDH. Captura de imagen

/ 6 de marzo de 2020 / 18:50

En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Haití, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reveló que las Fuerzas Armadas y la Policía se niegan a dar información de sus actuaciones en las jornadas de violencia postelectoral, bajo el amparo del decreto que eximió a militares que participaron de los operativos de restablecimiento del orden de procesos penales.

“El tema de reservado y secreto, tenemos acá (muestra el celular)  las constancias formales y escritas de las Fuerzas Armadas, que señalan que se van a amparar en ese decreto (4078) y que ellos no van a revelar esa información ni Policía ni Fuerzas Armadas respecto a quienes participaron (de los operativos)”, afirmó en la audiencia.

Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que el 16 de noviembre alertó sobre la vigencia del decreto 4078, aprobado por el gobierno de Jeanine Áñez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se daban protesta en apoyo a Evo Morales.

El 14 de noviembre fue aprobada esa norma. El 15 de ese mes las fuerzas combinadas policiales y militares impidieron en Sacaba que una marcha de cocaleros entre a la ciudad de Cochabamba en medio de un conflicto que dejó 10 muertos por herida de bala. El 19 del mismo mes, en Senkata, actuaron las fuerzas combinadas con el saldo de nueve muertos a bala.

El Gobierno respondió en varias oportunidades que en esos casos no hubo disparos desde las filas policiales o militares. En la audiencia, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, no hizo referencia en la réplica a la revelación de Cruz y se limitó a señalar que hubo acuerdos con los familiares de los 35 muertos y de los heridos.

El procurador del Estado, José María Cabrera, cuestionó en la audiencia el accionar de Cruz y la relacionó con el gobierno de Evo Morales. Puso énfasis en que es interina y que planteó temas que no estaban previstos, lo que pone al Estado –advirtió- en la indefensión.

Ante una serie de cuestionamientos, el Gobierno de Áñez informó el 28 de noviembre que el decreto 4078 fue anulado, tras una evaluación y constatación del levantamiento de las protestas de sectores sociales en favor de Morales, quien dimitió el 10 de noviembre y hoy se encuentra asilado en Argentina.

"Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la pacificación", explicó ese día Áñez.

Cruz cuestionó que se haya cerrado la posibilidad de acceder a información policial y militar bajo el amparo de ese decreto que ya no está vigente. “Mi pueblo necesita justicia, necesita saber quién disparó,  de qué forma y por qué han asesinado a 35 personas”, demandó.

“La Defensoría del Pueblo solicita a la Comisión que inste al gobierno a responder ¿Por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal?”, cuestionó Cruz.

Comparte y opina:

Bloque de oposición política y cívica se une a exigencia de gremiales y suma demandas

Los partidos políticos del expresidente Carlos Mesa y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, además del Comité pro Santa Cruz y el Conade, se suman al paro

/ 16 de octubre de 2021 / 19:45

Como lo hizo el anterior lunes, el bloque de unidad político-cívico decidió sumarse a la demanda de los gremiales para anulación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y su anexo, así como otro paquete de normas vigentes o en trámite que, sostiene un comunicado, afecten los derechos ciudadanos.

Este bloque fue constituido en Santa Cruz y lo conforman comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). Este sábado emitieron el comunicado que lleva la firma de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, el Conade y el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo. Para ello, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno, que corre desde el lunes; caso contrario, se realizará un paro desde el jueves.

El bloque decide “sumarse de forma pacífica, activa y movilizada a esta protesta contra el gobierno nacional, hasta lograr la abrogación de la Ley N° 1386 y su Anexo, así como la anulación de los oficios e instructivos que han anticipado la aplicación del proyecto de Ley N° 218, que fue retirado por el gobierno de su tratamiento legislativo” (sic), establece el documento.

El Gobierno retiró el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como exigían los gremiales, a los que se sumó este bloque de oposición. Sin embargo, como lo hicieron el lunes, reiteraron que hay un paquete de leyes en vigencia o en proceso que deben ser anuladas, además exigen el cese de la persecución política, la libertad de “presos políticos” y la renovación de autoridades de judiciales y fiscales.

“Alertamos a la ciudadanía que existen otras leyes, algunas promulgadas y otras en proyecto, que contienen disposiciones para la instauración por parte del gobierno nacional de un Estado policiaco, que quiere que la represión contra los ciudadanos sea la regla y el ejercicio de nuestros derechos y libertades la excepción. Dichas leyes son: ‘Ley de Emergencia Sanitaria’, ‘Ley del Registro de Comercio’, ‘Ley de Ascensos de la Policía Boliviana’, ‘Ley de Estadísticas Oficiales’, ‘Anteproyecto de Ley de Ascensos en las Fuerzas Armadas’, ‘Anteproyecto de Ley de Derechos Reales’, entre las más importantes”, enumera el documento.

También exigen la “restitución de los dos tercios en todos aquellos artículos de los reglamentos de las dos Cámaras que fueron suprimidos”.

Comparte y opina:

Arce acusa a la oposición y afirma que ‘no dudará’ en hacer lo necesario por la reactivación

El presidente Luis Arce denunció que la “derecha golpista” intentó frenar la reactivación económica con los paros anunciados, “excusándose en una ley”

Luis Arce en La Paz Exporta. Foto: ABI.

/ 16 de octubre de 2021 / 12:21

El presidente Luis Arce aseguró que “no dudará en hacer todo lo que sea necesario” para mantener la reactivación económica, luego de denunciar que la “derecha golpista” pretendía poner en riesgo los avances en materia económica con los paros anunciados, “excusándose en una ley”.

“El Gobierno Nacional no dudará en hacer todo lo que sea necesario para mantener ese crecimiento que estamos logrando. La reactivación económica no para y seguiremos construyendo esa Bolivia que todos necesitamos”, afirmó en su cuenta en Twitter.

Al primer semestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia se expandió un 9,36% con relación a similar período de 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa está siete décimas por encima del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), que proyectó un crecimiento del 8,7%.

Arce denunció que los conflictos sociales alentados desde diferentes frentes de oposición en contra del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas pretendían afectar los esfuerzos y logros en materia económica.

“Estamos reactivando la economía y esto se comienza a sentir en el bolsillo de las y los bolivianos. Ese avance estaba en riesgo porque la derecha golpista, excusándose en una ley, estaba llevando adelante medidas de presión y pretendía desestabilizar al país con paros”, sostuvo.

Cívicos, expresidentes, políticos de oposición, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) formaron un Santa Cruz un bloque de oposición cívica-política al gobierno de Arce. Una de las primeras acciones fue sumarse al paro convocado por los gremiales, y cumplido el lunes, en contra de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Para conseguir su objetivo, anunciaron para la próxima semana un nuevo paro, esta vez de 48 horas.

Comparte y opina:

El Gobierno llama a ‘cerrar’ debate sobre fraude o golpe tras fallo del TCP y resolución fiscal

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el fallo del TCP estableció que en Bolivia hubo un golpe de Estado y recordó que la Fiscalía archivó el caso fraude electoral por falta de pruebas

El ministro de Justicia Iván Lima.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:03

Para el Gobierno, el cierre del caso fraude electoral y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la presidencia de Jeanine Áñez demuestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

“El Tribunal ha hablado, en el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no existe ningún fraude electoral, el llamado del gobierno nacional es a cerrar esta página de discusión y debate jurídico, porque ya han hablado en su última instancia la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lima aseguró que el control constitucional emitió una sentencia en la que establece que en la crisis de 2019 no hubo un vacío de poder, que no correspondía la sucesión ‘ipso facto’ porque está reservado solo para el Vicepresidente y que las renuncias de las presidencias de Diputados y Senadores debieron ser formales y aceptadas en el pleno y por el ente electoral, como mandan las normas.

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, y en una sesión sin quorum se autoproclamó Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Una reunión de líderes cívicos y políticos en la Universidad Católica Boliviana, a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, definió el curso de la sucesión.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, e s una vulneración flagrante al artículo 169 (de sucesión) de la Constitución”, insistió y anticipó que la oposición, por falta de argumentos, dirá que es un fallo de un “tribunal azul”.

Por su parte, la Fiscalía archivó el proceso por fraude electoral activado contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lima aseguró que el control constitucional también rechazó un recurso contra el archivo del caso.

Contrario al Gobierno y a las ahora decisiones de la Fiscalía y del TCP, la oposición aseguró que en 2019 hubo un golpe de Estado, apoyado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto en duda por diferentes estudios externos. De hecho, la protesta cívica de ese entonces estuvo alentada por la denuncia de fraude electoral.

Lima espera que se acelere el proceso contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado y se emita la sentencia respectiva.

Sobre la normativa aprobada en un gobierno que el control constitucional lo declaró fuera de la legalidad, explicó que serán revisadas las normas emitidas en esa administración y enviada al control constitucional, aunque aclaró que por seguridad jurídica otras permanecerán vigentes

Comparte y opina:

En Bolivia reportan más de 500 nuevos casos de COVID-19 por segundo día consecutivo

Según el Ministerio de Salud, los vacunados con primera dosis llegaron a los 3.497.875 y con segunda dosis a 2.668.801. Las tercera dosis beneficiarios a 11.466.

/ 14 de octubre de 2021 / 23:57

Por segundo día consecutivo en esta semana, en Bolivia fueron registrados más de 500 nuevos casos de COVID-19 y La Paz pasó a segundo lugar con mayor número de positivos día, informó el Ministerio de Salud.

De los 542 nuevos contagios, 222 están en Santa Cruz, 101 en La Paz, 75 en Cochabamba, 74 en Chuquisaca, 43 en Tarija, 17 en Potosí, 7 en Oruro, 3 en Beni y Pando continúa con silencio epidemiológico.

Los decesos sumaron 7 y el acumulado llegó a 18.818. El acumulado de positivos desde marzo de 2020 ascendió a 505.699.

En esta tercera ola la tasa de letalidad es de 2,8%.

Está en curso en Bolivia una campaña de vacunación a los mayores de 18 años, sin embargo se decidió ampliar el rango de edad desde los 16 años. Además, se dio inicio al refuerzo con una tercera dosis a mayores de 60 años y con enfermedades de base.

Según el Ministerio de Salud, los vacunados con primera dosis llegaron a los 3.497.875 y con segunda dosis a 2.668.801. Las tercera dosis beneficiarios a 11.466.

Comparte y opina:

Del Castillo denuncia que Áñez obtuvo crédito de vivienda de $us 100.000 con garantía de Murillo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el crédito fue concedido entre febrero y marzo. Dijo que coincide con los desembolsos para la compra con sobreprecio de gases

Jeanine Áñez y Arturo Murillo, en 2019 en Palacio de Gobierno.

/ 14 de octubre de 2021 / 22:21

La expresidenta Jeanine Áñez obtuvo entre febrero y marzo de 2020 un crédito para vivienda de $us 100.000 con la garantía del exministro Arturo Murillo y su jefe de gabinete Sergio Méndez, ambos detenidos en Estados Unidos por corrupción. Ese crédito coincide con desembolsos para la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El crédito fue obtenido en dos partidas de $us 50.000. “Más los decretos supremos que había aprobado la señora Jeanine Áñez (para acelerar compra de gases) queda evidentemente demostrado que ha tenido un grado de participación en este saqueo al pueblo boliviano”, sostuvo en alusión a los $us 2,3 millones de sobreprecio en la adquisición de las gases lacrimógenos en 2020.

Murillo y Méndez se encuentran detenidos en Estados Unidos por lavado de dinero y pago de sobornos con dinero proveniente del sobreprecio en la compra del material antidisturbios por más de $us 5 millones. Méndez se declaró culpable y la situación de Murillo será definida en una audiencia próxima.

Murillo era una persona de confianza de Áñez, quien se encuentra en la cárcel por el caso golpe de Estadio. “Todo el pueblo boliviano sabe que para un crédito de vivienda necesita garantizar con el bien inmueble, es curioso que haya sido otorgado con la garantía personal (…) y justo coincida con las fechas cuando empezaron a realizarse los desembolsos del Banco Central de Bolivia (para la compra del material)”, cuestionó.

Del Castillo anunció que pedirá a la Fiscalía investigar este hecho.

“El Ministerio de Gobierno va a presentar un memorial a la Justicia para que se investigue cómo obtuvo un crédito con estos garantes”, sostuvo.

Comparte y opina:

Últimas Noticias