Nacional

miércoles 27 oct 2021 | Actualizado a 05:53

Arce llama a la reflexión de ‘grupos minoritarios’ que reclaman una ‘junta militar’

El mandatario electo expresó su “compromiso con la vida, la paz, la democracia y el respeto a la institucionalidad de las FFAA”.

Luis Arce, en entrevista con La Razón, la semana pasada. Foto: José Lavayén-archivo

/ 27 de octubre de 2020 / 17:02

El presidente electo Luis Arce expresó su preocupación por la irrupción de “grupos minoritarios” que en Santa Cruz reclamaron la intervención de una ”junta militar” en la gestión del país, cuyas elecciones últimas fueron ganadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Existen grupos minoritarios en #Bolivia que lastimosamente no aceptan la voluntad popular expresada en urnas y pretenden enfrentarnos”, dijo el líder político en su cuenta de Twitter.

Además, Arce ratificó su “compromiso con la vida, la paz, la democracia y el respeto a la institucionalidad de las FFAA”.

Llamó “a la reflexión” a ese grupo de personas que la noche del lunes se apostó en las afueras de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, institución castrense a la que pidió auxilio ante la inminente llegada al poder del MAS, desde el 8 de noviembre.

El líder del MAS, Evo Morales, también se manifestó sobre esa situación. “La Constitución es muy clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; nosotros, como lo hicimos siempre, respetaremos su institucionalidad. Todas y todos debemos actuar con tranquilidad y en el marco constitucional”, escribió en Twitter.

Luego de las anuladas elecciones de 2019, por presunto fraude insinuado por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el domingo 18 de octubre se desarrollaron los comicios generales cuyo ganador fue Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Arce y ahora el vicepresidente electo David Choquehuanca jurarán a su mando el 8 de noviembre en ceremonia propiciada por la Asamblea Legislativa.

(27/10/2020)

Comparte y opina:

La Fiscalía imputa a exmandos militares por participar y cooperar en la ‘ilegal investidura’ de Áñez

El abogado defensor Eusebio Vera deslindó responsabilidades de sus defendidos en la toma del poder de Áñez, porque –aseguró- ese proceso se desarrolló en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los exjefes militares que en 2019 sugirieron al entonces presidente Evo Morales renunciar al cargo. Al centro el general Williams Kaliman, excomandante de las FFAA, que se encuentra prófugo. Foto: APG

/ 26 de octubre de 2021 / 21:27

La Fiscalía imputó a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de 2019 en el caso golpe de Estado II, porque sin su “participación y cooperación no habría podido concretarse el hecho antijurídico” de la toma del poder de Jeanine Áñez como parte de un “premeditado plan” y una “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.

“No permitieron la continuidad legítima en el titular del poder ejecutivo, perpetrando hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente y la violación de los principios democráticos para consolidar una sucesión presidencial anómala violentando la legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional, actos propios de autores que proceden conjuntamente con JEANINE AÑEZ CHAVEZ y sin cuya participación y cooperación no habría podido concretarse el hecho antijurídico”, establece parte de la imputación revelada por el portal Erbol.

Los ahora imputados son el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Partor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury. Todos están en la cárcel por el caso golpe de Estado I y ahora la Fiscalía solicitó sean detenidos preventivamente por seis meses.

El abogado defensor Eusebio Vera deslindó responsabilidades de sus defendidos en la toma del poder de Áñez, porque –aseguró- ese proceso se desarrolló en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Los comandantes en 2019, en ningún momento se han constituido en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, aseveró y descartó que hayan participado en la instrucción de retirar la medalla y banda presidencial de la bóveda del Banco Central de Bolivia (BCB) para imponerlo a Áñez.

En la imputación del caso golpe de Estado II, según Erbol, se utilizan frases como “investidura irregular”, una “supuesta presidenta”, “ruptura del orden constitucional”, “puesta en escena”, “premeditado plan” y “usurpación de la soberanía popular”.

Lee también: De la decisión a la renuncia, el relato de Evo Morales sobre el ‘golpe’ de las FFAA

La imputación firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Áñez es la principal acusada en esta causa, activada por la toma de la presidencia del Senado sin cumplir normas ni el reglamento interno, y derivada del caso golpe de Estado I, por los hechos que acabaron con la dimisión del expresidente Evo Morales.

Según las conclusiones expuestas por la Fiscalía, los exmandos militares tuvieron una “participación dolosa” en lo que denominó “el acto final de investidura presidencial irregular».

Para la Fiscalía, la “sugerencia” de dimisión del alto mando militar a Morales tenía un “carácter de imposición”.

El excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y todo su Alto Mando “sugirieron” en una conferencia de prensa a Morales dejar la Presidencia del Estado. Morales dimitió poco después, acorralado también por el motín policial y la protesta cívica.

La imputación establece que los exmandos con su accionar “desconocen, omiten y excluyen” el mando de su Capitán General. “La participación dolosa de los imputados es decisiva en el acto final de investidura irregular”.

También se acusó a los exmandos militares de “haber apoyado y colaborado a la exsenadora Añez en su autoproclamación, siendo que no se constituyó sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional alguna”.

Terceros es acusado de ordenar  el traslado de legisladores afines a Áñez a la sede de Gobierno para “desarrollar la puesta en escena de las supuestas sesiones” en Diputados y Senadores. En ninguna de las dos cámaras hubo en ese noviembre de 2019 quórum para instalar sesiones, pese a ellos Áñez se proclamó presidenta del Senado y luego de Bolivia.

Según la Fiscalía, existía una “sincronía perfecta en el premeditado plan que existía”, puesto que un día antes de la asunción de Añez, 12 de noviembre de 2019, se tramitó el retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia.

La imputación señala que los militares avalaron la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia, sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa”.

Comparte y opina:

La APDHB de Carvajal lanza campaña para liberar a ‘presos políticos hasta el 10 de diciembre

La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, pidió a la comunidad internacional y nacional definir cómo se puede lograr esa meta. Se identificó a 45 “presos políticos”

Amparo Carvajal. Foto: Fides.

/ 26 de octubre de 2021 / 17:25

La presidenta de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, inició una campaña con el objetivo de lograr hasta el 10 de diciembre la “libertad de los presos políticos”, fecha en la que se recuerda el aniversario de la institución.

“Es por esta razón que nos ponemos en campaña, junto con todos los que quieran adherirse, a solicitar la libertad de los presos políticos para que el 10 de diciembre de 2021, fecha en que se recuerda la fundación de la APDHB, todos los presos políticos puedan estar libre y defender su verdad”, establece el pronunciamiento que lleva la firma de Carvajal, crítica al gobierno del MAS y de Luis Arce.

A través de una carta, Carvajal pidió el 12 de octubre al fiscal General, Juan Lanchipa, gestionar la libertad de 45 personas vinculadas al caso golpe de Estado, a las masacres de Sacaba y Senkata, y a otros procesos.

En la lista están la expresidenta Jeanine Áñez, sus dos exministros, excomandantes de las Fuerzas Armadas y exjefes de la Policías, además de otros acusados como el exdirector de Migración Marcel Rivas y los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala Yassir Molina, Milenka Soto y Mario “Tonchi” Bascopé.

Carvajal dio “la oportunidad de que la comunidad nacional e internacional identificada con la lucha de los derechos humanos defina cómo podemos lograr la libertad de los presos políticos”.

La presidenta de la APDHB exige la libertad de exautoridades como de Áñez y de los militares y policías procesados por la muerte de una veintena de personas en las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.

Comparte y opina:

Derechos Humanos: El oficialismo se abre a debatir y la oposición pide ‘contrapesos’

La aplicación de justicia a los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 fue analizada en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez y la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena en una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón.

/ 26 de octubre de 2021 / 16:19

La necesidad de diálogo y concertación entre oficialismo y oposición sobre todo en temas como democracia y derechos humanos, así como la importancia de “contrapesos” o equilibrio en los poderes del Estado ante una eventual “concentración de poder” en la administración de Luis Arce, fueron analizados en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón.

En este programa streaming, conducido por Claudia Benavente directora de este medio informativo, participaron el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez, así como la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.

En la oportunidad, al conversar sobre la importancia de aplicar acciones legales a los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata, tras los anulados comicios de 2019, el legislador del partido en función de Gobierno precisó que “tratándose de derechos humanos uno tiene que tomar partido por la vida” y en eso pueden “convenir” con la oposición, situación que fue aceptada por la senadora Requena.

“No te vamos a convencer, no te voy a decir ven apóyanos en esto y en otros donde tenemos un modelo de país, tenemos visiones diferentes. Nosotros tenemos la revolución democrática, cultural, el proceso de cambio. Ustedes tienen su visión pero en temas de derechos humanos, que por cierto es una tarea, podemos avanzar”, señaló Gutiérrez.

El legislador oficialista aprovechó para negar que la administración de Luis Arce pretenda “concentrar poder” a través de leyes cuando apenas se va cumplir un año de la gestión de Gobierno.

“Hay demasiada susceptibilidad, no es cierto que todo se está armando a favor del Órgano Ejecutivo para controlar la sociedad, no va ser así porque el pueblo boliviano sabe y a nosotros no ha dicho administren el nivel central del Estado (como resultado de las elecciones de octubre de 2020) y en algunos departamentos nos dijo ustedes no. Con su voto se ha pronunciado, en el caso de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz”, dijo.

En ese contexto, Gutiérrez reiteró: “Yo creo que en algún momento tenemos que sentarnos (a dialogar) en algunos temas pero no en todos. Si en todos nos queremos poner de acuerdo no vamos a poder pero en uno ahí está el tema de los derechos humanos”.

En respuesta, la senadora por CC, Cecilia Requena expresó que en el tema de derechos humanos debería haber “convergencia”, para que prevalezcan la justicia pero alertó que no se puede aplicarla sin una reforma en el sector que lo administra.

“Si es que el problema es que no se puede hacer la justicia suficientemente rápida (reforma), podemos generar soluciones intermedias que se han generado en otros países como tribunales creíbles que realmente nos lleven a la verdad, que es lo que yo creo merece este país para poderse reconciliar”, sostuvo.

Argumentó que esa posición diferencia a Comunidad Ciudadana del accionar del Gobierno. “En eso nos diferenciamos mucho, de muchas personas, que creen locamente —en mi opinión— que podemos olvidar y anular a la otra mitad de este país. Una mitad no se va a imponer sobre la otra mitad y ni una mitad va a hacer desaparece a la otra mitad. Eso me parece tan elemental, pero además de eso que es una cuestión de orden práctico, no tenemos derecho de hacer eso en democracia. Necesitamos en los marcos de la ley y los derechos humanos, respetarnos”, dijo.

Respecto al tema de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, la legisladora de oposición observó que es “muy peligroso” que exista un Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (Conal) que pueda definir a quién se investiga las cuentas sin ningún tipo de “correlato judicial” y que el INE sea la única entidad que pueda brindar estadísticas oficiales eliminando el sistema descentralizado.

“Yo si veo una concentración en el Poder Ejecutivo de demasiado poder (…) Siempre es bueno y quisiera que haya contrapesos. Yo quisiera que haya un Poder Judicial que pueda decirle a alguna autoridad, usted se pasó de la línea. Yo quisiera que pueda haber un Legislativo que pueda fiscalizar bien al Ejecutivo. Es decir, más allá de que uno crea que somos muy virtuosos, que tenemos las mejores intenciones y aunque así fuera, siempre y eso es muy bueno que haya equilibrio y estamos eliminando (Gobierno) los equilibrios y de hecho el Poder Judicial no existe como equilibrio”, justificó.

También observó que la Asamblea Legislativa tampoco está funcionando con equilibrio. “Está funcionando como un canal de aprobación de leyes que vienen desde el Ejecutivo con esa intención —insisto— de concentrar demasiado poder en el Ejecutivo. Un poder que se está extendiendo a instituciones como la militar y la policial, también a los datos y la sociedad, eso es muy preocupante y eso es un tema de fondo que espero se pueda debatir en adelante porque creo que no es bueno para el país”.

Comparte y opina:

Régimen Penitenciario coadyuva acciones con instituciones por casos de tortura al interior de cárceles

El Sepret informó que en cinco meses se identificaron al menos 23 casos de tortura en estos recintos.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en conferencia de prensa.

/ 26 de octubre de 2021 / 13:55

Luego de conocerse un informe sobre 23 casos de tortura identificados en centros penitenciarios, entre mayo y octubre de este año, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó este martes que se realizan las acciones recomendadas por instituciones tutelares de derechos humanos de los privados de libertad.

“Lo estamos haciendo, tenemos reuniones constantes con estas instituciones tutelares de los derechos. Ellos regresan a los centros y corroboran que nosotros hemos tomado las acciones correspondientes”, explicó en una entrevista con La Razón Radio.

El Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) informó el lunes que en cinco meses de este año se identificaron al menos 23 casos de tortura al interior de cárceles, y que el más reciente es el ocurrido en el penal de Chonchocoro de La Paz, con la muerte de Cristofer Q.P.

Limpias sostuvo que además del Sepret, el Defensor del Pueblo y otras instituciones, que velan por el respeto de los derechos humanos de privados de libertad, realizan visitas contantes a los recintos y hacen llegar sus observaciones para que, en un tiempo pertinente, Régimen Penitenciario asuman las acciones respectivas.

“Nosotros estamos atendiendo esas denuncias para que se puedan esclarecer”, indicó.

En junio de este año, el Sepret informó que realiza el seguimiento a 180 casos de tortura y violencia de Estado registrados entre 2019 y 2020. La directora de esta instancia, Nadeshda Guevara, aclaró entonces que la tortura se comete siempre y cuando el autor sea un funcionario público.

Comparte y opina:

Régimen Penitenciario se sumará a proceso por la muerte de Cristofer Quispe en Chonchocoro

Juan Carlos Limpias afirmó que se está disponiendo de todo lo necesario para que la Fiscalía realice las investigaciones del hecho.

El Penal de Chonchocoro

/ 26 de octubre de 2021 / 13:41

A tiempo de comprometerse que no se encubrirá a ningún funcionario policial implicado en la muerte por torturas de Cristofer Quispe en el penal de Chonchocoro de La Paz, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció este martes que su despacho se sumará a la querella por este hecho.

“No vamos a encubrir a nadie y creo que es una muestra clara, estamos poniendo absolutamente todo a disposición del Ministerio Público para que los que han estado implicados sean sancionados como corresponde. Es más, hemos anunciado que nos vamos a sumar al proceso, al igual que la dirección Nacional de Seguridad, el Defensor del Pueblo y el Sepret (Servicio de Prevención de la Tortura)”, informó Limpias en entrevista con La Razón Radio.

Sostuvo que se trata de una cadena de instituciones que demandan una “sanción ejemplarizadora” para los responsables de este hecho. “Lo que ha pasado con este privado de libertad, más allá de la situación del delito, son temas que tocan la sensibilidad de la administración penitenciaria de estas instituciones y sobre todo de la opinión pública”.

Aunque la autoridad evitó dar datos sobre las circunstancias de la muerte de Cristofer, quien apareció muerto y con signos de tortura en su cuerpo el domingo 17 de octubre, afirmó que se deja en manos del Ministerio Público la investigación y la acusación de los implicados.
“No queremos entorpecer las investigaciones, sería irresponsable de mi parte dar información que está en manos de la Fiscalía”.

Los familiares de Cristofer denunciaron que el interno sufrió torturas por parte de efectivos policiales de Chonchocoro con anterioridad y que estas se intensificaron tres días antes de su deceso.

El lunes, la Fiscalía informó que el teniente de Policía Wilson P. fue aprehendido por estar supuestamente involucrado en la muerte de Cristofer. El fiscal Ruddy Terrazas explicó que, por testimonios recolectados y registros al lugar del hecho, existen indicios de que el efectivo policial “tuviera una participación de autoría”.

El viernes, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que el gobernador, el jefe de seguridad y dos efectivos de seguridad interna de Chonchocoro fueron cambiados para evitar su injerencia en las investigaciones.

Limpias también se refirió al bus en desuso donde su puestamente se aplicaban torturas. Admitió que allí se hacía la “contención” de reclusos de alto riesgo, aunque negó antecedentes de denuncias sobre torturas realizadas al interior de este motorizado.

Comparte y opina: