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martes 28 sep 2021 | Actualizado a 12:40

‘No es posible eludir la justicia’, advierte Arce a las FFAA sobre las muertes de 2019

El Presidente, al referirse a los hechos luctuosos de 2019, recordó la obligación de todas las entidades del Estado de contribuir a esclarecer estos sucesos.

El presidente Luis Arce, en el acto de graduación de cadetes de la Armada. Foto: ABI

/ 7 de diciembre de 2020 / 14:20

Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce demandó de las Fuerzas Armadas su contribución al esclarecimiento de las muertes de noviembre de 2019. Además de recordar la obligación de todas las instituciones del Estado de apoyar a dichas investigaciones, el mandatario reflexionó: “No es posible eludir la justicia”.

“Quiero decirles de manera muy sincera a las FFAA, que no es posible eludir la justicia, como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de la CPE y las leyes a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes durante el gobierno de facto”, tuiteó Arce este lunes a las 12.47.

El interés por el rol de las Fuerzas Armadas o algunos de sus mandos se reavivó tanto por recientes acciones de la Ministerio Público como por la llegada al país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con el anterior gobierno, para investigar los hechos de violencia y la violación de derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

En el caso de la Fiscalía, las investigaciones de las muertes de Sacaba, del 15 de noviembre de 2019, derivaron en la detención, el 24 de noviembre de este años, del general de la Fuerza Aérea Boliviana en servicio activo Alfredo Cuéllar. Los hechos de Sacaba ocurrieron cuando Cuéllar era comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba.

En el informe sobre los hechos de Sacaba y Senkata “Nos dispararon como animales: noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia”, de julio de 2020 de la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard  (Estados Unidos), se recogió testimonios de fiscales que llevaron adelante la investigación de las referidas muertes, y una queja común de los representantes del Ministerio Público era que las autoridades militares se negaban a dar información sobre el tema, por considerarlo secreto militar.

Se trata de un tuit de un hilo de tres que Arce emitió la mañana de este lunes luego de haber participado en el acto de egreso de la Armada Boliviana de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval “Ladislao Cabrera Vargas”.

En el primer tuit dedicado a la institución castrense, el presidente Arce habló de compartir con las Fuerzas Armadas la situación de crisis económica —dijo— en que dejó al país el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“Quiero compartir con autoridades de las Fuerzas Armadas, en especial con los flamantes egresados, la situación de la crisis económica que hemos heredado producto de las movilizaciones de 21 días y las malas decisiones asumidas por el gobierno de facto en cuanto a políticas económicas”, posteó el mandatario a las 12.13.

En su discurso ante la nueva promoción de egresados de la Armada, el mandatario había dicho: “Enfrentamos como nunca un déficit fiscal muy profundo que ni siquiera lo habíamos observado en los periodos de hiperinflación durante el gobierno la Unidad Democrática y Popular (UDP), en los años 80. Hoy, tenemos la recesión económica más profunda de la historia”, lamentó.

Luego, a las 12.43, el Jefe de Estado no dejó pasar la ocasión para felicitar a las fuerzas militares por su trabajo de lucha contra el contrabando:

“Quiero resaltar y felicitar a nuestras FFAA porque solo en este mes de gobierno ha demostrado el trabajo comprometido e intenso que lleva adelante en la lucha contra el contrabando. Se incautaron el 40 % de vehículos y mercadería que han internado de manera ilegal al país”, posteó el mandatario.

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CELAC: la apuesta a la integración eficaz

No trató lo que tanto se anunciaba: el futuro de la OEA; pero acaso haya sido mejor, pues se avanzó en temas más urgentes.

Fotografía oficial de los presidentes, vicepresidentes y cancilleres asistentes a la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, 18 de septiembre, Ciudad de México

Por Iván Bustillos

/ 26 de septiembre de 2021 / 18:37

El punto sobre la i

Claro que había otra expectativa. El 24 de julio de este año, en México, en la XXI Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “no debe descartarse la sustitución de la OEA (Organización de Estados Americanos) por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”, como dando a entender que ese nuevo ente internacional no era otro que la Celac y que el futuro de la OEA iba a decidirse en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac en septiembre. Pero una vez que llegó la cita continental en el mismo México el 18 de este mes, y pese a haberse tratado la cuestión de la OEA, sobre todo el rol de su actual secretario general, Luis Almagro, al final se decidió postergar la discusión hacia el futuro. Para buena parte de los políticos y medios de comunicación, ya se podía hablar de un práctico fracaso de la referida cumbre. Peor cuando en la misma cita del 18, hubo abiertos encontrones entre mandatarios: Nicolás Maduro de Venezuela contra Mario Abdo Benítez de Paraguay; o entre Miguel Díaz-Canel de Cuba y Luis Lacalle de Uruguay; o entre las delegaciones de Nicaragua y Argentina.

Creada en 2010, la Celac siempre fue calificada por sus críticos de “ideológica”; para el caso, no se debe dejar de lado el hecho de que a la cita del 18 en México no asistió Brasil, porque en enero de 2020, el presidente Jair Bolsonaro decidió retirar a su país de la unión porque “daba protagonismo a regímenes no democráticos”; tampoco olvidar que en diciembre de 2019, por un diferendo con el Gobierno de México (el que dio asilo al expresidente Evo Morales) el gobierno transitorio de Jeanine Áñez anunció que evaluaría la permanencia de Bolivia en el mecanismo de integración. Poco antes, el país ya se había retirado del Alba y de Unasur.

LOGROS. Pero, mirando un poco más de cerca, por lo que pasó en la VI Cumbre de la Celac, no es poco lo que se logró, tanto en lo inmediato como en perspectiva.

No hay que dejar de señalar, por ejemplo, que pese a las distancias ideológicas en el encuentro estuvieron 17 presidentes, dos vicepresidentes, nueve cancilleres y otras autoridades de primer nivel. También participaron de la cita representantes de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el presidente del Consejo Europeo.

Como hacen notar las investigadoras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Silvina Romano y Tamara Lajtman (en su trabajo Cumbre Celac 2021: renovada apuesta por la integración latinoamericana), acaso el nuevo impulso que está adquiriendo Celac se deba al “fuerte cuestionamiento a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y (al) reflujo de otros mecanismos de integración”.

Ahora, para el avance de esta VI Cumbre, destacan Romano y Lajtman, primordial papel tiene que ver la Presidencia Pro Témpore de México, que llevó adelante importantes actividades preparatorias, como el encuentro, en abril de 2021, “Desarrollo Tecnológico de vacunas Celac contra COVID-19” que reunió por primera vez a los ocho centros de investigación que desarrollan las vacunas más avanzadas de la región, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México; o los dos encuentros de Especialistas Celac para el Monitoreo del Coronavirus, cuando los virólogos compartieron experiencias y acciones implementadas entre los países para tratar el tema de la pandemia; o la Reunión de Ministros de la Celac sobre el acceso latinoamericano y caribeño a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el COVID-19, entre otras acciones.

En cuanto a las diferencias ideológicas, que se expresaron en los encontronazos citados, el punto fue que pese a esto, prácticamente saltando el debate de cuánto más o menos democráticos son los distintos regímenes, los representantes supieron superar dichas distancias.

Como hace notar la periodista mexicana Daniela Pastrana, redactora del portal mexicano Pie de Página, que hizo seguimiento exhaustivo de la cita, luego de que nada evitara un encendido intercambio de palabras entre los presidentes cubano y uruguayo, o venezolano y paraguayo, “al final, los reclamos se quedaron como anécdotas, porque el acuerdo aprobado por todos incluyó la declaración conjunta contra el bloqueo económico a Cuba y en favor de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas”.

Como resume Pastrana, “las diferencias ideológicas no evitaron una resolución pragmática: 31 gobiernos países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo de 44 puntos que incluye un plan para la autosuficiencia sanitaria y una postura común ante los países desarrollados causantes de la crisis climática”.

Tampoco es de menospreciar, apunta, “la puesta en marcha de una agencia espacial, la creación de un fondo regional para desastres naturales, buscar mecanismos financieros equitativos, impulsar el comercio intrarregional, la seguridad alimentaria y el intercambio tecnológico y cultural, con la creación de un instituto iberoamericano de lenguas indígenas”.

PRAGMATISMO. Esfuerzo de unidad pragmática: “Si algo nos ha llevado a unirnos y a hacer a un lado las diferencias ha sido la pandemia”, destacó el secretario (ministro) de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, anfitrión de la Cumbre.

De las 44 resoluciones de la Declaración de la Ciudad de México (el documento central firmado por todos los asistentes), siete se refieren explícitamente a la lucha contra la pandemia.

Desde “un llamado para democratizar la producción y eliminar los obstáculos que dificultan el acceso justo y equitativo a las vacunas contra COVID-19, en tanto bienes públicos globales” (Resolución 7), hasta el reconocimiento e impulso a los esfuerzos concretos de fabricación de vacunas: Resolución 10. “Reconoce y aprecia la colaboración establecida entre Argentina y México, para producir y envasar vacunas contra COVID-19, que ya han comenzado a distribuirse en países de la región, el desarrollo, producción y suministro de las vacunas cubanas (Abdala, Soberana02 y Soberana Plus); así como otras iniciativas en curso para la investigación y desarrollo de vacunas en México (Patria), Argentina (ARVAC Cecilia Grierson), Cuba (Soberana 01, Mambisa, Pasteur y Pan- Corona), Chile (PedCoVax), Brasil (Butan Vac)”.

Se destaca el significativo esfuerzo que significó la elaboración por parte de la CEPAL del “Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria”. Un proyecto que apunta, señala la Resolución 12: “enfocado en el fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región”. En esta misma Resolución 12, se anuncia el respaldo a la “Declaración celebrada entre la Presidencia Pro Témpore de la Celac, ostentada por México y la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, para la creación del fondo Celac para la respuesta integral a desastres, que beneficiará a los Estados miembros”.

Entre las acciones que proyecta el plan “está la convergencia y reconocimiento de una agencia regulatoria, tener una plataforma común de ensayos clínicos, para tener acceso a las vacunas en condiciones mejores, realizar compras conjuntas para que no haya disparidades (no solo con las vacunas sino con todos los insumos médicos), potenciar consorcios productivos regionales (como el de México y Argentina con AstraZeneca)”, resume Pastrana.

En la cita de México, Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la CEPAL, destacó que al ritmo que vamos, la región no va a alcanzar a vacunar al 80 por ciento de la población mayor de 18 años. Incluso hay países que no llegan ni al 10 por ciento. Destacó que en la región tenemos capacidades para producir las propias vacunas y para que los países con mayor estructura y capacidad de compra puedan ayudar a los que van más rezagados, reseña Pastrana.

“Sí se puede, tenemos las capacidades, pero hay que tomar acciones rápidas, conjuntas, y creo que la Celac nos ha dado un potente mensaje”, dijo finalmente Bárcena.

ALIMENTOS. Por encargo de la Celac, la CEPAL también avanzó el “Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la Celac 2025. Una propuesta para seguimiento y análisis”.

En el ámbito financiero, específicamente refiriéndose al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Celac (Resolución 18) “hace un llamado urgente a la revisión de las políticas de acceso y sobrecargos en los préstamos de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada uno de los países en el contexto de la actual pandemia, para contribuir a la financiación de los países que más lo necesitan”, aunque cuidándose de advertir, hay que hacer todo lo anterior “manteniendo simultáneamente la solidez financiera de esa institución (el FMI)”.

Es la Resolución 27 en la que la Celac “manifesta su apoyo para el pronto establecimiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI) como firme compromiso de la Celac para el uso, promoción, conservación y revitalización de la cultura y de las lenguas de los pueblos indígenas en todos los ámbitos”.

En el ámbito de la crisis climática, la VI Cumbre anuncia (Resolución 37) su compromiso “a incrementar la ambición climática en los Estados miembros en torno a los objetivos del Acuerdo de París, conforme a los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”.

Problema común pero distintas responsabilidades, la Declaración del la Cumbre de la Celac recuerda que exigirá que se cumpla el “compromiso para la provisión y movilización por parte de los países desarrollados de 100 mil millones de dólares anuales destinados a apoyar a los países en desarrollo entre el 2020 y el 2025” (Resolución 37).

Por eso, concluye, “respalda el establecimiento de un fondo voluntario para facilitar una mejor respuesta regional a desastres”. Resolución 38. En tres resoluciones, la 32, 33 y 34, la Declaración se refiere a la migración; si bien se trata de aseveraciones declarativas, no dejan de tener importancia como los principios de la Celac en el tema: “Hace un llamado, tomando en consideración la coyuntura actual, para intensificar el trabajo coordinado, a fin de manejar los movimientos migratorios en la región” (32); “Rechaza la criminalización de la migración irregular y de toda forma de racismo, discriminación racial, xenofobia, discursos de odio y otras formas conexas de discriminación e intolerancia contra personas migrantes y solicitantes de refugio” (33); y, “Reconoce que, solo por estas vías y mediante la cooperación e intercambios de información entre nuestros países, se concretarán, de forma exitosa, los procesos migratorios que optimicen el desarrollo de los países de origen, tránsito, destino y retorno” (34).

En la lucha contra la drogas, establece un principio de acción: “Exige un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, sostenible, amplio, respetuoso de los derechos humanos y basado en la evidencia científica, con medidas que se refuercen mutuamente”. (Resolución 40)

ESPACIAL. Finalmente, en la Resolución 43, “Saluda la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) con miras a fortalecer las capacidades regionales e impulsar la cooperación, colaboración, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías entre los Estados latinoamericanos y caribeños, para la realización de actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”.

En el ámbito de género y migración, hace notar la periodista Pastrana, no se puede dejar pasar el “sutil reclamo” que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, la única que habló claramente de dos temas ausentes en la discusión: migración irregular y equidad de género.

“La migración no es un fenómeno nuevo y tampoco va a desaparecer, pero mirar para el otro lado y pretender que no está ocurriendo no es una opción. Este fenómeno solo lo podemos atender de una manera regional con justa corresponsabilidad entre todos, unidos. Somos responsables de lo que hacemos”, dijo.

En el tema de la equidad fue más directa, destaca Pastrana: “La pandemia ha causado estragos en los avances para lograr una justa equidad de género con igualdad de salario y acceso para el empoderamiento económico y educativo de las mujeres. Habemos tan solo tres mujeres sentadas aquí en esta mesa, que he contado 36 puestos. Generemos compromisos regionales que aseguren la participación de mujeres en la toma de decisiones y cumplámoslo”, afirmó Mouynes.

En cuanto a la participación boliviana, además del reclamo que el presidente Luis Arce hizo contra la OEA y su “injerencia” en Bolivia en las elecciones de octubre de 2019, no es de echar de menos la exigencia específica de Bolivia sobre las patentes de las vacunas: “Necesitamos el apoyo de ustedes para acelerar este proceso por el bien de nuestros pueblos y la humanidad. Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos al objetivo de inmunización en el tiempo oportuno y la pandemia terminará por llevarse más vidas, de colapsar nuestras economías y trastocar nuestra sociedad y el ámbito político. El interés financiero no puede estar por encima del interés social y de la salud”.

A raíz del evidente liderazgo que tiene México y los avances y los logros obtenidos bajo su Presidencia Pro Témpore, en la Cumbre se acordó que este país conserve un año más esa condición; esto, señalan Romano y Lajtman, “a fin de dar continuidad a los proyectos iniciados durante la emergencia sanitaria”. 

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El Gobierno apunta a la ‘estabilización’ de los cultivos de coca en 22.000 hectáreas

En 2020, de 11.000 hectáreas programadas para la erradicación, apenas se llegó a 1.700, aseguró el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

/ 20 de septiembre de 2021 / 13:51

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, señaló este lunes que el Gobierno trabaja en lograr la «estabilización» de la producción de coca en no más de 22.000 hectáreas, tal como dispone la Ley General de la Coca.

En entrevista con el programa por streaming La Razón Radio, Mamani aseguró que cada año se proyecta un promedio de racionalización y erradicación de 11.000 hectáreas.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos acusó a Bolivia de no haber realizado los esfuerzos suficientes en la lucha contra el narcotrafico, y le «alentó» a que cuide los mercados legales de la hoja de coca y erradique la producción ilícita.

Este llamado de atención, aparte de ser rechazado por la administración del presidente Luis Arce, no comprende lo que en realidad pasa en la lucha contra el narcotráfico, dijo Mamani. «No puede haber reducción de cultivos de coca por arte de magia».

En promedio, en el país se erradica entre 8.000 y 11.000 hectareas. Si en el informe de la UNODC, apuntó Mamani, se dice que entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 15% de los cultivos, esto sobre todo fue por la falta de voluntad política del gobierno transitorio de Jeanine Añez. «En 2019, a los dos días del golpe de Estado, han paralizado las tareas de racionalización y erradicación de los cultivos de coca; ha faltado erradicar 1.800 hectareas de coca «.

Peor fue la situación en 2020, subrayó Mamani. «De las 11.000 proyectadas apenas han erradicado 1.700 hectáreas»; por eso, dijo la autoridad, la UNODC cataloga a lo sucedido en 202O como «uno de los peores» incrementos de cultivos en los últimos 10 años.

Por lo demás, Mamani apuntó que «el único organismo internacional reconocido (en el monitoreo de los cultivos de hoja de coca) es la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Para la gestión 2021, se proyecta la erradicación de 9.000 hectáreas, de las cuales se avanzó 6.240, detalló el viceministro.

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Tras toma de sede, cocaleros de los Yungas anuncian bloqueos en tres provincias

Dirigentes acusan al grupo afín al MAS y se anuncia para esta tarde la posesión de los dirigentes elegidos en los comicios cuestionados por el sector de Armin Lluta.

Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de septiembre de 2021 / 12:23

Tras la toma de su sede, ubicada en Villa Fátima, cerca de la Plaza del Maestro, la improvisada asamblea de los productores de coca de los Yungas decidió “suspender” actividades en las tres provincias donde se produce la hoja.

«Las bases han determinado que se suspende toda actividad en las tres provincias (Nor y Sud Yungas e Inquisivi)», señaló a la red Erbol el secretario de Conflictos de la Adepcoca, Noel Luna.

Adelantó que la movilización consistirá además en bloqueo de caminos en «tres puntos estratégicos», los cuales no quiso revelar «por seguridad».

En la madrugada de este lunes, aproximadamente a la 01.00, un grupo de al menos 40 personas tomaron las instalaciones de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

Al momento, la sede, ubicada en la zona de Villa Fátima, se encuentra resguardada por policías.

En un video difundido por radio Éxito, se escucha explosiones en cercanías del lugar, con alguien diciendo que “se están entrando por la puerta de arriba”.

El dirigente Salustiano Mamani, en declaración a radio Éxito, denunció el destrozo de puertas y ventanas. Atribuyó está toma al sector afín al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el dirigente Freddy Blanco, la Policía tuvo una acción complaciente con quienes tomaron la sede cocalera.

Quienes habrían protagonizado la toma, según estos dirigentes cocaleros, son los partidarios de Arnol Alanes, quien ganó las últimas elecciones del sector de la Adepcoca cuestionado por la dirigencia encabezada por Armin Lluta.

De último se supo que en Kalajahuira, donde está la sede del sector cocalero del cual formarían parte quienes tomaron la sede, posesionarán al dirigente que ganó la cuestionada elección; se prevé que sea esta nueva dirigencia la que también tome juramento en la sede.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que hay seis detenidos entre los que resguardaban la sede, que en su intento de fuga habrían invadido predios del colegio Ave María, al lado de la Adepcoca, y que fueron denunciados por dependientes de la unidad educativa.

Aguilera, definiendo siempre el conflicto «entre privados», informó que hay dos grupos de policías tanto en la Adepcoca como en Kalajahuira.

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Informe GIEI, también se debe ver sus ausencias

Académico invoca a reflexionar sobre el papel en la crisis de la prensa, las iglesias y las universidades, entre otros.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:49

El punto sobre la i

El domingo 5 de septiembre, cuando muchos sectores todavía celebraban que por fin se haya presentado el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que lo que toca ahora es seguir sus recomendaciones, el sociólogo y antropólogo Esteban Ticona publicaba en su habitual columna en LA RAZÓN un artículo a contramano del entusiasmo generalizado por el documento de los expertos. ‘Ausencias en el informe del GIEI’ provocaba el investigador. Se refiere, apunta, a “actuaciones” de ciertos sectores que no se encuentran en el informe, pero que debieran. Entre las ausencias más relevantes estarían la de la prensa y su rol en la crisis.

“¿Cuál fue el papel de la prensa? No de los periodistas. El papel de los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, de los empresarios de la comunicación. ¿Cuánto y cómo alentaron el conflicto? o ¿cuánto y cómo buscaron la pacificación?”, cuestiona Ticona.

Y es que preocupa, sugiere Ticona, la responsabilidad social y política concreta de los medios. “¿Cómo interpretar a la prensa televisiva que cada noche transmitía los cabildos desde Santa Cruz y La Paz, con amenazas y acciones concretas para derrocar a un gobierno constituido mediante votos? ¿La prensa actuó de manera independiente? En fin, son preguntas que me hubiese gustado que se contemplen en el informe.

“El GIEI, en sus recomendaciones, no observa el papel de la prensa en las sociedades contemporáneas; no analiza el rol de los medios de comunicación en época de conflictos sociales, no solo como informadores, sino también como actores políticos”, remata el sociólogo.

También ve como ausencia en el informe de los expertos el papel jugado en la crisis por las universidades, públicas y privadas; la actuación de las iglesias católica y evangélica.

En los artículos ‘Lo bueno, lo malo y lo feo en el Informe del GIEI’, partes I y II, publicados en el periódico Los Tiempos, de Cochabamba (18 y 27 de agosto), el escritor Emilio Martínez destaca como “omisiones fácticas”: no haber señalado que el ciudadano argentino Facundo Molares “formó parte de las FARC”, con lo que páginas después “desestima con ligereza la tesis inicial de la Fiscalía sobre la actuación de un grupo guerrillero en esos sucesos”. También le reprocha no haber citado que también el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, le pidió la renuncia a Morales, sentando de este modo que sólo los policías y militares pidieron la dimisión de Evo Morales.

Asimismo, Martínez cuestiona que tampoco se haya citado la quema de la casa y bienes del subgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, por parte de militantes del MAS, o la “quema de 22 motocicletas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)”. El escritor además deplora que el GIEI no haya entrevistado a Amparo Carvajal, la “presidenta” de la Asamblea de DDHH de Bolivia, o que tampoco se haya buscado hablar con el Comité pro Santa Cruz. Asimismo. Martínez cuestiona el “sesgo ideológico” de ver las “narrativas de odio racial” en el país desde un solo lado (blancos hacia indígenas), o que se califique a la RJC de “grupo de choque” y se vea “con extrema candidez a los sindicatos cocaleros del Chapare”.

REPROCHES Los expertos también tuvieron que soportar los reproches que les hicieron personas e instituciones cuando presentaron su informe en Santa Cruz, como reseña la reunión el periódico El Deber (20 de agosto de 2021): que dejó fuera a otras víctimas no masistas, que “su informe está sesgado porque minimiza a las víctimas de la oposición” (diputada María José Salazar, de Comunidad Ciudadana), que los procesos judiciales a favor de las víctimas no masistas “no avanzan”; que el GIEI “logró investigar y escudriñar hasta la última piedra en Sacaba y Senkata, pero resulta que en Montero no se hace una investigación como se debe”, según el diputado de Creemos Erwin Bazán. Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, “el informe tiene todos los tintes de tibieza y no da la satisfacción en la búsqueda de justicia, sino que ha confundido más al pueblo y le ha dado más posibilidades al Gobierno para que lo use en su beneficio”, recoge el periódico cruceño.

En lo relativo al papel que jugó la prensa en la crisis, el informe del GIEI más bien se orienta a la situación de los periodistas en los momentos específicos de la crisis. El tema es abordado en el capítulo “4. Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, en el inciso E. Protesta social y libertad de expresión. Partiendo del principio de que la libertad de expresión se la ejerce tanto en las “manifestaciones públicas” (en las marchas y movilizaciones de protesta) como en el ejercicio del periodismo, lo que se hace en el informe, reconocen sus autores, es analizar “las violaciones del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social durante la crisis social y política en Bolivia, describiendo los modos en que el ejercicio del derecho a la protesta fue vulnerado por las autoridades y también por parte de manifestantes, al sobrepasar los límites que se reconocen a este derecho. En segundo lugar, se recogen las agresiones a periodistas y ataques a medios e instalaciones de prensa. Resulta abrumador el número de agresiones y ataques al periodismo durante los hechos en torno al conflicto electoral y político del último trimestre de 2019. La violencia hacia la prensa no se circunscribió a una región determinada, sino que se ejerció en las principales ciudades del país”.

GARANTÍAS. Específicamente con relación al periodismo, los expertos concluyen que “no hubo garantías esenciales para el ejercicio de la profesión”, y que se amedrentó y atacó a los medios de comunicación.

Mientras el GIEI identificó, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dice, a 58 periodistas agredidos, la Fundación Konrad Adenauer, le cita, afirma que la Asociación Nacional de la Prensa reportó 76 periodistas agredidos y 14 medios que sufrieron algún ataque.

“Muchos profesionales fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados. Los protagonistas de estos cercos se arrogaban facultades por fuera de toda legalidad, como ejercer controles territoriales, registrar bolsos o pertenencias de transeúntes y periodistas, y permitir o impedir la circulación de personas y vehículos entre barrios y en múltiples puntos de las ciudades. En el caso de los periodistas, no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”, destaca el Informe del GIEI.

AMENAZA. En el trato que el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez dio a los periodistas, el GIEI cita explícitamente (de hecho, en casi todos los informes anteriores está la frase) a la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien había dicho:

“La prensa debe tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son algunos casos bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Si el Movimiento Al Socialismo no ha respetado la Constitución durante todos estos años desde que se la aprobó, este gobierno de transición sí lo va a hacer, y la va a hacer respetar”.

Respondiendo a una pregunta, advirtió que esos periodistas sediciosos ya estaban identificados: “El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, va a tomar las acciones pertinentes en todo esto”.

Los periodistas, los reporteros, estaban en el ojo de la tormenta, apunta el GIEI: fueron víctimas tanto las fuerzas policiales y fuerzas armadas como los propios manifestantes, divididos entre los que denunciaban un posible fraude electoral y los que afirmaban que estaban ante un golpe de Estado.

En la línea anunciada, de que se indagará las agresiones a los periodistas y medios, el GIEI identifica a dos grandes agresores: las fuerzas policiales y militares; y los civiles manifestantes.

En las grandes ciudades, un especial atentado contra los periodistas y el ejercicio del periodismo, dice el Informe, era el “control de paso”. “Esta práctica, ejercida por ambos grupos, consistía en averiguar a qué medio pertenecía el periodista antes de permitir que este traspusiera el bloqueo e hiciera su trabajo”.

Pero el sociólogo Ticona cuestiona no tanto las agresiones contra los trabajadores de la información, sino el papel que jugaron en la crisis no precisamente como informadores, sino como plenos “actores políticos” en la crisis y su responsabilidad.

Esta es una larga historia por reconstruir, sin duda, pero ya hubo avances en la reflexión pedida por Ticona, pero ausente en el Informe del GIEI. A fines de 2020, la Fundación Friedrich Ebert (FES) publicó el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020), bajo la coordinación de Jan Souverein y José Luis Exeni.

En dicho texto, la politóloga Susana Bejarano y el periodista Fernando Molina presentan el provocador trabajo, desde el título: La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019.

Los autores afirman que “el apoyo mediático al nuevo oficialismo (Áñez) llegó al punto de justificar la represión ejecutada por el gobierno”. Como ejemplo, analizan la represión en Sacaba, del 15 de noviembre, y la cobertura que se hizo entonces. Cuando en el “enfrentamiento” murieron 10 campesinos y ningún militar o policía resultó herido, “Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían ‘armas de fuego y otros objetos letales’. Página Siete se sumaba así a la línea oficialista que, desempolvando un viejo libreto, reducía los conflictos sociales a la acción de ‘grupos subversivos armados’”. (Página 190)

SENKATA. Para el caso de Senkata, la objeción de Molina y Bejarano es a la cobertura y el relato que se produjo en los medios sobre la caída del muro de la planta de acopio de gasolina y gas. Luego de que las autoridades de gobierno lograron sacar un convoy de camiones y cisternas, la gente empezó a aglutinarse sobre la planta. “Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios, excepto La Razón, dijeron que el mismo fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, esta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella”. (Página 190)

Los medios, que no habrían estado allí (los autores citan como prueba de esto los testimonios de los manifestantes al programa español Salvados; el propio GIEI lo ratifica: “La cobertura de lo que pasaba en El Alto era muy difícil y fueron pocos quienes lograron informar desde allí”), repitieron la versión del gobierno: que la pared cayó por una explosión de dinamita, de “un atentado dinamitero”; esto les permitió, dicen Molina y Bejarano, hablar luego de “terrorismo”. De nuevo, citan como ejemplo a Página Siete (nota del 21 de noviembre de 2019): “En 10 días hubo al menos ocho actos terroristas en el país”. El subtítulo de esta nota es: “Desde la presencia de extranjeros con explosivos hasta el atentado a la planta de Senkata, los ciudadanos paceños y alteños vivieron días de terror”; destacan el texto: “El pasado martes un grupo de bloqueadores seguidores de Evo Morales derrumbó dos muros de la planta de YPFB, en Senkata, a punta de dinamitazos, y después quemó al menos cinco vehículos que estaban dentro de los predios”. (Página 192)

VERSIÓN. A la difusión de la versión oficial de los dinamitazos, se sumaba, señalan los autores, el no recoger la versión de los sectores y movimientos sociales, la necesaria contraparte, esa que se quejaba que “nos quieren animalizar, dicen que queríamos volar la planta, como si no supiéramos que eso nos mataba a todos” (mujer entrevistada por el diario español El País), o no prestar la suficiente atención a la versión de que “derribaron el muro porque los militares arrastraron tres cadáveres dentro de la planta”.

LA RAZÓN, recuerdan la politóloga y el periodista, fue “el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas en los días inmediatamente posteriores a los hechos e incorporó su versión a los reportes”. (Página 192) Por esto de no acudir a estas fuentes, cundió la desconfianza hacia los medios nacionales, apuntan los autores; su mayor confianza en los medios extranjeros.

No deja de señalar el informe del GIEI que hasta el humor gráfico fue alcanzado por la polarización política, poniendo como ejemplo la salida (temporal) de Al-Azar de LA RAZÓN en diciembre de 2019. “Ni siquiera el humor y la ironía tuvieron espacio o perdón. El 3 de diciembre, el caricaturista conocido por su pseudónimo Al-Azar, 460 del periódico La Razón, dejó de publicar sus caricaturas, luego de recibir amenazas”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Se mantiene ‘sin fecha’ la consideración de los juicios de responsabilidades contra Áñez

Las cuatro proposiciones acusatorias están ‘estancadas’ en la Comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea, que debía considerar el tema la semana pasada.

Jeanine Áñez está detenida desde el 13 de marzo. Foto de archivo: APG.

/ 14 de septiembre de 2021 / 10:26

El segundo secretario de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Walter Justiniano (Comunidad Ciudadana-CC), ratificó que no hay ningún indicio de que en lo inmediato se considere en la Comisión Mixta de Justicia Plural las proposiciones de juicio de privilegio contra la expresidenta Jeanine Áñez.

En entrevista con La Razón Radio, Justiniano hizo notar la peculiar forma en que se dejó de considerar las proposiciones en dicha comisión mixta.

Contó que primero el Movimiento Al Socialismo (MAS) aceleró la aprobación de los juicios antiguos en la comisión conformada por senadores y diputado (20 juicios), todo para considerar las cuatro proposiciones contra Áñez. Pero, el día señalado por los propios legisladores masistas para tratar el tema, el miércoles 8, sin previo aviso, en seco se suspendió dicha sesión.

“El MAS frenó el ingreso (el tratamiento, en realidad) a la comisión de las proposiciones”, detalló el senador opositor.

Justiniano cree que la suspensión de la sesión tiene relación con el anuncio, el mismo día, del ministro de Justicia, Iván Lima, de llevar adelante un proceso de 90 días de preparación de la reforma judicial; una de las mayores demandas de CC, apuntó.

Las cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez son: el daño económico que habría causado un crédito del FMI no aprobado por la Asamblea Legislativa; el decreto supremo que a nombre de la lucha contra la pandemia de COVID-19 atentó contra la libertad de expresión; la prórroga que se califica de ilegal de una concesión estatal a la privada Fundempresa; y, la más reciente y grave, la responsabilidad de Áñez en las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.

Hasta el momento, reveló Justiniano, no hay ninguna señal de parte del oficialismo de convocar a la sesión de Comisión Mixta de Justicia Plural. Por lo menos aquí —indicó— no se trata de una falta de consenso con la oposición para aprobar las proposiciones acusatorias, pues el MAS tiene la mayoría suficiente para hacerlo.

Una vez que los juicios sean aprobados en la comisión mixta, deben pasar al plenario, donde sí se precisa de los dos tercios de los miembros presentes para dar curso a los juicios de responsabilidades.

Lo peculiar en esta instancia es que se permiten sólo dos votaciones, y si a la segunda no se alcanza los dos tercios de aprobación, el caso es automáticamente archivado, por lo menos durante la presente gestión.

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