Opinión

domingo 17 oct 2021 | Actualizado a 09:52

Contrabando

Poner freno al contrabando demanda mucho más que las exitosas tareas de interdicción que se conocen.

Por La Razón

/ 18 de diciembre de 2020 / 02:59

Como todos los años, la llegada de la fiesta de Navidad y la tradición de intercambiar regalos que trae asociada, demanda mercados bien abastecidos de toda clase de bienes de consumo. Si bien el proceso dinamiza la economía y pone en circulación el dinero, en el caso boliviano se distorsiona debido a que gran parte del comercio está alimentado por el contrabando.

Si bien las fronteras bolivianas son vulnerables todo el año a los intentos de clanes de contrabandistas, es durante el último trimestre del año cuando más activas son las operaciones de internación ilegal de mercadería. El negocio implica mucho más que propietarios y transportistas del contrabando, pues demanda servicios de abastecimiento y cobijo, que se brindan en las poblaciones fronterizas.

Así, la intensa lucha contra el contrabando, que desarrolla el Viceministerio del ramo a través de fuerzas especiales de las FFAA, se ve obstaculizada no solo por temerarios transportistas capaces incluso de cruzar un campo minado a bordo de sus camiones de alto tonelaje, sino también de la población de aquellas localidades cercanas a los pasos fronterizos, capaz de poner en riesgo la vida de quienes combaten el ilícito negocio.

Además del ya señalado incremento estacional en la demanda, favorece a la buena salud del contrabando el hecho que durante el gobierno transitorio la lucha contra este crimen no fue tomada como prioridad y, según el actual Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, incluso se desmanteló parte de la capacidad instalada en las fronteras. A ello debe agregarse el cierre de fronteras a causa de la pandemia, que incrementó el uso de pasos ilegales.

Por otra parte, la devaluación de las monedas de países vecinos favorece la importación ilegal de productos de origen animal y vegetal, lo cual, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), produce pérdidas de hasta Bs 30 millones solo para el sector porcícola y merma hasta en 20% la producción de las granjas nacionales.

Por su parte, el Presidente del Estado, en un acto de entrega de automóviles incautados para reforzar la lucha contra el contrabando, recordó que cuando se comercia y se consume productos importados se afecta de manera directa a la industria nacional, mucho más si es de contrabando, pues en ese caso ni siquiera produce ingresos en calidad de impuestos y mucho menos es sometido a controles de calidad.

Poner freno al contrabando demanda, pues, mucho más que las exitosas tareas de interdicción que se conocen, ya que es evidente que como modus vivendi está muy extendido en poblaciones menores y hasta ciudades intermedias, cuyas poblaciones se han mostrado dispuestas a conservar su fuente de ingresos por cualquier medio. Sin alternativas al contrabando como medio de subsistencia para quienes trabajan en este ilícito negocio, las mafias que mueven millonarios negocios seguirán gozando de la complicidad de la población tanto en la frontera como en los mercados urbanos.

 

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Fin del caso Fraude

Es fundamental que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2021 / 00:10

Con la decisión del Ministerio Público de “ratificar el sobreseimiento” de los exvocales del TSE, concluyó formal y definitivamente el caso Fraude, iniciado en noviembre de 2019 con la detención arbitraria de todas las autoridades electorales del país. Se cierra así este oscuro capítulo, aunque seguirá persistiendo en la narrativa de quienes fueron derrotados en esos comicios.

El 10 de noviembre de 2019, horas después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundiera de manera prematura los “hallazgos preliminares” del “análisis de integridad” sobre las elecciones de ese año, la Fiscalía General dispuso la aprehensión de todos los vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales. En algunos casos, violando sus derechos, se los exhibió enmanillados, como trofeo. Así arrancó el caso Fraude, dos días antes de la autoproclamación de Áñez.

Con presunción de culpabilidad, sin debido proceso, las autoridades del organismo electoral, que administraron los comicios generales de octubre de 2019 (luego declarados “sin efecto legal”), fueron acusadas por supuestos delitos electorales. El juicio penal por “fraude” derivó en declaraciones de los aprehendidos, nuevas detenciones, inspecciones de reconstrucción, audiencias y otros actos procesales. Durante un año los fiscales actuaron bajo presión y amenaza del exministro Murillo y la Procuraduría.

Transcurridos casi dos años, el caso Fraude se cierra con la “ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento”. Se dispuso así la conclusión del proceso respecto a los imputados, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En este tiempo, la parte acusadora (incluyendo al dos veces derrotado candidato presidencial, Carlos Diego Mesa) no pudo aportar suficientes “elementos probatorios para sustentar la acusación”. Gritar “fraude monumental” no basta.

De manera paralela, el actual Procurador, bajo el eslogan “Acta x Acta. Democracia y Verdad”, realizó el anunciado recuento público de actas de las elecciones 2019. La previsible conclusión, para su tribuna, es que “no hubo fraude”. Demás está decir que esta acción, que no tiene ningún efecto legal dado el principio de preclusión, se inscribe en la prolongada disputa política sobre la crisis de 2019. Es claro que difícilmente modificará la percepción de quienes sostienen la narrativa del “fraude”.

A estas alturas, dado el desenlace de los hechos (elecciones 2019 sin efecto legal, régimen provisorio, elecciones 2020 con Gobierno electo), es fundamental como país, más allá de la polarización y sus creencias, que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia. Los procesos políticos pasan, la sociedad queda. Ello no implica, por supuesto, renunciar a la imprescindible exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Veamos cómo se cierra el caso Golpe.

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Nueva ola, vacunas y responsabilidad

Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad.

Por La Razón

/ 16 de octubre de 2021 / 01:37

Aunque sus efectos más graves se han reducido coyunturalmente, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública. Se sigue precisando una acción planificada y coherente de las autoridades gubernamentales de todos los niveles. Llaman la atención los nuevos problemas que están surgiendo en la vacunación y el creciente relajamiento de restricciones sin coordinación.

Después de una tercera ola de contagios en la que se tuvo que lamentar un aumento de la mortalidad y nuevamente fuertes presiones sobre la capacidad de atención de los servicios de salud, hemos experimentado casi dos meses de reducción sostenida de la incidencia de la enfermedad.

Esa tendencia coincidió con una aceleración del ritmo de vacunación que permitió superar el 50% de cobertura entre la población mayor de 18 años y un rápido retorno a la normalidad en casi todas las actividades económicas e inclusive de entretenimiento. Es comprensible la salida de muchas personas a las calles y espacios colectivos después de tantos meses de restricciones.

Sin embargo, esos logros no deberían llevar a la conclusión equivocada de que la pandemia ha sido superada. Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad. Aunque los especialistas indican que gracias a la vacunación es posible que la mortalidad de esos nuevos eventos sea más reducida, aún hay peligro para muchas personas, sobre todo en condición de vulnerabilidad.

Se esperaría, por tanto, que las autoridades sanitarias de todos los niveles no bajen la guardia, innovando en las estrategias de vacunación para aumentar rápido su cobertura, preparando a sus servicios y personal de salud para enfrentar una eventual cuarta ola, e implementando campañas sostenidas de información para seguir incentivando las prácticas de protección como el uso de barbijos, limpieza básica y algún grado de distanciamiento social.

Son francamente inquietantes las informaciones que indican que en algunos departamentos habría lotes de vacunas que podrían vencer si no son utilizadas oportunamente o el anuncio de la autorización de grandes eventos con concentraciones masivas de personas sin previamente haber discutido con especialistas los riesgos de tales decisiones.

Frente a estos indicios de desorden, no basta que el Gobierno central se lamente y denuncie, lo cual está bien, pero también debería empezar a plantear soluciones concretas. Las autoridades del Gobierno central, departamental y municipal tienen todas responsabilidades compartidas en estas cuestiones.

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Mala hora del turismo

Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector.

Por La Razón

/ 15 de octubre de 2021 / 00:58

En los últimos tres lustros y poco más, Bolivia ha hecho ingentes esfuerzos por despertar y desarrollar su vocación como atractivo turístico. Desde el emblemático Salar de Uyuni hasta los destinos gastronómicos han sido promocionados dentro y fuera del país, pero la pandemia del COVID- 19 le ha dado un golpe fatal al sector, que hoy lucha por recuperarse y merece apoyo público.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el flujo de turistas extranjeros a Bolivia se redujo de casi 1,24 millones de personas llegadas al país por vía aérea y terrestre en 2019 a poco más de 323.000 en 2020, una reducción equivalente al 74% del total. Aunque se dice que “mal de muchos, consuelo de tontos”, se sabe que el sector tuvo una caída similar en varios países de la región y el mundo: Argentina (-73,4%), Perú (-74%), Brasil (-68,5%), Chile (-67,5%), Estados Unidos (-73,1%) y España (-76,1%).

Expresado en términos financieros, el informe del INE revela que el dinero gastado por las personas extranjeras en Bolivia durante 2019 suma $us 837 millones; en 2020 ese gasto sumó apenas $us 191 millones. Es previsible que tomará un buen número de años llegar a las cifras de 2019, sobre todo considerando el profundo impacto que tuvo el año de pandemia, agravado por la situación política del país, en las empresas operadoras de turismo y de servicios asociados.

Los presidentes de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), la Cámara Boliviana de Hotelería y la presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz coinciden en calificar a 2020 como “año negro” para el sector, al mostrar que no solo se redujo el flujo de visitantes extranjeros, sino que también prácticamente se paralizó el movimiento de turistas nacionales. En La Paz, por ejemplo, la infraestructura hotelera fue ocupada apenas al 3% de su capacidad.

Los ya nombrados representantes de los sectores de turismo y hotelería reclaman al Gobierno mayor atención y, sobre todo, acciones concretas para el sector, que tiene un alto potencial para impulsar la reactivación económica del país; entre ellas están eliminar la cuarentena de 10 días de ingreso a Bolivia, aceptar los pasaportes bioseguros que indican que los turistas se encuentran completamente vacunados, promoción constante en naciones emisoras de turismo a Sudamérica y a Bolivia, además de gestiones para obtener el certificado Safe travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su nombre en inglés) para certificar a Bolivia y sus atractivos como destinos bioseguros.

Las señaladas son apenas algunas de las iniciativas propuestas; una indagación más profunda entre quienes se dedican a las actividades turísticas permitirá identificar muchas más ideas. Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector, para así, ojalá, volver siquiera al punto en el que estaba antes de noviembre de 2019.

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La victoria del ‘paro’

Lo que en realidad hicieron con su medida fue darle una victoria política al Gobierno en las calles.

Por La Razón

/ 13 de octubre de 2021 / 01:29

El “paro nacional” convocado el lunes por la oposición quedó restringido a una suerte de parálisis circulatoria en Santa Cruz, mientras que en la gran mayoría del territorio nacional las actividades fueron normales, con muy pocos puntos de bloqueo y escasos manifestantes. Sin esperarlo, el oficialismo recibió una victoria política coronada ayer con un masivo “wiphalazo”.

En los años del neoliberalismo y de la democracia pactada, asentados en los hoy extintos o residuales MNR, ADN y MIR, se asentó la narrativa de “las dos Bolivias”. Así, desde las élites dominantes se pretendía mostrar que había “una Bolivia que trabaja” (el Oriente) y “una Bolivia que bloquea” (el Occidente). El lunes la ecuación pareció invertirse en la calle con una fracción que “para” (o que pretendió hacerlo) y la otra que coreaba: “queremos trabajar”. Las narrativas, en todo tiempo, dan para todo.

Lejos de ser “contundente”, como evaluaron los promotores de la medida (en especial el Gobernador cruceño, el Comité Cívico y sus operadores mediáticos), el fallido paro político fue en todo caso la demostración de que la ciudadanía está más preocupada en superar la crisis económica y enfrentar la crisis sanitaria que en ir detrás de la polarización política. Diferentes estudios muestran que hay una sensación de agotamiento ante la disputa de relatos de los actores radicalizados de uno y otro lado.

Más allá del balance de un “paro” que deja mal paradas a organizaciones políticas como Creemos y Comunidad Ciudadana, resulta evidente que hay sectores sociales, como los gremialistas, cooperativistas y transportistas, genuinamente preocupados y movilizados por el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. La incapacidad del Órgano Ejecutivo para concertar la norma e informar claramente sobre sus alcances permite que se impongan distorsiones y falsedades.

Como sea, en lugar de “arrinconar” al Gobierno, como anunciaron algunos actores de la oposición, lo que en realidad hicieron con su medida fue darle una victoria política en las calles. Dicha victoria se fortaleció con la movilización realizada en desagravio de la wiphala, que flameó ayer en varios actos masivos. Claro que mal harían el oficialismo y el MAS-IPSP en creer que la persistente polarización política, las demandas sectoriales, los problemas de gestión, en fin, están resueltos a su favor.

Pese a su innegable mal cálculo político, algunos opositores persisten en la lógica de ultimátum y amenazas, anunciando un posible paro de 48 horas. Pareciera que todavía no logran asumir que fueron derrotados en las urnas y que el “segundo round” (sic), si quieren que se defina democráticamente, no será con acciones de desestabilización, sino en las próximas elecciones, con buenos candidatos y mejores programas de gobierno. Lo mismo debieran saber algunos oficialistas que apuestan por el enfrentamiento.

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39 años de democracia

Triste aniversario democrático, con la democracia más amenazada que nunca.

Por La Razón

/ 11 de octubre de 2021 / 01:00

Ayer se han recordado 39 años del día cuando Hernán Siles Zuazo retornó a la ciudad de La Paz para asumir como Presidente Constitucional de la República, luego de haber ganado las elecciones más de dos años antes. Hasta 2019, esta fecha se dedicaba a celebrar el más largo periodo de estabilidad sin golpes ni asonadas, pero el de ayer en lugar de festejo ha sido una señal de alarma.

En efecto, Bolivia ha llegado a la emblemática efeméride más polarizada que nunca y con su democracia activamente amenazada por grupos de poder e influencia que luego de lo sucedido en 2019 descubrieron que es posible tomar el Estado por asalto y cometer toda clase de crímenes amparados en el poder del dinero de unos cuantos (que luego pueden huir a otros países) y el silencio cómplice de los medios de comunicación, cuyos periodistas han abandonado ostensiblemente sus valores y principios profesionales.

De ahí que hayamos vivido la aberrante situación de una activista por los derechos humanos movilizada en defensa de los policías y militares que asesinaron personas en Sacaba y Senkata; numerosos líderes sociales y dirigentes políticos haciendo la vista gorda ante los excesos de un gobierno plenamente consciente de su total carencia de legitimidad; opinadores y analistas elaborando sobre verdades a medias cuando no falsedades completas, y una sociedad exitosamente confundida y desprovista de certezas.

Así, el país llega al 39 aniversario del retorno a la democracia con un gobernador revelando ante cámaras y micrófonos, con inverosímil candor, que su padre usó su gran fortuna para pagar a oficiales de la Policía y de las FFAA, amén de grupos de mineros oportunistas, para desestabilizar al Gobierno y expulsar del poder a un presidente democráticamente electo, y encima darse el lujo de amenazar con hacerlo nuevamente.

El déficit democrático es muy grave, y se lo ha señalado constantemente en este mismo espacio. Allí donde las y los políticos en ejercicio, las y los representantes legislativos han abandonado su tarea fundamental, que es hacer política, para abocarse a la más pueril forma de lidiar con los problemas del país: los ataques y contraataques verbales, se está creando más desconfianza en la clase política y abriéndose espacios para la solución autoritaria.

Se trata, pues, del más amargo aniversario cuando se recuerda en vísperas de un paro cívico que solo será exitoso por la presión de ciertos grupos dotados de recursos para generar violencia y miedo en una ciudadanía que tiene menos interés en el color de una bandera y más preocupación por hacer alcanzar el dinero hasta fin de mes; que no teme a una ley de ganancias ilícitas porque las suyas son fruto del trabajo esforzado y honesto.

Triste aniversario democrático, con la democracia más amenazada que nunca y con los dirigentes antidemocráticos aupados por medios, periodistas y activistas enceguecidos por el odio político y el racismo.

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