Oruro se convirtió en los últimos días en una ciudad donde la hostilidad, el caos y las agresividades sueltas han desportillado los mecanismos que las controlan y civilizan. La manzana de la discordia: la imposición de nuevas tarifas por parte del autotransporte en desmedro de la población. Al respecto, hay que entender que la exigencia de este sector se ampara en un estudio de costos realizado por el municipio, que en ningún momento fue aprobado y puesto en vigencia por el Legislativo municipal. Empero, los dirigentes del autotransporte lo utilizan como “bandera prosaica” para sustentar sus violentas imposiciones. “Imposiciones ilegales», desde luego, ya que un sector no puede usurpar una competencia que corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (artículo 302 de la Constitución y leyes 482 y 031) y normativas conexas.

Lea también: El voto oculto

Por exacta analogía, la Sala Constitucional N° 2 del Tribunal Departamental de Justicia decidió conceder la tutela a un ciudadano orureño que presentó una “acción popular”, poniendo en evidencia que el sector del autotransporte definió de manera ilegal una estructura tarifaria atentatoria a los derechos colectivos. La resolución exhorta a la Alcaldía de Oruro a viabilizar una ley municipal del transporte que será el instrumento normativo que primero genere estándares de calidad en los servicios de transporte, tráfico y movilidad urbana, para después en su reglamentación, definir una estructura tarifaria acorde a la realidad del mercado, basada en estudios de costo-objetivos, y consensuados.

Adentrándonos en ese terreno, es imperativo señalar que la Ordenanza 98/2013 no refleja la realidad actual de la ciudad de Oruro y que, por tanto, es necesaria una nivelación de tarifas que debe ir acompañada de una mejora en la calidad del servicio, porque como decía Vasily Smyslov, “en el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo”, y si el sector del transporte exige una nivelación de tarifas, debe entender que también debe mejorar el servicio que brinda. Caso contrario, la población no legitimará ninguna definición al respecto.

Por tanto, es el transporte el que le puso el cascabel al gato, actuando como su propio enemigo, porque de la mano de sus demandas salieron, a la par, las demandas de los vecinos orureños que exigen al transporte poner en condiciones óptimas sus motorizados, ya que muchos de ellos son arcaicos y generan ruidosa contaminación, cumplir el trameaje y los horarios, ya que a partir de las 20.30 el ciudadano ya no encuentra minibuses, y a partir de las 21.00 éstos, dependiendo la cantidad de pasajeros, ya no quieren adentrarse fuera de la avenida Circunvalación, y lo propio ocurre con los taxis, que actúan como “taxistas neoliberales”, ya que cobran lo que les viene en gana: hasta Bs 40 la carrera en algunos casos. Y, por otra parte, no quieren brindar el servicio a un solo pasajero, simplemente no lo alzan, prefieren alzar dos o más pasajeros; incluso eligen a los pasajeros según su destino, porque están acostumbrados a operar solo en su zona de confort.

Por consiguiente, Oruro necesita orden y para ello es imperativo trabajar una ley municipal del transporte, que no necesariamente debe ser consensuada en todos los aspectos normativos con todos los sectores, pero sí ampliamente socializada, para que goce del “principio de legitimidad” desde sus cimientos. Esto evitaría la generación de conflictos innecesarios y discursos farsescos por parte de un sector que ha generado violencia con sus imposiciones ilegales en la capital del folklore boliviano.

(*) Freddy Rivas Orozco es abogado y comunicador, especialista en ‘fundamentación jurídica’

Ciertas voluntades se presentan taimadas, sin anunciar que vienen preñadas de profundas reflexiones, y protestas exacerbadas, finamente escondidas en un voto que no le pertenece a nadie hasta el último momento. Ese voto indeciso u oculto fue el que hizo la diferencia, un voto que siempre fue por el MAS, pero que no pudo expresarse públicamente a raíz del clima de hostilidad generado por el impresentable ministro Arturo Murillo. ¿Se necesitaba para gobernar o conquistar el voto en favor de la candidata Jeanine Áñez etiquetar a todos los disidentes como masistas? Lo mismo le pregunto a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. ¿Se necesitaba estigmatizar tanto el masismo?

Considero que hubiese sido mejor prescindir de las etiquetas de “salvajes”, “ignorantes”, “delincuentes”, “narcotraficantes”, “violadores”, “pedófilos”, y de tantas amenazas profundamente sibilinas orquestadas por el ministro del terror, de un gobierno de transición inmisericorde que cometió bullados hechos de corrupción, en medio de la pandemia, y que propagaba estas etiquetas contra todos los que tenían la osadía de expresarse, tal vez no tanto por ser masistas, sino simplemente por expresar su disconformidad.

¿Cuántas vidas se hubieran salvado si el Gobierno de transición no se hubiera corrompido con la compra de respiradores españoles con evidente sobreprecio? ¿Cuántos dirigentes, abogados constitucionalistas, políticos de toda laya juraron amor eterno a la candidatura de Jeanine Áñez, manteniendo silencio cómplice sobre sus corruptelas?

A Carlos Mesa le dio flojera hacer campaña, porque se creyó ganador, no quería exponerse demasiado, fue timorato hasta el último debate. “Sí, pero no; no pero sí”. Never in my life.

Luis Fernando Camacho y Marco Pumari se pusieron al principio todas las trabas posibles, con denuncias y contradenuncias que terminaron afectando más a Pumari que a Camacho, no otra cosa significa que Creemos perdió colosalmente en Potosí, llegando al 2,79% de apoyo en la votación.

El MAS, aún aturdido por el tremendo revés que sufrió, movió todas sus estructuras eligiendo a un buen candidato, artífice del milagro económico boliviano, que ahora tiene la dificultosísima tarea de la reconciliación colectiva, de la reactivación económica y de las diferentes exigencias que hacen a este país ingobernable.

Desde la UDP, Bolivia no se ha enfrentado a una crisis económica como la que se avecina, y las matemáticas del desastre son brutalmente claras: Este 2020 cerraremos con un alto déficit fiscal que llegará a            -13,5%, y mejor ni hablar del endeudamiento que básicamente triplicará el registrado en el cierre de la gestión 2019: a raíz de que el gobierno de la impresentable excandidata Jeanine Áñez en la cartera económica, fue de mal en peor: comenzó con José Luis Parada, cuya experiencia como economista se focalizaba solamente en el modelo económico del oriente, y terminó con un perfil político que constituyó Óscar Ortiz.

Por tanto, al nuevo presidente le tocará no solamente bailar con la más fea, sino reflejar todos los días, en cada espejo ciudadano, confianza para superar el peor panorama. Se vienen cambios sustanciales en el modelo de planificación del Estado que supondrán la modificación de la Ley 777, los llamados PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral), y la Agenda Patriótica 2025, porque a todas luces esa reingeniería ya no concatena a las condiciones económicas del país.

Freddy Rivas Orozco es escritor y periodista.

Aunque el título parezca exagerado, todo chuquisaqueño sabe que nuestra economía es implícita, se basa solamente en el pulmón que es la universidad, nuestra sangre que es Fancesa y nuestro corazón que es el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, que no sabemos honrarlo como corresponde. Al respecto, Mario Linares, custodio de la Casa de la Libertad, sobre sus vacaciones en Salta, Argentina, describió: “Quedé profundamente emocionado de ver cómo cada ciudadano en Salta todos los días contribuye a preservar su patrimonio histórico, cultural y turístico a través de una determinada acción que resguarda el museo vivo de su historia y cultura”. Es un mensaje que, sin duda, los chuquisaqueños deberíamos considerar para preservar el título patrimonial que ostenta “la culta Charcas”.

Es un llamado de atención a la ciudadanía y, especialmente, a las autoridades de nuestro departamento, que según el Censo 2012, está rezagado respecto al crecimiento del “eje central”, al punto de perder un curul de representación política y, lo que es peor, una reducción en los recursos de coparticipación tributaria.

Ante esta situación, las autoridades deberían proponer estrategias para la reconfiguración de nuestro desarrollo económico local. Así, debo criticar a diferentes instituciones que, a partir de la oportunidad que nuestra única industria, Fancesa, abre para su ampliación, pretenden despojar el 30% de una importante inversión que tendría que instalarse en su totalidad en Chuquisaca, según el criterio de profesionales expertos que tienen plena solvencia de opinión, además de una imperativa conciencia cívica y regional.

Debemos recordar a las tres copropietarias de nuestra fábrica (Alcaldía, Universidad y Gobernación) que Fancesa no es una empresa privada para que pisoteen el espíritu de su creación, que no es otro que el de generar desarrollo y empleo en Chuquisaca, y lo hacemos convencidos de que “quien ama verdaderamente a su región deberá obtener una suma de beneficios que permita desarrollar armónicamente su terruño”.

La actitud avasalladora de funcionarios políticos designados por el Alcalde, que recomiendan invertir este 30% (equivalente a más de 52 millones de dólares) en Santa Cruz es un verdadero atentado a nuestros intereses, como diría un eximio chuquisaqueño, Gastón Solares Ávila: “No debemos permitir que en nuestros epitafios escriban lo que los persas tenían reservado para los babilonios; no merecemos esta tierra ni siquiera para sepultarla”.

Chuquisaca se muere porque increíblemente son sus mismos hijos quienes recomiendan invertir en otras regiones, inversión que no es propiedad privada de particulares; es propiedad colectiva de los chuquisaqueños, que son los únicos que en este momento pueden hacer que Charcas levante otra vez dichosa la frente.

Me llamó mucho la atención cuando un amigo se refirió a Sucre como una ciudad de “doble impacto”, pues, según me aclaró posteriormente, impacta dos veces: la primera al entrar en un bache; y la segunda, al salir de éste. Esta sátira resume la realidad que vivimos los sucrenses cuando transitamos por las calles de nuestra ciudad, que más parece un vestigio de lo que alguna vez fue la culta Charcas, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad, título que aún conservamos, pero no sabemos honrarlo como corresponde.

Si Don Joaquín Gantier (el primer custodio de la Casa de la Libertad) estaría vivo, seguro protestaría contra las autoridades municipales, al ver las calles del centro histórico convertidas en ruinas, las aceras destrozadas, la basura esparcida por plazuelas y parques.

Hasta el año pasado estábamos gobernados por una coalición “peguista” con un programa de acción improvisado, que caducó cuando su líder empezó a practicar una politiquería mezquina, anteponiendo sus intereses al discurso de unidad, que terminó fragmentando el voto castigo de los sucrenses al MAS.

Las acciones de esa coalición “peguista” revelan un “engaño electoral” que no debemos permitir que se repita en los próximos comicios electorales, por la sencilla razón de que el discurso de unidad es negociado en el momento más conveniente de forma descarada, perjudicando el desarrollo de la ciudad. Por eso las calles están como están, por eso no existen obras de impacto. Y no le echemos la culpa al Gobierno central, porque recordemos que en mayo de 2013 el presidente Morales desembolsó recursos para la ejecución de 13 proyectos en Sucre, no obstante, hasta diciembre ni siquiera habían comenzado a ser ejecutados.

La desacertada práctica de la política nos ha llevado a tomar decisiones de último momento, que no son las peores ni las más despreciables, pero sí las más improvisadas. Es también censurable la inquina, maledicencia y el odio al contrincante, a quien se quiere destruir por solo lograr el objetivo propuesto. Esto último se viene practicando principalmente en contra de autoridades del Movimiento Al Socialismo.

Siempre escuché decir a mis abuelos que Sucre antes fue un hemiciclo pequeño, donde todos los vecinos se conocían, se enteraban y preocupaban por la situación de cada uno de quienes lo componían. Es tiempo de recuperar esta vieja práctica y abandonar los criterios equivocados y retrógrados que atribuyen a cierta élite el monopolio político de representación. En estos tiempos de cambio, una sociedad civil unida y organizada puede convertirse en una fuerza social sin precedentes para beneficio de nuestra ciudad y de nuestra patria boliviana.

El gobierno del presidente Evo Morales metió sus manos en un avispero, que estaba bien protegido, a tiempo de promulgar el Decreto 0616, de la Reversión de acciones de Soboce en Fancesa. Este panal se abrió y empezó a picar con su staff de abogados, que alcanzaron a rozar la “letra muerta” de una sentencia en primera instancia, con la que se infló el globito de la esperanza, que no llegó a atravesar la atmósfera de la justicia, porque rápidamente la ley de la gravedad, que es la ley de la razón, precipitó su abusiva demanda a foja cero.

Luego floreció la verdad en primavera, con la sentencia que declara: Probada la demanda por competencia desleal,  con lo que comienzan a caerse sus verdades a medias: “Soboce vino a hacer crecer a Fancesa”, afirmación que terminó siendo una “mentira completa”, que buscó en el pueblo borrar las huellas de su nefasta administración. Por eso, el Decreto 0616 indica que se debe resolver las contingencias previas al pago de sus acciones. Es decir, hablando hipotéticamente: si resulta que nosotros le debemos $us 50 millones a Soboce, y Soboce nos debe $us 49 millones por competencia desleal y por otras contingencias, se le cancela $us 1 millón y asunto concluido; por lo que las tres propuestas de Doria Medina simplemente constituyen la necesidad de alentar  un escenario de recuperación de credibilidad, soldada a un afán electoralista.

Doria Medina habla de “invertir”, actividad que no puede desligarse de su objetivo de conseguir beneficios; entonces encontré ipso facto la verdadera intención del empresario cementero, quien nunca invertirá a fondo perdido. Finalmente hago referencia a la carta que llegó a la gobernación firmada por Horst Grebe López, en su calidad de presidente del Directorio de Soboce, donde adjunta la copia de una nota de prensa que se repartió el 2 de septiembre, cuando Doria Medina llegó a Sucre (según él, con el traje adecuado) y en el momento preciso a recoger un trofeo para inflar su discurso; pero éste se cayó en pedazos, porque la culta Charcas no permite que insulten la inteligencia de su pueblo. La nota firmada por Grebe no es otra cosa que la constatación de todo lo vertido, porque lo único que asume es lo que ya estaba preestablecido en el Decreto 0616: “Soboce se atiene al valor que estime Profin”, e indica enfáticamente que ningún contenido de la carta implica la renuncia de sus intereses, ni supondrá desistir de la “judicialización del pago”. Una curiosa testificación que deberíamos tomar en cuenta, porque “a veces la credibilidad de alguien no está precisamente en lo que propone, sino en la capacidad de representar bien lo que representa”.

Si Soboce representa los intereses de accionistas, eso significa que jamás podrá representar los intereses de los chuquisaqueños. Entonces, el hecho de que Soboce piense en invertir en Sucre, resulta ser una forma seductora, un juego de abalorios veleidoso, que hace que una misma masa te lleve al trono o al cadalso; el detalle está en que esa masa es de sucrenses, que no acostumbran tomar en cuenta semejantes fabulas, ni recibir este tipo de anatemas, y estoy seguro que de aquí en adelante escucharemos a Samuel con nuevas propuestas y con otras estrategias, “la misma voz en otra voz”, me pregunto ¿quién será?