Frente a la indignación que existe en el mundo por los bajos o nulos impuestos que pagan algunas de las multinacionales más grandes del mundo, la semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó propuestas para poner fin a estos abusos. El problema es realmente serio.

Por ejemplo, en Estados Unidos 60 de las 500 empresas más grandes (incluyendo a Amazon, Netflix y General Motors) no pagaron impuestos en 2018, pese a una ganancia conjunta de $us 79.000 millones, porque el sistema actual les permite hacerlo. Además, de manera totalmente legal. Lo hacen a través de esquemas complejos, pero el principio es muy simple. Asignan pérdidas allí donde los impuestos son relativamente altos, aunque estos países sean aquellos donde la empresa realiza la mayor parte de sus actividades, para declarar las utilidades en jurisdicciones donde los impuestos son más bajos o incluso nulos, aún si la empresa ni siquiera tiene clientes allí.

Como resultado, cada año, los países en desarrollo pierden al menos $us 100.000 millones, escondidos por las empresas en paraísos tributarios. A escala mundial, así se desvía el 40% de los beneficios extranjeros de las multinacionales, según los cálculos del economista Gabriel Zucman.

A principios de 2019, la OCDE comenzó a estructurar propuestas para que las multinacionales dejen de declarar sus beneficios en las filiales de su elección. Tras décadas de inacción, el proceso de cambio podría ser muy rápido: después de la publicación de su propuesta la semana pasada, la organización hará una final en 2020. Después de esa fecha, será prácticamente imposible influir en el proceso de reforma. Por ello hay que levantar la señal de alarma para los países en desarrollo. Ya no pueden decir que no tienen voz en el proceso.

La OCDE les ha ofrecido un lugar en la mesa de negociaciones mediante la creación de un grupo llamado “marco inclusivo”. Con 134 miembros, esta es la arena donde se decidirá el sistema tributario mundial del mañana. Desafortunadamente, pese a su nombre, no jugamos en igualdad de condiciones en este “marco inclusivo”. Los países ricos tienen más recursos humanos, políticos y financieros para hacer que sus opiniones prevalezcan.

La propuesta de reforma de la OCDE se basa en dos “pilares”. El primero es establecer claramente dónde se generan las utilidades de las empresas para propósitos tributarios. Para el ICRICT, la comisión de reforma tributaria internacional que presido, la opción optima sería considerar que la multinacional es una empresa única, cuyas utilidades totales deberían ser gravadas en los lugares donde opera según criterios objetivos y no manipulables, como empleo, ventas, recursos naturales utilizados y usuarios digitales.

En este campo, sin embargo, las propuestas de la OCDE no son suficiente ambiciosas ni equitativas, como lo explicamos en nuestro último informe. La parte de las utilidades que se redistribuiría internacionalmente se limitaría a la parte denominada “residual” de los beneficios totales de las multinacionales. Peor aún, este principio solo se aplicaría a multinacionales muy grandes y la asignación de estos beneficios dependería únicamente del volumen de ventas, excluyendo el empleo u otros factores que favorecerían a los países en desarrollo.

El segundo pilar es la introducción de una tasa efectiva mínima de impuesto de renta a las sociedades a nivel mundial. Algunos países en desarrollo temen que, al abandonar la posibilidad de usar incentivos tributarios, ya no puedan atraer inversión extranjera. Pero si la comunidad internacional se pusiera de acuerdo en un tipo suficientemente elevado (y desde ICRICT estamos a favor de que sea al menos del 25%, la tasa promedio vigente en los países  desarrollados), esto permitiría, por una parte, eliminar la razón de ser de los paraísos tributarios, pero también garantizar que todos los Estados tengan acceso a recursos esenciales para su desarrollo.

A falta de un consenso internacional, algunos países han optado por encontrar soluciones parciales. Este es el caso de México, que está considerando la posibilidad de obligar a plataformas como Uber o Netflix a pagar el IVA sobre los servicios prestados en su territorio. Si bien es una buena iniciativa hacer tributar rentas que ahora se escapan, es imposible compartimentar la economía digital, ya que cada vez son más las empresas que utilizan las tecnologías digitales como parte de sus actividades comerciales.

Es hora de que los países en desarrollo se movilicen. Si los jefes de Estado y los ministros de Hacienda de estos países siguen subestimando la importancia de estos debates, pronto se verán obligados a aceptar un nuevo sistema tributario internacional que no les conviene. Los ganadores seguirán siendo los mismos, y entonces será demasiado tarde para protestar.  

* Miembro de la junta directiva del Banco Central de Colombia, profesor (en licencia) de la Universidad de Columbia y presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).