Martes 14 de mayo. Casa Grande del Pueblo. Ciudad de La Paz. Acompañado de autoridades y dirigentes de sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce anunciaba la anulación del Decreto Supremo 5143, sobre Derechos Reales. 

Es la cuarta norma en la que su administración gubernamental capitula durante su gestión de tres años y medio, desde noviembre de 2020. En el listado se encuentran los proyectos de ley 218 (octubre de 2021) y 280 (abril de 2023), la Ley 1386 (noviembre de 2021) y precisamente el decreto 5143.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo 5143 para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando”, dijo el mandatario, en su conferencia.

Arce

El mensaje fue celebrado por sus rivales opositores, que catalogaron a la determinación gubernamental como una derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. Mientras que el Gobierno atribuyó el rechazo a la norma a intereses políticos que generaron desinformación, con una malintención de por medio.

LISTA. En criterio de Arce, podía germinar un ambiente de “convulsión social” si no se anulaba el decreto 5143, ya que el tema inclusive fue tomado como bandera por el expresidente Evo Morales, que lidera el otro bloque del MAS. Un discurso que ya se asumió en otras oportunidades, con la denuncia de planes de desestabilización.

La primera capitulación gubernamental llegó en octubre de 2021, cuando la escalada en las movilizaciones de los gremiales se centró contra el proyecto de Ley 218, contra la “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

Proyectos

Se retiró el documento de la agenda de la Asamblea Legislativa, empero, ello no bastó para los movilizados, que sumaron otros aliados como transportistas y cooperativistas, y pusieron en la mira a la que denominaron “ley madre”, la 1386, sobre la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

La mayor observación fue que el Presidente podía ajustar la estrategia por decreto. El 14 de noviembre, Arce abrogaba la norma. “Ya no queremos más luto, ya no queremos más zozobra, más dolor… Tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia, de cuidar a nuestras familias”, remarcó, ante las movilizaciones.

La pulseta no acabaría allí. Año y medio después, en abril de 2023, nuevamente salió a la palestra un proyecto del Ejecutivo ante la Asamblea con la misma temática: la Ley 280, sobre “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Y otra vez surgió la presión de sectores como los gremiales, que denunciaron la criminalización de la protesta.

Protesta

“Se han vertido una serie de mentiras que dicen que afectará a los gremiales, carpinteros, trabajadores por cuenta propia, diciendo que en el proyecto de Ley 280 existe una delimitación de nuevos delitos tributarios y eso es falso”, aclaró entonces el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. No obstante, el documento fue retirado de la Asamblea para que sea debatido.

La cuarta vez que el Gobierno levantó las manos fue la anterior semana, con el decreto 5143. Ello a nivel de normas, ya que para desbloquear el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado, el año pasado, retiró dos disposiciones del proyecto, también ante la presión en las calles y en la Asamblea, por parte de legisladores afines a Morales y opositores.

Ahora, se abrió otro conflicto con gremios como el magisterio y los trabajadores en salud; esta vez sobre el proyecto de Ley 035, de incremento a los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, que está en el Legislativo. Por ahora se activaron mesas de trabajo para su discusión. ¿Arce cederá al pedido de retirarla o logrará su aprobación?

El presidente Luis Arce lamentó el fallecimiento de su par de Irán, Ebrahim Raisi, que perdió la vida en un trágico accidente aéreo, en el que estaba acompañado por s ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, entre otros altos cargos.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el trágico accidente aéreo junto a su comitiva, en la que también se encontraba el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Las autoridades iraníes confirmaron el deceso la madrugada de este lunes. En el trágico hecho no hubo sobrevivientes, según informaron medios locales.

El domingo, altos cargos de ese país informaron del accidente del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní. El hecho ocurrió al noreste de ese país, donde se concentró la búsqueda de la aeronave.

El helicóptero tuvo que realizar un “aterrizaje forzoso” el domingo en la zona montañosa de Varzeqan, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en medio de condiciones climatológicas muy adversas.

Luego de perder el contacto con el piloto, se puso en marcha una intensa búsqueda con al menos 65 grupos de rescate, pero las operaciones se retrasaron por la densa niebla del sector.

“El 2 de marzo, tuvimos el honor de reunirnos con el presidente Raisi en el marco del Foro de Países Exportadores de Gas, en Argelia. En ese encuentro, su liderazgo y profundo compromiso con su pueblo quedaron patentes. Mostraron su disposición a trabajar junto a Bolivia para fortalecer áreas vitales como salud, educación, agricultura, telecomunicaciones y más, lo cual valoramos infinitamente”, recordó el mandatario boliviano en su publicación.

“Desde Bolivia enviamos nuestras más sentidas condolencias al Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei, al Gobierno de Irán, al valiente pueblo iraní y a las familias de los fallecidos en estos momentos de profundo pesar. El pueblo boliviano está con ustedes en este difícil momento”, complementó Arce.

Un cuestionado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), bajo la sombra de la prórroga de mandato, tiene nuevamente la llave para revivir o sepultar el nuevo proceso de las elecciones judiciales en la Asamblea. Se espera su fallo hasta mañana.

El jueves 16 se dio el último portazo a los comicios, cuando fracasó la convocatoria al diálogo del presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca. Una cita que contó con representantes de los dos bloques (arcistas y evistas) del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Las posiciones encontradas afloraron. Por un lado, el ala del MAS que respalda al expresidente Evo Morales y las alianzas opositoras, que apuntaron a Choquehuanca y lo acusaron de no tener la voluntad para llamar a una sesión de la Asamblea que defina el camino a seguir para reencauzar la preselección de postulantes al TCP, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

Por el otro, Choquehuanca y los asambleístas que apoyan al presidente Luis Arce, que ratificaron su posición de esperar el pronunciamiento del TCP sobre la tutela solicitada por el Legislativo para que se pueda proseguir el proceso de las judiciales, que quedó truncado en la fase de los exámenes orales a los aspirantes.

TCP

La brújula de las judiciales está sin norte al igual que el año pasado, cuando debían realizarse pero fueron bloqueadas por recursos judiciales. Ahora, una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó en foja cero la preselección y declaró inaplicables la ley y la convocatoria de los comicios.

Así, sigue en curso la prórroga de mandato de las autoridades judiciales dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, lo cual es objetado por evistas y opositores, por lo cual también demandan el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 para que estos magistrados sean retirados de sus cargos.  

Ayer, en Bolivia Tv, el presidente de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Jerges Mercado, del bloque arcista, ratificó que la llave jurídica para destrabar las elecciones está en el TCP. “Inmediatamente el Tribunal Constitucional nos asigne la tutela, retomamos todo el proceso de preselección. Estábamos ya en la recta final”. Y admitió que los plazos están al límite, ya que para este año están previstas igual las primarias en las organizaciones políticas y la elección del nuevo Fiscal General.

Judiciales

La anterior semana se supo que el TCP ya sorteó el recurso presentado por la Asamblea y que se designó al Tribunal de Garantías del departamento de Pando para que asuma una determinación. Mercado complementó que se espera entre hoy y mañana si las judiciales son reencaminadas.

PRÓRROGA. Así, el TCP, cuestionado sobre todo por su resolución para la prórroga de mandato de los magistrados ante la no realización de las judiciales en 2023, y por otras deciciones como la “inhabilitación de Evo Morales” para las presidenciales de 2025, y la orden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto, tendrá de nuevo a su cargo una sentencia clave.

Y en ello no hay que olvidar que el año pasado fue precisamente el Constitucional que enterró los comicios, cuando se intentó impulsar el proceso mediante el proyecto de Ley 144 aprobado por la Cámara de Senadores. En diciembre, declaró inconstitucionales ocho artículos del documento y prorrogó a los magistrados. Ahora tiene la llave para el proceso, o el candado para cerrarlo de nuevo.

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce señaló que con “pesar y preocupación” se sigue el desarrollo de las noticias sobre el accidente del helicóptero en el que se trasladaba el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisol-Sadati y parte de su comitiva.

“Desde el Estado Plurinacional de Bolivia expresamos nuestra solidaridad con el querido pueblo y Gobierno iraní. Abrigamos la esperanza de que sean encontrados con vida”, escribió el mandatario.

Según Xinhua, un helicóptero que transportaba al presidente de Irán sufrió este domingo un accidente y realizó un aterrizaje forzoso en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Las condiciones climáticas adversas y la espesa niebla retrasan el esfuerzo de llegar al sitio del accidente de los equipos de rescate.

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También la canciller Celinda Sosa expresó su preocupación y dijo que “esperamos que los equipos de rescate puedan encontrar con vida a todos los tripulantes”.

Bolivia e Irán mantienen una relación estrecha de cooperación en diferentes ámbitos de interés, como salud, cultura, educación, agencia espacial, agro y telecomunicaciones.

Ante las declaraciones del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, sobre la presencia y secuestro del municipio de Villa Tunari por parte del narcotráfico, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo evista (MAS), Evo Morales, acusó a la autoridad de “extorsionar y estar implicado” en esta actividad ilícita.

El viceministro Mamani negó a Unitel las acusaciones de Morales e indicó que el lunes se “demostrará con datos que Villa Tunari fue secuestrado por el narcotráfico”.

En su programa dominical de radio Kawsachun Coca, el exmandatario cuestionó las declaraciones del viceministro e indicó que los “mismos” compañeros de su federación de Entre Ríos de Mamani le indicaron que la autoridad “está implicado en narcotráfico”. 

“¿Qué moral tiene para hablar? Sus mismos compañeros de Entre Ríos dicen cómo está implicado en narcotráfico. Sabe qué dicen nuestros compañeros de base: ‘este Jaime Mamani, qué estará haciendo cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo’. ¿Por qué?, les digo, (responden) ‘de unos saca plata y a otros persigue y ambos los va a asaltar’, dicen, sus compañeros, de su federación, compañeros de base, preocupados por la vida de Jaime Mamani”, señaló Morales.

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Añadió que “de unos que son compinches, saca plata. Ahora están aguantando, pero de acá a poco tiempo se van a vengar. De otros, está persiguiendo, y a otros no. Y tiene la moral de decir que Villa Tunari está secuestrada por narcotráfico”.

Ante estas declaraciones, el viceministro Mamani señaló que “a las falsas acusaciones de Evo Morales, responderemos mañana (lunes) y demostraremos con datos que ‘Villa Tunari’ por la permisividad de anteriores gobiernos, ha sido secuestrado por el narcotráfico”.

El viernes, la autoridad en entrevista con DTV señaló que en el municipio de Villa Tunari efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico destruyeron cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de 36 fábricas de pasta base de cocaína.

“Lamentablemente este municipio turístico fue secuestrado por el narcotráfico por la permisibilidad de otros gobiernos. Ahora, en nuestra gestión, a la cabeza de nuestro presidente Lucho estamos trabajando incansablemente para liberar del narcotráfico a este bello municipio de Villa Tunari”, dijo.

También señaló que, de los 36 laboratorios de cristalización destruidos e incinerados a nivel nacional, 24 corresponden a Villa Tunari, que representa el 67% de lo destruido del 1 de enero al 15 de mayo.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, desafío a Morales presentar una denuncia en las instancias correspondientes, de lo contrario solo será un mero “show político”.

“Lamento una vez más, parece que no está bien de la cabeza. Él (Morales) sabe que una declaración como esa es mero show político sino va y sienta la denuncia correspondiente. Todo ciudadano que conozca de un delito cometido, tiene la obligación de sentar la denuncia caso contrario se convierte en cómplice”, dijo el legislador.