Un reciente estudio de opinión pública realizado por el Celag en el país revela importantes percepciones respecto a la oposición política. Estos datos son significativos en medio de los dilemas de las dirigencias opositoras en torno a su reiterado discurso de unidad versus sus prácticas divisorias. Corre cuenta regresiva para las definiciones rumbo al próximo ciclo electoral.

 La encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) incluye tres preguntas sobre el campo de la oposición. Las tres son críticas. La primera tiene que ver con la mentada unidad. ¿Podrá la oposición política unificarse para las elecciones generales 2025? Solo el 28% de las personas consultadas cree que habrá unidad. Hay, pues, un sentimiento mayoritario de escepticismo respecto a la posibilidad de que la oposición logre un candidato único o un frente amplio.

La segunda pregunta se refiere a la expectativa de los votantes opositores sobre el candidato o dirigente más capacitado para derrotar al MAS en las urnas. El 58% de los encuestados espera un candidato nuevo, reniega de las actuales opciones o no sabe. El apoyo a los candidatos en escena (Reyes Villa, Mesa, Cuéllar, Camacho, algún empresario) es muy bajo y estadísticamente irrelevante. No son buenas noticias para la oposición: la gente ve división y ausencia de un liderazgo ganador.

La tercera indagación de opinión pública del Celag es la más sensible. Casi dos tercios de las personas consultadas, nada menos, afirma que cuando la oposición pierde elecciones “no reconoce su derrota y está dispuesta a generar violencia”. Esta conducta antidemocrática de no reconocimiento del resultado electoral y falta de respeto a la institucionalidad, quizás se deba a que algunos candidatos opositores proclaman “fraude” cuando pierden elecciones. Y a veces lo hacen por anticipado, como en 2019.

Estas percepciones mayoritarias de la ciudadanía respecto al actual campo de la oposición son preocupantes. Más todavía en el actual contexto, degradado y contaminado por la división interna en el oficialismo. Y nos lleva a preguntar en qué condiciones llegará el país al próximo ciclo electoral: con un MAS-IPSP fracturado, muy lejos de ser nuevamente un partido dominante; y una oposición fragmentada, que reafirma su debilidad, su carencia de líderes y su falta de propuestas. El escenario es incierto.

Una democracia de calidad requiere partidos democráticos, líderes representativos y sólido pluralismo político, entre otras condiciones. Ello implica que tanto el oficialismo como las oposiciones deben consolidar sus estructuras partidarias, renovar liderazgos y, en especial, diseñar proyectos de futuro y plataformas programáticas. Nada de eso ocurre a poco más de un año de las elecciones 2025. Hoy la disputa política, entre la división, la polarización y la fragmentación, está concentrada en las minucias. Urge cambio de rumbo.

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En menos de una semana, el Gobierno promulgó un decreto supremo y lo abrogó debido a amenazas de movilizaciones y actividades de protesta contra la norma, que, como tantas otras, no había sido promocionada y mucho menos socializada, lo cual permitió que circule abundante desinformación que galvanizó las posiciones de rechazo. El Gobierno dio el paso atrás para evitar la “convulsión”.

Se trata del DS 5143, creado, según autoridades de gobierno, para transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de Derechos Reales y desburocratizar el procedimiento, que actualmente puede tardar hasta dos o tres años. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre gobiernos municipales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí); además, se trataba de la actualización de un decreto promulgado durante el gobierno de Carlos Mesa en 2004.

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Nada de esto es lo que se discutía en las calles y centros de reunión de opositores: se especuló que el decreto serviría para posibilitar la intromisión del Estado en la administración y la tenencia de la propiedad inmueble de privados o que exigiría una nueva certificación para trámites de compra-venta. De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces y se multiplicaban las amenazas de movilizaciones.

Más tardó el Presidente en anunciar la abrogación de la norma que los líderes de las únicas dos fuerzas políticas con representación parlamentaria en salir al espacio público y celebrar la “derrota” del Gobierno. En tiempos de política de suma cero, poco o nada importa la relevancia o necesidad de políticas públicas: todo se reduce a imponer las ideas propias y evitar a cualquier costo las opuestas. Agréguese a ese estado de cosas una gestión gubernamental llena de contradicciones y se produce lo que tantas veces se ha lamentado en este mismo espacio: pérdida de confianza de la población en las instituciones gubernamentales.

La creciente conflictividad, las dirigencias opositoras claramente orientadas a la solución por el desastre y la incapacidad gubernamental para crear y sostener alianzas y consensos (excepto cuando se trata de apropiarse del partido político), son un buen caldo de cultivo para la convulsión, lo cual no significa que haya, en realidad, planes para provocarla y forzar la caída del Gobierno.

En tiempos cuando menudean los discursos desinformadores y polarizadores, además de la memoria reciente de hechos sediciosos, es tentador acusar a la oposición, o a agentes no identificados, de buscar la convulsión; sin embargo, también suele ser evidente que los conflictos pueden ser fabricados con el propósito de influir sobre el ánimo de la población. Identificar quién gana más con la polémica, el conflicto y la abrogación del mentado decreto serviría para señalar quién es el más interesado en que haya miedo por la amenaza de convulsión.

El 10 de mayo, las y los periodistas de Bolivia recordamos nuestro día. ¿Hay algo que celebrar?, nos preguntamos. Y sí, existen motivos. Pero también hay nubarrones para el oficio. Por ello, más allá de los homenajes, fue un día de balance y reflexión. ¿En qué condiciones realizamos nuestra labor? ¿Cuánto aportamos a la conversación pública en democracia? ¿Cómo nos ve la sociedad?

Hace más de ochenta años, en 1938, el presidente Germán Busch promulgó un decreto supremo – luego elevado a rango de ley– que creaba la Caja de pensiones, jubilaciones y montepíos de los trabajadores asalariados de la prensa. No fue una concesión, sino una conquista como resultado de años de exigencia de derechos. Así, el 10 de mayo fue declarado Día del Periodista. Tiempo después, en 1953, un decreto supremo del presidente Víctor Paz Estenssoro estableció ese día como feriado para los periodistas.

De ese modo, cada 10 de mayo las y los periodistas revindicamos nuestro oficio y recibimos homenajes, salutaciones, reconocimientos. Es como un día destinado a elogiar el lugar que ocupa el periodismo en una sociedad democrática. Celebramos pues que, pese a dificultades y condiciones adversas, seguimos en el empeño diario de brindar información y opiniones como insumo para la deliberación colectiva. Sostenemos asimismo la necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Pero el Día del Periodista es, o debiera ser, además, una ocasión propicia para el balance, para mirarnos puertas adentro y evaluar nuestro desempeño. Este ineludible ejercicio frente al espejo no puede ser autocomplaciente ni tampoco de solo flagelación, sino autocrítico. Para empezar, es importante evaluar las condiciones difíciles, a veces precarias, en las que estamos realizando nuestro trabajo, en un contexto donde las nuevas tecnologías digitales plantean serios desafíos a los medios de comunicación.

Es preocupante asimismo para el oficio periodístico el escenario de crisis no solo político-institucional en el país, sino también la complicada situación económica. Trabajamos en medio de la incertidumbre, sin horizonte de futuro. Y somos parte de la persistente polarización, que bloquea el diálogo plural y dinamita los puentes de encuentro. Diferentes estudios de opinión señalan que la ciudadanía y los liderazgos ven a los medios como promotores del enfrentamiento. Y hasta nos perciben como actores políticos.

¿Cuánto estamos contribuyendo, en el día a día, a la convivencia en democracia? ¿Cómo mejorar nuestras condiciones de trabajo, libres de presiones y amenazas? Y la pregunta esencial: ¿estamos haciendo buen periodismo, conforme a nuestros códigos de ética o, más bien, un periodismo instrumental, con arreglo a nuestra propia agenda y otros intereses? Hay que celebrar el Día del Periodista con llamamiento urgente para cuidar el oficio y, entre otras cosas, frenar la degradación de nuestras asociaciones. 

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Para nadie debe ser desconocido que el Movimiento al Socialismo (MAS) es la fuerza política más importante de las últimas décadas y el único partido con estructura y potencia suficientes para intervenir en todas las esferas de la vida pública. Sin embargo, precisamente por estos atributos, la feroz lucha que han desatado sus dirigentes no solo afecta al partido, sino a todo el Estado.

Más tardó en terminar el X Congreso del partido, el domingo, en la ciudad de El Alto, convocado por el “ala arcista” del partido, que portavoces del “ala evista” en descalificar el encuentro de la peor forma posible y amenazar con todo tipo de recursos, legales y no, para impedir que las decisiones acordadas lleguen a materializarse.

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No es para menos: se ha elegido a un nuevo jefe nacional del partido, honor que recayó en Gróver García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al presidente Arce, y se ha decidido revisar el estatuto del MAS para eliminar la disposición que concede la dirección vitalicia del partido al expresidente Evo Morales y para eliminar la restricción de antigüedad como militante para asumir cualquier candidatura.

Para que el congreso masista pudiese llevarse a cabo y que contase con la presencia de veedores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo falta que una Sala Constitucional de La Paz ordenase al Órgano Electoral cumplir con el artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos. Entre analistas y opinadores de todas las tendencias hubo consenso en que se trata de un nuevo “fallo a la carta”, de los que menudean desde que los magistrados del Órgano Judicial decidieran autoprorrogarse.

A esta evidente muestra de injerencia de un órgano sobre otro (primero el Ejecutivo sobre el Judicial y luego éste sobre el Electoral), se suma la cantidad de ocasiones en que delegados y portavoces del evismo han descalificado al TSE y sus resoluciones por ser contrarias a sus intereses y expectativas. La democracia, o las formas que la hacen legítima, importan cada día menos.

Súmese a este estado de cosas la previsible pugna que se desatará en la Sala Plena del TSE cuando algunos vocales intenten incidir en favor de uno u otro aspirante a candidato. Entonces, las acusaciones y descalificaciones que hoy se sugieren, serán amplificadas, dañando de manera feroz la credibilidad y reputación del órgano llamado constitucionalmente a administrar los procesos que dan sustento al sistema democrático boliviano y a dar legitimidad a las autoridades electas.

A estas alturas de la lucha es, pues, evidente que sin importar el tono y el contenido de los mensajes que una y otra facción del MAS publicitan, lo verdaderamente central para ambas partes es asegurar que el candidato propio llegue a la papeleta y/o que el contrincante no lo logre. Si para tal fin tienen que terminar de romper la institucionalidad del Estado, no dudarán en hacerlo, y eso son malas noticias.

La reciente decisión de una sala constitucional en torno al “congreso del MAS-IPSP” convocado por dirigentes de la facción arcista constituye una tosca injerencia en las competencias del TSE. Y cruza un límite que pone en riesgo no solo la institucionalidad electoral, sino la propia democracia. Es fundamental ponerle freno antes de que conduzca a una deriva autoritaria.

 Una de las condiciones fundamentales de un Estado de Derecho es la autonomía e independencia de los órganos del poder público, además de su separación. Cuando uno o más órganos se subordinan a otro o surge una especie de suprapoder, esa estructura y organización funcional del Estado se resquebraja. Asimismo, cuando el sistema de gobierno empieza a depender de decisiones arbitrarias e inconstitucionales, la democracia está en riesgo. Estamos transitando ese muy peligroso umbral en el país.

En nuestro proceso de construcción y reforma estatal, no es nuevo que el Legislativo dependa de los mandatos del Ejecutivo. Tampoco es raro que la administración de justicia esté subordinada al poder político y a poderes fácticos. Lo crítico es que surja un suprapoder que imponga sucesivos fallos por fuera del marco constitucional y pisoteando la institucionalidad democrática. Desde el año pasado hay un suprapoder en Bolivia que, en consorcio con actores políticos, opera desde el TCP y algunas salas constitucionales.

A punta de sentencias, declaraciones y autos constitucionales, y algunas acciones de defensa, un arriesgado suprapoder está llevando a límites insostenibles el funcionamiento de los órganos del poder público y del sistema de gobierno. Así, bloquearon las elecciones judiciales, suspendieron las funciones de fiscalización de la ALP, se autoprorrogaron, beneficiaron a terratenientes y ahora están emitiendo “instrucciones” sobre las organizaciones políticas y los procesos electorales. Es inaceptable.

Es muy complicado y sensible para el TSE gestionar las disputas internas en los partidos, en especial en este momento la batalla entre facciones en el MAS-IPSP. Debe hacerlo en estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y de los estatutos partidarios. ¿Qué ocurre cuando una sala constitucional, desde su filiación política, impone acciones que violan la normativa y vulneran las atribuciones del organismo electoral? Eso es lo que acaban de hacer, sin sonrojarse, los vocales Campero y Angles.

En un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor. En realidad, se está advirtiendo que, si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático.

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