‘Migrantes querrán tener su propia representación’
Tras el censo, la redistribución de escaños favorecerá al oriente, según las proyecciones. Para Carlos Romero, la reasignación también significará un reacomodo del poder, pues los migrantes pugnarán por tener su propia representatividad política dentro de los departamentos en los que hoy viven.
En el corto plazo, las consecuencias del censo serán: primero, la reasignación de la riqueza en función de la población y, luego, la redistribución de la representación política. En el mediano plazo, según Carlos Romero, ministro de Gobierno, se verá que los migrantes querrán acceder a su propia representación política en las regiones donde migraron y lucharán para obtenerla. La autoridad interpreta otras posibles consecuencias políticas de los resultados del censo en relación a la redistribución de escaños, que muy posiblemente favorecerán al oriente: la autonomía; la construcción de la estaticidad y el nuevo desafío de Santa Cruz.
Al igual que los entrevistados en la páginas centrales, Romero afirma que habrá conflictividad entre regiones. “Los departamentos quieren ganar representación y recursos. Por eso es que dar una información objetiva de los resultados del censo va a ser fundamental”, dice.
Considera que se debe hacer un pacto tácito que afirme que el factor poblacional es fundamental para asignar recursos y curules; sin embargo, no es el único, porque en el corto y mediano plazo se deberían presentar acuerdos programáticos en función de un esquema nacional de desarrollo que identifique ciertos polos “geopolíticamente determinados” en los que asuman el protagonismo las regiones. “Lo poblacional es importante, pero no es lo único a considerarse”.
Si bien admite la posibilidad de conflictos, sugiere hacer lo que otros países: un fondo de compensación para esos departamentos. Se tendrá que incorporar —explica— ese elemento y “generar mayores inversiones públicas en las regiones desfavorecidas”. El nivel nacional tendrá que ofrecer equilibrios en la inversión para que los resultados del censo no generen pugnas.
Un aspecto que se ha visto, y seguramente se determinará con precisión, es la migración de occidente hacia el oriente. Ese factor será determinante para la reorganización del mapa político. Esta problemática —recuerda Romero— se había incrementado en las zonas “expulsoras”, como el departamento de Potosí, desde 2001, cuando poco más de un tercio de la población boliviana se encontraba en el oriente y casi dos tercios, en el occidente.
“Seguramente, el fenómeno se ha modificado a favor del oriente, fundamentalmente hacia Santa Cruz y Tarija, por el crecimiento económico, el gran comercio y la agricultura. Esa tendencia podría ir en desmedro sobre todo de Potosí”.
No obstante, las dinámicas económicas tienen que tener su correlato político, sostiene. Así, asegura que las regiones con mayor importancia económica tienen más población y van a tener mayor representación en la Cámara de Diputados; luego, internamente “se presentará la pugna para que todos los actores de cada departamento accedan a ella”. Esto no debe ser un motivo de confrontación regional, “hay que tomarlo con la mayor normalidad”. Las zonas que crecieron tienen el desafío de asumir “una estructura cosmopolita” por la convergencia de culturas, “este desafío se plantea sobre todo para el departamento de Santa Cruz”.
Por otro lado, la oposición espera que la reasignación de escaños afecte la hegemonía masista. Al respecto, Romero cree que si Santa Cruz capta el mayor peso demográfico, entonces el reto será para ese departamento, pues deberá tener un rol “de vanguardia” no sólo económica, sino política. “Tendrán el reto de adquirir una visión nacional y trascender esa visión regional que, lamentablemente, sus liderazgos aún no han podido superar. Pretender utilizar los resultados del censo para un atrincheramiento regional sería un error gravísimo, una pérdida de visión histórica”, juzga.
Es que, en su criterio, lo que el país se juega es una visión nacional a partir de los protagonismos regionales. “El racismo que se vivió el 2008 (año del golpe cívico prefectural) funcionó y se transmitió a muchos migrantes, pero ya está fuera de contexto y ha sido superado. Ya no se cuestiona la idea de país, más bien creo que se van a plantear los nuevos desafíos”.
En relación al proceso autonómico y los resultados del censo, Romero liga lo que considera “los dos grandes desafíos del país”. Argumenta que una vez superada (con la Asamblea Constituyente) la exclusión de indígenas y mujeres, y habiéndose logrado la reconfiguración política, la recuperación del excedente, la estabilidad macroeconómica, los retos son “consolidar la diversificación económica con equilibrios geopolíticos a partir de una visión de construcción de estatalidad”. Percibe que en temas superpuestos a los intereses conjuntos (como el contrabando y narcotráfico) hay una débil presencia del Estado en todo el territorio del país. En ese marco, se debe dar más importancia a los niveles subnacionales.
“No creo en el sistema de municipios, que es funcional a la Ley de Participación Popular y que no tiene ninguna visión productiva en el sentido de que un municipio genere sus propios recursos”, critica. El reto, entonces, sería la construcción del Estado en el territorio con un rol no sólo del nivel nacional, sino también de las autonomías. “Hay una tarea autonómica rezagada y el censo tendrá que servir para reimpulsar este proceso”.
Entre las propuestas para la reasignación se mencionó ampliar el número de escaños, lo cual esta autoridad considera “muy difícil” porque incluiría una modificación constitucional, mientras que la redistribución sobre 130 curules es la “actual regla del juego”. “No hay que olvidar que el factor de equidad de género y de diferencia cultural influirán. Habrá que reasignar las diputaciones con una visión de equilibrio y de reflejo del censo”.