Resultados bajo beneficio de inventario
Aparte de la improvisación en la realización del censo, la oposición no ayudó. Una manipulación de los resultados técnicamente es difícil, la maniobra requeriría de una destreza técnica que, está demostrado, carecen los funcionarios del INE. Esto reafirma la necesidad de una auditoría.
El Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en noviembre de 2012 ha sido el censo más polémico y a la vez trascendental en la historia boliviana. Nunca antes un censo tuvo tanta importancia como factor de distribución de recursos y representación política. Se debe agregar que el censo fue realizado en un contexto de cambios estructurales, económicos y simbólicos que hacen que los resultados adquieran carácter estratégico.
El censo que debía realizarse en 2011 se lo hizo con un año de retraso y sin la planificación antelada con la que se realizaron los anteriores. A marcha forzada, primero, y con poca participación, el itinerario del censo fue de improvisación en improvisación. Al hermetismo de los organizadores se sumó el poco apoyo brindado por los representantes institucionales y sociales de las fuerzas opositoras. Los críticos se empeñaron en debates bizantinos cuestionando algunas preguntas de forma irracional.
Se gastaron meses y miles de páginas para cuestionar el hecho de que no se haya incluido el término “mestizo” como opción de identificación étnico cultural entre las preguntas, pese a que en el censo de 2001 ese término no se había colocado, aunque en esa oportunidad nadie se rasgó las vestiduras. La oposición llegó al extremo de sostener que la no inclusión del término “mestizo” era parte de un plan de “limpieza étnica” impulsado por el Gobierno. Los resultados del censo, que demuestran que el 58% de la población no se identifica con ninguna nación originaria, echan por tierra esas teorías. Se discutió también sobre la no inclusión de la pregunta sobre credo religioso, cuestión que tampoco se incluyó en el censo de 2001 y que el de 2012 dio origen a otro debate insulso, si se toma en cuenta que Bolivia es un Estado laico. Sin embargo, se debe reconocer, hubo sugerencias válidas a las que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dio la importancia debida, como la actualización de la cartografía, la logística para la cobertura, la capacitación anticipada de los encuestadores o la sanción al “acarreo” de personas. El poco tiempo con el que se planificó el censo, las insuficiencias descritas, la poca predisposición a coordinar de varios entes subnacionales y errores operativos en la tabulación de los formularios fueron los ingredientes que arrojaron los resultados ahora cuestionados. Para agravar la serie de desaciertos, el Gobierno se precipitó en publicar los resultados preliminares, los que guardaron notorias diferencias con los resultados finales, fenómeno causado —de acuerdo con el INE— porque unas cifras fueron producto de un conteo manual y las otras obtenidas a través del lector óptico.
El resultado hasta ahora es el de un censo cuestionado, cuyos indicadores se aceptan con desconfianza, y que, como ya es costumbre, es material político para una oposición que, carente de argumentos, aprovecha los errores reales o ficticios del Gobierno para alimentar su discurso. Al igual que en la etapa precensal, la oposición ha llegado insinuar que los resultados del censo se habrían modificado para “perjudicar a Santa Cruz” y beneficiar al Gobierno, manteniendo al departamento de La Paz como el departamento más poblado del país por razones geopolíticas. Este absurdo, inconsistente, parte del supuesto de que se puede fraguar una muestra estadística y hacer desaparecer cifras abultadas en un conteo electrónico de las papeletas del censo. Técnicamente, tal manipulación es muy difícil, y la maniobra requeriría de una gran destreza técnica de la que, está demostrado, carecen los funcionarios del INE. Es llamativo cómo la maquinaria mediática que trabaja a favor de la oposición ha hecho desaparecer a Cochabamba como el principal departamento afectado por los “cortes” de población, cuando ha sido el departamento que “perdió” 180.000 habitantes entre los resultados preliminares de enero y los definitivos dados a conocer el 31 de julio. Los medios de comunicación funcionales a la oposición se han encargado de difundir la idea de una conspiración contra Santa Cruz, que, (hay que reconocerlo) perdió 120.000 habitantes entre un informe y otro, pero 60.000 menos que Cochabamba. La oposición y alguna prensa han asumido esa agenda informativa-política, y en parte han logrado su propósito, porque pocos se preguntan, ¿qué interés tendría el Gobierno de quitarle población al departamento de Cochabamba? Este departamento es un bastión del MAS, partido que maneja la Gobernación cochabambina, la Alcaldía capitalina y casi todas las alcaldías en provincias. No está de más decir que es en Cochabamba donde se ubica el Chapare, base social y política del Gobierno.
Pese a cuestionar el censo, la oposición no duda en utilizar los resultados del mismo cuando se trata de evaluar las respuestas sobre la identidad cultural. Evidentemente el 58% de los encuestados en el censo no se identifica con algún pueblo indígena, y ello ha dado pábulo a que algunos manifiesten que el censo desmanteló las bases del “Estado Plurinacional” construido sobre la base de los resultados del censo de 2001, que según ellos “fue manipulado”.
Pedir una conducta racional a los opositores en este país es pedir peras al olmo, y ninguna explicación ni hecho les va a dejar satisfechos. Pero pedir una explicación técnica y sanciones, si hubiera el caso para los que no hicieron su trabajo de forma responsable, es necesario, no sólo porque sus sueldos los paga el Estado boliviano, sino también porque han administrado una millonaria inversión para obtener información indispensables para la elaboración de políticas públicas.
El primer paso para superar un error es reconocerlo, y la soberbia, que nunca es buena consejera, no debe apoderarse de los que conducen el país. Es indispensable que haya una auditoría que detecte los errores, los explique y que en base a ello se validen cifras que son fundamentales a la hora de tomar decisiones, distribuir recursos y planificar el futuro. Lo contrario significará asumir los resultados del censo bajo beneficio de inventario.