Fantasmas en el censo poblacional
El director del INE, Humberto Arandia, acompañado de personal de la misión internacional.
El autor sostiene que se ha sobrevalorado el factor poblacional para la distribución del poder político y financiero en el país.
Dibujo Libre
Los censos permiten a los gobiernos monitorear y evaluar el impacto y calidad de las políticas implementadas y de los recursos destinados a lo largo del tiempo. Ello en teoría debería ayudar a reconocer los errores, el sobredimensionamiento cuando se destina más recursos para iniciativas improductivas o, al contrario, la subestimación cuando las necesidades superaron a las expectativas o supuestos iniciales; promoviendo de manera imperiosa, ajustar las estrategias según sea necesario y garantizar que se logren los objetivos planteados.
Sin embargo, si el levantamiento de información realizada por un censo no es el fiel reflejo de realidad y la misma, es intencionalmente alterada para que el operativo censal registre información equivocada del territorio, sin duda, estamos en presencia de un fraude y resulta al menos cuestionable y merece condena para quienes lo impulsan, financiando el desplazamiento masivo de población hacia otro territorio, que no es precisamente a donde habita en los días previos a la realización del operativo censal.
Por su parte, en los municipios rurales las organizaciones comunitarias hacen los suyo, amenazando con el despojo de tierras o la expulsión de la comunidad, obligando a familias urbanas al retorno temporal a tierras que abandonaron, para registrarse censalmente en el lugar donde no viven ni tampoco, con certeza, volverán a hacerlo.
Esta deformación de los datos que ocurren generalmente en capitales, grandes ciudades y también intermedias, receptoras de asentamientos descontrolados de migrantes que consumen y demandan servicios en la ciudad y no en el campo, distorsionan totalmente los presupuestos y las prioridades de los gobiernos municipales de ciudades quienes, presionados por brindar más y mejores servicios conflictúan al limitado presupuesto comprometido anualmente para una población no prevista.
El efecto es doblemente perverso para las capitales, ciudades grandes e intermedias: por un lado, pierden recursos al registrarse menos población a la que efectivamente atienden y por otra, cuando los presupuestos escasean y (también las capacidades) la respuesta se debilita, convirtiéndose en la semilla para generar una diáspora de virulencia y deslegitimación política como amenaza permanente sobre la autoridad en ejercicio. No solo se “pierde” presupuesto, sino que también, se exige mayor asignación y capacidad de respuesta en servicios públicos para un volumen no contemplado de ciudadanos- demandantes.
Por ello, esta acción premeditada provoca una asignación de recursos equivocada en capitales y ciudades, reduciendo no solo presupuestos, que son insuficientes para la población atendida, sino que, ante la sobredemanda, saturan los servicios y por tanto, también los deterioran para la población residente. Naturalmente los servicios pierden calidad, por ejemplo, en salud aumentan los periodos de espera al igual que los de resolución y comienzan a ser insuficientes los recursos humanos, físicos e insumos médicos para la atención de servicios sobresaturados y en educación existe “hacinamiento” y precariedad en la infraestructura, insuficiente mobiliario y la permanente falta de ítems.
También puede leer: Releyendo al ingeniero ‘héroe’ Villegas
A lo largo del tiempo, este fraude censal profundizará la inequidad y exclusión con servicios de peor calidad o los mismos serán interrumpidos, provocando reclamos en la unidad territorial a donde vive y no donde fue censada , con mayor fuerza si las organizaciones sociales de representación tiene importante arraigo ; generando que deriven, generalmente, en conflicto movilizado como bloqueos , secuestros de funcionarios o tomas de oficinas públicas, disminuyendo su capacidad contención y exponiendo al gobierno de capital, ciudad o ciudad intermedia, a enfrentar serios problemas de gobernanza y lo más inquietante, degradando la confianza en su capacidad continuar con la administración del territorio.
El tema no es menor, presupuestos reducidos, imposibilidad material de cubrir la demanda ciudadana, sumada a servicios públicos que se deterioran sistemáticamente por la saturación, resultan una permanente amenaza de silenciosa gestación para la gobernanza del territorio urbano.
La insatisfacción y la pérdida de credibilidad pueden ser factores que detonen una espiral de conflictividad inmanejable en las ciudades más importantes, quienes finalmente son el barómetro de la política nacional y también, quienes sostienen y financian la única red de servicios públicos que opera en el territorio sin interrupciones a través de las defensorías municipales, servicios legales integrales, bono de discapacidad, desayuno escolar, sistema único de salud, centros de desarrollo primera infancia, entre otros.
El origen perverso del problema es haber sobrevalorado el factor poblacional establecido hace treinta años para la distribución del poder político y financiero, que entre sus efectos colaterales viene desde hace dos censos induciendo a población “fantasma” a registrarse fraudulentamente en el área rural, cuando debería hacerlo en las ciudades de su residencia; además, alimentando más de medio centenar de disputas de límites municipales, provocando muchos territorios sin gobierno o en otros casos, favoreciendo a un mercado ansioso de ampliar el tráfico del suelo y la apropiación de su plusvalía.
(*)Vladimir Ameller es economista
- Según expertos y autoridades las temáticas de mayor conflictividad en Bolivia se hallan en la explotación de recursos naturales, la construcción de carreteras, el crecimiento poblacional, la ampliación de las manchas urbanas, el asentamiento y la creación o modificación de nuevas unidades territoriales son algunos de los factores que avivan los conflictos por límites en el país.
- Fundación UNIR (2023) Los sectores involucrados con mayor frecuencia en conflictos violentos son el de pobladores organizados o no (26%), gremiales (20%), campesinos (14%) y educación (12%).
- Idem. Op.Cit. La Fundación UNIR señala que la mitad de los conflictos no encontró solución, quedando vigentes o en latencia, que podrían reactivarse en el futuro; solamente en 9% de los casos se llegó a acuerdos parciales o totales.
- https://www.la-razon.com/voces/2014/02/13/conflictos-vecinales-2/
- Nótese que además de tener un alto nivel de conflictividad registrado y alta movilización casi permanente en las principales ciudades, existen cientos de micro-conflictos muchas veces no son registradas por los medios de prensa.