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Wednesday 15 May 2024 | Actualizado a 03:46 AM

En 2 meses, al menos 37 reos se beneficiaron con el indulto

Los reos dicen que no avanza el proceso y piden flexibilización

/ 2 de diciembre de 2013 / 04:00

Tras dos meses de vigencia del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, al menos 37 presos se favorecieron con esta norma, mientras otros 285 hacen sus trámites.

Los reclusos advierten que hay obstáculos que retrasan la obtención de libertad.

El presidente Evo Morales firmó el decreto de perdón judicial tras revelarse que del total de privados de libertad, más del 80% tiene detención preventiva. Actualmente, en el país hay 14.771 presos. La Asamblea dio luz verde a la medida el 17 de septiembre, norma que regirá por un año. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en ese entonces, calculó que el indulto llegaría al menos a 2.000 reos.

Este diario solicitó con anticipación una información oficial del número de indultados en el país al director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, pero el viernes la autoridad se negó a otorgarla.

En una revisión informativa, se halló que al menos 37 presos de cinco recintos penitenciarios del país obtuvieron el indulto.

Libres. En Oruro se liberó a siete reos del penal de San Pedro; en Tarija, a 21 personas, en su mayoría del penal de Yacuiba; en La Paz, cinco; en Cochabamba, tres; y en Santa Cruz, una reclusa.

“Hasta septiembre del próximo año, muchas personas privadas de libertad se beneficiarán con el indulto, creemos que llegarán a los 2.000 (reos)”, estimó el director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Senadep), Jorge Leitón.

Detalló que hay 285 carpetas de internos que buscan beneficiarse con el indulto. Según los datos estadísticos de Defensa Pública, ésta es la relación de trámites por departamentos: En La Paz hay 121; Santa Cruz, 43; Cochabamba, 37; Chuquisaca, 7; Potosí, 13; Tarija, 17; Oruro, 26; Beni, 16 y en Pando, 2.

Los trámites de amnistía son más bajos: La Paz 3; Cochabamba 1 y Pando 1. O sea, hay cinco en el ámbito nacional.

Las carpetas que Defensa Pública alistó serán remitidas a las direcciones departamentales de penitenciarías para su evaluación. Estos documentos, después, deben pasar a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario para que sean homologadas. Luego deben ser enviadas al juez para que emita la orden de libertad.

El Ejecutivo emitió el decreto tras una revuelta en la cárcel de Palmasola, en agosto, que causó la muerte de 34 reos y un niño de año y medio, hijo de un recluso.

Al referirse al trámite de indulto, un representante del Consejo de Delgados de los presos de la cárcel de San Pedro (La Paz), que pidió no ser identificado, denunció que el proceso de recopilación de datos para el indulto no avanza, el hacinamiento carcelario continúa y sigue la retardación de justicia.

“Sólo salieron cinco personas con el indulto desde hace dos meses. No alcanzará (el plazo) para muchas personas y menos como dijo el Gobierno a 2.000”, señaló el reo.

Para agilizar el proceso burocrático, los internos piden al Ejecutivo flexibilizar el decreto, para que así puedan acceder al indulto sin la necesidad de un abogado que realice los trámites. Sobre el tema, Leitón remarcó que estos trámites sólo pueden ser realizados por abogados del Senadep.

El jurista admitió que existen algunos problemas que retardan la ayuda a los presos, como la tardanza en la recolección de datos y requisitos, entre ellos el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) que debería salir en 24 horas y que tarda al menos cinco días.

Agregó que también afecta que algunos privados de libertad que quieran acogerse al indulto no tengan la cédula de identidad. Indicó que esta situación frena el proceso, ya que es parte de los requisitos. Para enfrentar este problema, se pidió la colaboración del Servicio General de Identificación Personal (Segip) para que por medio de equipos operativos móviles se constituyan a los penales a otorgar el documento.

Senadep atiende 4.056 casos

Pedido

Reos de San Pedro solicitan al Poder Judicial terminar los juicios penales en los tres años estipulados, de lo contrario piden dejar en libertad a los detenidos.

Trabajo

El director nacional del Senadep, Jorge Leitón, informó que atienden al menos 4.056 casos de presos en el país, de los 14.771 privados de libertad en Bolivia.

Proyecto

El Senadep inició el proyecto de fortalecimiento integral de Defensa Pública, que tiene como objetivo llegar a todas las provincias que tengan recintos carcelarios en todo el país.

Perdón judicial regirá un año para los trámites

El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía está vigente desde el 17 de septiembre y regirá por un año. El Gobierno emitió esa norma por razones humanitarias para beneficiar a presos que cometieron delitos menores y a quienes sufren de retardación justicia.

El perdón judicial llega a aquellas personas que tengan sentencias ejecutoriadas igual o menor a ocho años, involucradas en la comisión de delitos menores.

La amnistía, que consiste en el olvido de la pena, beneficiará a las personas procesadas y detenidas preventivamente por delitos cuya pena sea igual o menor a cuatro años.

Para este caso quedan excluidos los condenados o procesados por delitos en los que la Carta Magna o el Código Penal no admitan el indulto; los que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesados por delitos de asesinato, violación a niño, niña y adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando y los tipificados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Las condiciones para acceder al indulto son que el beneficiado no sea reincidente; ser adultos mayores, varones de 58 años y mujeres de 55 años; y que hayan cumplido una tercera parte de su condena a pena privativa de libertad. Además, ser adolescentes imputables y jóvenes hasta 25 años que hayan cumplido una tercera parte de su condena o también ser personas con enfermedad grave o incurable, en periodo terminal. También serán perdonas las personas con grado de discapacidad grave o muy grave, siempre que la atención amerite un cuidado especial y que hayan cumplido una cuarta parte de su pena.

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Tres personas son aprehendidas con casi 80 kilos de marihuana en la carretera Santa Cruz-Cochabamba

Los aprehendidos mostraron nerviosismo y contradicciones durante sus declaraciones, por lo que se procedió a la revisión del motorizado en el que se encontraban.

El motorizado en el que se transportaba la marihuana.

Por Daniel Zenteno

/ 14 de mayo de 2024 / 20:05

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó, en un operativo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, casi 80 kilos de marihuana y aprehendió a tres personas y se quedó con el vehículo en el que se encontraban.

“El 12 de mayo de 2024, en la carretera antigua que conecta Cochabamba con Santa Cruz, se logró el secuestro de 79 kilos con 50 gramos de marihuana, además de la aprehensión de tres personas”, informó Jaime Mamani, viceministro de Sustancias Controladas.

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Operativo

Así, en esa oportunidad, según el viceministro, el personal antidrogas se encontraba realizando labores de “interdicción al narcotráfico”. Ahí, un vehículo llegó al punto de control a la altura de Bermejo, en la antigua carretera que conecta Santa Cruz y Cochabamba,

En el vehículo se encontraban tres personas; el conductor y dos acompañantes. Según Mamani, uno de ellos mostró bastante nerviosismo y contradicciones con sus compañeros respecto a las preguntas que realizaban los oficiales. A raíz de esos hechos, se decidió revisar el automóvil.

Marihuana

De esta manera se halló 150 paquetes, sellados al vacío, que contenían 79,5 kilos de marihuana. Los paquetes se escondieron previamente hábilmente en los costados laterales del vehículo.

“Ante la flagrancia del hecho, se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro de la sustancia y del vehículo”, establece el comunicado del viceministro de Sustancias Controladas.

Entonces. con éste, suman 9.003 aprehendidos a causa del narcotráfico en los últimos tres años, de acuerdo a los datos de este viceministerio.

El pasado viernes, Mamani presentó un informe de los resultados durante su gestión como viceministro. En aquella oportunidad ratificó el compromiso que existe en la lucha contra el narcotráfico.

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Choquehuanca solicita al TCP adelanto de sorteo de causa y resolución de la acción de defensa sobre las judiciales

Alurralde destacó que desde la Presidencia de la Asamblea existe la predisposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a la materialización de las elecciones judiciales,

Asamblea Legislativa. Foto: Archivo La Razón

/ 14 de mayo de 2024 / 19:38

Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, informó que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentó un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitando el adelanto del sorteo de causa y la resolución de la acción de defensa interpuesta en el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

“Se presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una Sala Constitucional resuelva la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Cobija, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales”, expresó.

Destacó que desde la Presidencia de la Asamblea existe la predisposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a la materialización de las elecciones judiciales, en conformidad con el orden institucional establecido en la Constitución Política del Estado.

Lea más: El Senado anuncia ley corta para ampliar entre 30 y 40 días la preselección para las judiciales

Respecto a las notas enviadas por los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, explicó que los informes adjuntos a las notas remitidas a la Vicepresidencia no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y debate en el pleno de la Asamblea.

Informó además que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Asimismo, destacó la importancia de considerar la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos de poder público, en particular el Judicial y el Legislativo, conforme a la Constitución.

“La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con la normativa, debe ser enviada para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento”.

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El Senado anuncia ley corta para ampliar entre 30 y 40 días la preselección para las judiciales

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Por Boris Góngora

/ 14 de mayo de 2024 / 19:32

Los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

El encuentro de los senadores fue dirigido por el presidente de esa instancia camaral, Andrónico Rodríguez, quien además dijo que se insistirá que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se involucre como manda la Constitución y cumpla su deber en este tema.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en el que denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

La semana pasada, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

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Legisladores dan la espalda a Huaytari por la acusación de ganancias ilícitas

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, es denunciado por haber incrementado su patrimonio de manera injustificada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

Por Daniel Zenteno

/ 14 de mayo de 2024 / 18:36

En medio de la denuncia de la Fiscalía contra Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, por el presunto delito de ganancias ilícitas, varios legisladores, tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS) como de la oposición le pidieron que dé un paso al costado.

“Pedir que el diputado Huaytari, primeramente, renuncie al cargo de presidente de la Cámara de Diputados y después pueda pedir licencia para seguir el proceso que se le viene solicitando”, exigió Juan José Torrez, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en entrevista con DTV.

El proceso contra Huaytari se denunció por la Fiscalía luego de una pesquisa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Denunciaron un presunto aumento injustificado en su patrimonio.

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Pese al respaldo ofrecido por el jefe de bancada de su partido, Jerges Mercado, otros legisladores del MAS no se solidarizaron con Huaytari.

Los senadores arcistas Andrés Flores y Felix Ajpi, coincidieron en que el presidente de la Cámara de Diputados debe dejar la presidencia de esta instancia. En criterio de los legisladores, de esta manera, Huaytari podría resolver con mayor tranquilidad el proceso en su contra.

Renán Cabezas, diputado del ala evista del MAS, argumentó que Verónica Challco, primera vicepresidenta de Diputados, podría tomar la presidencia durante la investigación a Huaytari.

“Vamos a exigir que se altere el orden del día y se incorpore un debate para tener una resolución y alejar de su cargo a Israel Huaytari, debería dar un paso al costado, ser suspendido en la Cámara de Diputados”, criticó en conferencia de prensa.

Huaytari, por su parte, insiste en su inocencia. Inclusive, propuso levantar su secreto bancario para corroborar que sus ingresos no se incrementaron.

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Por caso Decretazo, notifican a director de Chonchocoro para traslado de Camacho a Santa Cruz

La Justicia además ordena “al gobernador Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro.

Por Boris Góngora

/ 14 de mayo de 2024 / 18:29

La Justicia notificó al director del penal de Chonchocoro de La Paz, mayor Marco Gonzales, con la orden para el traslado del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para el inicio de su audiencia de juicio oral del 27 de mayo.

“El Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital, dentro del marco de aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, se encuentra preparando la audiencia de juicio oral… que sigue el Ministerio Público contra Luis Fernando Camacho Vaca para la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes… su autoridad deberá tomar las previsiones para asegurar la presencia del nombrado… el lunes 27 de mayo a horas 08.15”, señala parte de la notificación.

La notificación se realizó el jueves 9 de mayo por el Tribunal de Sentencia Octavo, que además ordena “al gobernador de Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

En el caso Decretazo, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pidió a la Justicia que se llegue a un análisis más profundo, respecto al traslado de Camacho a Santa Cruz, esto en razón a la seguridad del privado de libertad, como de sus custodios.  

“Insistimos como administración penitenciaria… que se llegue a un análisis más profundo, respecto a todos los elementos que ha dado este centro penitenciario. Hay una responsabilidad respecto al cuidado (para que) no haya algún tipo de agresiones, no solo al privado de libertad, sino estamos encargados de precautelar la integridad física, la vida, la salud de cada privado de libertad, pero no solamente eso, sino también la responsabilidad del director de este centro penitenciario es precautelar por la seguridad de sus mismos policías”, dijo Limpias a Unitel.

Señaló que se va a esperar lo que diga la Justicia y que en el transcurso de los días se informará lo que se vaya desarrollando.

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Martín Camacho, defensa del gobernador cruceño, señaló que “no hay una excusa” para el traslado de la autoridad cruceña.

“En realidad, es una obligación, no es una posibilidad. La Ley 2298 en su artículo 110 (señala que) no es una obligación del director nacional, sino del director de cada centro penitenciario el cumplir con las órdenes judiciales para los traslados a las audiencias, en este entendido, no hay una excusa que se pueda presentar”, dijo el jurista.

Añadió que los informes a los que hace referencia Limpias fueron presentados el 11 de marzo y los mismos fueron valorados por el Tribunal de Sentencia.

“(Esos informes) fueron considerados como superfluos para no dar conocimiento a una orden judicial, en este entendido lo único que está haciendo es fortalecer el error, pero además instigar a que se cometa incumplimiento de deberes por parte del mayor Gonzales”.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

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