Envuelto en un escándalo por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dijo ayer su verdad. “Si yo tuviera alguna corrupción (como funcionario) del Estado, yo, de calladito, me voy a la casa”, afirmó.

La investigación contra el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue abierta por el Ministerio Público a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Ese despacho basó su denuncia en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, que data del 8 de diciembre del año pasado y fue presentado ante la Fiscalía el 9 de enero.

Al respecto, Huaytari dijo que las investigaciones se basaron en un extracto bancario obtenido entre 2007 y 2015, cuando él tenía en propiedad un centro de recreación en Sucre. “Son (actividades) de distracción, diversión; (se trata de) pistas bailadoras, basqueteras, cinemas”, explicó, y dijo que luego en plena pandemia de COVID-19 vendió esos activos a una empresa en Santa Cruz.

“Hay depósitos, pero son de 1.800, 2.000, 3.000 y 4.000 (bolivianos)”, admitió el legislador.

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Corrupción

Huaytari advirtió intereses políticos en esa investigación e incluso dijo que el caso salió a la luz luego de que se filtraran fotografías suyas en un almuerzo con dos diputados de la alianza opositora Creemos, en un céntrico restaurante de sede de gobierno.

Es hecho también generó una polémica entre los miembros de la Asamblea Legislativa, especialmente en la Cámara de Diputados, donde miembros de oposición consideraron que ese encuentro tenía el fin de “pactar acuerdos”.

“Yo sé quién ha sacado la fotografía ahí (en el restaurante). Y más un rato ya saca (la información), por ejemplo, que yo tuviera denuncia. Pero esto tiene que quedar claro, a partir de ahí, ha comenzado todo”, afirmó sin dar nombres.

Pero las consideraciones de Huaytari en el ámbito político fueron más allá. Advirtió de un supuesto plan para “descabezar”, primero, la presidencia de la Cámara de Diputados, para poder, así, alcanzar, al presidente Luis Arce.

“El sostén de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa es la Cámara de Diputados. Y descabezar, por ejemplo, a Huaytari es netamente, indirectamente, descabezar al hermano presidente”, dijo el legislador potosino en su defensa.

Enfrentamientos

Las facciones arcista y evista también están enfrentadas por el caso. Por ejemplo, el diputado evista Ramiro Venegas consideró que su colega Huaytari “ya debía renunciar y ponerse ante la Justicia (…). Él miente de frente, fríamente, como esos personajes que no le temen a la Justicia”.

Entretanto, el diputado Jerges Mercado, jefe de la bancada del MAS en Diputados, cerró filas en torno a su colega Huaytari y pidió no “crucificarlo”.

En el caso implica a dos policías y a la hermana de uno de ellos y ahora, a solicitud de uno de ellos, radica en Santa Cruz, pese a que fue abierto en La Paz.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que el caso fue derivado a Santa Cruz, pero el fiscal departamental, Roger Mariaca, aseguró que el proceso no llegó a esa jurisdicción.

(16/05/2024)

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Yacira Cardozo, renunció a su cargo ante “presiones” de autoridades judiciales. 

“No soy marioneta de nadie, la institución no se maneja políticamente. Han sido recurrentes, pese a haber presentado mi denuncia hace dos o tres semanas atrás en la Fiscalía. Creo que la orden está dada. Recientemente se han reunido y un magistrado ha ordenado taxativamente que se pida mi renuncia, hecho que no es necesario porque yo nunca me he agarrado de este cargo, desde que he asumido nos hemos puesto a trabajar”, afirmó al medio digital Libertad Multimedia Sucre.

Cardozo asumió la presidencia el 28 de septiembre de 2023, luego que Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí la designó.

El 3 de mayo, ella formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia, por la presunta comisión del delito de coacción, debido a las presiones ejercidas para que deje el cargo.

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“He tenido presiones muy fuertes por los vocales que han insistido en esa renuncia. Pese a ello, presentaron una nota que exigía que se llama a sala plena extraordinaria para tocar exclusivamente la presidencia”, dijo entonces Cardozo.

En tanto, el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí informó que el vocal Édgar Jallaza asumió la presidencia. 

“En horas de la tarde por decisión de Sala Plena… asume la Presidencia de este ente jurisdiccional, Edgar Jallaza, con una votación unánime de 11 votos a favor y la abstención de dos votos, de un total de 13 autoridades judiciales que participaron en la sesión” (sic), indicó, a través de sus redes sociales.

Por más de dos tercios, el pleno del Senado aprobó una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, a convocar una sesión del pleno en un plazo de 48 horas, para definir el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Hemos logrado aprobar una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea para que en 48 horas pueda llamar y convocar al pleno de la Asamblea. Nosotros vamos a participar de la reunión (convocada por Choquehuanca para el jueves), pero con esta resolución, conminando que él pueda convocar a sesión”, dijo el senador Miguel Rejas (MAS), presidente de la Comisión Mixta de Constitución.

La Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó sin efecto la preselección, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en la que denunció que la convocatoria no garantiza los derechos de las mujeres originarias de su región.

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La semana pasada, el Legislativo fue notificado con el fallo constitucional que declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Rejas señaló que está en manos de Choquehuanca reencaminar el proceso, porque la semana pasada se remitieron los informes técnicos y jurídicos sobre el estado del trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.   

“(En los informes) al final dijimos que es el presidente nato de la Asamblea que tenga que decidir y convocar al pleno”.

El martes, Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, señaló que los informes adjuntos a las notas remitidas por los presidentes de las comisiones mixtas a la Vicepresidencia, no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y el debate en el pleno de la Asamblea.

Además, indicó que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Choquehuanca convocó a las fuerzas políticas de la Asamblea a una reunión este jueves a las 15.00, para hallar una salida a las judiciales.

El abogado Luis Guillen, defensa de Jeanine Áñez, informó este miércoles que tiene seis meses para presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ser ejecutoriada en diciembre de 2023 la sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II.

“Nos ha notificado el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre (de 2023). En todo caso, tenemos un tiempo de seis meses para presentar la demanda internacional. El recurso de casación fue resuelto en diciembre y ante esta situación, lo único que nos queda es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando ante la CIDH una demanda internacional”, dijo el jurista

Áñez fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La exmandataria cumple su pena en la cárcel de Miraflores de La Paz.

En primera instancia, la sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.

La Razón en diciembre de 2023 informó que “la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.1.1 de la LOJ (Ley del Órgano Judicial) y lo previsto por el art. 419 del CPP (Código de Procedimiento Penal), declara infundado el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez Chávez, contra el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz” (sic), dicta la sentencia.

Con ello, se cerró el capítulo del caso Golpe de Estado II, ya que Áñez no cuenta con otro recurso en los tribunales del país para pedir la anulación de su sentencia. Es uno de los procesos abiertos contra la exmandataria en la vía ordinaria, quien, mediante su defensa legal, demanda un juicio de responsabilidades.

Guillén indicó que la denuncia que se presentará ante instancias internacionales tiene que observar que si en el proceso que se le siguió a la exsenadora hubo un respeto a sus garantías “fundamentales” y a los derechos legales que ella posee.

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“¿Ese juicio fue presencial, se tuvo el derecho a asistir como prensa a ese juicio o no?. Entonces la CIDH dirá efectivamente que se ha llevado este juicio a puerta cerrada, se ha simulado que fue abierto, entonces dirá Bolivia ha vulnerado en el procesamiento de la exmandataria el derecho de publicidad dentro de un proceso”.

El abogado Jorge Nina, que representa a Lidia Patty en el caso Golpe I, indicó que después de conocerse el fallo del TSJ que ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez en el caso Golpe II, la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada formal y no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

“Esto es un elemento que nos demuestra que el comportamiento desplegado por Jeanine Áñez no estaba de acuerdo a las normas y procedimientos de la Asamblea Legislativa, al no haber cumplido mandatos categóricos que tenía en esa condición de senadora”, dijo.

Añadió que “Áñez no ha observado que no podía ser en ningún momento presidenta de la Cámara de Senadores y no podía autoproclamarse, debido a que había dos tercios. No le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, más aún cuando existía un reglamento que establece que quien debe presidir esta cámara es quien tenga mayoría. En ese entendido el partido del Movimiento Al Socialismo es quien tenía mayoría absoluta en 2019, en consecuencia, la sentencia demuestra tal extremo”.

El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el proceso penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aún continúa en La Paz, esto en razón a que la resolución que emitió la Justica fue apelada.

“No existe una investigación que se lleve y tenga el control jurisdiccional y fiscal en el departamento de Santa Cruz, lo cual quiere decir que el proceso penal continúa en la ciudad de La Paz”, dijo el fiscal.

Mariaca añadió que existe la resolución que emitió la autoridad jurisdiccional de La Paz en el que ordena que el proceso por “un incidente que ha presentado la parte investigada se remita al departamento de Santa Cruz, pero dicha resolución ha sido apelada por las partes, en este caso por el Ministerio Público dependiente por la Fiscalía de La Paz”.

“Considero que se está a la espera de la respuesta que vaya a dar una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de que se resuelva la apelación presentada por los fiscales anticorrupción de La Paz”.

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El caso por legitimación de ganancias ilícitas contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

El informe de la UIF develó que la autoridad parlamentaria recibió 193 depósitos valuados en más de Bs 1,4 millones. Una de las empresas vinculadas en el caso aseguró que compró un equipo de cine 7D por un monto de 83.770 bolivianos y no por 89.050.

Mariaca señaló que esperarán a que llegue de manera formal la resolución para que la Fiscalía de Santa Cruz derive al fiscal de turno y ese funcionario público informe de manera inmediata al juez jurisdiccional de esa región.

“No puedo manifestarme en una investigación que no está dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en este momento”, reiteró.

En tanto, el presidente de Diputados indicó que si “tuviera alguna corrupción del Estado calladito se iría a su casa” y no se metería en ese tipo de situaciones.

“Se ha publicado que tendría 1,4 millones de bolivianos, totalmente falso. De los 193 depósitos, eso cómo viene. Han sacado un extracto bancario del 2007 al 2015 donde mi persona ha tenido depósitos, sí, pero no es tema de 15.000, sino fueron de 1.000, 3.000. Yo tenía en ese momento una tienda en Chuquisaca de máquinas que son de distracción y juegos”.