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Tuesday 21 May 2024 | Actualizado a 20:14 PM

La Procuraduría recuperó para el Estado Bs 144 MM desde 2011

El subprocurador César Romano informó que en los tres años, el monto recobrado para el Estado fue ascendente. Indicó que se subsanaron diversas falencias halladas

/ 3 de marzo de 2014 / 05:30

Desde 2011 a la fecha, la Procuraduría General del Estado (PGE) recuperó para el país Bs 144.200.232,50 por cobros de pólizas de garantías, por incumplimiento de contratos, en diferentes obras en el ámbito nacional.

Según el subprocurador César Romano Molina, la cifra recuperada  es un resultado de la política de defensa y precautela a los intereses patrimoniales dispuesta por el procurador general, Hugo Montero Lara, por lo que obtuvieron resultados ascendentes desde 2011.

“Este trabajo metodológico empezó a dar resultados altamente satisfactorios, como que en los procesos administrativos en 2011 a instancias de la Procuraduría, las entidades del país lograron una recuperación en ese año para el Estado de 4.665.719,55 bolivianos”, informó a La Razón Romano.

procesos. Detalló que en 2012 hubo un “incremento geométrico” de recaudación, debido a que logró recuperar Bs 27.591.314,00 y también $us 959.920,39, dinero  correspondiente a las pólizas que estaban en dólares.

En 2013 se llegó a recobrar Bs 50.496.309,57 y $us 789.790,00. Asimismo, en los dos meses de febrero de 2014, la Procuraduría recuperó Bs 48.858.904,97.    

El informe de Romano detalla que el total de los tres años y dos meses llega a Bs 132.022.248,19, mientras que en moneda extranjera asciende a $us 1.749,710,39. Si se suma el monto en bolivianos con los dólares convertidos al boliviano, al cambio oficial Bs 6,96 por unidad, se establece que se recuperó Bs 144.200.232,52.

Estas cifras son consideradas importantes para Bolivia puesto que el dinero vuelve a las arcas del Estado y puede ser utilizado para las mismas obras o en otras, eso será decisión de las entidades estatales que se beneficiaron con el cobro de las garantías, agregó.

Romano explicó que existen  dos tipos de garantías; las pólizas de correcta inversión y de cumplimiento de contrato. En Bolivia, la mayoría de los recursos captados fueron por el segundo tipo.

“No puedo detallar todos los procesos en los que se recuperó dinero, pero hay empresas que destacan esa recuperación como es el caso de caminos (Administradora Boliviana de Carreteras) y el caso de la empresa Misicuni, donde lograron ejecutar su póliza en la ciudad de Cochabamba”, declaró el Subprocurador.

Entre las pólizas cobradas y destacadas, según Romano, están la del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (Tarija), por incumplimiento de contrato y tiene un monto de Bs 1.204.202,22.

En Cochabamba, la más reciente recuperación se dio por la falencia de tiempos en la obra de la “Empresa Misicuni II, por la construcción de la represa, obras anexas y complementarias del proyecto múltiple Misicuni de 85 metros de altura y complementación de las obras de la presa hasta los 120 metros de altura. El tipo de garantía es de cumplimiento de contrato y el monto recuperado asciende a Bs 44.204.428,56”, se lee en un documento al que accedió este diario.

Otra de las pólizas cobradas por incumplimiento de plazos corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, por la construcción del nuevo mercado de su capital que lleva el mismo nombre. La garantía ejecutada por la Procuraduría General del Estado asciende a Bs 2.771.088,86.

Después de tres años y dos meses del trabajo de la Procuraduría, Romano sostuvo que los resultados fueron fruto de un proceso de trabajo e indagación para identificar las deficiencias que existían, entre las que se hallaron tres.

Para hallar la primera falencia se revisó todas las garantías que el Estado tenía en la contratación de bienes, obras y servicios. Como resultado de este trabajo se vio una grave desatención, puesto que las garantías del Estado no eran sistematizadas, identificadas y peor aún no eran ejecutadas, dentro de los parámetros fijados.

Trabajo. “Se llegó a la conclusión de que el Estado, por su naturaleza principal contratante, necesita cumplir ciertas satisfacciones de carácter social, para ello genera la contratación de bienes y obras, entonces es un proyecto que debe cumplirse”, remarcó.

Para identificar la segunda falencia se verificó que el Estado suscribía los contratos con diferentes empresas particulares y personas jurídicas.
Por último, para el tercero, se encontró una problemática más grande, que el Estado perdía el proyecto social, el dinero del desplazamiento patrimonial y no recuperaba las garantías. Entonces se hizo una práctica “viciosa” el que las pólizas no sean ejecutadas correctamente.

El subprocurador sostuvo que para identificar estos problemas que afectaban al Estado se hizo un requerimiento “procuradurial de alta información” a la entonces Autoridad de Pensiones y Seguros, por lo que se remitió toda la información de las pólizas pendientes de cobros de causas del Estado.

La PGE tiene la función de precautelar intereses estatales

En 2011 se promulgó la Ley de la Procuraduría General del Estado Plurinacional (PGE) de Bolivia, que constituye una nueva institución en defensa de los derechos y bienes del Estado, tanto en el país como afuera.

Es una entidad de representación jurídica pública que tiene atribuciones de promover, defender y precautelar los intereses, derechos y los bienes del Estado.

Entre las funciones que tiene la PGE están defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, para lo que puede participar de manera directa, como denunciante, y sujeto procesal de pleno derecho en cualquier acción judicial o administrativa.

Puede interponer las acciones judiciales que sean pertinentes y necesarias para la defensa de derechos e intereses del Estado, así como los recursos judiciales que la ley confiere a favor de los sujetos procesales.

Para el cumplimiento de sus fines, podrá solicitar o requerir de la función pública cualquier información sobre las actividades administrativas a su cargo, las que no pueden ser negadas y deben ser evacuadas en su integridad para conocimiento del Procurador o de los funcionarios que están a su cargo.

Podrá requerir a la máxima autoridad ejecutiva de entidades públicas el enjuiciamiento de los servidores públicos por negligencia o corrupción que ocasione daños al patrimonio. Instar y requerir ante el Ministerio Público y ante el Fiscal General de los delitos que ocasionen detrimento a los derechos y patrimonio del Estado, de los cuales tuviere conocimiento por denuncia.

Capacitan a funcionarios públicos para cobrar pólizas

En esta actividad participan trabajadores municipales y delegados de comunidades

Williams farfán

La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública (SPESFUJAP), promueve cursos de capacitación a funcionarios públicos para el cobro de pólizas.

El último trabajo de este tipo se realizó en Cobija, Pando, la semana pasada donde se instruyó en “Capacitación de la Normativa de la Procuraduría General del Estado” y se dictó el “Taller de Difusión y Capacitación en Acciones de Precautela en Garantías-Pólizas de Caución”.

Socialización. En estos cursos también pueden participar autoridades electas. Por ejemplo, en el citado encuentro se tuvo la presencia de la alcaldesa del municipio de Cobija, Ana Lucía Reis, y de alcaldes de ese departamento, representantes de las unidades jurídicas y administrativas de los 15 gobiernos ediles, la Gobernación y de la Asociación de Municipios de Pando, informó el subprocurador César Romano Molina.

El subprocurador aseguró que este tipo de acciones son impulsadas  en los nueve departamentos del país, donde además de funcionarios ediles hay representantes de comunidades.

Explicó que los cursos se refieren a la temática de seguimiento y ejecución de las pólizas de caución (cumplimiento de contrato) que el Estado tiene pendiente de cobro con personas naturales o jurídicas, como resultado del incumplimiento de contratos en la adquisición de bienes, servicios y construcción de obras. 

Manifestó que esta actividad, anteriormente e históricamente, nunca fue sistematizada ni controlada, dejando en estado de indefensión a los proyectos sociales y al desplazamiento patrimonial del Estado

Con esto se busca concienciar a los funcionarios públicos a defender el patrimonio del patrimonio estatal en todas sus acciones, acotó.

Entregan diplomas a abogados

Trabajo
En el proceso de capacitación y difusión de la PGE, la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma (EAE), entidad desconcentrada de la PGE, y la Universidad Privada Domingo Savio ya entregaron certificados a 26 abogados graduados del Diplomado en Defensa Legal del Estado, en la ciudad de Tarija. Se busca que contribuyan a su preparación para una mejor defensa de los intereses del  Estado.

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El TCP pide que le remitan todas las causas que paralizaron las judiciales

Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista están a la espera de una respuesta del TCP para continuar con el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

El trabajo de las comisiones mixtas a cargo de la preselección antes de quedar suspendido,

Por Daniel Zenteno

/ 21 de mayo de 2024 / 19:53

Con las judiciales en vilo y el pedido del oficialismo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise el fallo de la Sala Constitucional en Pando, que detuvo todo el proceso de preselección, el TCP pidió a las demás salas constitucionales que le remitan todas las acciones que paralizaron el proceso de preselección de las judiciales.

El TCP informó a Correo del Sur que pidió a los magistrados que le hagan llegar todos los amparos constitucionales que presentaron los postulantes inhabilitados y que fueron aceptados por algún tribunal departamental.

Amparos

El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial se detuvo parcialmente el 16 de abril. Esa vez, una Sala Constitucional en Santa Cruz aceptó un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.

Puede leer: Judiciales sin rumbo: Un cuestionado TCP tiene otra vez la llave para las elecciones

Desde entonces, se registraron al menos ocho amparos que imposibilitaron que el proceso se renueve, cuando se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.

Acción popular

Sin embargo, el golpe definitivo llegó el 30 de abril, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular que denunciaba que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

La ley quedó inaplicable y el proceso desahuciado. Diversos actores políticos presentaron opciones para retomar lo avanzado. Así, el oficialismo, a la cabeza del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pidió al TCP que revise el fallo de la Sala en Pando.

El TCP priorizó el pedido sobre otras acciones que debía tramitar, pero todavía no dio su veredicto. El oficialismo presiona a esta instancia, pues existe la posibilidad de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias. Si así fuese, no habría elecciones judiciales, ya que el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en simultaneo.

Este martes, los legisladores arcistas Jerges Mercado y Froilán Mamani insistieron al TCP para que dé una respuesta a la brevedad posible. Le piden determinar el devenir de las judiciales. En tanto, la oposición y el ala evista consideran que la solución está en la Asamblea Legislativa.

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Ministro Novillo califica declaraciones de Morales como inapropiadas y fuera de lugar

Novillo indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 21 de mayo de 2024 / 19:16

Luego de las declaraciones del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que vinculan al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en supuestas extorsiones al narcotráfico, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, calificó estas versiones como “desaprensivas, inapropiadas y fuera de lugar”. Indicó que él habla “como si tuviera contacto con narcotraficantes”.

“Me llama profundamente la atención que vaya a verter este tipo de expresiones… lanza estas palabras desaprensivas manifestando que el narcotráfico lo va a matar, como si él tuviera alguna comunicación, prueba o contacto con gente del narcotráfico para que comenta este crimen. En todo caso, él debería alentar a un viceministro o Viceministerio a luchar contra el narcotráfico”, dijo Novillo.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que los compañeros de su federación le dijeron que “están preocupados por la vida de Jaime Mamani”.

Lea más: Respuesta a Morales: Alcón dice que cuando uno tiene acusaciones corresponde llevar a la Fiscalía

En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó el lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Novillo también indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

“Quiero lamentar que estas declaraciones hayan sido al calor del discurso político para desgastar al gobierno, pero lanzar ese tipo de amenazas, creo que ha perdido el control de la racionalidad para estar lanzando semejantes versiones desaprensivas”.

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Morales descarta que se expulse a Arce y Choquehuanca del MAS

El expresidente y proclamado como único candidato del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistió en pedir a sus legisladores aprobar los créditos en la Asamblea.

Evo Morales, en el ampliado evista en Cochabamba.

Por Daniel Zenteno

/ 21 de mayo de 2024 / 18:33

Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista.

“Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

Puede leer: Ahora Morales instruye a su bancada aprobar créditos en la Asamblea y fiscalizar recursos

El pasado sábado, el ala evista del MAS celebró un ampliado en el que se trataron diversos temas. Entre ellos, se ratificó a Morales como único candidato del partido. Además, se exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que apruebe la convocatoria para el congreso evista, fijado para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Pese al pedido de las bases que apoyan a Morales, se decidió que Arce y Choquehuanca todavía son militantes del MAS.

‘Aprobación de créditos’

“Asimismo, dar continuidad a la aprobación de créditos con la debida fiscalización e interpelación”, pidió adicionalmente Morales a sus legisladores.

El lunes, en conferencia de prensa, el exmandatario pidió que los créditos pendientes sean aprobados para no perjudicar a la población.

Ocho proyectos de ley fueron aprobados en la Cámara de Diputados, pero el Senado no los sancionó. Pese a que el presidente de esta instancia, el evista Andrónico Rodríguez, sostuvo que la no aprobación se debía a detalles técnicos, los senadores evistas y de oposición afirmaron que no aprobarán ningún crédito hasta que no se traten los proyectos de ley 073 y 075, respecto a los plazos de los magistrados prorrogados.

Los proyectos suman un total de $us 645 millones que deben ser destinados a áreas que beneficiarán a la población. Como la infraestructura, salud o electrificación.

Inicialmente, en el ampliado, Morales ratificó la no aprobación de créditos. Sin embargo, desde el lunes cambió de postura y ahora pide aprobar créditos, pero controlando lo que se hace con los mismos.

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Senador Torrez denuncia ‘manipulación informática’ en el caso contra Choquehuanca

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que fue criticada por el senador evista William Torrez.

El senador evista del MAS; William Torrez.

Por Daniel Zenteno

/ 21 de mayo de 2024 / 18:05

Conocido el Tribunal que se encargará del caso en contra del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez denunció que existió “manipulación informática” para que el caso sea sorteado a la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

«Tenemos certeza de que hubo manipulación informática para una vez más dirigir este caso a conocimiento de esta funesta Sala; la Sala Constitucional Primera (de La Paz)», afirmó. Adicionalmente, advirtió que no dudarán en presentar acciones penales en contra de los presuntos responsables.

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que criticó Torrez.

Puede leer: La Justicia admite acción de cumplimiento contra Choquehuanca por no convocar a sesión de la Asamblea

Sala Constitucional Primera

La Sala Constitucional Primera fue la que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso arcista del MAS, pese a que el TSE había ratificado que el evento era contrario al estatuto orgánico del partido.

Desde entonces, en el evismo existe la susceptibilidad de que los tribunales intervienen en el funcionamiento de los demás órganos del Estado.

Torrez informó que se realizó una solicitud de excusa contra el vocal Israel Campero, para que se mantenga alejado del proceso en contra de Choquehuanca.

“Estoy convencido de que Israel Campero es totalmente funcional al Gobierno. Es operador del ministro de Justicia, Iván Lima”, afirmó el senador y le pidió que “por un mínimo de respeto” a la democracia se allane a la petición de excusa.

Choquehuanca

El pasado 6 de mayo, Torrez y la senadora Lucy Escobar interpusieron una acción contra Choquehuanca por incumplir con sus deberes de convocar al pleno de la Asamblea. Denunciaron que cinco meses pasaron desde la última sesión del pleno. En todo ese tiempo, critican, la Asamblea no trato los proyectos de ley 073 y 075, respecto al plazo de los magistrados y consejeros prorrogados.

Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz informó que la audiencia contra Choquehuanca está programada para las 16.00 de este miércoles.

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Viceministro Aguilera aclara: Misael Nállar no ha sido liberado

Jorge Tamayo, abogado de Nállar, desmintió las publicaciones que circularon en las redes sociales sobre la supuesta libertad de su defendido y aclaró que la audiencia se reanudará el jueves.

Imagen de archivo del traslado de Misael Nállar a La Paz en junio.

Por Boris Góngora

/ 21 de mayo de 2024 / 17:39

Ante la circulación de supuestos documentos y rumores sobre la liberación de Misael Nállar, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aclaró que el acusado de haber asesinado a tres policías, continúa detenido.

“Es una información falsa que se ha difundido, hoy día debía llevarse a cabo una audiencia, pero fue postergada”, señaló la autoridad a Unitel.

Nállar es sindicado por el delito de asesinato de tres policías acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

Lea más: La Fiscalía acusa formalmente a Misael Nállar por el asesinato de tres uniformados

Jorge Tamayo, abogado de Nállar, desmintió las publicaciones que circularon en las redes sociales sobre la supuesta libertad de su defendido y aclaró que la audiencia se reanudará el jueves.

Indicó que la orden de libertad que circula en las redes sociales “es totalmente falsa, todavía está pendiente la resolución para el jueves”. 

El jurista indicó que lo llamativo en audiencia fue el excesivo control policial en el piso siete del Palacio de Justicia, en el Tribunal Departamental de Santa Cruz.

“Alrededor de 25 policías de todas las divisiones (había en el piso siete), como nunca en este proceso y a denuncia de la juez incluso ya estaban dentro de las oficinas”.

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