Por más de dos tercios, el pleno del Senado aprobó una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, a convocar una sesión del pleno en un plazo de 48 horas, para definir el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Hemos logrado aprobar una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea para que en 48 horas pueda llamar y convocar al pleno de la Asamblea. Nosotros vamos a participar de la reunión (convocada por Choquehuanca para el jueves), pero con esta resolución, conminando que él pueda convocar a sesión”, dijo el senador Miguel Rejas (MAS), presidente de la Comisión Mixta de Constitución.

La Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó sin efecto la preselección, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en la que denunció que la convocatoria no garantiza los derechos de las mujeres originarias de su región.

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La semana pasada, el Legislativo fue notificado con el fallo constitucional que declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Rejas señaló que está en manos de Choquehuanca reencaminar el proceso, porque la semana pasada se remitieron los informes técnicos y jurídicos sobre el estado del trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.   

“(En los informes) al final dijimos que es el presidente nato de la Asamblea que tenga que decidir y convocar al pleno”.

El martes, Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, señaló que los informes adjuntos a las notas remitidas por los presidentes de las comisiones mixtas a la Vicepresidencia, no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y el debate en el pleno de la Asamblea.

Además, indicó que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Choquehuanca convocó a las fuerzas políticas de la Asamblea a una reunión este jueves a las 15.00, para hallar una salida a las judiciales.

El abogado Luis Guillen, defensa de Jeanine Áñez, informó este miércoles que tiene seis meses para presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ser ejecutoriada en diciembre de 2023 la sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II.

“Nos ha notificado el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre (de 2023). En todo caso, tenemos un tiempo de seis meses para presentar la demanda internacional. El recurso de casación fue resuelto en diciembre y ante esta situación, lo único que nos queda es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando ante la CIDH una demanda internacional”, dijo el jurista

Áñez fue condenada a 10 años de presión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La exmandataria cumple su pena en la cárcel de Miraflores de La Paz.

En primera instancia, la sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.

La Razón en diciembre de 2023 informó que “la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.1.1 de la LOJ (Ley del Órgano Judicial) y lo previsto por el art. 419 del CPP (Código de Procedimiento Penal), declara infundado el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez Chávez, contra el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz” (sic), dicta la sentencia.

Con ello, se cerró el capítulo del caso Golpe de Estado II, ya que Áñez no cuenta con otro recurso en los tribunales del país para pedir la anulación de su sentencia. Es uno de los procesos abiertos contra la exmandataria en la vía ordinaria, quien, mediante su defensa legal, demanda un juicio de responsabilidades.

Guillén indicó que la denuncia que se presentará ante instancias internacionales tiene que observar que si en el proceso que se le siguió a la exsenadora hubo un respeto a sus garantías “fundamentales” y a los derechos legales que ella posee.

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“Ese juicio fue presencial, se tuvo el derecho a asistir como prensa a ese juicio o no. Entonces la CIDH dirá efectivamente se ha llevado este juicio a puerta cerrada, se ha simulado que fue abierto, entonces dirá Bolivia ha vulnerado en el procesamiento de la exmandataria el derecho de publicidad dentro de un proceso”.

El abogado Jorge Nina, que representa a Lidia Patty en el caso Golpe I, indicó que después de conocerse el fallo del TSJ que ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez en el caso Golpe II, la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada formal y no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

“Esto es un elemento que nos demuestra que el comportamiento desplegado por Jeanine Áñez no estaba de acuerdo a las normas y procedimientos de la Asamblea Legislativa, al no haber cumplido mandatos categóricos que tenía en esa condición de senadora”, dijo.

Añadió que “Áñez no ha observado que no podía ser en ningún momento presidenta de la Cámara de Senadores y no podía autoproclamarse, debido a que había dos tercios. No le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, más aún cuando existía un reglamento que establece que quien debe presidir esta cámara es quien tenga mayoría. En ese entendido el partido del Movimiento Al Socialismo es quien tenía mayoría absoluta en 2019, en consecuencia, la sentencia demuestra tal extremo”.

El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el proceso penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aún continúa en La Paz, esto en razón a que la resolución que emitió la Justica fue apelada.

“No existe una investigación que se lleve y tenga el control jurisdiccional y fiscal en el departamento de Santa Cruz, lo cual quiere decir que el proceso penal continúa en la ciudad de La Paz”, dijo el fiscal.

Mariaca añadió que existe la resolución que emitió la autoridad jurisdiccional de La Paz en el que ordena que el proceso por “un incidente que ha presentado la parte investigada se remita al departamento de Santa Cruz, pero dicha resolución ha sido apelada por las partes, en este caso por el Ministerio Público dependiente por la Fiscalía de La Paz”.

“Considero que se está a la espera de la respuesta que vaya a dar una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de que se resuelva la apelación presentada por los fiscales anticorrupción de La Paz”.

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El caso por legitimación de ganancias ilícitas contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

El informe de la UIF develó que la autoridad parlamentaria recibió 193 depósitos valuados en más de Bs 1,4 millones. Una de las empresas vinculadas en el caso aseguró que compró un equipo de cine 7D por un monto de 83.770 bolivianos y no por 89.050.

Mariaca señaló que esperarán a que llegue de manera formal la resolución para que la Fiscalía de Santa Cruz derive al fiscal de turno y ese funcionario público informe de manera inmediata al juez jurisdiccional de esa región.

“No puedo manifestarme en una investigación que no está dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en este momento”, reiteró.

En tanto, el presidente de Diputados indicó que si “tuviera alguna corrupción del Estado calladito se iría a su casa” y no se metería en ese tipo de situaciones.

“Se ha publicado que tendría 1,4 millones de bolivianos, totalmente falso. De los 193 depósitos, eso cómo viene. Han sacado un extracto bancario del 2007 al 2015 donde mi persona ha tenido depósitos, sí, pero no es tema de 15.000, sino fueron de 1.000, 3.000. Yo tenía en ese momento una tienda en Chuquisaca de máquinas que son de distracción y juegos”.

Al ser consultado por los medios por las últimas declaraciones de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, dudó de que sea él quien escribe las publicaciones de sus redes sociales.

“Son tuits (publicaciones en X, antes Twitter) que sabemos que él no hace (…); entonces, si alguien escribe un tuit usando el nombre del gobernador, a mí me gustaría que tenga el valor y venir a decirlo de frente. Porque hasta donde yo entiendo, el gobernador desde su secuestro no escribe tuits”, cuestionó Aguilera el miércoles en conferencia de prensa.

Acusación

Es que, la mañana del miércoles, Camacho hizo uso de sus redes sociales para denunciar que “Aguilera entrega la autonomía” de Santa Cruz. En su publicación, el jefe de Creemos señalaba que existe un acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Aguilera.

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“Hay gente a la que le molestará, porque yo lo defiendo al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en las cosas que he dicho; desde las falsificaciones de firmas, desde el abuso del nombre y del cargo”, afirmó Aguilera, seguro de que Camacho no maneja sus redes sociales.

Caso firma

En las últimas semanas, el gobernador electo se vio implicado en un caso de falsificación de firmas e incumplimiento de deberes. La notaria de Gobernación debe declarar el jueves ante la Fiscalía de Santa Cruz, pues dio fe de una firma de Camacho sin haber estado presente. Así lo confirmó Efraín Suarez, vicepresidente de Creemos y asesor del gobernador electo, por lo que no hay constancia de que sea su firma.

El miércoles, en su publicación, Camacho criticó que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz ahora tenga cuatro comisiones presididas por el MAS. En su criterio, esto se dio por el ‘acuerdo entre el masismo y Aguilera’.

En tanto, el gobernador suplente negó que tal acuerdo exista.

“Si se trata de llevarlo a la arena de la construcción de acuerdos, de convenios (…), alguien les ofreció (a Creemos) más comisiones y eso también es público. Seis comisiones”, cuestionó, pero aseguró que trabajará con todas las bancadas de la Asamblea y con las 15 provincias.

El lunes, la Asamblea Departamental de Santa Cruz eligió a las nuevas directivas de las comisiones legislativas. De las 11, cuatro estarán presididas por el MAS, cuatro por Creemos, dos por pueblos originarios y una por Alianza Solidaria Popular (ASIP).

Conocido el pedido de David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que acelere la revisión del fallo que paralizó las elecciones judiciales, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia (2005-2006), cuestionó que la autoridad recurra a un “autoprorrogado” y no a la Asamblea Legislativa.

“Curioso, en lugar de convocar a la Asamblea, que refleja la pluralidad política ciudadana para debatir y resolver temas de Estado en consenso, manda a anunciar el envío de notas de atención a TCP autoprorrogado”, escribió el exmandatario el miércoles en su cuenta de X.

TCP

El martes, el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, informó que Choquehuanca presionó al TCP. Le pidió que acelere su revisión del fallo que detuvo el proceso de preselección de postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial.

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“Se presentó al TCP un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una sala constitucional resuelva la revisión del fallo de la sala constitucional de Cobija. Teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales”, informó Alurralde.

Fallo

El 30 de abril, una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, falló a favor de una acción popular. Esta acción denunció que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las postulantes mujeres indígena originario campesinas.

Desde entonces, observada la ley, el proceso quedó paralizado. Los postulantes se encontraban en la etapa de evaluación oral y escrita.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se reunió con los representantes de las tres fuerzas políticas de la Asamblea. Se acordó elaborar una ley corta para que todo el proceso avanzado desde el 16 de febrero no quede en foja cero.