El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, consideró que el proyecto de ley “Lo jeno no se toca”, impulsado por el Ministerio de Gobierno, apunta a “un irracional uso de la detención preventiva” en el sistema penitenciario del país.

El funcionario basó su cuestionamiento en un análisis académico sobre el contenido de esa propuesta que fue publicado por su despacho.

“En un escenario donde el sistema penal se usa como forma de solucionar requerimientos sociales provocando el aumento correlativo de la detención preventiva, corresponde realizar una reflexión sobre los alcances de este tipo de proyectos en consideración al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto de control”, dijo este miércoles el Defensor en una conferencia de prensa.

Actualmente, la población privada de libertad en las 46 cárceles del país, entre urbanas y provinciales, alcanzó un total de 30.659 personas, entre hombres y mujeres. Eso evidencia un hacinamiento del 191%, según datos de Régimen Penitenciario hasta abril de 2024.

Proyecto de ley

Del universo de reclusos, el 62,5% guarda detención preventiva, mientras que solo el 37,5% tiene sentencia.

En criterio de Callisaya, el uso desproporcionado de la detención preventiva provoca una “crisis casi de carácter humanitario en las cárceles de Bolivia”.

En su análisis, el Defensor del Pueblo consideró que, ese proyecto de ley hace que el “delincuente callejero” se constituya en el “enemigo simbólico interno del Estado”, objeto de control y ataque con el mayor “peso de la ley”.

El proyecto de ley “Lo ajeno no se toca” fue presentado por el Gobierno el 9 de mayo. Incluye un nuevo tipo penal denominado apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años; es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve.

Detención preventiva

En su aplicación, el proyecto plantea que, cuando un delincuente esté en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Precisamente La Razón consultó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la incidencia de esa norma en el hacinamiento carcelario. Respondió que su despacho busca la descongestión de los recintos, principalmente con dos medidas: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar. El debate sobre esa norma e encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.

Con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, al frente de la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana (CC) planteó la consideración de una amplia y “oportuna” agenda de temas.

Según comunicación de la presidencia en ejercicio de la Asamblea Legislativa, la sesión de las 12.30 de este jueves plantea un solo tema: la consideración del del Decreto Presidencial 5137, de fecha 26 de marzo de 2024, de «Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias”.

Rodríguez “está metiendo lectura de correspondencia e indultos específicos” en el orden del día, adelantó a Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el jefe de bancada de CC en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane.

Sin embargo, afirmó que “la sesión tendrá la capacidad de ver otros temas”. Es decir, por reglamento, es posible la modificación de la orden del día previo respaldo de la mayoría de senadores y diputados.

La convocatoria a la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa del jueves fue emitida luego de forcejeo político entre las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición. Todo devino del viaje del presidente Luir Arce a Rusia, donde en San Petersburgo asistirá entre el 5 y 8 de junio al Foro Económico Internacional.

El periplo del mandatario obligó la suplencia temporal del vicepresidente David Choquehuanca, a su vez presidente nato de la Asamblea Legislativa.

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El martes, a través de una carta dirigida al secretario general de la Vicepresidencia del Estado, Juan Carlos Alurralde, instruyó la convocatoria a la polémica sesión.

Seoane dijo que la citación fue coordinada con el mismo Alurralde. A éste “se le ha pedido la agenda de Choquehuanca de los temas pendientes”, develó.

Se adelantó en señalar que las elecciones judiciales son la prioridad, aunque afirmó que “no hay que adelantarnos a los acontecimientos ni especular”. El proceso de preselección de postulante se había truncado el 30 de abril debido a una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando, que además consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

¿Cuáles son las prioridades para CC en esta agenda? La pregunta fue planteada a Seoane por Claudia Benavente, directora de La Razón y conductora de la transmisión.

El senador de CC enumeró elecciones judiciales, situación de los “autoprorrogados” (proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros electos en 2017), elecciones nacionales, Censo de Población y Vivienda, dos tercios (reposición) y crisis económica del país.

Además, Seoane planteó la consideración de créditos pendientes, TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), “reconstitución y reordenamiento” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), convocatoria a elecciones primarias cerradas o abiertas y “cómo trabajamos el próximo año”.

Son temas de la “agenda de nueve puntos”, recordó el senador de CC en referencia al acuerdo que su alianza firmó el 7 de noviembre de 2023 el ala evista para viabilizar la reelección de Rodríguez en la Cámara de Senadores.

Seoane, no obstante, afirmó que la agenda de la sesión de Asamblea Legislativa de este jueves dependerá cuál sea “la actitud de Rodríguez y cuál el ánimo de la Asamblea”.

Pero era “imperiosa” esa sesión, admitió.

El ala arcista del MAS adelantó que no asistirá a la reunión bicameral, para evitar el quorum necesario. Éste asunto y la agenda serán claves para la marcha de la sesión.

Con la convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa, presidida de manera interina por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, los legisladores de oposición y ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) ven que es la oportunidad para tratar todos los temas pendientes en la Asamblea. Sin embargo, ¿habrá quorum?

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Arcismo

Jerges Mercado, jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados; el diputado Rolando Cuéllar y la senadora Ana María Castillo anunciaron que el arcismo no participará de la sesión.

“Como no va a haber quorum, va a ser un fracaso total, va a ser un hazmerreír de Andrónico Rodríguez”, afirmó Cuéllar.

En la misma línea, Mercado confirmó que él y su bancada no asistirán, pues, en su criterio, significaría “avalar temas ilegales e inconstitucionales”.

Castillo se refirió a la presunta inconstitucionalidad de la convocatoria, que condiciona que la sesión sea, afirmó, “ilegal e ilegítima”.

Sin embargo, el ala evista y la oposición ratificaron la constitucionalidad de Rodríguez como presidente y la legalidad de la sesión.

El artículo 73 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 75 del Reglamento de la Cámara de Senadores recalcan que “toda sesión del pleno camaral (…) se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”. Es decir, la mitad más uno.

Aunque, con la fragmentación que existe dentro de la Asamblea, no solo dentro del MAS, sino también Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, se estima que los disidentes de estas alianzas se sumen a la no asistencia del ala arcista.

Sesión

En la sesión, oposición y evistas esperan tratar temas pendientes, como la preselección de candidatos a las elecciones judiciales y los proyectos de ley 073 y 075, sobre magistrados y consejeros prorrogados. Además, de los proyectos de crédito, entre otros.

La sesión convocada para este jueves a horas 12.30 establece, en el orden del día, primero la correspondencia y luego el tratamiento del Decreto Presidencial 5137, que puede ser modificado, no obstante.

El exsecretario general de la Vicepresidencia del Estado Héctor Ramírez afirmó que la convocatoria al pleno de la Asamblea Legislativa es una “situación anormal» debido a que —en su criterio— Andrónico Rodríguez «aprovechó” el viaje del presidente Luis Arce para llamar a sesión.

El viaje de Arce a Rusia se vio envuelto en polémica, dado que, al dejar su cargo, David Choquehuanca asumió la presidencia temporalmente. Por ello, Rodríguez, al ser el tercer hombre del Estado, se atribuyó la titularidad del Órgano Legislativo e “instruyó” al secretario general de la Vicepresidencia del Estado, Juan Carlos Alurralde, a convocar una sesión para el jueves.

Sin embargo, los legisladores de la facción arcista no se quedaron sin respuesta y el diputado Rolando Cuéllar advirtió a Rodríguez con una aprehensión por el delito de usurpación de funciones. 

“Si Andrónico Rodríguez quiere usurpar funciones, con todos los policías que están en la Asamblea lo vamos a aprehender y lo vamos a llevar a las celdas”, advirtió Cuellar.

De ese modo, se conformaron distintas interpretaciones legales, dichos y entredichos entre los legisladores respecto al tema.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Ramírez aseguró que este contexto es un hecho anormal, debido a que, en pasadas gestiones legislativas, hubo varios casos de suplencia de la presidencia de la Asamblea Legislativa por parte de presidentes del Senado. Empero, la diferencia era la coordinación entre las autoridades.

“Había coordinación. La crisis que estamos viendo se está expresando en la Asamblea”, dijo.

Explicó que, antes, y “en una situación normal”, la convocatoria se hacía con base en una agenda concertada con la Cámara de Senadores. “Es anormal, que casi por obligación o se aproveche la ausencia del presidente para convocar”.

“Se están notando las tensiones en la Asamblea”, advirtió.

El diputado evista del MAS Patricio Mendoza justificó en La Razón Radio la legalidad de la suplencia y explicó que, de acuerdo al artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, el puesto de presidente nato de la Asamblea le corresponde a Rodríguez, ante la “ausencia” de Choquehuanca.

Dicho artículo establece que: “La suplencia a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Legislativa, la ejercerán la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Senadores y la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación”.

Es que el parágrafo II del artículo 158 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa se regirá por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Es así que distintas autoridades, incluyendo las de oposición respaldaron la asunción y el llamado de Rodríguez.

Por otro lado, Ramírez admitió que le llama la atención que el ala evista del MAS y la oposición insistan por una sesión de la Asamblea para la que se requiere quorum y, en una sintonía entre evistas y opositores, se logrará los votos necesarios para la convocatoria.

Recomendó a Rodríguez, Choquehuanca, Evo Morales y Luis Arce «medir las consecuencias» sobre las decisiones que involucren a la Asamblea Legislativa en momentos de incertidumbre social.

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Luego de que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados convocara al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a presentarse a declarar por una denuncia a raíz del caso hotel Las Américas, la Fiscalía rechazó el trámite.

La denuncia “carece de elementos racionales mínimos como para que prospere un posible juicio de responsabilidades”, informó a los medios el director de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino.

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Denuncia

La denuncia fue presentada por el diputado del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar por el caso hotel Las Américas. La Comisión de Justicia Plural aprobó el inicio de una investigación penal y convocó a Lanchipa a prestar sus declaraciones.

El legislador acusa a Lanchipa de haber retirado, de manera arbitraria, las investigaciones sobre la incursión en Bolivia de una célula terrorista en cuya intervención policial, el 16 de abril de 2019, murieron los ciudadanos extranjeros Eduardo Rózsa (húngaro), Árpád Magyarosi (rumano) y Michael Dwyer (irlandés).

La acción se ejecutó en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde presuntamente se reunían los citados y otros ciudadanos de nacionalidad boliviana con el objetivo de elaborar un plan separatista, con miras a desestabilizar al gobierno.

Al cumplirse 15 años del suceso el pasado mes de abril, el hecho volvió a la agenda pública. Con la división dentro del MAS, el diputado Cuéllar presentó el 15 de mayo la denuncia. Tiene como fin último responsabilizar de las muertes al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera.

Sin embargo, la Fiscalía levantó las investigaciones por torturas y vejámenes debido a que carecían de pruebas contundentes.

‘Especulaciones y apreciaciones’

“Todas estas acusaciones vertidas por el parlamentario son completamente falsas y temerarias. Se trata de un cúmulo de especulaciones y apreciaciones de índole personal, revestidas con posturas políticas”, criticó Tarquino.

En su criterio, en ninguna parte del memorial del denunciante se establece qué acciones desplegó Lanchipa como para ser denunciado.

El fiscal debía declarar ante la Comisión de Justicia Plural este miércoles. Sin embargo, debido a que, afirma, se le notificó a destiempo, no pudo asistir y se tuvo que postergar la fecha.

Tarquino informó que, como se trata de un documento jurídico, a Lanchipa le corresponde “realizar todos los descargos y las representaciones que corresponda” para desestimar la investigación.

En 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la condición de denunciante del caso Terrorismo, como se llamó a la incursión de la célula dirigida por Rósza. En consecuencia, el Ministerio Público cerró la causa y liberó de culpa a una veintena de acusados, entre extranjeros y nacionales.