Pese a que ya se absolvió a Gabriela Zapata del caso en el que presuntamente tuvo un hijo con el expresidente Evo Morales, todavía surge nueva información en relación al caso.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz, el hijo entre Morales y Zapata nació vivo y no existen pruebas de un presunto fallecimiento.

“De las pruebas del Ministerio Publico y de las declaraciones efectuadas por la procesada como medio de defensa, se ha podido establecer que el hijo de Juan Evo Morales Ayma y la imputada ha nacido vivo y ha sido registrado por el propio padre ante el Oficial de Registro Civil, sin que hasta la fecha se haya presentado alguna probanza de que este menor haya fallecido”, señala la sentencia.

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Caso Zapata

El caso inició hace ocho años, en 2016, cuando el periodista cruceño Carlos Valverde denunció la existencia de un hijo no reconocido, pero registrado civilmente, entre Morales y Zapata, quien desempeñaba la función de gerente comercial de la empresa china CAMC.

El hecho despertó polémica y reacciones en la opinión pública. Además, se denunció un tráfico de influencias entre el exmandatario y la empresaria.

Morales admitió públicamente en 2016 que tuvo un hijo con Zapata, pero afirmó que el niño había fallecido. Denunció que se usaba el caso con el objetivo de desacreditarlo. En ese entonces, Morales debía enfrentar el referéndum que determinaría si podía ir a una tercera repostulación o no.

Debido a que Zapata sostenía que esto era falso, se inició un caso en su contra por el delito de trata y tráfico de personas. Durante ocho años se la investigó, a quien se acusó de haber suplantado al hijo que tuvo con Morales.

Las acusaciones señalaban que Zapata pretendía presentar a otro niño ante un juez como el hijo legítimo de Morales.

Además, el documento señala que Zapata declaró que el niño estaba bajo la tutela del expresidente desde su nacimiento; con el argumento de que le haría tratar una enfermedad.

El pasado 30 de abril se absolvió a Zapata del caso, junto a otras 10 personas, y festejó que ‘se hizo justicia’. Esa oportunidad, calificó al caso de ‘armado y político’.

La sentencia determinó que las acusaciones carecían de fundamentos para considerarse válidas y no se logró probar la suplantación de algún menor.

El presidente Luis Arce recibió este martes las cartas credenciales de seis embajadores que iniciarán desde la fecha su misión diplomática ante el Estado Plurinacional de Bolivia.

La ceremonia se desarrolló en el piso 21 de Casa Grande del Pueblo, sede de la presidencia boliviana, y contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa.

Los nuevos diplomáticos que presentaron sus cartas credenciales son; Vishvas Sapkal, embajador de India; Pisanu Sobhon, embajadora de Tailandia; Gustaaf Rasiman, de Surinam; Mateja Kracun, embajadora de Eslovenia; Meshack Kitchen, embajador de la república de Zimbabue; y Faisal Ibraim Ghulam, de Arabia Saudita.

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Ninguno de los nuevos embajadores es residente en Bolivia, todos están bajo la figura de ‘concurridos’.

Ibraim, Kitchen, Rasiman y Ghulam concurren en Brasil, específicamente en la ciudad de Brasilia, capital del país vecino.

Mientras que Sobhon y Sapkal concurren en Lima, Perú.  

Es decir, ninguno de los seis países posee una embajada en territorio boliviano, sino que se ubican en otro país; Brasil y Perú en este caso.

Se espera que, con los nuevos diplomáticos, las relaciones internacionales con estos países puedan verse reforzadas para que, a futuro, los embajadores puedan volverse residentes y de esta manera tener un contacto más próximo con la realidad del Estado Plurinacional.

Sosa felicitó a los seis diplomáticos y deseó que las relaciones sean favorables para todos los pueblos.

«A tiempo de darles una cálida bienvenida al Estado Plurinacional de Bolivia, deseamos que nuestras relaciones con cada país sean estrechas y fructíferas, trabajando por el bien de nuestros pueblos», escribió en sus redes sociales.

Una vez concluido el acto, los embajadores comenzarán a ejercer inmediatamente sus funciones diplomáticas.

El presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, desahució convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de reanudar y continuar con la preselección de las altas autoridades del Tribunal Constitucional y demás instancias del Órgano Judicial corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.

Mientras que el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición insistieron en que debe llamar a la sesión por mandato constitucional y le dieron un plazo de 72 horas, para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con el proceso de preselección.

«Responsabilizar al vicepresidente David Choquehuanca como causante de la desinstitucionalización de la Asamblea Legislativa y exigirle que de manera inmediata, en el plazo de 72 horas, a partir de la suscripción del presente, convoque a sesión para que sean considerados por el pleno los informes de conclusiones y recomendaciones de las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución y sea sólo mediante esa instancia legislativa… garantizar la continuidad del proceso de elecciones judiciales 2024», señaló el senador William Torrez (MAS), quien leyó uno de los puntos de las conclusiones del encuentro entre el presidente de la Cámara de Senadores, jefes de bancada y presidentes de las comisiones mixtas.

El presidente del Senado señaló que para continuar con la etapa de evaluación de méritos y la preselección de las elecciones judiciales se necesita de una ley interpretativa aprobada en el pleno de la Asamblea, de lo contrario, por recomendación técnica jurídica de los propios presidentes de ambas comisiones mixtas «esto no puede avanzar».

«Vamos a pedir a los presidentes de ambas comisiones convocar de manera inmediata a la sesión de ambas comisiones para ratificar el informe que ellos ya derivaron al Presidente de la Asamblea. En esa misma línea, prácticamente están fuera de plazos y perdieron competencias para continuar con el tratamiento de las etapas o fases de la preselección», dijo Rodríguez.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, acusó este martes de la crisis de las elecciones judiciales al “extremismo” evista y mesista.

“La oposición que opera en el escenario preelectoral del país magnetiza dos extremos, el extremismo evista y el extremismo mesista. Se sabe que los extremos se necesitan, se apoyan como lo han demostrado en los últimos tiempos (Carlos) Mesa, Evo (Morales) y Andrónico (Rodríguez)”, dijo Choquehuanca en conferencia de prensa.

Indicó que la política del extremismo está desautorizada en el país porque el abuso de los extremistas de renunciar y oír “siguen siendo impunes”. “El extremismo evista y mesista necesita un estado colonial y patriarcal con una democracia piramidal y jerárquica para garantizarse el culto a su personalidad”.

Añadió “sabemos que las causas de los desperfectos del sistema democrático y en ellos los poderes del Estado ha ocasionado el colonialismo y el patriarcado, es aquí que el Gobierno no ha renunciado ni ha huido ante la adversidad y está sanando las heridas del pasado, corrigiendo los errores”.

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La autoridad también indicó que la responsabilidad de reanudar y continuar la preselección de las altas autoridades para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial está en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural y no así la necesidad de convocar a sesión del pleno de la Asamblea para tratar este tema. 

Desde mediados de abril, la preselección en las comisiones mixtas fue paralizada, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

Ahora que Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo que paralizó el proceso de preselección, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, pidió a las comisiones mixtas que den continuidad al proceso, pues, en su criterio, no es necesaria una resolución de la Asamblea Legislativa.

“No es necesario (una resolución) el TCP ya le ha dado la viabilidad de que prosiga las elecciones judiciales (…); entonces ya la responsabilidad sería de las comisiones mixtas”, afirmó este martes en conferencia de prensa.

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Comisiones

Al contrario, los presidentes de las comisiones mixtas, encargadas de llevar adelante el proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y TCP, afirmaron que la Asamblea ya perdió toda competencia de continuar con el proceso.

De acuerdo con la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el 6 de mayo venció la competencia de la Asamblea. El Legislativo tenía hasta esa fecha para remitir al Órgano Electoral la lista con los candidatos preseleccionados.

Sin embargo, debido a que una Sala Constitucional en Pando falló a favor de una acción popular el proceso quedó desahuciado. La acción denunciaba que la ley violaba los derechos de las mujeres e los indígenas originario campesinos,.

Por ello, los titulares de las comisiones mixtas pidieron que se elabore una ley corta o una resolución desde la Asamblea para poder continuar legalmente con el proceso.

Para Huaytari, esto aumenta la responsabilidad de las comisiones, pues “la ley corta debe ser evaluada por la comisión mixta”.

Asamblea

Sin embargo, tanto Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, como Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia, insisten en que es en el pleno de la Asamblea donde se debe definir el devenir de las elecciones judiciales.

“Son situaciones jurídicamente, técnicamente, a evaluar”, se limitó a decir Huaytari.

El presidente de Diputados afirmó que su intención es que se lleven adelante las elecciones judiciales lo antes posible. Considera latente el riesgo de que no se realicen, debido al complicado calendario que tendrá el Órgano Electoral; con elecciones primarias, fijadas para la segunda mitad del año, y las nacionales del próximo año.