La Sala Constitucional de La Paz admitió la acción de cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.

La semana pasada, los senadores del ala evista del MAS William Tórrez y Lucy Escobar presentaron el recurso, cuya audiencia fue fijada para este miércoles a las 16.00 y tendrá caracter persencial, según una nota de Unitel.

“Hay un flagrante incumplimiento de deberes, sin embargo, nosotros, lo primero, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la Constitución”, señala el recurso presentado por el evismo.

En la denuncia, la parte solicitante indicó que Choquehuanca no convocó a sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en cinco meses, lo que impidió el análisis de esas dos propuestas de norma.

Hay una expectativa, desde febrero de este año, por la aprobación de esos proyectos de ley, que buscan definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017, cuyo mandato fue ampliado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, atribuyó la falta de dólares en el país a la supuesta corrupción de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a los miembros de sus gabinetes.

“Los dólares que faltan para los productores, transportistas, gremiales y todos los bolivianos en general, NO desaparecieron por arte de magia. Los dólares de Bolivia se los llevó la corrupción y el despilfarro de Evo Morales, Luis Arce y sus ministros”, escribió en su cuenta de X.

Desde su reclusión en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, Camacho detalló una lista de al menos 14 casos de supuesta corrupción, entre ellos, el conocido caso del Fondo Indígena, el caso CAMC y la expareja sentimental de Morales, el museo del exmandatario en Orinoca, Oruro y otros hechos, en los que hasta detalló el monto.

Camacho

“Son $us 11,035 millones que se llevó la corrupción y el despilfarro de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. La corrupción fue y es monumental y la impunidad también, ningún dirigente mbsista importante está preso por el daño histórico que le hicieron a Bolivia”, agregó Camacho.

El gobernador de Santa Cruz está privado de libertad desde el 30 de diciembre de 2022. El proceso que enfrenta busca esclarecer los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de 2019. Entonces, una convulsión social y política lo acorraló, luego de que las protestas por un supuesto “fraude monumental” en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año cobraran fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para la dimisión.

Camacho fue el principal actor de la masificación de las protestas, en su calidad de presidente del Comité pro Santa Cruz, desde donde exigió la renuncia de Morales.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe aseguró que las facciones arcista y evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) deben respetar las decisiones de la institución, “el árbitro”, respecto de la aprobación o rechazo del congreso arcista, que se desarrolló del 3 al 5 de mayo en El Alto.

El conclave arcista se llevó adelante en medio de polémicas, debido a que el TSE, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), tuvo que supervisar en congreso por obligación de una sala constitucional.

El dirigente campesino Grover García, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fue elegido jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce, en el congreso realizado en El Alto. En caso de que el TSE valide el encuentro, García reemplazaría a Evo Morales, quien ocupa el cargo desde 2017.

El ala oficialista exhortó al TSE a aprobar el informe del encuentro. En tanto, el ala evista advirtió que, si se aprueba el encuentro, comenzarán las movilizaciones y una posible convulsión social en el país.

De ese modo, Tahuichi lamentó que el TSE está trabajando en medio de un “fuego cruzado” y presiones entre ambas facciones. “Nos están ‘huayqueando’ (golpear entre muchos a uno solo), nos están jaloneando, pero eso no va a afectar en absoluto nuestra decisión técnica”.

“Que no atenten contra la democracia. Tenemos que cuidar nuestra hermosa democracia”, dijo el funcionario, en entrevista con La Razón Radio.

El vocal advirtió que sería “una anarquía” desconocer las resoluciones del Órgano Electoral, ya que es la instancia que se encarga de los procesos electorales. “Sería un genocidio atentar contra la democracia y eliminar la institucionalidad democrática”.

Aseguró que todas las organizaciones políticas del país están acatando las decisiones del TSE, y que solo el MAS apela a otras instancias, como la Justicia.

Plazos

Luego de llevarse a cabo el congreso, la comisión del Sifde tenía un plazo de siete días para presentar su informe técnico, que se cumplió el martes de la semana pasada. Posteriormente, el documento debió ser remitido a la dirección nacional de esa unidad, que tuvo 48 horas para validarlo o modificarlo. Finalmente, la Sala Plena debe comunicar su decisión.

De ese modo, el vocal Tahuichi aseguró que la decisión de la Sala Plena del TSE se conocerá en esta semana. El documento podría entrar en agenda en la sesión de esta jornada y, en el peor de los casos, la Sala Plena tiene otros cinco días en caso de requerir mayor información del Sifde.

El viernes pasado se debió conocer la decisión final, pero cuatro de los siete vocales estaban fuera del país.

Respecto a la resolución de una sala constitucional que obligó al TSE a supervisar el cónclave, Tahuichi defendió la independencia de órganos y reclamó que algunos actores políticos están “jaloneando” al TSE para que asuma ciertas decisiones.  “Es un atentado a la democracia”.

Asimismo, manifestó su preocupación por la “injerencia” de otros órganos del Estado en las decisiones del Órgano Electoral. “Es muy duro, muy tiste y preocupante que se esté generando usurpación de funciones. Se está rompiendo la independencia”.

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¿Cuál de los congresos del Movimiento Al Socialismo (MAS) es válido? Ni lo uno ni lo otro, hasta donde estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, los vocales sopesan la situación de ese partido en un ambiente de fuego cruzado.

De manera sucesiva, el TSE observó las convocatorias emanadas por las dos facciones del partido oficialista: la citada por el Pacto de Unidad, para los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, y la de la dirección nacional, del 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

El artículo 13 del estatuto orgánico del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que los congresos partidarios serán convocados con 60 o 90 días de anticipación por la dirección nacional y las tres organizaciones matrices: las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

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Fuego cruzado

Así, el congreso de El Alto no cumplía con las firmas de los miembros de la dirección nacional del MAS y, por su lado, el de Villa Tunari no consigna con el aval de las organizaciones matrices, respectivamente, según las resoluciones de sala plena TSE-RSP-ADM 0140/2024 y TSE-RSP-ADM 0141/2024, del 17 de abril.

A pesar de la resolución en contra, el congreso del Pacto de Unidad se llevó a cabo en las fechas fijadas y eligió a Grover García como presidente del MAS en reemplazo de Evo Morales, cuyo mandato se extiende desde 2017. Es que, el 2 de mayo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz —con la firma de los vocales Israel Campero y Alexis Angles— instruyó al TSE a supervisar dicho encuentro.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a través de una comisión técnica, cumplió con el trámite, a pesar de los cuestionamientos del TSE a la resolución judicial.

Conocido el informe de dicha instancia, los vocales del TSE deberán definir estos días si validan o no el congreso de El Alto.

Mientras el Pacto de Unidad espera una respuesta favorable de parte del Tribunal Electoral, el ala evista del MAS espera lo contrario, al punto de amenazas de movilización de sus organizaciones.

Congreso

El sábado, en el ampliado del Pacto de Unidad en Cochambamba, la dirigencia del MAS evista desahució el congreso de El Alto.

Y Morales advirtió: “Si mañana o pasado, el TSE reconociera el congreso de El Alto, sería un genocidio político, un genocidio al movimiento indígena mediante su instrumento político”.

“Sería un atentado a la democracia”, insistió el expresidente.

Días después del congreso de El Alto, el presidente Luis Arce revindicó la alección de García y, a su vez, invitó a Morales a reflexionar sobre la situación del MAS.  Tiene que “sentarse con los hermanos del Pacto de Unidad, realizar una convocatoria (a un congreso de unidad) donde todos, como militantes de base, estaremos asistiendo”, afirmó.

Aludido, Morales condicionó la invitación con que, públicamente, Arce se comprometa a “no proscribir” al MAS ni inhabilitarlo, como cree que impulsa.

Sin embargo, hasta ayer, no había señales de acercamiento posible entre las facciones del MAS para un congreso de unidad. En tanto, militantes del MAR arcista protestaron frente al TSE, en la plaza Abaroa de La Paz, en demanda de la validación del congreso celebrado en El Alto.

Aunque cumplió con uno de los dos mandatos de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, la adecuación de estatutos, el MAS no logra renovar su dirección nacional, a pesar de la ampliación, por quinta vez, del plazo. El TSE ya lo amonestó y corre el riesgo de perder su personería jurídica.

(21/05/2024)

Tras un análisis sobre la conminatoria del Senado a la Procuraduría General del Estado para que se constituya en “posición de garante” en torno a la resolución constitucional sobre la prórroga de magistrados de las altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se determinó que esta instancia legislativa “no tiene (y) no reconoce la figura de las conminatorias”.

La Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa emitió una opinión especializada que establece que “las resoluciones camarales constituyen disposiciones obligatorias en el ámbito de la propia Cámara de Senadores, como bien refiere el artículo 163 del citado reglamento… no se tiene la tipología posible para conminatorias sobre interpretación de vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del Tribunal Constitucional, entre instituciones públicas, puesto que excede los límites impuestos por el legislador reglamentario” (sic). 

El procurador César Siles señaló que la Subprocuraduría realizó una interpretación “normativa exhaustiva” de las facultades del Senado para una comprensión “eficaz del sentido y alcance de dicho acto legislativo”.

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Indicó que este análisis concluyó en que “los actos de gestión de la Cámara de Senadores que están previstos en su normativa, la Constitución (Política del Estado), en el reglamento de las cámaras de Diputados y de Senadores no tienen, no reconocen la figura de las conminatorias. Ellos tienen otros actos de fiscalización a su alcance para poder ejercer sus prerrogativas”.

El procurador hizo referencia a la Resolución Camaral 13/2023-2024, del 1 de febrero de 2024, emitida por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, en la que establece: ”Conminar a la Procuraduría General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones se constituya en posición de garante para resguardar los intereses del Estado en virtud a la vulneración de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, este último en virtud al principio de separación de poderes (Art. 12-CPE) y la posible responsabilidad internacional del Estado que puede generarse por los efectos jurídicos no vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 22 de diciembre de 2023 con la autoprórroga del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” (sic).

Siles señaló también que ya emitió su posición respecto a la vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del TCP, es decir, no se puede negar su carácter vinculatorio para todos los servidores públicos, autoridades e incluso particulares. “Una sentencia constitucional, una declaratoria constitucional únicamente puede ser modificada por otra sentencia, por otra declaración constitucional”.