En Colquiri, la gente quiere paz pero persiste la tensión minera
Conflicto. Asalariados y cooperativistas se disputan áreas de explotación en las vetas.
A dos años del conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas que terminó con la nacionalización parcial de Colquiri y la entrega de la veta Rosario a la Cooperativa 26 de Febrero, la población trata de convivir en paz, pero la tensión recrudece y amenaza la zona.
Pese al trauma que guardan madres y niños del distrito minero de La Paz, donde se explota complejos de estaño y zinc, los pobladores se esfuerzan por una convivencia familiar, pacífica, ya que retornaron allí tras los enfrentamientos de junio de 2012 que provocaron un fallecimiento.
En una visita, La Razón entrevistó a colquireños y observó su vida en medio del bullicio diario, el ruido del motor de los taxis, las motos, las ferias, los escolares, las actividades deportivas, educativas y comerciales. En esa región se reactivó el conflicto entre asalariados y cooperativistas por la disputa de áreas de explotación.
División. Los habitantes quieren la paz y convivir en concordia. “Nosotras no sabemos de los líos entre nuestros esposos, aquí desde 2012 vivimos en paz, no queremos que vuelva la violencia, nos han traumatizado y nuestros hijos lloraban por sus papás, pero ahora vivimos tranquilos”, comenta Julia.
“Todas las familias convivimos en el mismo campamento. Yo vivo al lado de una familia de un trabajador de la empresa. Nuestros hijos juegan juntos y están en la misma escuela. ¿Por qué tienen que pelear?”, agrega una vecina que habita en una de las casas de la parte alta de Colquiri.
La presidenta de la Federación Regional de Juntas Vecinales de Colquiri, Celia Aruquipa, sostiene que impera la tranquilidad en el pueblo. “No nos identificamos si somos asalariados o somos cooperativistas, somos uno solo, como hermanos”.
Aparte, profesores dicen que no hay discriminación en las aulas de las tres unidades educativas. “Para nosotros no existen hijos de asalariados ni cooperativistas, todos trabajan en conjunto, tampoco podemos alentar a esta división”, indica la maestra Celina Illanes.
Sin embargo, una madre que habló con La Razón y que prefirió el anonimato remarca que hay problemas entre hijos de cooperativistas y asalariados. “Eso se arrastra desde 2012, entre ellos se discriminan, se insultan, hasta a veces pelean, claro que no es seguido, pero todavía persiste esta situación que nos preocupa a las mamás”.
Mientras los pobladores, en su mayoría mujeres y niños, se empecinan por tener una vida sin problemas, los mineros rompen esa armonía cuando se dirigen a sus fuentes de trabajo: los cooperativistas a sus parajes y los asalariados a los socavones del Estado, división que se acentúa cuando se refieren al conflicto que renació en los últimos días.
Símbolos. El minero y un carro de transporte férreo en Colquiri.
Los asalariados piden que el Gobierno dé cumplimiento a los decretos que señalan las áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y que dejan para la cooperativa la parte norte de la veta Rosario.
Ante el bloqueo de la doble vía La Paz-Oruro por cooperativistas, el Ejecutivo lanzó un proyecto (que luego fue descartado) de estatizar todo el yacimiento, lo que causó zozobra. “Eso significa un suicidio para la empresa”, afirma el secretario de Conflictos del Sindicato Minero de Colquiri (SMC), Jaime Ramírez.
El gerente de la Empresa Minera Colquiri (EMC), David Moreira, señala que el conflicto se avivó por el atentado con anfo y dinamita de la red principal de aire comprimido, el 28 de mayo, lo que ocasionó un daño económico de más de $us 300.000.
Sobre la estatización de Colquiri, dice que es inviable. “Si llegara a entrar un trabajador más a la empresa, llegaríamos a ser una empresa deficitaria, porque en cierta forma la baja cotización nos ha afectado bastante. Estamos sobredimensionados, el yacimiento puede trabajar rentablemente con 900 trabajadores, pero ya estamos sosteniendo a 1.249”.
En tanto, los cooperativistas aseveran que no están en conflicto, sino que se declararon en estado de emergencia en defensa de sus áreas.
“Lo que reclamamos es la devolución de nuestras áreas de trabajo desde el nivel 325 hacia arriba, pero los asalariados nos han avasallado y han subido al nivel 285 y nos han dejado el 240 para arriba”, dice el presidente de la Cooperativa 26 de Febrero, Luis Núñez Charca. “No queremos conflicto, velamos por la tranquilidad de nuestras familias y por nuestros hijos, y por nuestros parajes porque estamos trabajando normalmente. Varios de nuestros hijos son trabajadores de la empresa Colquiri, entonces no tenemos por qué pelear”.
Unos tienen el amparo estatal, otros sin equipos
Juan Mejía
La situación laboral de los mineros asalariados y cooperativistas es distinta en Colquiri, debido a las características de sus actividades. Los primeros bajo el amparo del Estado y con reglas estrictas, y los segundos, librados a su propia labor para producir estaño y zinc, respectivamente.
Las condiciones de trabajo del sector cooperativizado en Colquiri, de acuerdo con el presidente de Vigilancia de la Cooperativa 26 de Febrero, Félix Condo Mamani, se desarrollan en el 70% de trabajo manual y, en pocos casos, con apoyo de equipos mecanizados.
La carga de mineral es sacada con un winche, pero la mayoría saca a lomo y a pulso, y la producción es de un promedio de dos a tres sacos de 45 a 50 kilos por cuentapropista.
El mineral es entregado a 14 comercializadoras en Oruro y a la metalúrgica de Vinto. “Trabajamos como antes, por eso sí, trabajamos y comemos, sin no trabajamos no comemos, y las promesas del Gobierno de dotarnos de equipos nunca se cumplen”, comenta.
En cambio, según explica el gerente de la Empresa Minera Colquiri, David Moreira, al margen de invertir en exploración para conocer el potencial del yacimiento de la sección Armas de la mina, se definió la adquisición de equipo pesado consistente en Skup y volquetas.
Además, se ejecuta un megaproyecto para la construcción de una rampa principal que unirá el nivel 0 con el nivel 400, y en España se construye un winche que será instalado en octubre,
A mediano plazo se tiene proyectada la construcción de una planta de unos $us 50 millones para el tratamiento de 2.000 toneladas.
Sin embargo, los bajos precios de los minerales han reducido los ingresos por la venta de la producción, lo que generó el interés de ampliar los espacios de trabajo. Los cooperativistas piden avanzar a otras áreas que consideran preconstituidas y los asalariados defienden el derecho que tienen de parte del Estado de trabajar en la mina.
