Voces

Sunday 21 Jul 2024 | Actualizado a 16:33 PM

En busca del voto conservador

La reacción a las declaraciones de quienes ven en la figura del senador Rodríguez una genuina renovación del proceso de cambio fue de incredulidad.

/ 28 de abril de 2024 / 00:22

Las desafortunadas declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, desataron una confrontación pública en torno a la dirección de la reforma de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. El senador pasó por alto que diversas organizaciones de mujeres vienen discutiendo mejoras de la norma desde 2020, buscando fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia.

Sin ningún respeto a todo el proceso social que durante dos años recogió y sistematizó cerca de 1.000 aportes en todo el país, el senador priorizó poner en discusión un confuso y mal redactado proyecto de ley que pone en riesgo todos los avances en materia de derechos humanos, y arroja por la borda los compromisos estatales signados en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana de Belém do Pará.

La reacción a las declaraciones de quienes ven en la figura del senador Rodríguez una genuina renovación del proceso de cambio fue de incredulidad. “No comprende la dimensión de lo que ese proyecto propone”, dijeron algunas; “está mal asesorado”, defendieron otras; “han descontextualizado su intervención”, apuraron a decir en su entorno. Sin embargo, al día siguiente, una conferencia de prensa dejó en claro que el senador no fue mal interpretado. Genuinamente él apoyaba la reforma desde una dimensión regresiva.

El senador no solo ponía en duda el espíritu de la ley que enorgullecía la gestión del presidente Evo Morales, también planteaba que la legislación destruía familias y ponía en la cárcel a hombres inocentes. En las primeras palabras del senador se podía identificar un guion bien ensayado (y reconocible); por ello, fue muy fácil encontrar su inspiración en un reciente discurso de Macarena Olona, militante de Vox, partido de la ultraderecha española. Gracias a las redes pudimos constatar que no se trataba solo de una inspiración, sino de la copia fiel de todos sus recursos demagógicos.

Esta declaración confirmó que no se trataba de un error inocente, o mala asesoría. Detrás del apoyo a una ley regresiva se podía vislumbrar un cálculo político electoral que buscaba atraer a los votantes conservadores que victimizan a los hombres y se sienten incómodos frente a una mayor igualdad de las mujeres. Al senador parece no molestarle que ganar esa popularidad implica desconocer que en Bolivia los índices de violencia por razón de género son los más altos de la región.

El Ministerio de Justicia fue contundente en refutar los supuestos que sustentaban ese discurso. En Bolivia, el Ministerio Público reporta que entre 2013 y 2024 se han registrado 1.189 víctimas de feminicidio y casi medio millón de denuncias de violencia de género. Y por ese total de crímenes, el Régimen Penitenciario informa que, a la fecha, 18.459 personas se encuentran privadas de libertad, es decir que, del total de las denuncias citadas, solo en el 4,16% se ha determinado el presidio para los criminales.

Por ello, la autoridad competente afirma que “la situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional”. En ese marco, ¬¿cuánto tiempo ha dedicado la Asamblea Legislativa a fiscalizar a los operadores de justicia? ¿Cuánto se han implicado senadoras y senadores en comprender el problema? El debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para consagrar la impunidad.

Con esta experiencia, nos queda por discutir cuán amorfo y elástico puede llegar a ser un programa de izquierda desesperado por ganar elecciones, o cuánto conservadurismo en derechos de las mujeres puede caber en una propuesta del campo “progresista”.

Lourdes Montero es cientista social.

 

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Litio, oro e hidrocarburos

/ 21 de julio de 2024 / 00:07

Esta semana tuvimos un anuncio muy importante que, en medio de la intensa coyuntura noticiosa, pasó con muy poco impacto en el sentido común de las personas. El presidente Luis Arce anunció el descubrimiento de un megacampo en el norte del departamento de La Paz, que contiene una reserva de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural, calificado por la autoridad como «el descubrimiento más importante para Bolivia desde el 2005». Si bien esta noticia podía invitar a la celebración frente los riesgos en la caída de las exportaciones de gas y sus consecuencias en la contracción de nuestros recursos fiscales, el ánimo no fue del todo festivo por ponernos ante la dura realidad de nuestro destino primario exportador.

Por otro lado, las noticias sobre la exportación de minerales en Bolivia siguen constituyendo uno de los pilares centrales de nuestra economía. En 2023, Bolivia generó $us 5.601 millones y el metal que lidera las ventas al mercado internacional es el oro, seguido del zinc, la plata, el estaño, el plomo, el antimonio, el cobre, el wólfram y el hierro, entre otros. Así, llegando a las puertas de nuestro bicentenario, Bolivia sigue (y seguirá siendo) un país minero. Y el horizonte próximo nos coloca como potenciales exportadores de minerales críticos y tierras raras para sostener la transición energética del mundo puesto que, según el Ministerio de Minería, el país cuenta con una serie de recursos importantes, como por ejemplo cobalto y cobre en Potosí; uranio, titanio y niobio en Cochabamba; o tantalio y niobio, en Santa Cruz.

Por último, hace al menos tres decenios venimos discutiendo (y no así produciendo) carbonato de litio. Las reservas estimadas de Bolivia están entre las más grandes del mundo, con 21 millones de toneladas métricas. El litio, usado al menos en 10 industrias centrales del desarrollo, podría ser una pieza clave en el desarrollo de baterías para celulares, iPods y computadoras personales, además de baterías para vehículos eléctricos cuyo incremento de mercado promete el mejor futuro a este recurso.

Solo estos tres titulares parecen confirmar una realidad indiscutible: a pesar de todos los esfuerzos y la voluntad de los últimos 50 años, Bolivia en las próximas décadas profundizará aún más su destino de país exportador de recursos naturales. Somos y seguiremos siendo el primer eslabón de una cadena mundial de producción. Tal vez la única novedad con la que llegaremos a nuestro bicentenario es el agregado de la soya (y sus daños ecológicos) a esta corta lista de productos que sostienen nuestra economía.

Como lo hemos escuchado en distintos tonos y en diversos discursos, en la vida concreta de los bolivianos y bolivianas, contar con recursos naturales para explotar no siempre es una bendición. En la academia abunda literatura y estudios concretos de las llamadas maldición de los recursos o paradoja de la abundancia, que consisten en que las zonas más ricas en minerales y combustibles se desarrollan menos que los lugares en donde éstos no abundan. Por ello, en son de broma, se dice que el verdadero triangulo del litio lo constituyen China, Corea y Japón, que seguramente se quedarán con la mayor parte de la tajada de la riqueza producida por la venta de los productos tecnológicos que requieren litio.

Por ello, los descubrimientos de reservas indudablemente brindan la posibilidad de generar ingresos muy necesarios para nuestro país, pero al mismo tiempo vuelven a enfocan nuestra salud fiscal y apuesta al desarrollo en el círculo de escasez y bonanza de los recursos naturales. Hemos experimentado durante ya varios (y dolorosos) ciclos el carácter volátil, incierto y agotable de los ingresos provenientes de los recursos naturales, sin aprender mucho sobre las previsiones necesarias en las políticas fiscales basadas en el flujo de ingresos provenientes de los recursos naturales. Detenernos a pensar cuántos años se prevé que durará el recurso natural antes de agotarse, y evaluar el daño ecológico de su explotación, puede ser un necesario sinceramiento respecto a los nuevos descubrimientos de reservas de gas.

Lourdes Montero es cientista social

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Tiempos de irritación e incertidumbre

/ 7 de julio de 2024 / 00:09

Perdemos confianza en la democracia. Ese es el dato más preocupante de los hechos recientes en torno a las acciones militares que pusieron en vilo a la población durante la tarde del 26 de junio. Perdemos confianza en las instituciones, único sostén del pacto social que nos permite vivir en comunidad. Y perdemos confianza en los líderes políticos que no asumen responsabilidades en torno a los hechos que, siendo ahora celebrados como comedia, podían devenir en tragedia.

En una reciente encuesta realizada por Diagnosis, solo un 49% de la población expresa su apoyo por la democracia, y la insatisfacción respecto a ésta, está en un peligroso 65%. Si a esto sumamos que el 60% expresa su desconfianza en el padrón electoral y que un robusto 43% pone en duda la transparencia en las próximas elecciones, todo indica que ingresamos a un ciclo electoral en condiciones de mucho desánimo y frustración social. De hecho, según información disponible, si la Asamblea Legislativa fuera cerrada, solo un 26% de la población estaría dispuesta a movilizarse para protestar y, si se cambiaran las fechas de las próximas elecciones, solo el 14% estaría muy dispuesto a protagonizar protestas para evitarlo. A las personas les preocupa su economía y todas las acciones de desencuentro, contubernio y bloqueo en el campo político solo contribuyen a profundizar la sensación de desprecio que sienten por aquellos que deberían estar contribuyendo a construir soluciones.

El espíritu del tiempo parece ser de incertidumbre, pesimismo y enojo contra los y las políticas. Y éstos/éstas parecen estar completamente desconectados con la realidad cotidiana de las personas. La compra de nuevos celulares para los representantes de la nación puede ser una anécdota en cualquier país del mundo, pero en Bolivia, con una Asamblea Legislativa tan desprestigiada, se ha convertido en tema de discusión durante varios días. Preocupa sobremanera incluso que, siendo testigos de un levantamiento militar transmitido en directo por todas las pantallas de nuestros televisores y celulares, horas después gane la incredulidad y duda, y finalmente se convierta en un meme.

Todo parece indicar que el escenario está servido para la irrupción de un nuevo rostro en la política. Ha ocurrido con Daniel Noboa que, siendo un desconocido meses antes de la elección, ha roto todas las expectativas de los analistas políticos. ¿Estamos a tiempo para que un personaje similar surja en Bolivia? No lo sé. Lo que sí debemos asumir es que el despliegue de los 20 candidatos (as) que tenemos en el horizonte no apelan a una población enojada y dolida por el bloqueo en todos los frentes, en un momento de tanta incertidumbre económica.

Pero lo que tal vez más nos preocupa en este momento es el profundo descreimiento de toda la institucionalidad. Volvamos a la evidencia que nos presentan las encuestas: el 67% no confía en el Gobierno; el 92% no confía en la Asamblea Legislativa Plurinacional; el 97% desconfía de las acciones del Órgano Judicial y el 93% no cree en el Tribunal Constitucional. Es decir, aquellas instituciones que resguardan el orden social no tienen ninguna credibilidad. Pero si vemos datos de instituciones como los comités cívicos (86%), los partidos (89%), el Pacto de Unidad (83%) o la Iglesia Católica (56%), tampoco salen mejor parados. Así, ¿en quién confiamos para construir una salida en este bloqueo político y empantanamiento económico?

Es momento de que todos los actores políticos asuman su responsabilidad en el intento de golpe de Estado. Las ideas de un militar desvariado solo pueden ser concebidas en un contexto bizarro como el que vivimos, donde la Sala Constitucional Segunda del Beni puede paralizar las elecciones judiciales. En un contexto así, las disputas en el interior del Movimiento al Socialismo solo incrementan el malestar y la intolerancia hacia una fuerza histórica que logró construir un horizonte de futuro que hoy está dispuesto a destruir.

Lourdes Montero es cientista social. 

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El retorno argentino a las cavernas

/ 23 de junio de 2024 / 00:07

En estas semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha vuelto a ser escenario de la polarización de visiones de mundo en la región. En el ojo de la tormenta está el viraje político argentino, que ha puesto en cuestión gran parte de las resoluciones que deberán ser aprobadas en la próxima 54ª Asamblea General de la OEA.

Y es que Argentina, luego de ser líder por décadas en temas de la agenda de derechos humanos, hoy vive un tiempo de oscuridad. A menos de una semana de la realización de la Asamblea General en Paraguay, la representación diplomática argentina ha planteado “borrar” temas que eran resultado de consensos consolidados en torno a los derechos humanos y ambientales.

Si pensábamos que el gobierno de Javier Milei tan solo cuestiona el avance de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, nos quedamos cortos. La posición oficial argentina en la OEA propone reescribir o borrar todo rastro de afirmaciones que engloban desde los derechos sexuales y reproductivos hasta los ambientales, pasando por racismo, personas con discapacidad, comunidades indígenas, afrodescendientes, infancias y más. En síntesis, el gobierno argentino plantea barrer del texto de la resolución casi cualquier referencia a avances que suenen “progresistas” (o lo que Milei entiende como tal).

Esta actitud ha sido calificada por el diario Página12 como “un giro cavernícola en política exterior argentina”, contradiciendo la propia legislación nacional. Pero lo que más preocupa es que ese retorno a las cavernas es acompañado por los actuales equipos diplomáticos de Perú y Paraguay, consolidando un bloque que, según el diario argentino, se suele ver con posiciones de países ultraconservadores como la Unión Africana, países musulmanes, Rusia o Hungría. El gobierno de Milei incluso eleva la ambición, puesto que no solo cuestiona la mención de la palabra género, sino tacha en la resolución la mención a mujeres y niñas, “algo nunca visto”, según sostiene la activista argentina María Luisa Peralta.

La delegación argentina ante la OEA está actualmente liderada por Sonia Cavallo, un personaje de muy bajo perfil político, solamente conocida por ser hija de Domingo Cavallo, el exministro de Economía de Carlos Menem (1991-1996) y Fernando de la Rúa (2001). El exministro Cavallo, por acciones en su gestión, enfrentó cargos por contrabando y tráfico de armas; negociaciones incompatibles con la gestión pública; pago de sobresueldos y venta de predios públicos por valores inferiores al del mercado. Todos casos que podrían ser denunciados por Milei como acciones cotidianas de la “casta”.

“Cambio climático”, “criminalización y persecución de la protesta social” y “perspectiva de género”, son algunos de los conceptos que el gobierno argentino cuestiona. En el borrador al que Página12 tuvo acceso, la Cancillería argentina expresa su objeción sobre el apartado que denuncia las situaciones de peligro a las que los activistas por los Derechos Humanos se ven expuestos en los distintos países miembros. La Argentina pide que se reconsidere el fragmento en el que se condena la criminalización de la protesta. Su preocupación tal vez se deba a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, realizará el próximo 11 de julio una audiencia virtual para escuchar las múltiples denuncias realizadas desde Argentina respecto a la represión y la criminalización de la protesta social ejecutadas desde diciembre por el gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde toda la región estaremos atentas y atentos a la próxima 54ª Asamblea General de la OEA por los riesgos de retroceso que presenta y que, con las posiciones de Perú, Argentina y Paraguay, podrían consolidar una tendencia en la región.

Lourdes Montero es cientista social.

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Ese México violento y querido

/ 9 de junio de 2024 / 00:05

Con una Asamblea Legislativa en penumbras (literalmente) y un Tribunal Constitucional Plurinacional que nos llena de vergüenza a todas y todos (menos a los nueve magistrados autoprorrogados), es mejor mirar hacia otro lado en busca de esperanza y buen ánimo. Hoy celebramos en toda la región el triunfo electoral de la científica e izquierdista Claudia Sheinbaum, quien asumirá como la primera mujer presidenta en la historia de México.

Con ánimo celebratorio (que tanta falta me hace) contacté con mis amigas mexicanas, quienes me sorprendieron con un optimismo mesurado, casi temeroso. La violencia electoral que sacudió a México los últimos meses ha sido muy amarga, dejando al descubierto la tremenda vulnerabilidad que viven todos y todas las mexicanas. Esa sensación de incomodidad en la celebración fue muy bien reflejada por la escritora Alma Delia Murillo, quien en un artículo publicado por la BBC News Mundo sostiene: “Me siento esperanzada y desencantada al mismo tiempo: ocurre que soy mujer y que soy mexicana; la intersección de esas dos variables ahora mismo en este país es un espacio muy complicado de habitar”.

Y eso que ella no habla desde ser además indígena y pobre. Un espacio impensable por las violencias que atraviesa. Hablamos de un país, lindo y querido, que vive 11 feminicidios al día, y que hoy se presenta como una distopía de la violencia, con casi 6.000 fosas clandestinas donde cada día las madres buscan a sus hijos e hijas desaparecidas. Un México que, según el Índice Global de 193 países, ocupa el tercer lugar en cuanto a niveles de crimen organizado, y donde prácticamente todas sus instituciones están penetradas por las redes de tráfico de drogas, trata de personas y tráfico de armas que utilizan el soborno, los secuestros y la extorsión para ejercer un fuerte control sobre el país.

Ese México que ha hecho suya la frase «plata o plomo», la forma que tenía Pablo Escobar para proponer a los políticos ingresar en su «planilla de sueldos» o recibir la descarga de la ametralladora de un sicario. Y es que esta ha sido una de las campañas electorales más letales de la historia con 82 personas asesinadas, 34 de ellas aspirantes a una candidatura. La página web del Laboratorio Electoral presenta 190 casos adicionales a los asesinatos, con atentados, amenazas y secuestros. Así comprendo la ilusión medida con que las mexicanas reciben el avance histórico de tener a una mujer presidenta.

El caso emblemático que retrata el momento que vive el país es Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, quien fue asesinada a tiros en su primer día de campaña. A pesar de que la paridad de género tiene rango constitucional, en México es muy difícil convencer a una mujer para ser candidata por los riesgos que implica. De allí que se espera que la persecución sobre Claudia Sheinbaum será feroz, y por supuesto bien se sabe que la exigencia no tendrá el mismo rasero de permisividad que se ha dado a los hombres que fueron presidentes.

A pesar de todo, cierro este espacio con mucha ilusión por el cambio que el querido México llevará adelante. La agenda de la nueva presidenta no es menor, con la amenaza de la exacerbación de la pobreza por el deterioro de las condiciones fiscales del gobierno, y por ello es poderoso que plantee “no llego sola, llegamos todas”. No es poca cosa que 35,9 millones de mexicanos y mexicanas confíen en una mujer para que los gobierne. Por ello, en todo América latina hoy se cantan los versos de Vivir Quintana que dicen: “No te olvides de tus ojos de mujer/ No te olvides de tu boca de mujer/ No te olvides de tu lucha de mujer (…)/ Compañera presidenta, seas quien seas, es preciso que te llames compañera”.

Lourdes Montero es cientista social.

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¿Quién pone límites a la minería aurífera?

/ 14 de abril de 2024 / 00:15

Uno de los temas que más indignación causa es la impunidad con la que actúan los cooperativistas mineros en Bolivia. Todos los días, por diversos medios, podemos leer sobre el comportamiento ilegal y violento de sus líderes y las redes de matonaje que han creado para intimidar a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar su próspero negocio. Esta semana pudimos ver un corto video donde se expresa esa su actitud de dueños del mundo, cuando intervenían una vigilia en rechazo a las actividades de la empresa Salvada Sociedad Colectiva, que opera en la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera.

Con actitud violenta, y haciendo explotar cachorros de dinamita, intimidan a pobladores que ponen en duda ese tremendo poder que les da el dinero y su aparente pacto con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), cuyo silencio frente a estos hechos es muy sospechoso.

Por ello, la reciente declaración del relator especial de las Naciones Unidas, David Boyd, nos hace mucho sentido. A través de su cuenta de X, sostiene: “La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractiva”. Y en Bolivia, es muy clara la relación que esta autoridad internacional plantea respecto a los derechos humanos y la crisis ambiental.

Es paradójico que el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha liderado a nivel mundial el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas del derecho humano al agua, hoy sea el más permisivo con la minería del oro. Es también paradójico que los mismos liderazgos políticos que protagonizaron el reconocimiento constitucional del agua como “un derecho fundamentalísimo para la vida” hoy definan que el Ministerio de Minería y Metalurgia sea liderado por un cooperativista minero aurífero, que asiste a las conferencias de prensa con un casco de Fencomin. Claramente los intereses nacionales y el bien común no son la prioridad de esta autoridad.

Los casos de defensores ambientales intimidados son permanentes. Recordemos la persecución judicial a la que fueron sometidos los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), demandados por el minero Ramiro Cuevas, cuando éste intentó ingresar a la zona de protección del Parque Nacional Madidi. La judicialización también alcanza a autoridades indígenas de tierras altas, como sucede en el ayllu Cala Cala, en Potosí, donde unas siete personas están procesadas por cortar un camino “ilegal” a través del que ingresarían a trabajar los equipos de la Cooperativa Molle Pata. Otro conflicto por actividad minera es el de la comunidad de Jupichaque, nación chicha, en Potosí. En septiembre de 2023, la compañía Cruz Arce Limitada Empresa Minera (Calem) interpuso demanda contra las autoridades originarias, cuando éstas exigían ejercer su jurisdicción para la protección del agua.

Otro ayllu afectado por la minería es San Agustín de Puñacas. En septiembre del año pasado, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 lugareños para constatar que presentan concentraciones de arsénico con valores muy superiores al límite de la salud, y aunque los dirigentes no han sido procesados, tampoco reciben solución a su demanda de agua sana.

Los mineros cooperativistas sienten hoy que tienen el sartén por el mango. Tal vez por eso hoy celebramos que la Cámara de Senadores determinó devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aprueba 19 contratos mineros, debido a que venció el plazo de 90 días para su tratamiento. Tal vez solo se logre ganar algo de tiempo, pero al menos es una señal de que los cooperativistas mineros no tienen todo el poder.

Lourdes Montero es cientista social.

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