El fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que dejó “sin efecto” la preselección de postulantes a las judiciales y determinó la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 y el reglamento, ordenó a la Asamblea el “equilibrio” de la convocatoria para la inclusión de mujeres e indígenas, “en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento”.

“Por tanto: se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección…’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento, dictando medidas de acción afirmativa o positiva adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando, mujeres e indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del departamento, valoración de experiencia profesional de la mujer postulante de Pando”, señala parte de la sentencia constitucional.

Añade que se “deberá calificar solo para ese departamento con criterio de inclusión y despatriarcalización, valoración del ejercicio profesional conforme a reglas de integridad del derecho (ejercicio de la profesión del derecho es en todas las áreas), valoración de experiencias indígenas originaria campesinas de justicia como ejercicio de derecho constitucional y cumplimiento de requisitos específicos, valoración de experiencias indígenas originario campesinas con valor puntuable en el proceso de evaluación, regla de cumplimiento de requisitos conforme al principio de favorabilidad y de búsqueda”.

La Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril.

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En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos, posterior a ello, tras una audiencia cautelar se dejó sin efecto el proceso de preselección. La resolución fue notificada de manera oficial este martes a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. 

En sus considerandos, la sentencia señala que “el derecho a la igualdad reconocido en la Constitución, no implica tratar a todas las personas de la misma manera, sino garantizar condiciones equitativas que permitan superar situaciones de desventaja y promover la igualdad entre hombres y mujeres; por ello, ante la evidente vulneración de este derecho a partir de la promulgación de Ley 1549 y Reglamento de convocatoria… ninguna de estas normas adopta medidas afirmativas o positivas que promuevan la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Agrega que la acción popular “es la vía idónea para tutelar derechos colectivos, sea que se traten de derechos propiamente colectivos o de derechos individuales en su dimensión colectiva como en el presente caso; puesto que si bien la convocatoria ha sido emitida en febrero de 2023, se ha visto la necesidad de revisar el proceso de preselección ya que deben tomarse acciones positivas al evidenciarse en la norma una situación de desventaja en las que se las situó a las mujeres e indígenas del departamento de Pando, lo que se comprobó con la inexistencia de postulantes mujeres habilitadas al Tribunal Constitucional (Plurinacional)”

Con una nueva directiva, el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende ahora modificar el estatuto orgánico del partido. De acuerdo con actores afines al Gobierno, el estatuto vigente tiene elementos inconstitucionales que deben modificarse.

“Hay que cambiar el estatuto, hay que ajustarlo. En realidad, es un estatuto totalmente inconstitucional, porque te pone ciertos cortapicos y te viola tus derechos políticos”, criticó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, en conferencia de prensa.

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Justamente, el congreso arcista que finalizó el domingo y donde se eligió a Grover García, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como nuevo jefe nacional del MAS, se rechazó en varias ocasiones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE observó al congreso por ser contrario a lo que establece el estatuto orgánico del partido. La convocatoria carecía de las firmas de la directiva precedida por el expresidente Evo Morales.

Años de militancia

“Ponerle una antigüedad de 10 años, es deshacerse de la juventud, totalmente, ni Andrónico (Rodríguez) entra. Te deshaces de la juventud, de todo un conglomerado de más de un millón de militantes en el MAS”, cuestionó.

Uno de los elementos que establece el estatuto es que quien quiera ser candidato presidencial debe tener como mínimo 10 años de militancia para ser elegido. El presidente Luis Arce y el propio Torrico, por ejemplo, incumplen con este requisito, de acuerdo con la lista de militancia que fue actualizada en 2018.

El diputado arcista y jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, respaldó las declaraciones de su colega.

“El tema de la militancia creo que también hay que ser más flexibles, porque hay líderes que están surgiendo que no vienen de 20 años, 10 años”, consideró el martes en conferencia de prensa.

‘Liderazgo nato’

“A pesar de que este estatuto fue hecho a medida de cierta persona, se lo ha respetado como correspondía, pero no puede ser que en el estatuto se hable de un jefe de por vida”, cuestionó.

El artículo 6, parágrafo 15, del estatuto orgánico del MAS establece que el expresidente Evo Morales tiene “liderazgo nato” dentro del partido.

“Hay varios aspectos que tienen que ser modificados en el estatuto. Por eso hay que llamar a un nuevo congreso justamente para definir esos temas”, insistió el legislador.

Una vez elegido como jefe nacional, García afirmó que en 90 días se convocaría a un congreso estatuario, para modificar el estatuto vigente.

Luego de que el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales quedara suspendido, a causa de una acción popular, surgen propuestas para que estos comicios se realicen este año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dio a conocer dos posibilidades que se están debatiendo en las comisiones.

Judiciales

“Escucharemos el resultado, la solución, si se podría ampliar (los plazos) con una ley corta o si es que se volvería a foja cero (el proceso de preselección). Nosotros seguramente vamos a coadyuvar y a aceptar las decisiones”, afirmó este martes en conferencia de prensa.

El 30 de abril, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia en Pando aceptó una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury. Argumentó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígenas originarias y campesinas.

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A diferencia de un amparo constitucional, que denuncia una violación al derecho del postulante, la acción popular denuncia a la ley en sí, debido a su contenido. De esta manera, la 1549 quedó inaplicable y se debe promulgar una nueva.

Comisiones

“Lo más importante es el presidente de la Comisión Mixta (…), tanto de Justicia como de Constitución (…), esperamos el resultado de la Comisión, de ellos depende”, explicó Huaytari.

A su vez, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, ratificó que se está buscando una solución para continuar con el proceso.

Antes de que el proceso se detenga, las comisiones estaban listas para iniciar con las evaluaciones orales y escritas de los postulantes.

Además, Padilla afirmó que se presentarán denuncias penales contra los jueces y vocales que aprobaron amparos y acciones que imposibilitan seguir con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía hasta el 5 de mayo para remitir la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral. Con los plazos cumplidos, existe la posibilidad de que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para fin de año o los primeros meses del 2025, y por tanto no se realicen.

La Sala Constitucional Primera de Pando notificó este martes a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa con el fallo constitucional que anula el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Por tanto, se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de los personas basadas en la realidad de cada departamento…”, señala la parte resolutiva del fallo de acción popular.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, confirmó la notificación con la resolución de la Sala Constitucional que indica que se debe volver a «foja cero y paralizar» todo el proceso de preselección.

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“(Este fallo) desconoce todo el proceso que hemos realizado hasta este momento, en ese sentido la Comisión va a analizar y evaluar en este momento para presentar este informe al Pleno de la Asamblea por el hecho de que hace momentos y la anterior semana esta Sala Constitucional y sobre todo los vocales han pisoteado la Constitución Política del Estado y los derechos constitucionales de más de 400 postulantes que en este momento están en carrera”.

La semana pasada, la Sala Constitucional de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló entonces que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

En contacto con La Razón, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi aclaró que la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) presidida por Evo Morales continúa en vigencia.

“No hay vacío, la dirección nacional MAS-IPSP elegida el año 2017, aún sigue vigente, reconocida y registrada ante el TSE, hasta en tanto no se registre otra directiva nacional”, respondió vía WhatsApp ante la consulta de La Razón.

El 17 de noviembre de 2023, cuando comunicó su decisión de no registrar el congreso del MAS en Lauca Ñ, celebrado los días 3 y 4 de octubre, el TSE amplió el mandato de esa dirigencia. “Como efecto de la decisión asumida por el TSE, se ha dispuesto mantener la dirección nacional del MAS-IPSP registrada en el año 2017 a través de la Resolución TSE-RSP-JUR 005/2017, de 1 de febrero de 2017, hasta la realización de un nuevo Congreso Ordinario”, señalaba el comunicado.

El TSE basó también su decisión en la resolución TSE-RSP-ADM 0328/2023, del 19 de octubre de 2023, con la que dispuso la cuarta ampliación de plazos, que vence este 7 de mayo reciente.

En sujeción a ese límite, el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, convocó al congreso del MAS para la renovación de la dirección nacional partidaria. El encuentro, celebrado en El Alto los días 3, 4 y 5 de mayo, eligió en el cargo al representante campesino Grover García.

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Sin embargo, el ala evista del MAS, con ese mismo fin, llamó a otro encuentro para el 10 de julio.

Consultado sobre si será posible la ampliación de los plazos, Tahuichi respondió: “Es inminente la ampliación de plazos por un lapso de 90 o 120 días, que formalizaremos mediante resolución” de sala plena del TSE “entre estos días”.

El congreso del MAS arcista resultó en entredicho debido a la supervisión obligada al TSE por parte de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz.

El mismo Tahuichi había afirmado que, si bien el TSE dispuso una “supervisión” condicionada, el acompañamiento no implicaba la validación de las decisiones de dicho congreso.

Existe dudas sobre la elección de García, planteó La Razón. “La comisión técnica tiene 7 días para elaborar el informe y luego pasa a Sala Plena del TSE”, respondió.

Hasta la fecha, solo seis de 11 partidos nacionales registraron sus nuevas directivas ante el TSE.