Denuncian intento de sobreprecio en insumos de bioseguridad por parte del Ministerio de Energías
La empresa Provtec declaró una factura de $us 1.400.000, cuando el Ministerio habría firmado un contrato por $us 2 MM, según el programa Detrás de la Verdad.
La operación fue cancelada, denunció el programa televisivo Detrás de la verdad, sobre un probable intento de sobreprecio de $us 600.000 en insumos de bioseguridad como barbijos y guantes entre la empresa Provtec y el Ministerio de Energías. Hasta el cierre de esta nota, a las 22:00 de este viernes, el ministro Rodrigo Guzmán no atendió las llamadas ni a la solicitud escrita para referirse al tema que se le envió vía WhatsApp.
El 31 de mayo la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dejó sin efecto la autorización DGAC/ING/151/2020, mediante la cual se autorizaba el ingreso al país de un avión procedente de China, el 1 de junio, con un cargamento de más de 1.400.000 insumos de bioseguridad para enfrentar el COVID-19.
“La empresa en cuestión ha declarado en la República de China una factura comercial de $us 1,400.000 y de acuerdo a la información a la cual hemos accedido, el Ministerio de Energías, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de salud, habría firmado un contrato por $us 2.000.000 con la empresa en cuestión”, dijo el periodista Junior Arias.
Contrato cancelado
Raúl Bolívar Montalvo, encargado de los trámites para Al Masria Universal Airlines, develó al programa: “Entre los clientes que yo tenía estaba el Ministerio de Energías, tenía una licitación ganada con la empresa Provtec. Entonces, por lo que me dice el director de Aeronaútica, ese contrato ha sido cancelado por el Ministerio de Energías y por ende, está solicitando la cancelación del permiso de ingreso a Bolivia”, detalló.
Bolívar lamentó que esa orden llegara 25 minutos después de haber despegado de China. Por lo tanto, “las órdenes son que vuelvan a Egipto, no hay otra ruta donde puedan llegar con la carga”, explicó sobre los más de 1.600.000 unidades de insumos de bioseguridad, entre las que hay barbijos, termómetros y otros implementos de cara al COVID-19.
Según la investigación de Arias, Carlos Caballero, jefe de la Unidad de Servicios Aerocomerciales de la DGAC, confirmó a través de un correo electrónico a la aerolínea que la carga era para el Ministerio de Energías y que el 31 de mayo canceló el permiso de ingreso.
A través del Departamento de Comunicación de la DGAC, este medio pidió el jueves un contacto con algún funcionario que pudiera explicar por qué se denegó esa autorización, pero hasta el momento solo se respondió que lo podrían en consulta.
Chávez denuncia que Campero, que falló a favor del MAS arcista, es también juez en la OEA
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó Wilfredo Chávez.
Wilfredo Chávez en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco
Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que el presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, también ejerce funciones como titular del Tribunal Administrativo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por ello, incurre en incompatibilidad de funciones.
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó en entrevista con La Razón Radio.
El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor del accionante”. La resolución fue firmada por Campero y Alexis Angles.
La resolución de dicha sala se dio a conocer luego de que el TSE rechazara la solicitud de supervisión al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce: campesinos, interculturales y bartolinas.
Chávez aseguró que Campero incurre en una gravísima falta y que, incluso, debería ser destituido, ya que comete delito de prevaricato por su última determinación. “Está fuera del derecho, no tiene autoridad moral”.
Anunció que el tema será planteado ante Consejo de Magistratura debido a que esa instancia prohíbe a los jueces el ejercicio de cualquier otro cargo judicial. “Si era juez antes, debió renunciar”.
Visto en la página web de la OEA, Campero figura en primera línea como presidente del Triubunal Administrativo 2024, seguido de otros jueces, Pablo Sandonato de León (Uruguay), Wilson Vallejo (Ecuador), María Cecilia Cáceres (Chile) y Janet Nosworthy (Jamaica).
Campero comenzó sus funciones en ese tribunal en enero de 2019, mientras Evo Morales presidía el país, y termina su mandato en diciembre de este año.
Por otro lado, Chávez aseguró que esa decisión de supervisión no debería acatarse por la independencia de poderes entre el Órgano Electoral y el Órgano Judicial. “No podía existir que una sala tutele la decisión y dar una medida cautelar”.
“Es un congreso ilegal e inconstitucional por la decisión que se asume y que pretende robarle la sigla (al expresidente) Evo Morales”, denunció.
Aseguró que la facción arcista no cumple con ningún requisito para la convocatoria al congreso, debido a que no cuenta con la firma de Morales (actual jefe del partido). “Esto está generando la reacción de nuestros dirigentes”.
Anunció que se analizarán medidas para evitar que se consume ese —en su criterio— acto ilegal. “Esperaremos a ver qué pasa y los efectos de los recursos”.
Asimismo, acusó al TSE de ser parte “del grupo de delincuentes” que busca “robar” la sigla del MAS. Reclamó que el país tiene un “gobierno de facto”, debido a que opera con sentencias, resoluciones y jueces. “Lo han hecho con las elecciones judiciales”.
Tras conocerse la supervisión del TSE al congreso arcista, Ponciano Santos, dirigente campesino afín a Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.
Indicó que desde este viernes comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución, las normas y la sigla del MAS.
Al respecto, Chávez afirmó que es una decisión que tomaron las organizaciones porque consideran que “un grupo de personas no militantes” les están arrebatando al instrumento político.
“Tenemos que indicar que las decisiones de a organizaciones del Pacto de Unidad vamos a respetarlas porque es algo que afecta a la democracia”, puntualizó.
El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.
Tras el fallo que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en El Alto, de hoy al domingo, el dirigente Vidal Gómez anunció que el evento comenzará a las 15.00 para definir al presídium y se espera a 150 veedores internacionales.
“Se ha invitado a 150 delegados internacionales como veedores, de la parte diplomática, cancilleres y embajadores”, remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), en conferencia.
El cónclave se inaugurará en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre, y se prevé la participación de un millón de militantes, afirmó el Comité Político del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce.
Gómez indicó que, desde temprano, las organizaciones sociales se concentrarán en la Ceja, para emprender una marcha hasta el lugar del encuentro. El acto principal será a las 15.00 y se proyecta que hasta las 21.00 se cuente con los integrantes del presídium.
Asimismo, el dirigente de los interculturales dijo que se espera hasta las 07.00 del domingo 5 las conclusiones del congreso, para presentar al nuevo comité de la dirección nacional del partido.
La Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó que el TSE asista al cónclave del MAS arcista. El tribunal había observado la convocatoria a esta cita, al igual como hizo con el congreso del MAS que apoya al expresidente y jefe nacional del frente político, Evo Morales.
El Pacto de Unidad afín a Morales se declaró en estado de emergencia e incluso anunció bloqueo de caminos desde hoy. “Nos declaramos en emergencia y protestas. Desde las 00.00 horas de este viernes vamos a estar en movilizaciones frente al ataque a la democracia y el no respeto a la Constitución Política y a las normas”, dijo Ponciano Santos, que se declara ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
“La idea es quitarnos la sigla para que no sea candidato Evo Morales”, añadió. “Ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”.
Dato
Enrique Mamani, ejecutivo de los interculturales del ala evista, dijo que el Pacto de Unidad de ese bloque está en alerta y, en caso de que el TSE acompañe el congreso de los arcistas, las bases saldrán a la calles “en defensa del partido político y de la democracia”.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, anunció que la Policía garantizará la seguridad para la realización del congreso en El Alto. “La Policía Boliviana está elaborando un plan (para que) se desarrolle en un marco de normalidad y que permita que tanto la ciudad de El Alto como quienes van a participar puedan sentirse seguros”.
La autoridad pidió que “quienes pretenden sabotear estas acciones, amenazando con bloqueos y con acciones radicales, que depongan esas actitudes”.
Por más de un año, las elecciones judiciales se encuentran a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial. Una sucesión de sentencias, declaraciones y autos ponen en jaque a los comicios y al sistema de justicia.
La última decisión fue emitida por la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de Pando a instancias de una postulante inhabilitada en la fase de preselección, Yeny Duri Bautista.
Se trata del cuarto recurso que frena por cuarta vez el proceso previo de las elecciones judiciales, cuyos resultados debían definir la elección de nuevos magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y consejeros del Consejo de la Magistratura, cuyo inicio de mandato estaba previsto para el 3 de enero de este año.
En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) protestó por las trabas que sufren las elecciones judiciales. “A partir de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional y las salas se está constituyendo en un suprapoder por encima de los órganos de Estado y eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”.
Similar consideración expuso antes el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que sostiene la teoría de que la Constitución de 2009 otorgó demasiadas atribuciones del TCP.
El día de la emisión del último fallo que dejó otra vez en fojas cero los comicios, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la decisión. “La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión”, afirmó en la red X.
La Asamblea Legislativa “debe avanzar en el proceso de selección”, sugirió el exmandatario.
El proceso de preselección de postulantes, en su fase de evaluación oral y escrita, ya había quedado suspendido el 16 de abril por decisión de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que atendió el recurso de otra aspirante inhabilitada, Margarita Medrano.
Hasta el martes eran 18 los recursos que ponían en vilo las elecciones judiciales de este año.
Preselección
Sin embargo, el jaque del TCP y del Órgano Judicial a los comicios comenzó el 12 de abril de 2023, cuando otra sala, Tercera Constitucional del Tribunal de Justicia de Beni, frenó el primer proceso de preselección. Entonces, apenas había cinco postulantes inscritos y Miguel Ángel Balcázar interpuso una acción de amparo constitucional contra la Resolución de la Asamblea Legislativa 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, de convocatoria y reglamento de elecciones.
Luego, el 27 abril, el TCP admitió un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la misma resolución, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, que también dejó en suspenso el proceso. En medio de la incertidumbre, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513, Transitoria de Elecciones Judiciales, que dispuso 70 días para el desarrollo de los comicios.
Tres meses después y en el plazo procedimental límite, el 31 de julio, el TCP emitió su Sentencia 060/2023, que dejó en fojas cero las elecciones judiciales y declaró inconstitucional la Ley 1513.
En el apuro, y ante la evidente ruptura en el MAS, la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto el Proyecto de Ley 144. Para no comprometer su responsabilidad, la Cámara de Diputados pasó el proyecto a consulta de los órganos Ejecutivo, de Justicia y Electoral, y la Magistratura.
La consulta llegó al TCP, que el 11 de diciembre, a través de la Declaración 049/2023, declaró inconstitucional el proyecto de ley, dispuso la reelección y prórroga de magistrados y consejeros, y exhortó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria a elecciones bajo dos tercios en todas sus fases.
‘No hay sometimiento’, sí debilidad
El senador Rubén Gutierrez negó que la Asamblea Legislativa esté sometida al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional en relación a la gestión de las accidentadas elecciones judiciales.
Al ser consultado en La Razón Radio sobre ese extremo, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista afirmó ayer que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”.
“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea Legislativa. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, explicó el senador.
No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.
En los últimos meses se hizo evidente la división entre evistas y arcistas en el MAS, entre adultocentristas y renovadores en Comunidad Ciudadana (CC) y entre camachistas, ucesistas y otras facciones en la alianza Creemos.
Gutiérrez aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección del Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”, recordó.
“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, insistió.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
Tras el fallo que instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en la ciudad de El Alto, Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia afín a Evo Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.
“Quiero decir enfáticamente, ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”.
Santos también indicó que desde hoy comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución Política, las normas y la sigla del MAS.
“La intención de Luis Arce es quitar la personería jurídica del MAS para ser nuevamente candidato a la presidencia. No vamos a permitir eso, si va a correr sangre, va a correr”.
El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.
“La decisión asumida por la Sala Constitucional Primera, integrada por los vocales Israel Campero, presidente, y Alexis Angles, causa extrañeza y preocupación al Tribunal Supremo Electoral porque se entiende como un acto de injerencia en las competencias y atribuciones propias del Organismo electoral”, señaló el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.
El TSE pide al TCP una medida cautelar para ‘no consumar la vulneración de la independencia’ de poderes
“Exigimos a los magistrados del TCP un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo”, dijo Vargas.
El frontis del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz.
El Tribunal Supremo electoral (TSE) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar “a fin de no consumar un hecho que vulnera la independencia” de los órganos del Estado, tras la orden judicial para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto.
El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, indicó que en el transcurso de 24 horas se demandará al TCP esta medida. “Solicitamos (como medida cautelar) que el Tribunal Constitucional Plurinacional, (entre tanto) no revise la Resolución Constitucional 273 del 11 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz se abstenga de emitir disposiciones que so protexto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en su decisión de tutela, tenga por objeto mutar pretensiones y ordenar al Órgano Electoral la supervisión de actos que no se adecuan a la normativa, todo esto con el fin de evitar un caos normativo, incumplimiento de la normativa electoral y principalmente conflictos sociales”.
El vocal también indicó que solicitará al TCP que disponga “el no pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral respecto al informe de supervisión instruida por la Sala Constitucional Primera, hasta tanto ese Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la Resolución Constitucional 273 antes mencionada”.
“Exigimos a los magistrados del TCP un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo”.
El TSE fue notificado con la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz que “instruye al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096)”, es decir, realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto, del 3 al 5 de mayo.
