Un bailarín boliviano vestido de caporal ondeó la bandera nacional delante de un elenco peruano que presentaba una coreografía de esa misma danza en un festival en México.

El acto de reivindicación de la danza boliviana fue improvisado por miembros de la Compañía de Bailes Tradicionales Charito Carazas y se hizo viral en redes sociales y generó un sinfín de comentarios.

“Cabe recalcar que nosotros también llevábamos caporales para cerrar el festival. Pero tanto fue nuestro coraje e impotencia que lo que decidimos hacer fue que uno de nuestros bailarines meta nuestra tricolor y haga ondearla por todo lo alto, ¡¡¡y todos empezamos a decir ‘Bolivia, Bolivia, caporal boliviano’!!!”, dice parte de una publicación de ese ballet.

“Estamos seguros de que lo que hicimos fue lo correcto, defendimos como bolivianos el patrimonio que nos corresponde. No vendimos nuestro país, diplomáticamente mostramos al mundo que el caporal es 100% boliviano”, agrega el texto publicado este miércoles.

El video muestra cómo un grupo de bailarinas, caracterizadas con la indumentaria de la danza boliviana, expone una coreografía encima de una tarima, incluso con la canción Llorando se fue, de los bolivianos Los Kjarkas.

De repente, en el cuadro ingresa un macho caporal ondeando la tricolor nacional y acompaña su paso con el grito de “¡Viva Bolivia, carajo!”.

El bailarín defensor de la danza boliviana es Luis Miguel Mamani.

El hecho data de octubre de 2022, pero la polémica con Perú, que se atribuye la originalidad de esa danza boliviana, lleva muchos años.

“Esta no es la primera vez que defendemos nuestras danzas en festivales, muchas veces realizamos talleres y conferencias donde hablamos sobre nuestro folklore, tradiciones, explicación del vestuario y siempre hemos reclamado que hay danzas que están siendo usurpadas”, agrega la publicación del ballet.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, respaldó la iniciativa de desacatar el fallo de la sala constitucional de Pando que dejó sin efecto el proceso avanzado de elecciones judiciales.

En su criterio, los vocales que emitieron la resolución son “inconstitucionales”. “Los actuales magistrados, todos sus actos son nulos en pleno derecho: ellos han designado vocales totalmente ilegales e inconstitucionales. Si estos fallos vienen de los vocales ilegales, en todo caso no tendría que acatarse (el fallo)”, afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

Propuesta

El martes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, propuso el desacato de la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Argumentó que violaba el derecho de más de 400 postulantes y de la ciudadanía de escoger a sus autoridades.

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El 30 de abril, dicha sala falló a favor de una acción popular. Estableció que la Ley 1549, de Elecciones Juidiciales, no contempla los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de ese departamento.

La acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury, detuvo todo el proceso de las elecciones judiciales de forma definitiva, puesto que la ley quedó inaplicable. Los postulantes se encontraban en la etapa de evaluaciones orales y escritas.

“No debe llegar a foja cero (…); todavía faltan las reuniones pertinentes, estamos a la espera del informe oficial de las dos comisiones”, informó Rodríguez.

Plazos

“Creemos que se debe, a través de una ley corta, ajustar o, en todo caso, ver los tiempos en coordinación con el Órgano Electoral; vamos a solicitar una reunión urgente (…), necesitamos que nos diga la verdad, cuántos días necesita”, exigió el presidente del Senado.

El pasado 5 de mayo expiró el plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe la lista de 192 postulantes preseleccionados y la remita al TSE. De acuerdo con la Ley 1549, el tribunal tiene 150 días para organizar los comicios.

Debido a que los plazos quedaron desfasados, existe el riesgo de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para septiembre de este año.

Asamblea

“Nos apena mucho la actitud del presidente de la Asamblea (David Choquehuanca); por eso, nosotros, el día de ayer (martes), nos hemos reunido con las tres fuerzas del Senado y hemos decidido pedir los informes de las dos comisiones”, afirmó Rodríguez.

Los presidentes de las comisiones legislativas también insistieron en que están a la espera de que Choquehuanca convoque a reunión, para definir qué acciones tomarán. “La máxima instancia es la Asamblea”, insistió el presidente de Senadores.

Por el momento, el presidente nato de la Asamblea no se expresó en relación a la situación de las judiciales o a una posible solución.

En tanto, la Comisión Mixta de Justicia anunció que iniciará un proceso penal contra los vocales que emitieron el fallo en la Sala de Pando.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila afirmó que el plazo límite para la presentación de la nueva directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) serán las elecciones generales de 2025.

El MAS se ha visto entrampado en la convocatoria de su congreso ordinario para elegir su dirección nacional. Las representaciones de las facciones evista y arcista buscan ser legitimadas por el TSE; sin embargo, en reiteradas ocasiones el Órgano Electoral rechazó el acompañamiento a los congresos por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto.

Sin embargo, una sala constitucional de Pando ordenó al TSE acompañar el congreso arcista de forma “provisional”. Esa decisión generó mucha polémica y actores políticos manifestaron su preocupación por un “desorden institucional” y desinstitucionalización de la democracia.

Al ser consultado en entrevista La Razón Radio sobre cuánto tiempo más el partido oficialista estará en un “circulo vicioso” de presentar documentación para que las directivas sean legitimadas, Ávila aseguró que será el plazo de las elecciones de 2025.

“A mi criterio, el límite es el plazo de las elecciones. En 2025 tendremos elecciones y las organizaciones políticas ya deberían tener los requisitos (de renovación de directiva y actualización de estatuto)”, dijo.

Por su parte, el ala evista también busca el acompañamiento del TSE a su congreso previsto para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba. Aunque también fue rechazado por la Secretaría de Cámara del TSE.

Asimismo, Ávila lamentó que, de las 20 agrupaciones políticas de La Paz, solo dos hayan cumplido con los requisitos. La Sala Plena identificó que los partidos tienen dificultad en cumplir con el requisito de paridad y alternancia. La dirección debe estar compuesta por cinco mujeres, cinco hombres e indígenas”.

“Identificamos esas debilidades y nosotros tenemos que acompañarlos. Ante el incumplimiento son pasibles a amonestaciones”, indicó.

Hace un par de semanas, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe admitió que la crisis del Movimiento MAS “es un círculo vicioso” que gira en torno al incumplimiento del artículo 13 que establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

El MAS atraviesa una de sus crisis más profundas desde 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra por parte del Gobierno del presidente Luis Arce.

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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila informó que, de los 11 partidos de alcance nacional, solo tres cumplieron con los requisitos de renovación de directiva y adecuación de estatuto.

Se trata del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Unidad Nacional (UN) y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

En entrevista con La Razón Radio, afirmó que otras cuatro organizaciones políticas están en elaboración de sus informes para presentarlos ante el TSE y las restantes no han cumplido con ningún requisito.

Asimismo, afirmó que, del 100% de agrupaciones políticas de alcance nacional, departamental y municipal, solo el 46% ha cumplido con los dos requisitos. “Son 130 agrupaciones y 80 o 90 no cumplieron”.

Por ello, afirmó que la Sala Plena del TSE se reunirá la tarde de este miércoles para abordar una “inminente” quinta ampliación de plazo para que los partidos presenten a sus nuevas directivas y estatutos actualizados.

En la reunión de esta jornada, los vocales tratarán más de 80 puntos pendientes, aunque el “punto neural” será la ampliación del plazo. “Tenemos bastante correspondencia, más de 80 puntos que tratar. Tenemos recursos de diferentes organizaciones políticas”.

El plazo fatal para la presentación de nuevas directivas fue el 5 de mayo; sin embargo, se analizará y se tomará una decisión esta jornada. La Sala Plena identificó que los partidos tienen dificultad en cumplir con el requisito de paridad y alternancia. La dirección debe estar compuesta por cinco mujeres, cinco hombres e indígenas”.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Frente Para la Victoria (FPV) son las organizaciones que pueden ser amonestadas por el incumplimiento de esta regla que da la tarjeta de participación para las elecciones primarias y las presidenciales del siguiente año.

No obstante, existe polémica sobre la admisión de informe del congreso del MAS arcista, debido a que su supervisión fue obligada por una decisión de una sala constitucional de La Paz.

Al ser consultado sobre la ausencia del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, el vocal Ávila afirmó que no estaba ausente, sino en una misión oficial de veeduría en las alecciones de Panamá. 

El TSE está envuelto en una polémica debido a que aceptó la supervisión “provisional” al congreso arcista.

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Luego de la notificación formal de la Sala Constitucional de Pando, que dejó sin efecto el proceso de las elecciones judiciales, las comisiones mixtas pretenden encontrar una solución para que las elecciones judiciales se realicen este año.

La Comisión Mixta de Justicia aprobó este miércoles una resolución camaral para que el fiscal general del Estado asuma el rol de garante en las acciones penales contra los vocales de la Sala Constitucional en Pando.

“Aprobar el proyecto de resolución camaral de conminar al Fiscal General del Estado (…), asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los vocales de la Sala Constitucional de Pando en relación a lo obrado dentro la Acción Popular NUREJ:9032903”, dice la misiva que compartió en sus redes el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.

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Fallo

El 30 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando falló a favor de una acción popular que dejó “inaplicable” la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

De esta manera, todo el proceso quedó desahuciado. Los postulantes estaban en la etapa de evaluación oral y escrita.

La abogada Yeny Dury presentó la acción popular. En su criterio, la Ley 1549 vulnera los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de Pando. 

La resolución se conoció el 30 de abril, pero las comisiones afirmaron que no se les había notificado formalmente, por lo que el proceso podía continuar.

Sin embargo, el martes la Sala Constitucional de Pando notificó oficialmente a ambas comisiones.

Desacatar la resolución

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución propuso el desacato de la resolución de esa sala debido a que, en su criterio, vulnera los derechos de más de 400 postulantes aún en carrera y el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades

“De los análisis que se puede hacer, es sacar una ‘ley corta’ de manera inmediata y otra es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los postulantes que en estos momentos están en carrera”, afirmo el martes Miguel Rejas en conferencia de prensa.

Sin embargo, el legislador Juan José Jáuregui, miembro de la misma comisión, afirmó que ésta era una propuesta personal de Rejas, no de la comisión. En su opinión, el cumplimiento de la resolución es obligatorio e inmediato.

‘Ley corta’

Padilla, por su parte, advirtió que una ley corta no resolvería nada, puesto que los tribunales departamentales volverían a frenar el proceso. Por ello insiste en las acciones penales contra los vocales.

Ambos jefes de comisión coincidieron en que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a una sesión. En ella, se definirá cuál será el procedimiento que se seguirá y se tome las decisiones pertinentes.

Como los plazos previstos en la Ley 1549 ya expiraron, existe el riesgo de que coincidan con las elecciones primarias, previstas para agosto o septiembre.

Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar dos procesos electorales de forma simultánea, las elecciones judiciales están en vilo.