En la búsqueda de la continuidad del proceso de elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

“Nosotros, desde el principio, indicamos que tiene que proseguir las elecciones judiciales. Hay un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional y las comisiones mixtas deben analizar y proceder, eso dejamos a las comisiones mixtas”, dijo el diputado arcista a los periodistas en La Paz.

El lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, instó a las dos comisiones, que llevan adelante el proceso de preselección, a que sigan con su trabajo.

Judiciales

Pasaron 43 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz puso el primer freno y ordenó paralizar el proceso. El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Luego, el 30 de abril, la acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró que la Sala Constitucional Primera de Cobija apruebe la acción popular que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Pero la luz verde para la continuidad se vio el jueves de la semana pasado, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo dictado en Pando.

Por su parte, consultado por los periodistas en La Paz, el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

Comisiones mixtas

En criterio del senador evista, la Asamblea debe resolver una ampliación de plazos para que se pueda retomar el proceso que debe concluir con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 postulante.

Ese plazo, según la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, es de 80 días y se cumplió el pasado 5 de mayo.

En criterio de Rejas, con el plazo vencido, se necesita de una norma que amplíe ese tiempo.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, insistió Rejas.

Por su parte, en una entrevista con La Razón Radio, la senadora chuquisaqueña Silvia Salame advirtió de la “urgencia” de resolver los escollos y continuar con la preselección, pero criticó que a sus colegas legisladores “no quieren entender” aquello.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui denunció este martes que el 44% de los amparos constitucionales fue presentado por exfuncionarios y allegados a la gestión de Evo Morales.

El legislador dijo que en total se presentaron 39 amparos constitucionales contra el proceso de preselección de postulantes. “El 26% son de ciudadanos, 44% de los amparos fueron presentados por postulantes allegados a Evo Morales; el 2% de aliados del evismo y, el resto, otros ciudadanos profesionales postulantes”.

Jáuregui atribuyó ello a un “contubernio” entre la facción evista del MAS y el bloque de oposición y descartó que la paralización de las elecciones judiciales sea impulsada por el ala arcista de ese partido, como se denunció anteriormente.

Nota en desarrollo…

El fiscal paraguayo Deny Pak denunció que, en abril de 2021, la red criminal que lidera el uruguayo Sebastián Marset en sociedad con Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, ya enviaba droga a Europa.

Pak sustenta esa aseveración con documentos incautados en el allanamiento a la casa de Luis Sebriano, un exejecutivo de banco señalado como el artífice de los empaques, de los trámites y los envíos al exterior de las cargas de cocaína.

El documento presentado en la denuncia de Pak contra Insfrán revela a detalle cómo se planeaban los envíos de grandes cargas de cocaína al viejo continente y África. En el documento se suman conversaciones “encriptadas” a través de telefonía móvil entre el acusado, Sebastián Marset y otros presuntos miembros de la organización criminal.

Consulte: La Fiscalía paraguaya acusa a un senador por ofrecer logística a Marset y su red de narcos

Droga a Europa

El Ministerio Público paraguayo acusó al senador Erico Galeano de brindar logística y seguridad a la red criminal de narcotráfico que tejió Sebastián Marset junto a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, pez gordo del narco local.

Silvio Corbeta, fiscal de aquel país, acusa al legislador por lavado de dinero y asociación criminal. Solicitó un juicio oral y público contra el senador guaraní por sus presuntos nexos con el grupo criminal de Marset e Insfrán.

La Fiscalía de Paraguay también reveló que Marset no solo dedicaba su actividad delincuencial en torno al tráfico de drogas en el ámbito internacional. También incluía asesorías para la comisión de homicidios.

Al narco se lo busca en varios países sudamericanos. El uruguayo edificó una red criminal para lavar dinero del narcotráfico en Bolivia. También incursionó en el fútbol nacional.

El 29 de julio de 2023, Marset sorteó un megaopeartivo de la Policía y escapó de Bolivia junto a su esposa e hijos. Desde entonces está prófugo.

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) arcista, Mario Seña, no descartó acudir a la Justicia para validar las resoluciones de su congreso rechazado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El 23 de mayo, la Sala Plena del TSE decidió, por unanimidad, no registrar las resoluciones del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, celebrado a principios de mayo en la ciudad de El Alto.

Luego de la decisión, el Pacto de Unidad arcista rechazó rotundamente la determinación y anunció que presentará un recurso extraordinario de revisión ante el Órgano Electoral por invalidar el cónclave.

En entrevista con La Razón Radio, Seña defendió el encuentro y aseguró que su facción cumplió con todos los requisitos y su estatuto orgánico. “La decisión del TSE no fue coherente. Vamos a hacer la apelación correspondiente”, advirtió.

“Hay la posibilidad de acudir a la Justicia”, adelantó.

En su criterio, con el rechazo al congreso, el TSE está vulnerando el derecho de los miembros del Pacto de Unidad. “Se están vulnerando los derechos de tantos bolivianos. No puede ser que dos o tres personas quieran perjudicar este proyecto político”.

Aunque no anunció la fecha de presentación del recurso, informó que todavía los dirigentes están trabajando para apelar la decisión. “Ya lo estamos trabajando y lo vamos a presentar como Pacto de unidad”.

Contó que, según la resolución del TSE que rechaza el congreso, hay entre dos o tres argumentos que se catalogan como “inconcebibles”. No obstante, insistió en que su facción presentó todos los requerimientos.

“Nosotros estamos seguros de que hemos cumplido con todo. Lamentablemente, el estatuto es totalmente tergiversado y manipulado”, añadió.

El MAS atraviesa una de sus crisis más profundas y, por ello, no han podido convocar a un congreso único. Tanto la facción evista como la arcista, aunque ambos encuentros fueron rechazados por el Órgano Electoral.

El gran reto del partido oficialista, ahora, es llamar a un nuevo congreso al que asistan ambas facciones, la totalidad del directorio (14 miembros) y las organizaciones sociales matrices.

El 23 de mayo, el expresidente del Estado y aún presidente del MAS, Evo Morales, urgió la necesidad de realizar un “congreso de unidad con la debida legalidad y legitimidad”. Sin embargo, Grover García, presidente electo del MAS arcista e invalidado por el TSE, afirmó que el “congreso de unidad” ya se efectuó.

Lea también: El Pacto de Unidad arcista rechaza decisión del TSE y anuncian un recurso de revisión

El camino de las elecciones judiciales se ve cada vez más empedrado y tortuoso. Ya con la vía libre desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ahora, la Asamblea Legislativa no viabiliza el proceso de preselección de candidatos a los comicios judiciales.

En entrevista con La Razón Radio, la senadora por Chuquisaca Silvia Salame explicó que, para seguir con la preselección, los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, deben convocar a sesión “de inmediato” para emitir un informe y, posteriormente, derivarlo al pleno de la Asamblea.

Luego, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, deberá convocar a sesión del pleno para que se apruebe, por dos tercios de votos, una resolución interpretativa de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

De ese modo, se podría reanudar el proceso de preselección desde la fase de evaluación oral de los aspirantes.

Indicó que no se necesita de otra norma, aparte de la Ley 1549, para reencaminar las elecciones judiciales, sino que, ante la falta de consenso, se requiere voluntad política por parte de todos los legisladores.

Insistió en que la sesión de la Asamblea Legislativa, con sus cámaras de Diputados y Senadores, debe ser “urgente” para que salga una resolución interpretativa. “No hay otro camino. Ninguno de los dos presidentes de las comisiones puede arrogarse la decisión de las comisiones”.

Aseguró que “en el peor de los casos”, esta jornada se tendría que convocar a sesión para mañana. Y, una vez que se reajusten los plazos de entrega de listas oficiales, se convoque de inmediato a la prueba oral de postulantes.

Advirtió que, si los legisladores no cumplen con ese mandato, la paralización de las elecciones judiciales “va a tener un gran costo político” para ellos y las autoridades del Órgano Ejecutivo, porque no se garantiza la seguridad jurídica para la población boliviana.

“No hay duda, sí o sí se tiene que cumplir la convocatoria; si no, habrá un gran costo para los parlamentarios. Ningún parlamentario que se haya opuesto podrá volver a aspirar al puesto en próximas elecciones”, detalló.

Los legisladores vienen “arrastrando” el proceso de preselección de candidatos desde la gestión pasada. Se presentaron diversos recursos y amparos constitucionales que frenaron el trabajo de la Asamblea. Luego de la aprobación de la Ley de Elecciones Judiciales, el proceso fue acechado por una acción popular.

El 16 de abril, una sala constitucional dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Se trata de la primera decisión judicial que puso en vilo la preselección, a la que acecharon 36 amparos constitucionales y una acción popular.

El 30 de abril, la acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró por parte de la Sala Constitucional Primera de Cobija una tutela que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección de postulantes.

No obstante, el jueves pasado, el TCP le dio luz verde al proceso, al revocar el fallo de esa sala constitucional.

Pese a ello, aún no se retomó el trabajo en las comisiones y ni siquiera se ha llamado a sesión para asumir alguna decisión.

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