El 9 de mayo, el Viejo Continente celebró el Día de Europa, rememorando la firma de la Declaración de Schuman, documento fundacional de la Unión Europea (UE).

En 1950, cinco años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía batallaban por superar los estragos de esta conflagración.

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Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la Declaración —que hoy lleva su nombre—, donde proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), conformada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea.

La Segunda Guerra Mundial dejó en Europa muchas heridas, por lo que sus gobiernos decidieron evitar cualquier posible nueva contienda. En esta línea, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, sería «no sólo impensable, sino materialmente imposible».

Para conmemorar esta fecha, Michael Dóczy, embajador de la Unión Europea en el país, promovió una reunión en su residencia, con más de un centenar de invitados, entre diplomáticos, representantes de organismos internacionales; autoridades nacionales y departamentales.

En la oportunidad, el embajador recordó que “los principios claves de nuestra razón de ser son la democracia, el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes. No los demos por sentado hoy que están amenazados”.

Dóczy es un diplomático europeo de nacionalidad austriaca, con más de 20 años de experiencia profesional en política exterior y de seguridad de la UE.

Asumió formalmente la representación de la UE en Bolivia en 2020, liderando un programa de cooperación de 281 millones de euros en la actualidad. Destacamos que el embajador Dóczy a través de los años demostró en diversas ocasiones su cariño por Bolivia. Michael junto a su esposa Cecilia, se encuentran esperando a su segundo hijo, el cual nacerá en La Paz.

La alianza internacional de Europa y Bolivia tiene prioridades comunes, cuyos objetivos son:

1) Contribuir a una recuperación económica global verde y sostenible exitosa, vinculando las inversiones a la Agenda 2030; combatir las desigualdades mediante la construcción de economías y sociedades más inclusivas, sostenibles y digitales, apoyando el desarrollo humano, especialmente dirigido a mujeres y jóvenes.

2) Promover los derechos humanos y la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho, así como contribuir a garantizar la paz y la seguridad.

Las relaciones económicas entre Bolivia y la UE se han incrementado en los últimos años. Europa es uno de los mayores inversores en Bolivia y la presencia de la delegación de la UE busca crear condiciones que permitan al país aprovechar los beneficios de un comercio fluido con Europa.

En ese sentido, la UE y Bolivia mantienen contactos regulares para mejorar marcos institucionales y jurídicos que favorezcan el comercio y la inversión extranjera.

Las relaciones comerciales entre la UE y Bolivia se rigen bajo el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+), que le permite a nuestro país acceder al mercado europeo sin aranceles a varios de sus productos. También, el grupo andino tiene un arancel externo común con la Comunidad Económica Europea y el Mercosur está en proceso de negociación para la firma de un acuerdo que permita reducir barreras comerciales, integrar cadenas de valor y promover inversiones. Por ese motivo, los empresarios consideramos que es necesario promover el comercio boliviano, así como fortalecer nuestras relaciones diplomáticas con el bloque europeo.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que Bolivia es el país con mayor trabajo informal del mundo, con aproximadamente el 80% de su fuerza laboral, lo cual la sitúa inclusive ampliamente por encima de la informalidad de América Latina y el Caribe, que tiene un 53,7%, según los últimos datos al 2022.

En recientes días, el Gobierno dispuso para este año un aumento del 5,85 % al salario mínimo y un 3% al haber básico.

Consulte: Bonos verdes o inversión privada

A fines del año pasado, la Población Económicamente Activa (PEA) de Bolivia fue de 6,9 millones de personas. De este universo, solo 1.053.470 personas tienen un trabajo formal. Pero, si solo considerásemos como empleo formal a aquellos que tienen determinada calidad medida en un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo, beneficios sociales, cobertura médica, estabilidad laboral, derechos laborales satisfechos y otros, la población con un empleo formal y de calidad, solo estaría rondando un 5% de toda la fuerza de trabajo del país.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó de manera clara que el 1 de mayo no solo deberían ser homenajeados los trabajadores, sino también quienes permiten que se establezcan fuentes de trabajo legales. Los mayores empleadores en el país son los micro, pequeños y grandes empresarios.

El mismo día que se conocía el acuerdo Gobierno-COB sobre el aumento salarial, el INE expuso que en los dos primeros meses de este año el país registró un déficit comercial de $us 295 millones.

Los grandes, medianos, pequeños y micro empresarios lamentan la unilateral determinación del Gobierno de elevar el salario mínimo nacional y el haber básico, muy por encima de la inflación registrada el año pasado y sin evaluar la realidad empresarial.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia rechazó la propuesta de la COB, porque considera que este aumento es “insostenible para el sector empresarial, provocará el cierre de unidades productivas y una mayor precarización del trabajo formal”.

Considerando la coyuntura económica actual, es inviable el incremento acordado entre el Gobierno y la COB. El 3% al haber básico tiene un efecto multiplicador en las planillas salariales.

El empresariado boliviano, respaldado por leyes nacionales, ha pedido una negociación tripartita entre Gobierno, trabajadores y empresarios, como claramente lo establece el Convenio 131 de la OIT, ratificado en Bolivia por la Ley 2120 “que instruye la consulta exhaustiva e igualitaria a los trabajadores y a los empleadores antes de definir el salario mínimo nacional”.

El Gobierno, junto con los empresarios, busca encontrar una salida a problemas como la caída de los ingresos nacionales, la escasez y encarecimiento de dólares y, por tanto, el incremento en el precio de productos básicos. Todo ello debe llevar al Ejecutivo nacional a velar por la estabilidad del sector privado, que puede ser su aliado para el mejoramiento integral del país. En síntesis, debemos dejar de pensar en los resultados cortoplacistas y tener una visión de estadista.

Entendemos que el incremento salarial es una demanda social genuina de los trabajadores, sin embargo, debe ser consensuado con el empresariado.

Las estadísticas sobre el incremento salarial en el país nos muestran que entre 1991 y 2005 el aumento del Salario Mínimo Nacional fue de 267%, mientras que entre 2006 y 2022 la cifra subió a 350%.

Los dirigentes de la COB parecen olvidar que las empresas no solo deben cumplir con el porcentaje de aumento salarial dispuesto, sino que a esto se suman otras obligaciones que incrementan sus erogaciones.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

Los bonos verdes son instrumentos financieros emitidos por empresas, gobiernos o instituciones para financiar proyectos que tienen beneficios ambientales o climáticos positivos. Su objetivo principal es atraer inversiones hacia proyectos que promuevan la transición hacia una economía más sostenible, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Algunos ejemplos de proyectos que pueden financiarse con bonos verdes incluyen energías renovables, eficiencia energética entre otros.

Los bonos verdes han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a medida que crece la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de invertir en proyectos que mitiguen el cambio climático. Además, la emisión de bonos verdes puede ser una estrategia de las empresas o gobiernos para mejorar su imagen y reputación, demostrando su compromiso con el medio ambiente.

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El Gobierno boliviano mantiene la confianza e incluso está considerando la venta de hasta $us 1.000 millones en bonos verdes este año para impulsar su industria del litio, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a Bloomberg la semana pasada.

El Gobierno busca aprovechar la demanda del mercado de inversiones en energías limpias y reducir los costos de endeudamiento al 10% o menos, pese a que su deuda actual cotiza a niveles muy altos.

El vicepresidente David Choquehuanca se reunió con los representantes de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA), para analizar las posibilidades de acompañamiento para una posible emisión de bonos verdes, bonos sociales, bonos ambientales o una mezcla entre ellos, cumpliendo los principios fundamentales exigidos para esta emisión.

El país tiene aproximadamente el 50% de las reservas mundiales de litio, pero tiene considerable demora en la producción industrial de este metal, pues necesita de más recursos para desarrollar sus recursos evaporíticos.

A principios de este mes Karla Calderón, presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), informó que el país recibió “el interés por desarrollar la industria de litio de 38 empresas, de muchas partes de mundo, como francesas, chinas, alemanas, rusas, brasileñas y consorcios multinacionales”. También informó que el mes pasado, firmó un memorando de entendimiento con el instituto estatal francés Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) para el estudio de los recursos hidrogeológicos en los salares de Bolivia, para viabilizar futuras plantas industriales.

La demora en la ejecución del proyecto del litio preocupa al Gobierno, que tiene puestas sus esperanzas en que los ingresos provenientes de la exportación de litio y sus derivados, permitirán llenar el vacío provocado por la caída de las ventas de gas.

Lo evidente es que el Gobierno boliviano necesita recursos externos para seguir con su proyecto del litio. Éstos provendrán de la inversión privada externa o del endeudamiento externo, que en este caso se trata de los “bonos verdes”.

En un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, los bonos verdes se han consolidado como una alternativa de financiación.

Antes de seguir con el proyecto, es necesario tomar en cuenta la observación del especialista Jaime Dunn, quien recuerda que estas operaciones son normales en los mercados internacionales, pero que en el caso de que Bolivia decida emitir estos bonos, se tendría que evaluar de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

El gobierno debe considerar la participación de inversión privada extranjera, como la fuente de financiamiento de las plantas de litio y el desarrollo de este sector para nuestro país.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

El Banco Central de Bolivia (BCB), en los dos primeros días de la venta del “Bono BCB en dólares” captó un total de $us 428.000, mediante 54 operaciones realizadas entre el martes 27 y el miércoles 28 del mes pasado.

Para cumplir las metas del Gobierno, de captar mediante estos bonos por lo menos $us 100 millones, es necesario que el BCB genere confianza en la población para que compre esos bonos y se puedan captar los dólares que el país necesita.

Se estima que existen aproximadamente $us 10.000 millones en el “colchon bank” de la ciudadanía que no forma parte del sistema financiero, y que pueden ingresar al BCB, coadyuvando en la estabilidad de la economía nacional. Por eso, el BCB ofrece una tasa de interés interesante para estos bonos, los cuales están exentos del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). También se pueden canalizar los recursos de los giros de los ciudadanos en el exterior. Sería importante que los bonos del BCB fueran endosables, ya que generarían una indudable atracción de la población del país, coadyuvando sobremanera al sistema económico.

El informe proporcionado por el ente emisor del país explica que las tasas de interés que pagará el BCB van desde 4,5% hasta 6,5%, distribuidos de la siguiente forma: por tres meses 4,5%; por seis meses 5%; por un año 6%; por dos años 6,25% y por tres años se pagará un interés de 6,5%. Esta tasa de interés es interesante e importante en el contexto internacional porque es mayor a los que ofrecen la Reserva Federal en Estados Unidos y los Bancos Centrales en Europa.

La venta de bonos en dólares forma parte del acuerdo de 10 puntos firmado por el Gobierno y los empresarios. Es una de las medidas para aumentar el flujo de divisas en el país.

Estos bonos están a la venta en los canales habilitados del BCB y a través de las entidades bancarias de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, tanto para personas naturales como jurídicas, cuyo pago de intereses y devolución del capital también será en la misma moneda.

Entre otras disposiciones para la adquisición de estos bonos del BCB está la que señala que las personas naturales podrán realizar una inversión mínima de $us 1.000 y una máxima de $us 50.000, y en los casos de montos superiores a los $us 10.000 se solicitarán las declaraciones correspondientes sobre el origen de los recursos.

Como aclaró Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asoban: “Los bancos asociados van a participar de este contrato en calidad de agentes o entidades colocadoras de estos bonos, con una cobertura a nivel nacional”.

No olvidemos que, desde mediados de la década del siglo pasado, cuando el país vivió una de sus peores crisis económicas por la hiperinflación, el país tuvo que insertar dólares en la economía, por lo que este bono puede coadyuvar a que el boliviano invierta en su propio país.

Víctor Paz Estenssoro, que asumió la conducción del país, tomó el reto de resolver la crisis que agobiaba a Bolivia respaldado por el Pacto por la Democracia, que le permitió viabilizar una serie de reformas estructurales enmarcadas por el DS 21060, con medidas como la relocalización de miles de mineros, el cierre y la capitalización de empresas estatales, y la creación del bolsín del BCB, que permitió regularizar y transparentar la compraventa de dólares, con fluctuaciones mínimas.

Los empresarios esperamos que las intenciones del Gobierno, de captar parte de los dólares que están fuera de la banca nacional, tengan los resultados que se espera. Es importante destacar que en la historia económica de Bolivia, el Estado nunca ha dejado de pagar sus deudas a terceros.

El Gobierno y empresarios acordaron una ruta común para reactivar la economía a través del «Acuerdo económico, productivo y empresarial», el cual prioriza 10 puntos. En ese sentido, se estableció la inversión y producción privada y pública de biodiésel, contando actualmente con la construcción de dos plantas estatales, una en Santa Cruz y otra en El Alto.

El país necesita encontrar, con urgencia, alternativas a la importación de diésel. La creciente compra de este producto y el precio subvencionado que tiene representan una elevada y cada vez mayor pérdida de divisas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se importaron aproximadamente 1,3 millones de toneladas de diésel y 2,5 millones de toneladas de gasolina.

El INE señala que el valor de la importación de combustibles (gasolina y diésel) casi se triplicó al primer semestre de 2022, con un valor de $us 2.945 millones.

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Este ritmo de incremento en la demanda de diésel y gasolina en el país hará insostenible mantener la subvención, con el consiguiente riesgo de problemas sociales si se elevan los precios de los carburantes.

La alternativa que maneja el Gobierno es la Planta de Biodiésel 1, que es construida en Santa Cruz con una inversión de $us 40 millones, la cual entró a fase final en enero. Contará con una capacidad para generar 1.500 barriles de diésel al día, equivalente a más de 38.500 litros diarios, lo que significa que anualmente podrá superar los 86 millones de litros producidos.

El Gobierno utilizará como materia prima para el biodiésel no solo la soya, sino también la jatropha, el totaí, el cusi, entre otros, de los que se extraerán aceites vegetales de segunda generación, no aptos para el consumo humano.

Como empresarios interesados en un mayor cuidado del medio ambiente, producir biodiésel con procesos de la llamada economía circular, reciclando llantas en desuso y aceites de desecho, nos parece una alternativa muy buena. La producción no solo generaría combustible, sino que también cuida el medio ambiente al limpiarla de las llantas en desuso, además de generar fuentes de trabajo.

El cambio climático es una realidad, por lo que debemos modificar la actual matriz energética, sustituyendo el carburante en base a carbono e hidrógeno.

Es cierto que los alimentos y los vegetales para el biocombustible necesitan de los mismos recursos para su producción: tierra y agua, a lo que debemos sumar los agroquímicos. Pero si se tiene una adecuada planificación que tenga como objetivo cuidar el medio ambiente, alimentos y combustible no necesariamente entrarán en competencia.

El biodiesél se puede producir de una amplia variedad de materias primas. Entre ellas están las semillas de girasol, maní y algodón, así como distintos aceites como el de mostaza, el de palma, entre otros. También, el bioetanol comercial es producido principalmente a partir de la caña de azúcar, remolacha y azúcar, al igual que árboles e incluso productos de desecho de las cosechas.

Es necesario remarcar que el proyecto de biocombustible demanda que el Gobierno se involucre de forma activa en el desarrollo de programas y tenga una sólida colaboración del sector privado. El primer paso gubernamental para desarrollar proyectos de biocombustible es la creación de un ambiente favorable para los inversionistas nacionales e internacionales, a través de asociaciones público-privadas.

Juntos los dos sectores, con acuerdos público-privados, pueden tener avances favorables para el país, haciendo realidad el cambio de matriz energética que nos permita tener sustitutos para la gasolina y el diésel.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL