Entre diciembre de 2020 y marzo de 2024, el saldo de la deuda pública externa del país respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de un 33% a un 26,9%, informó el Banco Central de Bolivia (BCB).

El ente emisor aseguró que esa disminución sostenida del ratio de la deuda respecto al PIB, es resultado de la implementación de adecuadas políticas económicas del actual Gobierno en materia de reactivación económica en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), reflejado en una mayor expansión del PIB, cuyo crecimiento durante 2023 alcanzó el segundo lugar más importante de la región (3,1%).

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“En el período de diciembre 2020 al primer trimestre de este año, el indicador bajó más de seis puntos porcentuales de 33% a 26,9%, cifra que se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de referencia en materia de endeudamiento externo”, señala el comunicado del BCB.

También destacó el pago oportuno del servicio de la deuda pública externa realizado que demuestra “la confiabilidad de nuestra economía ante los diferentes acreedores externos”, en un contexto internacional complejo y de elevadas tasas de interés.

Con ello, según el BCB, se descarta los pronósticos negativos en materia de capacidad de pago, efectuados por las calificadoras de riesgo hacia el país.

Acreedores

Respecto a los acreedores, la deuda pública externa al 31 marzo de 2024 llega a $us 13.377 millones y refleja una participación del 86,2% de los préstamos multilaterales, bilaterales y privados, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el 32,1%; Banco de Desarrollo de América Latina – CAF con 20,7%; Banco Mundial 11,6% y la República Popular de China con el 9,8%.

Además de un 13,8% correspondiente a títulos de deuda, a través de la emisión de bonos soberanos, mostrando una óptima diversificación de las fuentes de financiamiento externo.

El reporte al primer trimestre de 2024, “muestra que la economía boliviana ha mejorado su capacidad de endeudamiento y solvencia, cuyo indicador está por debajo de los umbrales de referencia establecidos por los organismos internacionales, demostrando que el país puede asumir mayores flujos de recursos externos que le permitan impulsar el crecimiento económico”, se lee en el comunicado del ente emisor.

La representante de los panificadores de la ciudad de La Paz, María Limachi, advirtió con incrementar el costo del pan de batalla a Bs 0,80 debido a que los precios de los insumos como la levadura, manteca y azúcar tuvieron un alza.

Pidió a las autoridades de Gobierno que los reciba en una reunión donde se hará conocer de manera técnica el incremento de la hoja de costos de los insumos que se requieren para elaborar el pan de batalla.

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“Estamos en un análisis ahora, el alza de costos arroja a 80 centavos, con el convenio estamos manteniendo a 50 centavos desde 2010, no estamos haciendo subir el precio del pan”, manifestó la dirigente.

Pidió a la población que entienda el esfuerzo que realiza el sector panificador para mantener el precio del pan considerando que los insumos para elaborar el alimento se incrementaron.

No obstante, el secretario ejecutivo de la Confederación de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, descartó un posible incremento del pan de batalla porque tienen un convenio vigente con el Estado.

En tanto, la representante de los panificadores de La Paz informó que los proveedores de los insumos les indicaron que debido a la falta de dólares en la economía los precios de la manteca, levadura y otros se incrementaron en el mercado nacional, lo que elevaría el precio del pan.

Además, indicó que a la fecha la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) les debe 40.000 quintales de harina, factor que demora la elaboración del pan de batalla.

El Gobierno nacional recordó que el precio de los combustibles en el mercado interno es subvencionado, por lo que los gobiernos subnacionales (municipios y gobernaciones) y los transportistas deben analizar de manera crítica si se incrementa el costo de los pasajes como demandan los choferes.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que si el Gobierno determinará levantar la subvención muchos sectores se verían afectados, por lo que pidió a ambas partes (gobiernos subnacionales y transportistas) analizar de manera equilibrada, seria y técnica la demanda de los choferes.

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“El Gobierno subvenciona al transporte con diésel y gasolina que eso es un componente, si lo soltamos sería más que lapidario para incrementar costos, entonces deben ser equilibrados de notar que se hace un esfuerzo a nivel nacional para que no se disparen los precios (de los combustibles y de otros productos)”, dijo a los periodistas.

Los choferes del país determinaron el viernes, en un ampliado del transporte urbano del país, que se exigirá estudios técnicos a cada municipio para el alza de pasajes y que el Gobierno nacional debe presionar para ello. Uno de los argumentos de los transportistas es el incremento de los costos de los repuestos y lubricantes.

Nivelación

Otro factor que impulsó a los choferes a pedir la “nivelación” del costo de los pasajes es el incremento de salario para esta gestión definido por el Gobierno.

Montenegro indicó que el Gobierno también subvenciona el Gas Natural Vehicular (GNV), por lo que se debe realizar un análisis muy detallado para determinar o no un incremento en el costo de los pasajes.

“Se subvenciona el gas natural porque muchos transportistas utilizan GNV. Le sería fácil al Gobierno utilizar (ese gas) y exportar y tener más dólares a costa de que el pueblo y los bolsillos de los bolivianos se incremente el costo”, indicó.

Tras las amenazas de un posible incremento del precio del pan de batalla de Bs 0,50 a Bs 0,80, el secretario ejecutivo de la Confederación de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, descartó esa posibilidad y ratificó que tienen un convenio vigente con el Estado.

Anteriormente, el representante de los panificadores artesanos de La Paz, Dandy Mallea, anticipó que su sector estaba a la espera de una posible elevación del costo de pasajes para asumir otra medida al respecto, la que contemplaba subir a Bs 0,80 el pan.

“Como sector tenemos un convenio por esta gestión de mantener el precio del pan, no tenemos negociaciones con el transporte, sí un convenio con el Estado de 50 centavos”, informó este lunes Ríos a RTP.

Sin embargo, el dirigente ratificó que los panificadores de Bolivia mantienen una negociación por un precio preferencial del azúcar y la manteca, insumos básicos para la elaboración del pan.

Dicho convenio regía hasta mayo de esta gestión, por lo que apuntan a llegar a nuevos acuerdos con el Gobierno para extenderlo por todo el año.

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Precio del pan

Sobre los comentarios de otros segmentos de panificadores, Ríos aclaró que habla a nombre de las federaciones afiliadas a su ente matriz, que tienen el compromiso de cumplir el acuerdo con el Estado, que subvenciona la harina para el pan.

“Son sectores independientes; como confederación, estamos afiliados siete federaciones en las que no se ha determinado ningún acuerdo del precio del pan. Tenemos un acuerdo que hay que respetarlo velando por la canasta familiar de Bolivia y vamos a mantener en 50 centavos porque estamos recibiendo harina subvencionada a nuestro sector; esos comentarios deben ser de sectores no afiliados a nuestro ente matriz”, acotó Ríos.

En relación a los costos, especificó que los artesanos panificadores valoran la situación económica del país y que a pesar de ello pidió a la población a tener la certeza de que el pan mantendrá su precio.

“En relación al costo del pan es de Bs 0,70, pero el sector ve la situación del país y apoyamos a la reactivación económica de Bolivia. La población debe tener la certeza de que vamos a mantener el precio en 50 centavos”, detalló el dirigente.

Entretanto, los transportistas aguardan un estudio de costos para definir si habrá incremento de pasajes; arguyen que la canasta familiar subió hasta un 150%. Así declaró el exdirigente de los transportistas y asambleísta departamental Mario Silva.

(13/05/2024)

El director general del Trabajo, Yecid Mollinedo, informó que solo 505.000 trabajadores recibirán el incremento salarial dispuesto por el Gobierno, de acuerdo con el registro hasta diciembre de 2023 del Ministerio de Trabajo.

El 23 de abril, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico. Luego de conocerse la noticia, el sector transporte pidió la “nivelación” de pasajes en todo el país.

En entrevista con La Razón Radio, el funcionario explicó que el incremento está asegurado para la población registrada en planillas (medio millón de bolivianos), mientras que en los otros sectores se analizará el presupuesto para aplicar o no el incremento.

Las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas del país podrán fijar el incremento salarial acorde y dentro los parámetros del decreto y sus presupuestos.

Además, Mollinedo señaló que el pago del retroactivo por el incremento salarial dispuesto debe ser cancelado hasta el 31 de mayo; luego de ello, los empleadores pueden ser sujetos a sanciones por parte de la cartera de Trabajo.

“A partir del 1 de junio, el ministerio estará disponible para recibir denuncias”, recordó.

Las empresas públicas y privadas tienen hasta el 31 de mayo para pagar el incremento salarial con retroactividad al 1 de enero de este año, así lo establece la Resolución 521/24 del 9 de mayo de 2024.

“Es razonable pensar que las empresas están en el papeleo”, dijo Mollinedo.

Reiteró que el alza salarial será inversamente proporcional únicamente para el sector salud. Significa que los que ganan menos recibirán una mayor alza salarial y los que ganan más tendrán un menor aumento. De todas maneras, el conjunto recibirá “en línea” 1,5% de incremento y el resto 1,5% será inversamente proporcional a los sueldos.

La norma indica que esa diferencia se aplicará para el personal de los centros de atención médica en salud bajo dependencia de los servicios departamentales de Salud (Sedes), el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa), las Escuelas de Salud, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) y los programas nacionales administrados por el Ministerio de Salud.

Con ese propósito, el presidente Luis Arce entregó, el 1 de mayo en Cochabamba, los decretos 5154 y 5155 al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

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